Por Adriana Meyer, 8 julio 2020

–Su hijo está vivo y lo vamos a encontrar, dijo el ministro de Seguridad Sergio Berni. 

–Espero que esté sano y salvo, lo estoy esperando, respondió Cristina Castro.

–La Policía Bonaerense está trabajando bien en la búsqueda, aseguró el funcionario.

El diálogo telefónico ocurrió ayer, a casi 70 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro , el joven de 22 años que el 30 de abril salió de su casa en Pedro Luro hacia Bahía Blanca, pero nunca habría llegado a esa ciudad. En las próximas horas Berni podría aterrizar en Luro, presuntamente para hacer una intervención directa y cumplir esa promesa. 

Hoy, la familia y uno de sus abogados están reunidos con personal de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, una fuerza sospechada de haber estado involucrada tal como consta en la denuncia por desaparición forzada que investiga la justicia federal de Bahía Blanca a partir del testimonio de tres personas que lo vieron ese mismo día subiendo a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich. En ese sentido es que “la subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires solicitó la separación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de la investigación por el paradero de Facundo José Castro Astudillo, el joven de la localidad de Pedro Luro de quien nada se sabe desde el 30 de abril pasado”.

El pedido fue realizado en una nota presentada ante la Ayudantía Fiscal de Villarino, a cago de Dimas García, quien lleva adelante la IPP caratulada “Averiguación de Paradero” que tramita en el Departamento Judicial de Bahía Blanca. En la presentación también recomendó solicitar a las autoridades pertinentes los registros del “Sistema de Localización Vehicular AVL” de todos los móviles involucrados en los hechos, como así también el secuestro de los teléfonos celulares de los agentes cuestionados por la familia del joven.

La presentación fue realizada por el Director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo titular es Matías Facundo Moreno. Es la segunda enviada a la ayudantía fiscal: el 1 de julio pasado se envió una nota similar que a la fecha no fue respondida. Por la falta de respuesta a nivel provincial y las versiones contradictorias que dieron los testigos, todos policías de Villarino, es que la familia insiste en que se inhiban el fiscal y la jueza de garantías Susana Calcinelli para dar paso a la intervención de la jueza federal María Gabriela Marrón, y al mismo tiempo sus abogados afirman que el fiscal federal también demora medidas de prueba esenciales.

“La intervención de la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense se produjo luego de que los abogados querellantes presentaran en la Justicia Federal una denuncia por desaparición forzada introduciendo elementos que darían cuenta de una posible responsabilidad de agentes de la fuerza policial en la desaparición de Facundo”, dijeron desde ese organismo en un comunicado emitido anoche. Por ello, consideró que en tanto se resuelva la competencia, la investigación debe regirse por los principios de la Ley 14.687 y el Protocolo de Minnesota del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, que propone apartar de la investigación de un posible delito de desaparición forzada a la fuerza sospechada.

Bajo este criterio, recomendó “el inmediato desligamiento de las fuerzas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en todos sus agrupamientos y el despliegue de las medidas necesarias para individualizar a todos los agentes involucrados, tanto los que tuvieron en contacto con la víctima como con aquellos que pudiesen haber ocultado, modificado y/o suprimido prueba documental relacionada a los hechos”. El director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, explicó: “Con la mera sospecha de una posible responsabilidad de un funcionario policial en la desaparición de una persona, todo tiene que apuntar a esa hipótesis teniendo en cuenta que es una obligación del Estado en materia de Derechos Humanos”. El funcionario agregó que “el impulso de una investigación pronta e imparcial es fundamental para aliviar la angustia de los familiares causados por la incertidumbre acerca de la suerte del familiar desaparecido. La violación de los DD.HH va a continuar hasta que Facundo no aparezca”, agregó. 

