Argentina. Un juez restituye al directorio de Vicentin y otorga a la intervención poder de contralor/ Manifestaron en Rosario por la expropiación

Resumen Latinoamericano, 19 junio 2020

foto: Movilización en Rosario a favor de la expropiación de Vicentin.

El fallo del magistrado Fabián Lorenzini se declaró también incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad de la cerealera.

El juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo, informaron fuentes judiciales.

El juez Fabián Lorenzini, en el fallo dado a conocer pasado el mediodía, a la vez se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.

Según el escrito, al que accedió Télam, la medida regirá por 60 días y podrá ser eventualmente prorrogada por un nuevo plazo.

A la vez, el juez que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora, corrió vista a los interventores por un plazo de cinco días para que “puedan contestar la demanda y efectuar los planteos que juzguen necesarios”, y le pidió que se expida a la Sindicatura del concurso.

La resolución de Lorenzini, adoptada a partir de un planteo de un grupo de accionistas de Vicentin sobre la presunta inconstitucionalidad del DNU que dispuso la intervención, establece que “los administradores naturales de la sociedad concursada, elegidos conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados”.

Además, resolvió que los “interventores designados en el DNU 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.

En su solicitud al juez, los accionistas de Vicentin pidieron que se declare inconstitucional el decreto referido, pero Lorenzini se declaró incompetente para intervenir en esa materia.

A la vez, los accionistas consignaron que de mantenerse la intervención se pondría en riesgo la continuidad de las tareas operativas de la empresa y que “cualquier dilación procesal podría provocar el colapso total de la administración”

Si bien reconocieron en su escrito que la empresa puede ser intervenida en el marco del proceso concursal que atraviesa, puntualizaron que dicha potestad “se encuentran bajo la órbita de esta judicatura concursal”, es decir, del magistrado.

En sus fundamentos para restituir la administración de Vicentin SAIC a sus directivos, Lorenzini resaltó que se está “en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos”.

Además, señaló que “su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”.

Para el juez, la intervención “ha signado el proceso concursal en una suerte de impasse” ya que amenaza “con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial”.

Por esa razón, Lorenzini asignó a Gabriel Delgado y Luciano Zarich –designados como interventores por el decreto presidencial-, el rol de “veedor controlador” que contempla la ley de quiebras.

Esa potestad de contralor será una función, según el fallo, “de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración”.

“Resulta conveniente para el adecuado cumplimiento de los objetivos que venimos predicando, la continuidad de los administradores naturales de la sociedad, con las mismas facultades que ostentaban en el momento previo al inicio efectivo de la intervención dispuesta por el PEN”, concluyó el juez.

Vicentin SAIC se declaró en cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019 ante una situación que consideró de “estrés financiero” que le hizo imposible afrontar sus compromisos comerciales y con entidades del sistema financiero local e internacional por unos US$ 1.350 millones.

Tras intentar sin éxito durante la feria judicial de enero arribar a un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con sus acreedores, el 10 de febrero presentó su propio concurso, luego de un pedido de quiebra de un acreedor.

El juez Lorenzini abrió el concurso el 5 de marzo pasado y hasta ahora se presentaron a verificar créditos 2.368 acreedores por un monto de 99.345 millones de pesos, aunque el plazo fue extendido hasta el 25 de agosto.

El principal acreedor de la compañía es el Banco de la Nación Argentina, que reclama una acreencia de $18.128 millones.

Manifestación en Rosario a favor de la expropiación de Vicentin

“Tiene que ser el principio de un camino hacia una estatización y una junta nacional de granos que controle el comercio exterior”, dijo el titular de la CCC, Eduardo Dalmonte.

19 de junio de 2020

Cerrando filas: gremios y organizaciones se plantan por la intervención y expropiación de Vicentin

Un cúmulo de organizaciones sindicales, sociales y políticas se pronunció este viernes en las escalinatas de la Bolsa de Comercio de Rosario en respaldo a la decisión anunciada por el presidente Alberto Fernández. Festram respaldó y ventiló más denuncias. Y Aceiteros la cuenta desde adentro
19 de junio de 2020 – 17:43

La Multisectorial Rosario se manifestó este viernes en las puertas de la Bolsa de Comercio en apoyo de la expropiación de Vicentin. “El primer paso hacia una soberanía alimentaria”, resaltaron las organizaciones gremiales, sociales y políticas que integran la entidad y protagonizaron una concurrida movilización.

