Argentina. Resumen gremial. Rocca aprovecha subsidios y despide, los trabajadores resisten/ Una reducción generalizada de los salarios avalada por el Ministerio de Trabajo/ Mar del Plata: movimientos sociales se movilizaron para exigir asistencia alimentaria y sanitaria … (Más info)
Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias
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Rocca aprovecha subsidios y despide, los trabajadores resisten
Nuevos despidos en Techint de la contratista Ferrúa. Los trabajadores bloquean los portones defendiendo sus puestos de trabajo. Nueva audiencia este miércoles y la necesidad del apoyo de todos los trabajadores contra el ajuste.
Por José Gatzela
Como muestra la foto, los 30 trabajadores de la empresa Ferrua Srl se encuentran bloqueando los portones de la fábrica Siderca, propiedad de Paolo Rocca de Techint. Estos operarios se dedican al transporte de chatarra desde las automotrices y autopartistas que en este momento están volviendo a producir como Volkswagen y Toyota. El miércoles tienen una audiencia con el ministerio de trabajo de la provincia y los representantes de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica).
El ataque se da en un plan de conjunto que varios de los trabajadores de Siderca describen como un ajuste más general. El proyecto de la empresa abarcaría una flexibilización con más de 600 despidos, multiplicidad de tareas, polivalencia, retiros voluntarios y despido de las contratistas.
Sin embargo los trabajadores de Ferrúa parecerían adelantar con su ejemplo que no van a quedarse de brazos cruzados mientras sus derechos son pisoteados. Son auspiciosos los ejemplos de otros trabajadores de la zona como los de Stani de la planta Victoria. Los de La Nirva de la zona oeste o los ceramistas de Cormela y Pastoriza en la misma ciudad de Campana que también realizan acciones para repudiar los ajustes patronales.
Ganan con ayuda del gobierno
“Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden”. Son las palabras del presidente después de que Rocca anunciara el despido de 1450 trabajadores de UOCRA al inicio de la cuarentena. Pese a las palabras e incluso a un decreto presidencial, los despidos se efectivizaron. Es más, con el acuerdo tripartito del gobierno, la CGT y la UIA los trabajadores están siendo suspendidos con el 75% de su salario.
“Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores” las palabras de Alberto Fernández contra Paolo Rocca fueron interpretadas por ambos a la inversa. El 50% del salario lo abonó el estado con el programa de ATP.
La colaboración del Estado con Techint, Acindar, Ledesma, McDonalds, Clarín, Mercedes Benz y decenas de otras grandes multinacionales ha dejado al descubierto quienes son los que se llevan parte de nuestro salario que pagamos en impuestos.
Más del 70% del financiamiento del estado se hace en base al IVA, los aportes a la seguridad social y con el impuesto a las ganancias. Somos los mismos trabajadores los que estamos bancando las ganancias que el gobierno le está regalando a los empresarios que, convengamos, no tienen problemas para atravesar la pandemia.
No es la misma situación que los millones que viven en barrios y villas con emergencia habitacional. Si esos aportes fuesen de mínima hacia esos sectores, la sanidad aumentaría considerablemente. Pero además, por los millones que se llevaron durante décadas en base al trabajo de los operarios, por la contaminación e impacto ambiental y social que generan las fábricas, sería más que lógico que paguen un impuesto las grandes fortunas para poder paliar la situación de los que más necesitan durante esta crisis.
De los 8 mil millones de dólares que tiene Rocca en su fortuna personal más otro tanto de sus amigos de clase, un impuesto como el que proponemos desde el Frente de Izquierda sería más lógico que financiar sus ganancias con la plata de los que aportamos con nuestro trabajo y más sufrimos las condiciones de la pandemia. Para enfrentar a los miserables hay que afectar sus patrimonios en beneficio de las mayorías de la población y no administrar a la inversa.
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Una reducción generalizada de los salarios avalada por el Ministerio de Trabajo de la Nación
Es indispensable gratantizar los ingresos de las personas que trabajan.
Declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio mediante el DNU 297/2020 de fecha 19 de marzo, advertimos desde la AAL que era imprescindible el dictado de medidas legislativas idóneas destinadas a prohibir los despidos y las suspensiones, con fundamento en la importancia que tiene la defensa del empleo y del salario para el goce efectivo de los restantes derechos humanos laborales y sociales, especialmente en el contexto actual de una emergencia sanitaria, social, económica y ocupacional declaradas por Ley 27.541, DNU Nº 34/2019 y DNU Nº 260/2020.
De hecho, el art. 8 de esa norma estableció que “Durante la vigencia del ´aislamiento social, preventivo y obligatorio´, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL”.
El 31 de marzo, mediante el DNU Nº 329/2020, se prohibieron por 60 días los despidos sin justa causa y los despidos y las suspensiones por fuerza mayor y por falta o disminución de trabajo, medida indispensable que saludamos inmediatamente.
Sin embargo, también alertamos que la excepción mencionada en el segundo párrafo del art. 3º podría llegar a ser utilizada para posibilitar las suspensiones,mediante la suscripción de acuerdos individuales o colectivos de suspensión con reducciones salariales, basándose en una incorrecta interpretación del art. 223 bis de la LCT y demás normativa aplicable. Es por ello que nuestra Asociación exigió a la autoridad administrativa de trabajo se abstuviera de homologar acuerdos de tal naturaleza, y se garantice la previsión del art. 8 del DNU 297 respecto de la percepción íntegra de los salarios.
Lamentablemente, aquello que exigimos en nuestra declaración ha sido desconocido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante el dictado de sendas normativas, no sólo favorables a la posibilidad de homologar acuerdos individuales o colectivos de suspensión con reducción de salarios, sino además creando procedimientos especiales para facilitar su tramitación y que violentan las más mínimas garantías procesales destinadas a tutelar los derechos laborales del trabajador y la trabajadora.
