Pueblos Originarios. El Coronavirus y las Comunidades Originarias

Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2020

El informe: “Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina”.

Semanas previas a que el COVID-19 destapara la violencia del hacinamiento urbano, niñas y niños wichí morían de hambre y sed, 11 entre enero y marzo de 2020. Imágenes de aridez y de familias que recolectan agua en bidones de agrotóxicos proliferaron en los medios. Ya con el aislamiento instalado, las imágenes de la brutalidad policial en distintas comunidades qom y wichí del Chaco hicieron evidente la otra pandemia, la del racismo que también asola nuestros territorios. El estigma de la pobreza se amplifica con la piel negra, indígena y mestiza por la matriz colonial que acompañó el nacimiento de este país.

Si la proliferación del coronavirus entre los y las millones que viven hacinados en los barrios populares del país, consiguió encender alarmas y activar medidas como el Plan DetectAr o protocolos específicos; distinto es lo que sucede en las miles de comunidades originarias de todo el país donde el impacto de la pandemia asume formas aberrantes entrelazada a postergaciones sistemáticas.

Para dar cuenta de esta complejidad y aportar elementos para construir políticas públicas que aporten soluciones, más de 100 investigadorxs, docentes, becarixs, tesistas de distintas disciplinas, integrantes de 30 equipos de 12 universidades públicas y centros de investigación se articularon para elaborar, en tiempo récord y en medio del aislamiento, un informe en construcción de la situación de comunidades originarias ante la pandemia. El informe se apoya en trayectorias de décadas de trabajo junto a comunidades por parte de equipos de investigación; trabajo científico que camina con las comunidades y reclama con ellas el fin de la postergación y el ejercicio pleno de sus derechos consagrados constitucionalmente.

Para contar esta experiencia, traemos las voces de 4 investigadoras que son parte de esta experiencia colectiva: Mariana Schmidt, socióloga, Dra. en Cs. Sociales (UBA), investigadora asistente en el CONICET (IGG-UBA) en el marco del Grupo de Estudios Ambientales. Desde hace casi 15 años, trabaja con problemáticas vinculadas a la sociología rural y la sociología ambiental. Investigó la sanción e implementación de la Ley de Bosques Nacional y la implementación el ordenamiento territorial de bosques nativos en la provincia de Salta. Samanta Guiñazu, Dra. en Antropología del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio (IIDyPCA) de la Universidad Nacional de Río Negro – CONICET. Trabaja con procesos de construcción de políticas públicas participativas e interculturales; analiza los procesos de implementación de la ley 26.160 de emergencia territorial de las comunidades indígenas. Marcela Valdata y Ana Bensi del Centro de Estudios Aplicados a Problemáticas Socioculturales (CEAPROS, UNR) de la Fac. de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario; además, Marcela trabaja en la Municipalidad de Rosario como Directora en la Dirección de Pueblos Originarios. Finalmente, de forma colectiva, desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de institutos de CONICET asociados (CONICET-IDACOR- Museo de Antropología, FFyH y CONICET-IDH), también compartieron sus voces quienes participaron del informe relevando la situación de las comunidades indígenas comechingón, sanavirón y ranquel de la provincia de Córdoba; así como la situación de migrantes indígenas autoadscriptos como diaguita, guaraní, comechingón/henia/camiare, wichi, aymara, quechua y kolla.

—¿Por qué hablar de COVID y comunidades indígenas?

—Mariana Schmidt: La expansión de este virus y la declaración como pandemia a nivel mundial supuso una transformación drástica para las dinámicas sociales y económicas del planeta entero sin distinción de clase, género y etnia; pero, con el correr de las semanas y de los meses, la realidad ha ido demostrando cómo los impactos se retroalimentan o se hacen más visibles y graves en contexto sociales y regionales con desigualdades estructurales previas. Tenemos el caso de las villas y asentamientos en el AMBA donde las condiciones ambientales, sanitarias, alimentarias ya se encontraban en estado crítico. Esta es la situación de gran parte de las comunidades originarias en Argentina, que a pesar de los avances institucionales y legislativos en el reconocimiento y el acceso a derechos territoriales, educativos y culturales (en gran medida como resultado de las luchas históricas de las organizaciones indígenas), aún se evidencia una situación de desigualdad económica, irregularidad en la posesión de sus tierras, y una histórica invisibilización, subalternización, estigmatización y criminalización.