Respecto a los rastrillajes realizados en el marco de la investigación, Álvarez remarcó que “es necesario que se vuelvan a realizar las medidas de búsqueda en las que hayan participado las fuerzas policiales”. Sin embargo, ayer la Bonaerense tenía instrucciones de buscar a Facundo en Bahía Blanca, organizó un operativo en base a un testigo que dice haberlo visto allí pero que para los abogados de la familia es falso, y ordenó poner en todos los lugares públicos la foto del joven. 

“Prefiero pedir perdón después”

En tanto, el abogado Leandro Aparicio escribió ayer en su cuenta de Facebook que hace responsables a Sergio Berni y al gobernador Axel Kicillof por “lo que pueda suceder Cristina Castro, a Luciano Peretto (su colega en este caso), a los testigos que declararon y a quienes les exijo que intervengan de manera inmediata la Comisaría de Villarino”. El letrado agregó: “Me hago responsable de haber asesorado a Cristina de que la causa de Facundo tiene que tramitar ante la Justicia Federal como desaparición forzada de personas. Si no es así y resulta que Facundo está en Brasil, tomando caipiriña, tendrá que pedir perdón por los disgustos y la preocupación que le causó a su madre. Y yo tendré que pedir perdón por haberme equivocado. Pero hasta que aparezca con vida, no voy a pedir perdón“. 

Aparicio manifestó que no tiene ganas “de estar 45 años buscando justicia, como los familiares del Negrito García. Ni cinco años, como los familiares de Kati Moscoso. Ni 3165 días u ocho años y medio, como la familia de Daniel Solano, desaparecido y asesinado por la policía de Río Negro; Facundo Castro está desaparecido y queremos que la Justicia active y produzca las pruebas que les estamos requiriendo hace dos semanas”. Además aclaró que “la mamá de Facundo no desea hablar con ningún funcionario de la provincia de Buenos Aires a excepción del Gobernador Kicillof y del ministro de Seguridad Berni“.

Allanan la comisaría donde demoraron al joven desaparecido

Por Adriana Meyer

Sergio Berni habló con la mamá del joven y le dijo que está dispuesto a apartar a la Bonaerense de la investigación.

Facundo es muy activo en sus cuentas de las redes sociales, en Facebook publicó esta foto suya pero desde el 30 de abril está inactivo, al igual que su celular 

El ministro de Seguridad Sergio Berni se hizo presente en la localidad de Pedro Luro, donde vive la familia del desaparecido Facundo Castro. Al llegar se comunicó con la madre del joven y le dijo que si ella quería que sea apartada la Policía Bonaerense él lo iba a hacer. “Si Cristina le pedía que intervenga la comisaría también lo va a hacer, y de hecho en este momento están intervenidas, los policías sospechados están en boxes separados mientras la división de Asuntos Internos les toma declaración”, dijo a Página12 el abogado de la familia Leandro Aparicio. Al mismo tiempo, la justicia federal ordenó la realización inmediata de medidas, como el allanamiento de la comisaría de Mayor Buratovich donde demoraron a Facundo por circular sin permiso, el 30 de abril.

Berni, que permanecerá algunos días en la zona, dijo a los medios locales que “no surge ninguna evidencia” de una posible responsabilidad policial en el hecho, remarcó que la Justicia será la que deberá determinar eso, pero agregó que eso “no quiere decir que lo descartemos por completo”. Además, se mostró proclive a aceptar el apartamiento de la Bonaerense de la investigación si es lo que desea la familia. “Si ello le lleva tranquilidad a una madre que está buscando a su hijo, me parece es una obligación nuestra acompañar esa decisión”, aseveró el funcionario a radio FM Brújula, de Bahía Blanca.