Estas normativas dictadas por el Ministerio de Trabajo tienden a posibilitar que individual o colectivamente se puedan acordar condiciones laborales más perjudiciales para el trabajador y la trabajadora que las previstas en la ley o en su caso en el convenio colectivo de trabajo, en una materia tan trascendental como es nada más y nada menos que el salario, y en el marco de una emergencia sanitaria, social y económica. Esto importa una grave vulneración al orden público laboral y a principios fundamentales del Derecho del Trabajo, como ser los principios de irrenunciabilidad y de la condición más beneficiosa, que emanan del principio protectorio del art. 14 bis de la CN, contemplados entre otros en los arts. 7, 8 y 12 de la LCT y arts. 7 y 8 de la Ley 14.250.
En lo que respecta a los acuerdos colectivos de suspensión, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), en presencia del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministro de Desarrollo Productivo, suscribieron con fecha 27/04/2020 un acuerdo en el cual le solicitaban al Poder Ejecutivo Nacional una serie de medidas en relación a la actual emergencia producida por la pandemia del Covid-19. Entre esas medidas, se le solicitaba el dictado de una normativa instrumental que estableciera certidumbre respecto de las personas que no podían prestar sus servicios habituales, disponiendo que en tal supuesto la situación fuera considerada una suspensión encuadrada en los términos del art. 223 bis LCT u otro instituto equivalente, por el plazo de 60 días a partir del 1/04/2020. También se solicitaba que en tales supuestos, la prestación no remunerativa o asignación en dinero que debían abonar los empleadores en compensación por las suspensiones de la prestación laboral no pudiera ser inferior al 75% del salario neto que le hubiera correspondido percibir al trabajador en el caso de haber laborado.
En respuesta a lo solicitado por la UIA y la CGT, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la Resolución MTESS Nº 397/2020 resolviendo que las presentaciones que en conjunto efectúen las entidades sindicales con personería gremial ylas empresas para la aplicación de suspensiones conforme al art. 223 bis LCT, que se ajusten íntegramente al acuerdo celebrado por la UIA y la CGT, serán homologadas previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. De esta manera, el referido Ministerio acepta la pauta general de suspensión con reducción salarial acordada por la UIA y la CGT, no sólo homologando acuerdos que violan el orden público laboral, sino que además lo hace sin la debida comprobación previa de que la empresa en cuestión esté realmente atravesando una crisis económica que le impida afrontar el pago íntegro de los salarios. Se incumple así con la obligación de tramitar previamente el correspondiente procedimiento preventivo de crisis exigido por el art. 98 y siguientes de la ley 24.013 para todos los casos de suspensión por razones económicas, o en su defecto, el procedimiento establecido por el Decreto Nº 328/88, instancias en donde la empresa debe acreditar efectivamente la situación de crisis.
Pero no sólo la Resolución MTESS Nº 397/2020 resuelve homologar suspensiones con reducciones salariales solicitadas por la parte empresarial y sindical en conjunto, sino que también lo hace en el supuesto que la presentación sea realizada sólo por la parte empresaria acompañando el listado del personal afectado y la parte sindical haya guardado silencio por el plazo de 3 días luego de que se haya corrido traslado de dicha presentación. En este supuesto ni siquiera existe un acuerdo colectivo sino que se trata en realidad de una suspensión masiva sin representación sindical efectiva.
Como si fuera poco, la Resolución MTESS Nº 397/2020 establece que para tales procedimientos bastará consignar en la presentación inicial unadeclaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas allí insertas en los términos previstos por el art. 109del Decreto N° 1759/72. Es decir que, para el caso del consentimiento del trabajador y la trabajadora, no existe ratificación personal de los mismos previa explicación del sentido y alcance del acuerdo por parte de la autoridad administrativa del trabajo, por lo que no se garantiza el consentimiento informado del trabajador y de la trabajadora.
Para el caso de los acuerdos individuales de suspensión enmarcados dentro del art. 223 bis LCT, la Dirección Nacional del Servicio de Conciliación Obligatoria y Personal de Casas Particulares (SECLO), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, creó mediante Disposición Nº 290/2020, un procedimiento virtual para homologar tales acuerdos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el SECLO carece de competencia para homologar este tipo de acuerdos por no tratarse de acuerdos conciliatorios según el art. 15 LCT, sino acuerdos en donde se modifican condiciones de trabajo sin un conflicto previo de derecho. En ese sentido, el art. 1º de la Ley 24.635 sobre Conciliación Laboral Obligatoria, establece la competencia del SECLO para los reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Por lo tanto, dicho organismo no tiene competencia para homologar acuerdos que no son conciliatorios por no existir una controversia de derecho entre las partes, sino una modificación de las condiciones de trabajo en forma perjudicial para el trabajador y la trabajadora como es acordar una suspensión con rebaja salarial.
La Disposición Nº 290/2020 no sólo le asigna una competencia al SECLO que no tiene, sino que además el procedimiento virtual creado para ello no asegura la debida protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Para ese fin, y en forma similar a la Resolución MTESS Nº 397/2020 antes comentada, establece que para iniciar el procedimiento bastará consignar en la presentación inicial unadeclaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas allí insertas en los términos previstos por el art. 109del Decreto N° 1759/72. Nuevamente, no existe ratificación personal del trabajador y de la trabajadora previa explicación del sentido y alcance del acuerdo por parte de la autoridad administrativa del trabajo, por lo que no se garantiza su consentimiento informado.