—Marcela Valdata y Ana Bensi: Las medidas ASPO no desestructuraron a las comunidades originarias como a otros sectores sociales, sino que exacerbó problemáticas de vieja data. En Rosario, sólo los grupos originarios qom y mocovi viven en comunidades, en barrios que comparten con criollos, pero donde estos estos son minoría; mientras que las comunidades kolla, quechua o mapuche habitan en la ciudad de forma dispersa. En este sentido, el hacinamiento, la falta de agua potable y de infraestructura básica no se vivió de igual manera en los barrios con comunidades. El incumplimiento del aislamiento no depende sólo del factor hacinamiento, sino también de otros elementos como la amplia movilidad que tienen las comunidades interbarrialmente.

—Samanta Guiñazu: Hablar de COVID y comunidades indígenas es sumamente necesario porque, si bien nos afecta a todos como sociedad, en las diferentes clases y lugares del país, las comunidades indígenas se ven particularmente afectadas por cuestiones estructurales. Cuestiones referidas al difícil acceso a salud, falta de trabajo estable en algunos lugares, falta de conectividad para la continuidad de las clases, problemática para conseguir alimentos; por ejemplo, las dificultades que tienen algunas comunidades que no están cerca de centros urbanos. En términos generales, todas las problemáticas que las comunidades viven cotidianamente se agravan en esta situación.

—¿Cuáles son las demandas de las comunidades en este contexto?

—Mariana Schmidt: Las demandas que relevamos son todas históricas de los pueblos originarios, que en este contexto de aislamiento cobraron mayor visibilidad o se agudizan, y cuya resolución va mucho más allá de la coyuntura actual.

Es importante el pedido de incorporación de representantes indígenas de las organizaciones locales en los comités de emergencia locales para asegurar la efectiva participación e incorporar sus perspectivas, sus experiencias, sus propias demandas para la resolución de las políticas en el marco de la pandemia. También lo referido con la producción y distribución de material específico en lenguas indígenas; porque gran parte de la información vinculada a la prevención de las enfermedades están basadas en recomendaciones científicas, técnicas, médicas, pero sin contemplar las perspectivas y realidades propias de los pueblos originarios vinculadas a la higiene y a los cuidados en la salud. También el fortalecimiento de las radios comunitarias, de los medios de comunicación para poder ser utilizados como espacios de difusión, de información, de conocimientos y de contenidos vinculados a la prevención y también a contenidos educativos.

Otras cuestiones como el acceso a la conectividad, a entidades bancarias para acceder al ingreso familiar, por ejemplo. Y, como mencionaba antes, demandas que son históricas vinculadas al acceso al territorio, al acceso a la titularización de la tierra y al agua.

—Marcela Valdata y Ana Bensi: Vinculado a la problemática alimenticia, un gran número de niños y jóvenes reciben su ración diaria de comida en los establecimientos educativos, que, por la pandemia, se vieron afectados en esta cotidianeidad, además debido a que la mayoría vive de changas, la baja en los ingresos impidió poder realizar las comidas básicas con lo cual esto se transformó en una demanda acuciante que debieron paliar las diversas instituciones. Si bien la demanda alimentaria está en primer lugar, también hubo una importante solicitud de ayuda en la inscripción de diversos trámites: IFE, Anses, cuotas alimentarias, ayuda para la vinculación con las tareas escolares por falta de internet y situaciones de inseguridad como violencia institucional, interétnica y de género.

—Samanta Guiñazu: Cada una de las comunidades con las que se fue trabajando presentaron sus demandas concretas y particulares que dependen mucho de la zona donde están, no solo de la provincia, sino que cada realidad provincial tiene su propia particularidad según la zona.

Yo trabajo en la provincia de Rio Negro y las realidades de las comunidades que están en la zona cordillerana no son las mismas de la que están, por ejemplo, en la zona de la línea sur o en las cercanías de Viedma. Cada lugar tiene su propia complejidad. A estas diferentes dinámicas, también se le suma el desconocimiento que hay desde los Estados en sus diferentes niveles, organismos e instituciones, de las particularidades de organización y prácticas culturales comunitarias. Por ejemplo, en algunas comunidades, esta situación de aislamiento comenzó cuando estaban terminando la veranada y tenían que movilizar a sus animales de un lugar a otro, y algunas comunidades expusieron que fueron maltratadas por las fuerzas de seguridad por no entender qué tipo de prácticas estaban haciendo. Este tipo de cuestiones tienen que ver con no contemplar que hay otras formas de vivir cuando el aislamiento se dispuso. Situaciones de vida completamente diferentes y con posibilidades también diferentes de sostener ese aislamiento en términos de alimentación, salud, conectividad y que necesitan resolverse en lo inmediato.