En el acto, el secretario General a nivel nacional del Sindicato de Dragado y Balizamiento (cuya sede en Rosario fue vandalizada), titular de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid, reafirmó el apoyo de la CGT “que ya se ha pronunciado a favor”, y marcó que la movida no fue masiva sólo porque los gremios y la central obrera “tienen las limitaciones propias de la cuarentena” y cada demostración debe hacerse “respetando el distanciamiento social, sin reuniones masivas”.

De igual modo, la concentración se hizo notar. Una de las dirigentes que habló fue la titular del sindicato Norte, que representa a los trabajadores del Pami. Claudia Indiviglia reclamó que los responsables de la caída de la agroexportadora de la ciudad de Avellaneda, en el norte de la provincia vayan a juicio, y los acusó de ser “los grandes lavadores del dinero que pidieron al Banco Nación, que hasta el día de hoy no se sabe dónde fue a parar”.

“Creemos que la expropiación es la única manera de cuidar que no se escapen con la plata de los argentinos”, insistió la dirigente. “Debemos recuperar la plata de nuestro pueblo, es de todos, sin mencionar que si vos o yo no pagamos un crédito nos embargan, y te rematan lo que tengas”, concluyó Indiviglia.

Entre las organizaciones sociales que participaron se contó la Corriente Clasista y Combativa. Eduardo Delmonte, uno de los dirigentes a nivel local destacó que aún la expropiación, de votarse en el Congreso, no es el final: “Tiene que ser el principio de un camino hacia una estatización y una Junta Nacional de Granos que controle el comercio exterior”, sostuvo.

“Es un paso correcto e imposible de dar sin la manifestación popular, porque los intereses que se tocan son enormes. Son los intereses de los dueños de la Argentina y van a usar todo lo que tengan, tanto los medios de comunicación que controlan como sus influencias políticas, para lograr su cometido”, advirtió Delmonte.

Con todo, las organizaciones que participaron forman parte de un amplio abanico que se viene pronunciando de distintas maneras en favor de la intervención –que ya chocó con su primera resistencia a nivel judicial– y de la nacionalización de la empresa que se declaró a fines del año pasado en “estrés financiero” y dejó de pagar todas las deudas y todas las cargas de cereales entregadas por productores y cooperativas.

Así, en las escalinatas de Corrientes y Córdoba se presentó un documento conjunto en el que se expresa posición “a favor de la reciente decisión del gobierno nacional de intervención de la empresa agroexportadora en concurso de acreedores Vicentin” y del proyecto de ley para su expropiación. “Estas medidas son trascendentes y estratégicas para preservar y garantizar todos los puestos de trabajo que se ven amenazados por la quiebra y el desguace del principal grupo económico de nuestra provincia”, marca además el texto.
“Es fundamental –advierte a continuación– que la intervención evite las maniobras de vaciamiento que empeoran las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, así como también de pequeños productores y las cooperativas agropecuarias. La expropiación evitará, entre otras cosas, la extranjerización y la concentración del comercio exterior de granos”.

Las organizaciones también reclamaron “avanzar con las investigaciones”, sobre Vicentin por parte de la Justicia, “por la malversación de fondos públicos llevados a cabo con la connivencia con el gobierno anterior por otorgar, de manera irregular, préstamos en perjuicio del Banco Nación, hoy principal acreedor”.
También reclaman que se siga la pista de la firma de Avellaneda por presuntas maniobras para eludir impuestos, y por “la cesación de pagos a pequeños productores y cooperativas, así como también el incumplimiento del convenio colectivo a los trabajadores y trabajadoras”.

“Es importante –subrayaron las organizaciones– que se considere el trabajo desarrollado por la Comisión Investigadora que se conformo en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Y solicitamos a los diputados y diputadas, senadores y senadoras que representan a nuestra provincia en el Congreso nacional el apoyo y acompañamiento del correspondiente proyecto de expropiación”.