Una muestra del nivel de facilidad que el SECLO le quiere brindar a la tramitación de acuerdos de suspensión en marcados dentro del art. 223 bis LCT, es el hecho de que la Disposición Nº 290/2020 establece también que, en el caso de que se presente un acuerdo de ese tipo y el trabajador o la trabajadora carezca de patrocinio letrado, el SECLO suspende el trámite y le informará al solicitante sobre el Programa Asistir que brinda asistenciajurídica y/o patrocinio jurídico en conflictos individuales. Es decir que, en vez de resolver no homologar un acuerdo que se encuentra viciado en su origen por carecer el trabajador o la trabajadora de patrocinio letrado, simplemente suspende el trámite y le informa al solicitante que podrá corregir tal omisión mediante la asistencia jurídica gratuita del Programa Asistir del mismo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ybrindarle así a la parte empleadora una apariencia de legalidad a un acuerdo que no lo tiene.
A esta enumeración de violaciones del orden público laboral, al principio protectorio y de intangibilidad del salario, se suma la injustificable inactividad judicial, detenida desde el 20 de marzo pasado mediante el decreto que dispuso la feria extraordinaria y sus sucesivas prórrogas, que importan la dificultad de acceso a la justicia para el trabajador o trabajadora que pretenda cuestionar la rebaja salarial que se le impuso.
Resta decir lo perjudicial que resulta que el Salario Complementario que integra uno de los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado por Decreto Nº 332/2020,se disponga sin análisis de los antecedes de las empresas que lo solicitan, ni su comportamiento pasado sobre rentabilidad y giro de utilidades, llegando al absurdo de asistir a grandes empresas insospechadas de problemas reales (más allá de esta contingencia concreta).
Finalmente, merece un comentario especial la cuestionable actitud de la dirigencia sindical que aceptó firmar ese “acuerdo marco” propio de décadas pasadas y nefastas para los derechos laborales, al igual que la de los sindicatos que están suscribiendo acuerdos de reducciones generalizadas de salarios. Del mismo modo, es encomiable la postura de las organizaciones que están resistiendo la firma de esos acuerdos, en defensa de los salarios de los trabajadores y trabajadoras que representan.
Por todo lo aquí expuesto, reiteramos que no deben permitirse las rebajas salariales en este contexto y, en su caso, deben derogarse las normativas antes mencionadas y todas las demás que permitan, faciliten o promuevan la tramitación y homologación de acuerdos individuales y colectivos de suspensión y/o de reducción salarial, por lesionar gravemente el orden público laboral, el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional y normas internacionales con jerarquía constitucional que protegen a la persona que trabaja.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y demás organismos y/o instancias administrativas de trabajo, no deben homologar acuerdos de dicha naturaleza. Por el contrario, es justamente el Estado el que debe promover una defensa estricta del empleo y del salario en el contexto actual de la emergencia sanitaria, social, económica y ocupacional, manteniendo el imperio del orden público laboral para garantizar el goce efectivo de los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras.
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El gobierno de Kicillof endurece sanciones a empleadores que despidan
Será considerada una “infracción grave” la prohibición de la norma que prohíbe despidos y suspensiones sin justa causa.
El gobierno bonaerense considerará una “infracción grave” del Pacto Federal del Trabajo los despidos y suspensiones que se dispongan en el distrito, en violación de lo previsto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia
El gobierno nacional prorrogó por 60 días la prohibición para las empresas de efectuar despidos sin justa causa o bajo el pretexto de fuerza mayor, medida excepcional relacionada con la retracción económica derivada de la pandemia de coronavirus.
En ese marco, el Ministerio de Trabajo bonaerense publicó hoy en el Boletín Oficial del distrito la resolución 174 que determina que “los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de lo previsto en el artículo 2° y en el primer párrafo del artículo 3º, del DNU Nº 329 serán considerados como infracciones graves en los términos previstos por el inciso g) del artículo 3º, Capítulo 2º, ANEXO II del Pacto Federal del Trabajo”.
Kicillof, junto a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec
En los fundamentos de la medida, se recordó que el decreto nacional busca considerar “indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo, en aras de preservar la paz social en el marco la emergencia pública en materia sanitaria que se transita”.
“En consecuencia, toda disposición por parte de los empleadores que contrarié lo establecido por el Decreto Nº 329 se encuentra desprovista de efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, se añadió.
Se especificó además que el Pacto Federal del Trabajo “prevé que son infracciones graves ‘toda otra violación o ejercicio abusivo de la normativa laboral no tipificada expresamente en esta Ley, establecida para proteger los derechos del trabajador”.
Así, el gobierno bonaerense destacó que “se torna necesario ponderar la conducta del empleador que intenta desconocer la normativa dictada en el marco de la emergencia sanitaria, a tenor del daño inmediato y los efectos prácticos que produce a los trabajadores que se ven afectados por cualquiera de las conductas prohibidas por el antedicho Decreto”.
Finalmente, se apuntó que “la decisión del gobierno nacional requiere una política por parte del gobierno provincial a fin de intentar tornar realidad efectiva dicha decisión para todos y todas las bonaerenses”.
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La utopía se bajó del horizonte y ahora vive en Ansabo
Al cumplirse 10 meses del cierre y de la ocupación de la fábrica Ansabo, en Quilmes, las y los trabajadores sostienen una olla popular. Junto al FOL y varias organizaciones sociales, alimentan a las familas del barrio. Una historia de lucha y resistencia. Por Omar Rombola para ANRed.
Al costado del Arrollo Las Piedras, se levantan los paredones de Ansabo. Desde el playón detrás de una fila de árboles puede adivinarse el arroyo, que zigzaguea por la florida, acompañando a los pibes que andan en bicicleta, los carros de los muchachos cartoneando y las incursiones de “pirata”, el perro de la fábrica, que pataperrea por todos lados, aunque siempre vuelva a la fábrica a hacer el aguante.