Investigadorxs de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba: Las demandas relevadas se centran en programas especiales para pueblos indígenas vinculados al acceso y regularización de sus territorios, facilitación de los trámites para el acceso a las personerías jurídicas o bien microcréditos, acceso a planes de conectividad y a dispositivos electrónicos que ayuden las tareas educativas. También se demanda el reconocimiento de los aportes de la medicina indígena.

—¿Cuáles son las principales recomendaciones a las que arribaron?

—Mariana Schmidt: En el caso específico de las políticas sanitarias, la necesidad de garantizar prácticas de salud públicas con enfoque intercultural y la participación de las comunidades en el diseño de las estrategias de intervención y prevención sanitaria. Lo mismo en el caso educativo, una demanda histórica vinculada a la interculturalidad en la educación, a la revalorización de las lenguas. Y, por otro lado, la necesidad de que se habiliten canales de justicia y de denuncia para que los indígenas de los distintos puntos del país puedan denunciar la violación de sus derechos, el avasallamiento de los territorios…lo hemos visto con gran crueldad en los episodios que se sucedieron en estas últimas semanas en la provincia del Chaco.

Más allá de todas este panorama de diagnóstico, las denuncias y las recomendaciones, me parece interesante mencionar los aprendizajes y que nos permita pensar, no sólo focalizar en el surgimiento de demandas o cómo situaciones previas de desigualdades y de injusticias en el marco de la pandemia y del aislamiento se han agravado. Sino también poder ver ciertas experiencias y lógicas comunitarias que son una fortaleza para hacer frente a este complicado y sorpresivo escenario para todos y cómo los lazos comunitarios previos en los cuales se teje la vida comunitaria de las poblaciones indígenas, de ciertas estrategias organizativas y políticas previas han operado más bien como una fortaleza, como un aspecto positivo para ser frente a estas condiciones sanitarias y ambientales en las cuales se encuentran en este momento.

—Marcela Valdata y Ana Bensi: En primer lugar, la visibilización de la situación de las comunidades, sus carencias u padecimientos, y la falta de intervención del Estado en general. Mostrar que la indiferencia de todos los gobiernos a estos pueblos vulnerados es de norte a sur, ya no se trata de una provincia en particular, sino que es una cuestión de Estado atender sus necesidades. Postular que estas políticas públicas no pueden pensarse sin los propios miembros de las comunidades, ya que los Derechos Culturales deben ser considerados en el marco de los Derechos Humanos.

—Samanta Guiñazu: Las conclusiones en las que más puedo aportar tienen que ver con poder transformar, traducir este informe en políticas públicas concretas que atiendan las diferentes problemáticas y, dentro de esto, concretamente dar continuidad y garantizar el cumplimiento de las normativas existentes porque muchas de las problemáticas indígenas en la actualidad no están relacionadas a una escasez o falta de normativas, de legislación o programas, políticas, proyectos al respecto, sino que hay la falta de implementación y, fundamentalmente, de presupuesto para darle continuidad a estas políticas.

Un ejemplo claro es el anexo en el cual participé, que es el anexo que habla de las políticas públicas, concretamente la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, en la cual se ve claramente que muchísimos relevamientos están frenados hace años y es necesario continuar estas tareas en las diferentes provincias, tomando en cuenta no solo las conflictividades existentes ya desde hace años en relación a lo territorial con terceros, empresas, etc., en relación a los desalojos y situaciones de violencia institucional y simbólica que vienen atravesando las comunidades, sino también porque, en este contexto, se torna aún más necesario poder proteger los territorios de las comunidades y que se avance con el cumplimiento de este tipo de normativas.

Investigadorxs de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba: Urge comprender las transformaciones que se están dando en nuestra provincia y también en la ciudad respecto a la articulación y presencia actual de comunidades originarias. Hasta hace unas décadas, el escenario era completamente diferente debido a un discurso de invisibilización, aún imperante. Hoy en día, el movimiento indígena local ha tomado fuerza, identificándose, comunalizándose y, sobre todo, ejerciendo derechos y disputando sentidos.  En este contexto, necesitamos atender a aquellas cuestiones que, si bien con el aislamiento y la pandemia se han profundizado o se han vuelto visibles, por lo general, son estructurales y denotan una deuda histórica en términos de reconocimiento, autonomía y respeto a las diversidades, cuyas consecuencias son el empobrecimiento, dificultades de habitar el territorio y la agudización de conflictos ambientales y territoriales.

