Perú. Amnistía Internacional exige al Gobierno peruano que proteja a venezolanos refugiados

Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2020

Solo hasta el 5 de junio de este año, 5,1 millones de personas han huido de Venezuela, forzados por la crisis humanitaria y política que se vive en el país desde los últimos años. En ese contexto, cargado de la crisis sanitaria por el COVID-19, la organización Amnistía Internacional exige al Gobierno peruano que facilite el proceso de regulación migratoria de los venezolanos refugiados para que accedan a atención médica.

“Frente a los desafíos adicionales planteados por la COVID-19, Perú debe regularizar a todas las personas venezolanas que se encuentren en situación irregular, ya que ese es el medio más efectivo de proteger la salud de todas las personas en el país”, sostiene Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.

Según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Perú es el país que recibe más solicitudes de refugio de ciudadanos venezolanos: más de 830 mil ya viven dispersos entre Lima y otras regiones.  Pero Fernanda Doz Costa, de Amnistía Internacional, advierte: “Perú no ha querido o no ha podido proteger adecuadamente los derechos y la dignidad de las personas de Venezuela que huyen de las violaciones de derechos humanos masivas cometidas en su país de origen”.

Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en 1951; y la Declaración de Cartagena, pactada en 1984, Perú es uno de los países que tiene el compromiso de proteger a los migrantes que buscan refugio. Ambos acuerdos internacionales impulsan un régimen de protección para las personas que huyen de sus países por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos o violación masiva de los derechos humanos.

Reportes de Amnistía Internacional alertan que desde el 2018, el Gobierno peruano ha adoptado una serie de medidas que restringen el ingreso de venezolanos al país. Por ejemplo, se dispuso que solo los venezolanos que habían entrado a Perú antes de octubre de ese año podrían solicitar su Permiso Temporal de Permanencia (PTP), un documento habilitado en 2017 que regula la condición migratoria de los extranjeros y les permite trabajar y estudiar.

Desde el 25 de agosto del 2018, el Perú también empezó a exigir pasaporte a los venezolanos  que buscaban ingresar al país. Para Amnistía, este requisito significaba una limitación para los refugiados. Y es que en Venezuela, los ciudadanos han denunciado largas colas en el Servicio Administrativo de Identificación de Migración y Extranjería (SAIME) de Caracas, altos costos de procedimientos burocráticos, corrupción, mal funcionamiento del sitio web y abusos de sus funcionarios.

FUENTE: WAYKA.pe