En Ansabo, hace pocos días se cumplieron 10 meses de permanencia, 10 meses de lucha por sostener los puestos de trabajo. Se volvieron a alzar los puños y los dedos en V para festejar, desde la dignidad de guerreros y guerreras. 10 meses que transformaron sus vidas, que surcaron al sur de luchas obreras: que avanzaron, retrocedieron, vencieron o fueron derrotadas. Pusieron en pie coordinadoras y desarrollaron las ya existentes, que se fortalecen y se debilitan al pulso de la lucha de clases y la vida de compañeras y compañeros.
Gran parte de esto pasó y pasa por Ansabo y por su playón. En el campo de batalla fueron apareciendo los destacamentos obreros y populares. Desde los compañeros del Expreso Lomas, Coca Cola, Siam, Petronas, Ran Bat, Cresta Roja, Canale, Aeronáuticos de Ezeiza, Movimientos de Trabajadores desocupados y precarizados de los barrios, representados en los movimientos piqueteros, cooperativistas municipales, trabajadores Estatales representados en ATE SUR, trabajadores docentes, Kimberly y, obviamente, Ansabo.
Esta lucha fue motorizada por la organización obrera y la coordinación en distintos espacios, la Coordinadora de Organizaciones en Lucha (COL), que se construyó con gran esfuerzo de muchas y muchos compañeros durante años de militancia y lucha. Y la coordinadora Sur de luchas obreras que nace en el playón de Ansabo, motorizada por la confluencia de los conflictos obreros de ese momento, por organizaciones políticas y por organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y precarizadxs, como el FOL o el MTR.
Así se desplegó la acción directa, la coordinación y solidaridad de clase. Varios cortes en el Puente Pueyrredón, Siam, Coca Cola, Ran Bat, Petronas, Ansabo. Los históricos cortes en Puente La Noria, votados en las asambleas del Expreso Lomas, Cresta Roja, Canale, y organizados en la COL con altísima participación de trabajadores y trabajadoras, de los movimientos y de los barrios. Las acciones de los compañeros de Cresta Roja. La gran movilización al Obelisco acordada por las coordinadoras Sur y la Coordinadora de Capital con Ansabo a la cabeza.
Así la utopía se mudó, se bajó del horizonte, del que hablaba Galeano y recorre con su cuerpo de mujer los portones, el playón, las bobinadoras y el arroyo Las Piedras. Uniendo a trabajadores fabriles con compañerxs de trabajo informal, precarizadxs y desocupadxs. La utopía se instaló en Ansabo y crece en las duras manos entrelazadas de los compañeros y las compañeras del FOL y de la fábrica, alimentando a cientos de vecinos y vecinas con la olla solidaria. La utopía fluye en la unidad por abajo y en la coordinación para luchar. En la resistencia de los mineros de Andacollo, de lo trabajadores del Penta, Bed Time, de Gotan y de cada foco de resistencia obrera y popular. La utopía vive en los gérmenes de desición asamblearia de los y las trabajadoras, y en la acción directa para cambiar la vida.
Notas necesarias
En medio de esta situación de dura crisis con ribetes “apocalípticos”, que cruza a la sociedad toda y que nos golpea a los y las trabajadoras, profundizada por la pandemia. Dónde las patronales avanzan en imponer bajas salariales, despidos, suspensiones y avasallamiento de nuestros derechos. Y la burocracia sindical de la CGT y los sindicatos, una vez más, demuestran su papel propatronal negociando a la baja el salario y los derechos de los y las trabajadoras. Dónde el Estado y el gobierno del Estado, pese a tener el 70 y el 80% de apoyo popular y de haber sacado un DNU que prohibía suspensiones, despidos y baja salarial, reprime protestas y convalida negociaciones contra los trabajadores, jugando a las escondidas cuando lxs obrerxs y sectores populares reclaman.
Fuimos testigos del asesinato anunciado de Ramona, de la represión en Penta, los compañeros siguen viendo a los policías que los reprimieron, no hubo bajas, como rezaba la historia oficial. Somos testigos de que no se le provee comida a los comedores populares, ni elementos de protección a trabajadorxs de la salud, pero también podemos atestiguar sobre la resistencia obrera en duras luchas como las del Frigorífico Penta, Bed Time, los trabajadores de Gotan o los mineros de Andacollo, las movilizaciones de los y las trabajadoras precarizadas e informales o en las movilizaciones de los movimientos piqueteros que reclaman porque el Estado nacional no está entregando comida a los comedores populares.
Frente a esta situación, quiero reivindicar los 10 meses que acaban de cumplir los y las compañeras de Ansabo y la unidad que están tejiendo los trabajadores y trabajadoras de la fábrica y el FOL y su olla solidaria. También quiero reivindicar la resistencia que dan los y las trabajadoras en cada rincón del país y del mundo. Quiero dejar una humilde reflexión: la coordinación de las luchas, solidaridad por abajo, las decisiones asamblearias y la acción directa son un camino, podemos ganar o perder, pero ahí siempre la decisión será nuestra. Lograr el protagonismo de los y las compañeras es tarea fundamental, para que tomemos la vida, nuestra vida en las manos.
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Mar del Plata: movimientos sociales realizan una movilización para exigir asistencia alimentaria y sanitaria
Este mediodía, movimientos sociales realizan una movilización en la ciudad de Mar del Plata en el marco de las actividades que se realizan en diferentes ciudades del paía, para exigir a las autoridades locales y provinciales que regularicen la entrega de los alimentos para los comedores populares y productos de higiene. “La situación ha llegado a un punto límite, la cuarentena sirve si hay con que sostenerla materialmente, sin alimentos y sin elementos de higiene las declaraciones de poner la salud antes que la economía son solo palabras”. Por ANRed
Este mediodía, movimientos sociales realizan una movilización en la ciudad de Mar del Plata en el marco de las actividades que se realizan en diferentes ciudades del paía, para exigir a las autoridades locales y provinciales que regularicen la entrega de los alimentos para los comedores populares y productos de higiene.