—¿Cómo fue el proceso de elaboración del informe?

—Mariana Schmidt: El proceso de elaboración del informe articuló la participación de más de 100 investigadores a lo largo y ancho del país, docentes, becarios, tesistas, de distintas pertenencias universitarias e institucionales; más de 30 equipos en 12 Universidades y distintas unidades ejecutoras del CONICET. En corto tiempo y bajo condición de aislamiento y dificultad de comunicaciones, se pudo generar este informe que da cuenta de la situación de las comunidades indígenas en todas las regiones del país y en casi todas las provincias.

Se trabajó de manera colaborativa con los pobladores y referentes indígenas, con quienes se tenían vínculos previos, y, a lo largo de estos dos meses, se llevaron adelante entrevistas y encuestas telefónicas o por videollamadas. Esto se combinó con el análisis de fuentes secundarias como notas periodísticas, investigaciones previas, censos, datos oficiales y toda la información que fue surgiendo al calor de la realidad tan cambiante que estamos viviendo.

—Samanta Guiñazu: Es necesario el trabajo participativo, de coproducción; que retome estas particularidades de cada uno de los lugares, comunidades, pueblos, provincias con las que trabajamos, para poder articularlo con aquellos que se dedican a gestionar, diseñar y ejecutar políticas públicas. No sólo las específicas orientadas a pueblos indígenas, sino las políticas públicas en general. Es necesario pensar desde una perspectiva intercultural y participativa, justamente, para la elaboración de protocolos que contribuyan a este tipo de construcción de políticas públicas; que impliquen y den cuenta de las perspectivas de las comunidades con las que estamos trabajando. Si los protocolos tuvieran en cuenta las disparidades de contextos, las dispares problemáticas de las comunidades, las situaciones en las que viven, no solo problemáticas, sino de vida cotidiana, de movilidad intra o intercomunitarias, y si estas cuestiones pudieran ser visibilizadas y tenidas en cuenta, el cumplimiento y el respeto a esos protocolos sería mucho mayor.

—¿Qué expectativas tienen como red sobre el informe?

—Marcela Valdata y Ana Bensi: Si vale la expresión, ¡hacer mucho ruido! Y tratar no solo de que se visibilice la preocupante situación en que viven las comunidades originarias para que se tomen las decisiones correspondientes, tal como se presenta en las recomendaciones, sino también marcar precedentes en la forma de trabajo. El informe al ser federal, en el que participan equipos locales en cada espacio relevado, tiene una posición muy clara con respecto a la ética del antropólogo en su accionar con las comunidades originarias estableciendo la consulta previa, libre e informada, como elemento fundamental de respeto al otro. El avasallamiento hacia las comunidades no es solo de algunos privados o de ciertos ejecutivos del Estado, sino, también y en muchos casos, de investigadores que siguen tomando al otro en tanto “objeto” de expoliación de información acumulando “capital académico” en detrimento de las comunidades.

—Samanta Guiñazu: Las expectativas respecto del informe son poder articular el conocimiento disponible con procesos de construcción de políticas públicas ahora, de emergencia, realizar los protocolos y, a su vez, políticas públicas específicas que tiendan en el corto, mediano y largo plazo a atender justamente las problemáticas que el informe evidencian, que no son problemáticas nuevas, sino que, en su mayoría, se ven agravadas por este contexto tan particular.

—Mariana Schmidt: La idea es que este informe pueda servir tanto para las organizaciones indígenas como insumo para sus demandas y luchas que sabemos que van a continuar en el tiempo, sino también que sirva como insumo para organismos públicos, para la generación de políticas públicas, para otros técnicos o académicos que estén trabajando en el tema y, como decía recién, dado el dinamismo de la situación, seguramente va a ser actualizado y complementado con las nuevas situaciones que vayan emergiendo.

Investigadorxs de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba: Esperamos ser escuchadxs y convocadxs por diferentes instituciones y agencias gubernamentales para que se elaboren políticas públicas en conjunto con los pueblos indígenas, atendiendo a las heterogeneidades de los territorios. A su vez, la información vertida en estas páginas facilita a las personas y grupos indígenas de distintas regiones, la posibilidad de conocerse, acercarse y acompañar experiencias, conflictos, situaciones, pensares, saberes y sentires de hermanxs de otros lugares.

Fuente: La tinta