Sumaron su participación y suscribieron el documento la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), el Sindicato de Aceiteros Rosario (Soear), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Ferroviaria, La Fraternidad (Maquinistas), el Sindicato de Recolectores de Residuos, el Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, Amsafé Rosario, el Sindicato de Trabajadores Municipales, estatales del gremio Norte, el Movimiento Obrero Rosario, el gremio de Docentes Universitarios (Coad), el de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), La Bancaria, los estatales de ATE Rosario y ATE Casilda, el gremio de Peajes (Sutpa), el sindicato de Enfermería (Supde), el gremio de Administrativos, Capataces y Técnicos de la Construcción y Obras Viales (Uecara), el gremio del personal de la Administración Nacional de Electricidad (Utca), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y el gremio del Transporte Privado, entre otros.

También forman parte del colectivo los directores del Distrito 6 (Casilda) de la Federación Agraria Argentina, la Multisectorial 21 F, la Federación Universitaria Rosario (FUR), el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la fundación La Alameda, el Centro Cultural La Toma, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, la Corriente Sindical René Salamanca, el Partido del Trabajo y del Pueblo, entre más organizaciones.
Municipales, de norte a sur

La Festram, entidad que agrupa a los gremios Municipales de toda la provincia, también sentó posición de respaldo a la intervención de Vicentin y al proyecto de ley para su expropiación. “La evolución que va a tomar será la que seamos capaces de asignarle entre todos los sectores comprometidos con el destino de la Patria”, sostuvo el secretario General de la Federación, Claudio Leoni.

La entidad sindical además recordó que la situación de la empresa agroexportadora “tiene aristas ligadas con la ilegalidad”, y mencionó entre las presuntas maniobras que lo evidencian “traer barcas vacías desde Paraguay y llenarlas en el puerto de San Lorenzo para no pagar las retenciones”.

“A ese nivel de evasión y corrupción nos estamos enfrentando. Cada vez que especulan en materia de divisas, esta gente pone en riesgo de devaluación” a la moneda nacional. “Y en efecto, han jugado muchas veces para lograr eso. Ello implica no sólo la problemática alimentaria, sino un eventual perjuicio económico para los trabajadores”, manifestó Leoni.

“Como sabemos –continuó el dirigente gremial– fugaron gran parte del capital prestado por el Estado a paraísos fiscales. Así que la salida a esto pasa por el Estado, que puede obtener una herramienta estratégica en un momento especial como el que se vive a escala mundial en plena pandemia”.
Para el titular de Festram, el presidente Fernández “tendrá que convocar a todos los sectores para obtener respaldo a su decisión”, ya que es estratégica: “Esta empresa, que exporta un porcentaje altísimo de alimentos, harinas, vinos, lácteos, es una empresa clave para determinar precios, para determinar divisas y la competitividad de la industria argentina”, evaluó.

“Me parece fundamental que el gobierno se haga cargo de todo ello. Incluso estamos viendo cómo países desarrollados llevan adelante estos proyectos de salvataje de sus empresas. En definitiva, o el presidente avanza con el apoyo de los sectores populares hacia una intervención y nacionalización de la firma, o quedará en manos de sectores extranjeros”, sostuvo Leoni.

Y concluyó: “De esto, los trabajadores de las distintas partes que tiene Vicentin son absolutamente concientes. Nosotros tenemos en Santa Fe un modelo de unidad sindical muy fuerte, donde están todas las delegaciones regionales de la CGT de la provincia, la CTA junto con gremios de alcance provincial, como es el caso de los docentes y los municipales en nuestra Federación. Por lo tanto, mantenemos vínculo con los sindicatos relacionados a Vicentin”, remarcó, para concluir: “El conjunto de los trabajadores sienten un alivio fundamental al ver la intervención del Estado nacional en esto”.

El titular de Festram anticipó también que el movimiento obrero de Santa Fe “ya tiene un documento en el que fija su posición” y que esta es de “apoyo irrestricto a la decisión de intervenir la empresa y su posterior expropiación o nacionalización”.