“El Ministro Arroyo al igual que kicillof y Larroque llevan más de 50 días sin entregar los alimentos necesarios para los comedores populares, como también los productos de higiene. Nuestros compañeros y compañeras se siguen contagiando en los asentamientos por las condiciones precarias de vida y tener que exponerse a salir” expresaron integrantes del Movimiento Social Teresa Rodriguez mediante un comunicado.
Agregaron “habiendo realizado reuniones virtuales con más de 25 organizaciones nacionales que sufren esta situación, y que a pesar de todos los esfuerzos realizados mediante reuniones contactos e intentos de que el gobierno comprendiera la gravedad sanitaria y alimenticia que enfrentamos en los barrios populares las organizaciones sociales y piqueteras, con presencia en casi todo el país, retomamos el plan lucha que había sido suspendido a la espera de las fracasadas reuniones, en las que el Ministerio de Desarrollo Social en sintonía con la política del gobierno”.
Finalizaron “esta situación contrasta con los subsidios a las patronales que sin embargo siguen con los despidos y con los descuentos salariales y con el pago de la Fraudulenta deuda externa, que no se interrumpió nunca en medio de la cuarentena. Los trabajadores ocupados y desocupados estamos pagando esta crisis con la falta de ingresos y hasta de alimentos esenciales mientras los grandes empresarios y banqueros no han puesto nada en esta crisis y han recibido exenciones impositivas y subsidios. La situación ha llegado a un punto límite, la cuarentena sirve si hay con que sostenerla materialmente, sin alimentos y sin elementos de higiene las declaraciones de “poner la salud antes que la economía” son solo palabras”.
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Organizaciones sociales rompen la cuarentena para reclamar asistencia y alimentos
Durante la mañana de este martes, en el marco de una jornada nacional de lucha, distintas organizaciones sociales concentraron en el Obelisco y luego marcharon al Ministerio de Trabajo planteando el rechazo a las medidas de flexibilización de la cuarentena adoptadas por el Gobierno porteño y denunciando la “continuidad de los despidos en plena emergencia sanitaria”. También se llevó adelante una movilización de la regional Ezeiza/ Esteban Echeverría/ San Vicente de la CTA Autónoma y ATE, exigiendo se cumpla con el abastecimiento de alimentos para los comedores populares.
Las organizaciones que movilizaron son el Polo Obrero, el MTR 12 de Abril, MTR Votamos Luchar, CUBa MTR- Rebelde y la Agrupación 17 de Noviembre. Los convocantes explicaron: “La flexibilización de la cuarentena de Larreta, a pedido de los grandes empresarios y multinacionales y aprobada por el Gobierno nacional ha recrudecido los contagios en los barrios populares”.
En ese marco, ratificaron que en la actualidad “en las villas de la ciudad ya hay más de 1.200 vecinos contagios y 9 muertes por coronavirus y se va extendiendo a otros barrios”. Y añadieron: “El Estado responsable de este desastre sanitario por no garantizar las condiciones de vida de los y las trabajadores, para poder cumplir con la cuarentena. Hoy es imposible no contagiarse cuando sigue faltando el agua potable en muchas manzanas de los barrios, escasea la asistencia alimentaria y no están garantizados los servicios esenciales como la luz, las cloacas y el gas”.
En la sede del Ministerio de Trabajo de avenida Leandro N. Alem al 600, se sumaron a la protesta también referentes del denominado Plenario Sindical Combativo (PSC), entre los que se contaron delegados del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), de la Unión Ferroviaria-Seccional Oeste, de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios, los docentes de Ademys y del Subte, entre otros.
En otros puntos del país la protesta se concentró en la denuncia de la falta de entrega de alimentos y asistencia del Estado. Uno de los cortes más importantes se registró sobre la ruta 2, a la altura el arroyo La Tapera, protagonizado por representaciones locales de las mismas organizaciones que concentraron en Buenos Aires, que hace unos días se habían manifestado frente a la Municipalidad de Mar del Plata y la oficina local de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.
Durante la mañana del martes también se movilizaron a la Autopista Ricchieri (Puente 12) integrantes de la regional Ezeiza/Esteban Echeverría/San Vicente de la CTA Autónoma y de ATE reclamando que se cumpla con el cupo alimentario prometido, del que dependen 12 comedores y 14 merenderos. Jorge Ravetti, titular de la regional en cuestión, explicó: “La CTA Autónoma y el gremio estatal romperán el miércoles de forma obligada el aislamiento social, preventivo y obligatorio para ayudar a quienes menos tienen con un plato de comida y una copa de leche. Ese cupo alimentario se mantiene desde hace más de 15 años por convenio para los 12 comedores y 14 merenderos de los barrios vulnerables de esa regional y de Almirante Brown”.
Luego añadió: “El foco de mayor concentración de casos de coronavirus se produce en el AMBA, el área metropolitana que contempla a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y, sin embargo, no hubo respuestas positivas a esta demanda. Los pocos ingresos de las familias fueron diezmados por la pandemia ante la imposibilidad de realizar changas o ventas en la vía pública”.
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150 despidos movilizan a trabajadores de Plusmar y de otras líneas hasta el Ministerio de Trabajo
Este martes, marcharán desde la terminal de Barracas los trabajadores de la empresa Plusmar para concentrarse finalmente a las 10 horas en la cartera que conduce Claudio Moroni, de Av. Alem al 600, para denunciar el no pago de salarios de marzo y abril, y el despido de más de 150 choferes contratados.
