Colombia. Contrarreforma agraria por la vía narco-paramilitar

Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2020

Militares y narcoparamilitares masacran las comunidades, las despojan y desplazan; los Notarios de la mafia titulan las tierras despojadas a grandes empresarios nacionales y extranjeros, y Uribe y su bancada parlamentaria hacen leyes para impedir la restitución de las tierras despojadas.

No se puede pasar por inadvertido que a comienzos de año Michael Forts, Relator Especial de la ONU, afirmó “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina”; los exterminados son líderes defensores de comunidades desplazadas por grandes proyectos minero-energéticos, de agronegocios y de infraestructura.  

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe del 25 de mayo afirma que de enero a abril de este año, el asesinato de líderes sociales creció un 53 por ciento; además el desplazamiento forzado se incrementó en un 5 por ciento [1]. En 2020 han asesinado 112 líderes sociales, 8 de sus familiares y 26 excombatientes; el 90 por ciento de ellos eran líderes y lideresas rurales [2].

Despojo y Genocidio

Colombia es el país más desigual de América Latina en cuanto a tenencia de la tierra con un Gini de 0,49, el 90 por ciento de la tierra está concentrada en pocas manos [3], este es uno de los motores del Conflicto Interno, por ello existen 7,2 millones de desplazados internos, la cantidad más grande del mundo;  además es el país  con más conflictos ambientales del planeta, 230 casos documentados por la Universidad del Rosario [4].

La Ley 1776 de 2016, que creó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), supuestamente promueve la inclusión social del trabajador agrario; pero esta Ley no ataca el problema de la concentración de la tierra, por el contrario, niega la titulación de baldíos como salida para los campesinos desposeídos.

La Senadora María Fernanda Cabal seguidora del ex Presidente Uribe, promueve una Reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para favorecer proyectos agroindustriales ya establecidos en los predios despojados a los desplazados; en otras palabras, con esta Reforma le niegan todos los derechos de restitución de la tierra a las víctimas [5].

En el Informe Empresas, Desplazamiento y Despojos de Tierras de la Fundación Forjando Futuros, entregado a la Justicia Especial para la Paz (JEP), vinculan a 47 personas naturales y 33 empresas por compraventa ilegal de tierras, algunas de estas empresas son: Cementera Argos, Minera Anglo Gold Ashanti, estatal petrolera Ecopetrol, Bancolombia propiedad de Sarmiento Angulo el más rico del país, entre otras [6].

Hostigamiento, persecución y muerte

La Alianza Campesina, Étnica y Comunitaria del Guaviare y Sur del Meta, denunció que el 29 de mayo durante operaciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, realizadas en El Guayabero, Guaviare, tropas del Ejército de la Fuerza de Despliegue Rápido – FUDRA 1, agredieron a la población e hirieron a los campesinos Alfonso Monsalve, Cristhian Valanta y Fernando Lozada.

María Rocío Silva Caballero de 52 años, de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Vallecito, en San Pablo Sur de Bolívar, lideresa de los Proyectos de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), fue desaparecida desde el 21 de mayo a las 6 de la tarde.

Cristian Conda de 21 años, líder del Plan de Bienestar Comunitario; fue asesinado el 23 de mayo en su residencia en el Resguardo Indígena de López Adentro en Caloto, Cauca.

Víctor Manuel Ovalle Reina de 27 años, líder campesino, hijo de un excombatiente; fue asesinado el 24 de mayo en el corregimiento de Lisboa en Anzoátegui, Tolima.

Manuel Guillermo Marriaga Martínez de 50 años, líder comunitario y aspirante al Concejo de San José de Uré, por el Partido Alianza Social Independiente de Colombia (ASI); fue asesinado el 23 de mayo en el barrio Villa Matoso, de Montelíbano, Córdoba.

Saúl Rojas González de 69 años, Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Juanito de Algeciras, Huila; fue asesinado 25 de mayo.

Edwin Acosta Ochoa, líder de la Comisión Minera de Interlocución de Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar; fue asesinado el 26 de mayo por narco paramilitares en el corregimiento de Mina Seca de Tiquisio, Sur de Bolívar.

María Nelly Cuetia Dagua y Pedro Ángel María Tróchez, eran médicos ancestrales de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN); fueron asesinados el 29 de mayo en Corinto, Cauca.

Joel Villamizar, directivo de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa – Asou’wa del Resguardo Indígena Unido, fue asesinado por el Ejército el 31 de mayo en la vereda Río Colorado de Chitagá, Norte de Santander.

[1] Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental. FIP, 25-05-2020.
[2] Paz al liderazgo social. Indepaz, 26-05-2020.
[3] Desigualdad en Colombia. Revista Semana, 4-01-2020.
[4] https://news.un.org/es/story/2020/03/1470571
[5] La propuesta de Cabal para modificar la restitución de tierras. El Espectador, 4-04-2020.
[6] Informe Empresas, Desplazamiento y Despojos de tierras.
Fundación Forjando Futuros, 8-12-2019.

* Fuente: eln-voces.net