“Me parece fundamental la participación de los trabajadores y las cooperativas en esa disputa. Está la soberanía alimentaria de los argentinos en el centro de la puja, motivo suficiente para que la empresa quede bajo control del Estado nacional”, concluyó Leoni.

Aceiteros: contándola desde adentro

“Apoyamos la intervención del Estado para la defensa de los puestos de trabajo en Vicentin”, manifestaron desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los departamentos General Obligado y San Javier, “en carácter de comisión directiva, comisión interna y delegados de base, y sobre todo trabajadores de la empresa Vicentin Saic”.

El gremio que representa a la mayor parte de los más de 6 mil trabajadores de la propia agroexportadora fijó así su posición y salió a cruzar con dureza al intendente de Avellaneda, el radical Dionisio Scarpin, quien habló en contra y hasta agitó una protesta en rechazo

La la intervención de la firma: “¿Dónde estaba cuando las familias perdieron empleo por desiversión laboral en la zona?”.“Confiamos en que esta medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda”, marcaron los Aceiteros del norte provincial.

El gremio recordó cómo es la situación de los trabajadores “desde diciembre de 2019”, cuando Vicentin se autodeclaró en “estrés financiero” y dejó de pagar deudas y a proveedores. “No hemos obtenido respuestas concretas por parte de los representantes de la firma sobre el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo. Fueron seis meses de puja constante por recibir información certera y percibir las remuneraciones correspondientes. Sólo hubo dilaciones, postergaciones de cualquier solución entre audiencias y reuniones que al día de la fecha no llegaron a ningún fin, y ni siquiera logramos que la empresa abone los salarios correspondientes a la escala vigente, ni el bono de fin de año que debió pagar en el mes de enero”, explicó el gremio que forma parte de la Federación nacional FTCIODYARA.
“Queremos expresar, además, el malestar que nos genera ver cómo algunos dirigentes políticos, por todos conocidos en nuestras localidades de Avellaneda y Reconquista, ante el arribo de la comisión interventora el día 9 de junio salieron a manifestarse a favor de los intereses de los empresarios, arrogándose hablar en nombre de los trabajadores”, denunció el gremio. Y castigó: “Se trata de las mismas personas que el año pasado, cuando esta empresa decidió cerrar dos de sus sectores icónicos, como lo han sido la refinería y la envasadora de aceite, alegando que era poco rentable mantenerlos en la región, y dejando así varios empleados sin trabajo, no mostraron apoyo ni solidaridad con las familias que perdían así su fuente laboral”.

“¿Dónde estaban estos dirigentes políticos cuando las millonarias inversiones que se hicieron en sus plantas no fueron en Avellaneda sino al sur de la provincia? ¿Qué opinan de que esas inversiones se realizaron gracias a los préstamos del Estado y al financiamiento de los productores a los que han dejado de pagar? No mostraron ningún apoyo ni solidaridad”, insistió el gremio Aceitero.

“Estos dirigentes políticos que hoy se arrogan el derecho de hablar en nuestro nombre nada decían cuando los trabajadores reclamamos el pago íntegro de los salarios. En ese sentido, en virtud de haber sido electos por el conjunto de la ciudadanía, deberían mostrarse en favor de la sociedad toda y no sólo de los sectores más poderosos, como lo demostraron convocando a una manifestación que incumplió con todos los protocolos de salud –en el marco de una pandemia– en favor de los empresarios, e instando a la sociedad a acompañarlos, omitiendo información como la realidad salarial de los trabajadores”.

“A la sociedad queremos trasladarle la incertidumbre que genera trabajar en estas condiciones, e invitarlos a empatizar con los que trabajan en las plantas del complejo para que puedan contarles su realidad, que es muy distinta a la de aquellos que ocupan cargos jerárquicos en la firma”, concluyeron los integrantes del sindicato.

Y enviaron un pedido en dirección al presidente Fernández: “La prioridad en esta crisis deben ser los trabajadores, sus fuentes de trabajo y las familias de la región. Apostamos firmemente que la resolución del gobierno de la Nación brinde una respuesta en favor de la recuperación de la capacidad productiva garantizando los puestos de trabajo y mejorando las condiciones laborales, para todos los trabajadores y las familias del norte de Santa Fe”.

fuente: El Ciudadano

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