Para ello están convocando a choferes y trabajadores de otras líneas, que ya confirmaron que se sumarán argumentando la mala conducción de la crisis por parte de la UTA que según expresaron los trabajadores “negoció rebajas salariales con las cámaras del transporte”.
Por ese motivo y luego de dos meses de promesas incumplidas, los “trabajadores autoconvocados de Plusmar, empresa líder en transporte de media y larga distancia, decidieron llevar su reclamo por el pago de salarios adeudados al Ministerio de Trabajo. A esto se suma el reclamo por la renovación de más de 150 contratos”.
La empresa adeuda parte de los salarios de marzo y la totalidad de los sueldos de abril de casi 600 trabajadores efectivos. A esto se suma la decisión no renovar más de 150 contratos que finalizaron el 15 de abril, correspondientes a choferes precarizados. A ellos la empresa les abonó apenas un 40% del sueldo de marzo y los dejó librados a su suerte, totalmente varados, sin ningún tipo de respuesta respecto a su continuidad laboral. «Una vez más, la cuarentena decretada por el gobierno nacional es utilizada por las patronales para no abonar sueldos, suspender y despedir», denunciaron.
A su vez, se multiplican las voces críticas respecto a la actuación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), sindicato conducido por la burocracia de Roberto Fernández. En lugar de hacerse presente ante sus afiliados para ponerse a la cabeza del reclamo, «no solo se borró sin aviso, sino que su única intervención fue para empezar a diagramar una rebaja salarial del conjunto de sus representados en acuerdo con las cámaras del transporte» criticaron los trabajadores.
Paralelamente a última hora del lunes se conoció la prórroga que publicará en las próximas horas el Gobierno de Alberto Fernández para prorrogar por dos meses el decreto que prohíbe suspensiones y despidos sin causa, razón que al momento no ha sido suficiente para frenar la medida.
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Provincia habilita la construcción privada y la apertura de comercios
El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió flexibilizar la cuarentena en ciertos aglomerados, en los cuales podrán reabrirse comercios de cercanía, ya que no presentan nuevos casos de coronavirus. También se reactivarán obras de construcción privada.
En esta apertura, que quedó plasmada en la decisión administrativa 818/2020 que firmó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, siguen quedando afuera restaurantes, bares, peluquerías y negocios de ropa, entre otros rubros.
Y se aclara que en todas las actividades quedan supeditadas al cumplimiento estricto de “todos los parámetros epidemiológicos y sanitarios requeridos por la normativa nacional y provincial”.
En este contexto, los emprendimientos que reabren sus puertas deberán presentarse estrictos protocolos sanitarios y de funcionamiento. Además, las empresas deben garantizar el traslado de los trabajadores, sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.
En la misma línea, se aprobará la excepción para las actividades comerciales de cercanía que cumplan todos los parámetros sanitarios, que presenten los protocolos correspondientes y que sean operadas por sus propios dueños o con empleados y empleadas locales.
Actividades y servicios habilitadas en La Matanza:
* Automotriz y autopartes
* Industria indumentaria
* Industria Metalúrgica, maquinaria y equipos
* Industria del calzado
* Industria gráfica, ediciones e impresiones
* Industria de la madera y muebles
* Industria de juguetes
* Industria Textil
* Industria química y petroquímica
* Industria de plásticos y subproductos
Actividades y servicios habilitadas en Pilar:
* Productos del Tabaco
* Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p.
Actividades y servicios habilitadas en Quilmes:
* Fabricación de Juguetes
* Fabricación de Productos Textiles
Actividades y servicios habilitadas en San Martín:
* Automotriz y autopartes
* Electrónica y electrodomésticos
* Indumentaria
* Productos del Tabaco
* Metalurgia, Maquinaria y Equipos
* Calzado
* Gráfica, Ediciones e Impresiones
* Madera y Muebles
* Juguetes
* Cemento
* Productos Textiles
* Manufacturas del Cuero
* Neumáticos
* Bicicletas y Motos
* Química y Petroquímica
* Celulosa y Papel
* Plásticos y subproductos
* Cerámicos
Actividades y servicios habilitadas en Tres de Febrero:
* Automotriz y autopartes
Actividades y servicios habilitadas en Zárate:
* Automotriz y autopartes.
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Organizaciones sociales exigen reales políticas públicas de género
Las organizaciones sociales que conforman el frente de lucha exigen al gobierno respuestas concretas a sus peticiones, como ingreso a ayudas urgentes o programas de empleo para mujeres y disidencias sexuales en situación de violencia, una línea directa con el Ministerio de las Mujeres y Diversidad para el abordaje de casos, para brindar asistencia psicológica y legal a las personas afectadas, presupuesto para que las organizaciones puedan mejorar sus dispositivos de acompañamiento, entre varios reclamos. Difundimos comunicado.
Comunicado de Prensa – Agradecemos su difusión
Exigimos reales políticas públicas de género
Las organizaciones abajo firmantes queremos denunciar el vaciamiento y la falta total de políticas públicas para combatir la violencia de género y atender las demandas urgentes de mujeres y la población trans-travesti, en un contexto en donde día a día vemos recrudecer las problemáticas que nos aquejan.
Desde el 20 de marzo, cuando se decretó el aislamiento social obligatorio, hasta el 10 de mayo se han producido 49 femicidios. El 78% de las víctimas fueron asesinadas en sus casas, en el 53% de los casos en manos de sus parejas y en un 15% por sus ex parejas. Por esta razón, decimos que la consigna de “quedate en casa” es una sentencia de muerte para muchas mujeres y disidencias sexuales.