Al mismo tiempo, la jueza federal María Gabriela Marrón ordenó el allanamiento de la subestación de la Policía Comunal Mayor Buratovich “con el objeto de secuestrar los libros de guardia registros y novedades de la dependencia, los handies utilizados por el personal policial, la camioneta Hilux doble cabina señalada por testigos como el rodado al que el personal policial hizo subir a Facundo Astudillo Castro el día 30 de abril pasado, alrededor de las 15.30 horas; el Móvil 23360 perteneciente a esa repartición, y todo otro vehículo vinculado a dicha dependencia”, tal como consta en la resolución a la que accedió Página12. Además, la magistrada ordenó el secuestro de los celulares de los efectivos policiales Alberto González, Siomara Ayelén Flores, Jana Curruhinca y Mario Gabriel Sosa. Flores es quien declaró haber levantado en la ruta a Facundo y haberlo llevado en su auto hasta la localidad de Teniente Origone. 

La jueza también envió un oficio a las empresas Facebook e Instagram para que aporten “los datos que obren en sus bases de datos del titular de dichas cuentas, las direcciones de correo electrónico alternativo, números de teléfono, el registro de los últimos accesos a la cuenta (con detalle de fecha, hora e IP de conexión), efectuados desde el día 29/04/2020 a la fecha, así como también, cualquier otro dato de relevancia que pudiera llegar a surgir de las comunicaciones y/o interacciones que hayan tenido esos usuarios”. Marrón requirió que le contesten “a la mayor brevedad posible”.

La diligencia deberá será practicada por la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina durante el día de hoy y “con expresa habilitación de horario nocturno en consideración a la premura alegada; la distancia habida entre este medio y el sitio a registrar; y la época del año, en la que el sol se pone más temprano”, y “podrá hacerse efectivo el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario, autorizándose la intervención de un cerrajero de resultar imprescindible”. Los procedimientos tienen que ser filmados, los elementos secuestrados ensobrados para mantener la cadena de custodia, y el resultado del operativo enviado al fiscal del caso

Del Caño: “Queremos que Berni dé explicaciones por la desaparición de Facundo Astudillo Castro”

El diputado nacional de PTS-FIT presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Seguridad de la Nación requiera la información que hace a la actuación de Berni y la Bonaerense. El joven lleva más de 60 días desaparecido.

Miércoles 8 de julio | 12:32

Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda, presentó en el Congreso un pedido de informes para que a través del Ministerio de Seguridad de la Nación se requiera toda la información sobre las actuaciones de la Policía Bonaerense y del Ministerio al mando de Sergio Berni ante la desaparición -hace ya 70 días- de Facundo Astudillo Castro, quien según testigos fue visto por última vez cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich.

Del Caño reclamó que el Ministerio de Seguridad de la provincia informe “quiénes son los policías que se encontraban en el operativo que detuvo a Facundo y quiénes se encontraban de turno en las comisarías de la región. Además tienen que dar cuenta de porqué, siendo que la última vez que se lo vio fue adentro de un patrullero como denuncian los testigos, no se apartó a la Bonaerense de la investigación. También queremos que den explicaciones sobre porqué se tardaron 50 días en rastrillar la zona donde fue visto por última vez Facundo”.

Asimismo, Del Caño señaló que “durante estos tres meses de cuarentena, hemos visto cómo se ha profundizado la persecución policial, miles de casos de detenciones arbitrarias, ataques brutales por parte de la policía a los jóvenes, acciones represivas sobre los trabajadores y una multiplicación de casos de gatillo fácil. Lo vimos en Tucumán con Luis Espinoza y Cerefino Nadal, en la provincia de Buenos Aires con los fusilamientos de Alan Maidana en Berazategui y de Lucas Barrios en la Isla Maciel, y también en la Capital donde Facundo Scalzo fue fusilado de 4 tipos por la Gendarmería Nacional en el Bajo Flores, por nombrar sólo algunos casos. Este avance represivo que recorre el país tiene consecuencias trágicas y es la consecuencia de haberle dado más poder a las distintas policías, a la Prefectura y a la Gendarmería. ¿Qué más tiene que pasar para que las autoridades nacionales y los ministros provinciales den explicaciones en el Congreso?”.