Nación Mapuche. Piñera, al estilo Margaret Thatcher en 1981, ignora huelga de presos políticos mapuche

Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2020

Si bien el caso irlandés y mapuche tienen sus propias particularidades, en ambos conflictos lo similar es la actitud no dialogante de las autoridades, que en el caso del IRA terminó con un fatal desenlace. Los ocho manifestantes de la cárcel de Angol, en crítico estado de salud tras casi dos meses de huelga líquida donde han perdido más de 20 kilos de peso, solicitan al gobierno la aplicación efectiva del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

os huelguistas mapuche llegan hasta las últimas consecuencias, y la última consecuencia es terminar perdiendo la vida, eso sigue intacto. Yo creo que la convicción y el espíritu con el que partieron los peñis no ha variado ningún centímetro desde su posición política, tampoco su reflexión sobre el gatillante de la huelga de hambre”, dice Rodrigo Curipan, dirigente del Lof Rankilko y werken (vocero) de los presos políticos mapuche que ya cumplen 52 días de huelga de hambre en la cárcel de Angol, Región de La Araucanía.

Desde el 4 de mayo ocho presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, Sergio Levinao, Víctor Llanquileo, Fredy Marileo, Juan Queipul, Juan Calbucoy, Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchulef y Anthu Llanca, iniciaron una huelga de hambre líquida. Los manifestantes solicitan al gobierno la aplicación efectiva del Convenio 169 de la Organización Internacional del  Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

En la misma fecha, en la cárcel de Temuco, el machi Celestino Córdova también comenzó una nueva huelga de hambre líquida. Córdova fue condenado en 2014 a 18 años de cárcel por “incendio con resultado de muerte en carácter terrorista”, en el caso que terminó con las vidas del empresario Werner Luchsinger y de su esposa Vivianne Mackay en 2013. El machi desde su condena ha señalado ser inocente, por la que ha protestado por medio de varias huelgas de hambre.

El Convenio 169 fue ratificado por Chile en septiembre del año 2008, y entró en en vigencia el 15 de septiembre de 2009. Según indica el mismo gobierno en su sitio web de la Consulta Indígena, este convenio, “establece, entre otros, el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados, de conformidad a sus características socioculturales. Regula además materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario de los pueblos originarios…”

Los huelguistas apelan al artículo 10 del tratado que indica que, “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”. En este mismo artículo agrega en su inciso dos que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

Curipan explica a INTERFERENCIA que los huelguitas están “muy complicados”. “Yo diría que esta huelga no va a durar más de una semana en las condiciones que se están dando”.

“La bajada de peso ha sido muy rápida. Cuando estábamos en el día 25 de huelga, ya habían bajado 11 a 13 kilos. Hoy se está bordeando entre los 22 a 23 kilos de pérdida. Hay un deterioro evidente, ellos prácticamente ya no se levantan de su camas, presentan vómitos con sangre producto de úlceras que se le forman en el estómago. A eso se suman todas la trabas que han puesto Gendarmería para que puedan acceder de forma oportuna con la lamngen (hermana) machi (sanadora y autoridad ancestral mapuche). Recientemente ha podido ingresar la machi Isabel Puel y el doctor de confianza Luis Umaña, pero se ha ido ganando en tribunales, no ha sido voluntad de gendarmería, todo lo contrario”, agrega el vocero de los huelguistas. 

Al mediodía del martes 23 de junio partió desde Victoria hasta Temuco una caravana de comunidades mapuche, quienes llegaron hasta la Intendencia de La Araucanía, con el objetivo de entregar una carta dirigida al presidente de la República, Sebastián Piñera. Sin embargo, antes de que llegaran al lugar, el edificio fue cerrado.

“Cuando intentamos dialogar con el gobierno, se nos cierra la puerta. Este acto de acción política además tuvo como finalidad visibilizar la situación de los peñis”, dice Rodrigo Curipan, dirigente del Lof Rankilko y werken (vocero) de los presos políticos mapuche.

“Hemos observado con preocupación la pasividad de su gobierno, al momento de modificación de cautelares en las causas de violaciones a los Derechos Humanos de parte de carabineros de Chile contra nuestro pueblo. Tal es el caso de la libertad de Marco Treuer, imputado por asesinato de Alex Lemún; Carlos Alarcón, imputado por el asesinato de Camilo Catrillanca; el General Gonzalo Blu, imputado en la causa Huracán. Causas en las que el Ministerio Público se ha allanado a las solicitudes de sus defensas, en razón de la pandemia Covid. Pero no ocurre lo mismo, en las causas con imputados mapuche. Ante tal nivel de discriminación y racismo aplicado por los tribunales chilenos, los prisioneros políticos mapuche se han visto obligados a exponer su vida en una huelga de hambre para conseguir justicia e igualdad ante la ley”, indica un extracto de la carta.

Isabel Figueroa, abogada de los presos políticos mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Angol, informa a INTERFERENCIA que desde que se inició la protesta, han interpuesto cuatro recursos de amparo, siendo los dos últimos los que permitieron la entrada del médico Umaña-quien visitará hoy a los huelguistas- y de la machi Isabel Puel. “Nos alegró bastante, porque de esta manera hemos tenido conocimiento del estado de salud real de los lamngen (hermanos) que están en huelga y no del médico de gendarmería que no es de ninguna confianza”. 

La defensora indica que el sábado 20 de junio, gendarmería interpuso un recurso de protección en contra de los internos en huelga de hambre para poder ser trasladados en el caso de que estén más afectados en  su estado salud. Además, solicitaron la alimentación forzada. 