Les compañeres trans travestis se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, la cual se vio profundizada con la cuarentena obligatoria y muches deben permanecer en aislamiento por ser grupos de riesgo, no pudiendo generar ningún ingreso que les permita poder solventar las necesidades básicas, derechos que ya se encontraban vulnerados previamente.
El Ministerio de Las Mujeres, Género y Diversidad a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta es una pantalla vacía que no cuenta con presupuesto suficiente para abordar los reclamos que venimos planteando. Por lo que le exigimos aDaniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación, dé solución a las demandas urgentes del sector dado que hasta ahora las medidas han sido totalmente insuficientes, ineficaces y con cientos de trabas burocráticas. Ejemplo de esto es haber dejado afuera de la posibilidad de acceder a un programa social a más de 80 compañeres trans travestis.
Los movimientos sociales hemos presentado hace un mes un pliego reivindicativo que incluía: el ingreso a ayudas urgentes o programas de empleo para mujeres y disidencias sexuales en situación de violencia, una línea directa con el Ministerio de las Mujeres y Diversidad para el abordaje de los casos que acompañamos y para brindar asistencia psicológica y legal a las personas afectadas, presupuesto para que las organizaciones podamos mejorar nuestros dispositivos de acompañamiento mediante capacitaciones y talleres, tarjetas alimentarias para personas trans-travestis e ingreso a programas de empleo y por último la habilitación de hoteles para que funcionen como refugio para las víctimas de violencia.
Hasta el momento ninguna de estas medidas se ha implementado. Todo el abordaje de las problemáticas recae en los esfuerzos cotidianos que realizamos los movimientos sociales y en los lazos solidarios que hemos construido con otras organizaciones.
Frente a todo esto exigimos al Estado políticas públicas inmediatas y efectivas dado que esta situación es una grave violación de los derechos humanos. Las mujeres y disidencias sexuales no podemos seguir esperando, cuando vemos diariamente como une de nosotres es asesinade en manos de un varón violento o por la desidia Estatal. Necesitamos una respuesta ya a nuestras justas demandas y nos mantendremos alertas y movilizadas hasta obtener una solución favorable.
Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, MULCS- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social) MRP- Movimiento Resistencia Popular, FAR- Frente Arde Rojo/COPA en Marabunta, FOB La Libertaria, FOB Autónoma, MTR por la Democracia Directa
Contactos de prensa:
*Damaris 11 3695-3078 (vocera FOL)
* Camila 11 6746-6991 (Vocera FPDS)
*Mónica 1166857708 (vocera del FPDS Corriente Nacional)
*Cintia 11 5337-6432 (vocera MTD Aníbal Verón)
* Melisa 1155841057 (vocera del MRP)
*Gladys (vocera de ILS) 2215593764
*Victoria (vocera del FAR y COPA en Marabunta) 1567519017
*Soledad (vocera del MULCS) 1163713439
*Mariela (vocera de Movimiento 8 de abril) 1121634191
*Analía 01138584907 (vocera FOB La libertaria)
*Daysi 11 3519-9914 (Vocera – FOB Autónoma)
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Para evitar despidos, los shoppings piden la implementación del «take away»
Con el argumento de evitar despidos, los shoppings reclaman volver a la actividad bajo estricto protocolo sanitario y la implementación de la modalidad «take away», que permite al usuario ir hasta el centro comercial y retirar el producto que compró.
Así lo pidió la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), que ya presentó su propuesta a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para regresar al funcionamiento. Incluso ya hablan de que el comprador puede hacer su pedido por medios electrónicos y pasar a retirarlo por el centro comercial sin necesidad de bajarse de su auto.
Desde CASC indicaron que “esta modalidad permitirá a las miles de marcas que operan en nuestros centros comerciales volver a trabajar (de una forma limitada, es cierto), luego de más de dos meses de inactividad absoluta”, garantizando fuentes de trabajo que hoy se encuentran suspendidas. Se calcula que hay casi 100 mil trabajadores que dependen directa e indirectamente de esta rama.
“No solicitamos privilegios, pero tampoco queremos ser discriminados: nuestros centros comerciales permanecerán cerrados hasta que las autoridades lo determinen, pero creemos que es posible y seguro que nuestros locatarios vendan a través de la computadora o el celular, y los compradores retiren la mercadería en los estacionamientos de los shoppings”, añadieron desde la entidad.
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Trabajadores despedidos de Loimar en Tandil: “siete meses esperando respuestas que no llegan”
La empresa ceramista Loimar de Tandil despidió a 81 trabajadores. Desde octubre del 2019 la patronal adeuda el pago de salarios, motivo por el cual los trabajadores reunidos en asamblea realizan dos acampes, para exigir la reincorporación de los despedidos. Ayer realizaron una manifestación frent al Palacio municipal, ya se cumplen siete meses de lucha y no tienen ninguna solucion sobre el conflicto. Por ANRed
Loimar es uno de los principales productores de cerámica roja a nivel nacional. Constituida hace más de 40 años en la ciudad de Tandil, hasta octubre de 2019 llevaba adelante su producción con una planta de 81 trabajadores. Desde esa fecha los trabajadores están en lucha reclamando los aumentos acordados en paritarias de los años 2018 y 2019, los dos medio aguinaldos de 2019, los haberes de las últimas quincenas completas, y la reincorporación de diez trabajadores despedidos injustificadamente. Posteriormente debido a la lucha realizada, el número de despedidos trepó a 81.
Ayer los trabajadores marcharon al Palacio Municipal para entregar un petitorio al intendente. Los ceramistas exigen el pago de los salarios adeudados. Solicitan a las autoridades que tomen acciones para reanundar la audiencia pendiente con el empresario, ya que han pasado siete meses desde que se dictó la conciliación obligatoria, la cual no fue cumplida por la patronal.