“El traslado debe decidirlo el médico de confianza. Respecto a la alimentación forzada, a nuestro juicio va en contra de los derechos de todas las personas, sobre todo de quienes están están en huelga,  contrario a la Declaración de Malta- adoptada por la 43ª Asamblea Médica Mundial Malta, en 1991- que consiste en el respeto de los médicos a los huelguistas de hambre”, agrega Figueroa.

Representantes intentando entregar una carta dirigida a Sebastián Piñera

Cuando Margaret Thatcher dejó morir a 10 huelguistas irlandeses 

La huelga de hambre irlandesa de 1981 fue el término de cinco años de protestas de los republicanos irlandeses prisioneros en Irlanda del Norte, que solicitaban un estatus especial para sus presos.

En 1980, siete  presos republicanos de Prisión de Maze (HM Prison Maze) participaron en una primera huelga de hambre, que finalizó tras 53 días. La segunda huelga de hambre comenzó el 1 de marzo de 1981, cuando Bobby Sands, oficial al mando del IRA (Ejército Republicano Irlandés) en prisión, rechazó la comida. En esta ocasión, los prisioneros se iban incorporando a la huelga en distintos intervalos, con el objetivo de atraer la atención pública sobre la Primera Ministra, Margaret Thatcher. 

Robert Gerard Sands, conocido popularmente como Bobby Sands, falleció durante las huelgas de hambre de 1981 en la prisión de Maze. En el transcurso de la huelga, Sands consiguió ser elegido miembro del Parlamento Británico. A su funeral asistieron unas 100.000 personas.​ 

La victoria electoral de Sands generó expectativas respecto a la negociación, pero Margaret Thatcher se mantuvo firme en no conceder las demandas de los huelguistas.

“La muerte del militante del IRA, mártir para unos y terrorista para otros, tras 66 días de ayuno para reclamar un estatuto de preso político, cambió la historia de Irlanda del Norte. La vieja tradición irlandesa de la huelga de hambre se llevó la vida de diez republicanos durante 1981, pero facilitó que el movimiento nacionalista católico asumiera que la vía política y el diálogo eran la única salida para un conflicto que costó más de 1.500 víctimas”, indica el artículo Bobby Sands, la muerte que principió la paz de La Vanguardia. 

Las huelgas de hambre en Irlanda del Norte, concluyeron tras siete meses y diez muertos. Según indica una publicación del diario español El País del 3 de octubre de 1981, “la razón inmediata: los familiares de los presos no querían dejar morir ya a sus hijos. La razón profunda: el gobierno británico no estaba dispuesto a ceder y el movimiento republicano consideraba ya inútil la pérdida de más vidas”. 

Luego de la muerte de Bobby Sands, Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, insistió en que el gobierno “nunca otorgará estatus político, sin importar cuánta huelga de hambre pueda haber. Estamos del lado de la protección de ciudadanos inocentes y respetuosos de la ley, y continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar el terrorismo. El señor Sands era un criminal condenado. Él eligió quitarse la vida”, en declaraciones recogidas por diversos medios de comunicación en 1981, como el New York Times. 

Si bien el caso irlandés y mapuche tiene sus propias particularidades y diferencias en su contexto, en ambos casos la huelga de hambre -una vieja tradición irlandesa, que data del siglo VIII- y la actitud no dialogante de las autoridades implicadas, son factores comunes que podría llevar al mismo fatal desenlace.

Protesta en apoyo a Bobby Sands

Esta no es la primera vez que el presidente Sebastián Piñera debe enfrentar una huelga de hambre. Entre 2010 y 2011, diversos presos mapuche realizaron este tipo de protesta, principalmente para denunciar la aplicación de la ley antiterrorista, y por los dobles enjuiciamientos a los que eran sometidos. 

Una de las más recordadas es la de 2010, El Mostrador publicó que Piñera omitía caso de presos mapuche en huelga de hambre. “El mandatario omitió el tema y propuso el Plan Araucanía, dotado de US$ 4.400 millones para los próximos cuatro años, afirmando que “la violencia no conduce a nada”. Finalmente, después de 82 días, llegaron a un acuerdo con el gobierno. 

A día de hoy, tras más de 50 días de huelga de hambre de presos políticos mapuche, Sebastián Piñera no ha dado ningún tipo de respuesta. Y, al contrario, la única señal del gobierno fue trasladar personal de Fuerzas Armadas hasta La Araucanía y Biobío para “resguardar las rutas afectadas por atentados”, según publicó El Mercurio.

Este lunes 22 de junio, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la diputada mapuche Emilia Nuyado (PS), presentó un proyecto el cual solicita cambiar el régimen carcelario de los presos políticos mapuche. En la instancia, estuvo presente el ministro Justicia, Hernán Larraín, donde la comisión pidió una adecuación en el plan de acción de gendarmería para enfrentar el coronavirus, “para darle pertinencia y coherencia con los derechos de los pueblos indígenas establecidos en instrumentos internacionales”. Ayer, martes 23 de junio, se aprobó la resolución del proyecto por 78 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones,

“Solicitar al Presidente de la República Sebastián Piñera E., que instruya al Ministro de Justicia y Derechos Humanos don Hernán Larraín Fernández  y a sus servicios relacionados, para que garantizando el principio de integridad cultural y los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y en atención a la dimensión de salud y espiritual, según lo dispuesto en el Convenio Nº169 de la O.I.T..”, indica parte de la resolución.

FUENTE. Interferencia