“Hacimos una movilización autoconvocada por nuestros compañeros debido a que hace 7 meses estamos esperando respuestas que no llegan. No subsistimos con las asignaciones, algunos compañeros cobraron los 10000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y con la ayuda de mercadería que recibimos” expresó un trabajador.
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Triunfo de las y los trabajadores de La Nirva: les pagarán sus sueldos atrasados
Mediante un acta acuerdo firmada por las partes en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, las y los trabajadores de la empresa de alfajores La Nirva consiguieron que, tras siete de meses de conflicto, la patronal efectivice el pago de los sueldos atrasados. Tras debatirse en asamblea, las y los empleados dieron el visto bueno al pacto y, con ello, procurar un paso enorme sobre una lucha que, en tiempos de pandemia y los conflictos laborales consecuentes que desbordaron ante el comportamiento brutal de las patronales, se alza como ejemplar. Por Máximo Paz, para ANRed.
Las y los trabajadores de la empresa La Nirva consiguieron convenir, mediante la firma de un acta-acuerdo, luego ratificado en asamblea, el compromiso legal para que la patronal pague los salarios atrasados tras siete meses de tentativa empresarial de no incurrir en ningún pago hacia sus empleados.
La intimación fue confeccionada este lunes a través de una mediación de las partes realizada en las oficinas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en donde, ya incorporada a sus cuentas sueldo una parte de los salarios de mayo, se dispuso a que la larga deuda aún pendiente se realice en tres cuotas, con vencimiento al día uno del mes de junio. En caso de que la empresa pueda cumplir con lo acordado, las y los trabajadores volverían, sobre el total de la plantilla afectada, a producir en la fábrica.
Si bien los reflejos primeros por parte de aquellos obreros y obreras que supieron dar pelea desde el día uno – donde intuyeron que el desenvolvimiento favorable hacia los propios compañeros de la inminente estafa que se estaba pergeñando dependía de ellos y la solidaridad de sus pares-, fue de contundente alegría y festejo, las actitudes posteriores alcanzó el sigilo y la reflexión, ya que tienen en la carga de su experiencia la primera estafa patronal, quienes quisieron sacarse el conflicto de encima suministrando una catarata de cheques falsos a los trabajadores que solicitaban, sencillamente, el pago de su patrimonio adquirido a partir de sus prestaciones en la fábrica que supo producir el famoso y vendido alfajor “Grandote”.
Por ello, más allá de la alegría desatada, las y los trabajadores optaron por mantener el acampe en la puerta de la empresa, instalación que cobró color sobre la vecindad ubicada en el activo barrio de Lomas del Mirador por las maniobras recurrentes de los gobiernos provinciales, municipales y la patronal para desalojar a los que protestaban con esa medida.
Tales conflictos fueron desatados por la Policía Bonaerense, quién se supo hacer presente para efectuar un desalojo de la permanencia pacífica en la puerta de fábrica en resguardo de la maquinaria y, también, por amenazas de todo tipo a los ocupantes, de las cuales sobresale el audio donde una voz amenazante apura a un delegado con “pegarle un tiro” de no abandonar el acampe.
El conflicto perduró siete meses, a partir de que un día de octubre del año pasado, por la mañana y bien temprano, las y los trabajadores se encontraron con los portones de su empresa cerradas. A su vez, los directivos de la firma, perteneciente al grupo Blende – quien había adquirido la totalidad de las acciones en octubre de 2018 -, bloquearon la entrada con candados y abandonaron la producción.
Se trató de 83 operarios, con mayoría de jefas de familia, que, de la noche a la mañana, se quedaron sin su sustento, y, para peor, con meses de sueldo atrasado. Fue desde ese mismo momento en que se desarrolló un despliegue enorme coronado por el emblemático acampe, lugar de lucha, tensiones y, sobre todo, solidaridad conseguida por la sencilla y desinteresada acción de innumerables vecinos y organizaciones de lucha que bien valió la pena.
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Apoyo de la Multisectorial Audiovisual en la defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras de Polka
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El Gobierno prorrogó por 60 días la prohibición de despidos y suspensiones
Infobae accedió al texto del DNU que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial. Las empresas no podrán alegar causas de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo18 de mayo de 2020
En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional informó este lunes que se prorrogará por 60 días la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
Según detalla el decreto al que accedió Infobae, también se extenderá la prohibición de efectuar suspensiones por los mismos motivos. No obstante, el documento aclara que quedan exceptuadas las suspensiones que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
“Resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y ello solo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar”, dice la norma en sus considerandos.
En esa línea, el Gobierno reconoce que la cuarentena “impacta directamente” en la actividad económica, por lo que asegura que “corresponde adoptar medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias”.
Además, el decreto señala que los despidos y suspensiones que se produzcan a pesar de la prohibición “no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.
“Es necesario llevar tranquilidad a los trabajadores argentinos en un momento de crisis e incertidumbre como el que estamos viviendo”, había explicado un funcionario del Gobierno a Infobae.
La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y el parate económico producto de la cuarentena obligatoria.
Días antes, el Grupo Techint había intentado despedir 1.450 trabajadores de la constructora por el parálisis de la actividad y el Presidente cargó contra Paolo Rocca -titular del holding-: “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, le recriminó.
El nuevo decreto también será por otros 60 días y contemplará los mismos fundamentos que se dieron hasta ahora desde la Casa Rosada: que esta medida se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus.
El tema fue analizado el jueves pasado en una reunión de la cúpula de la CGT con la UIA donde hubo coincidencias entre empresarios y sindicalistas en mantener la suspensión de los despidos. Estas inquietudes se trasladaron luego a la Casa Rosada de manera informal por diferentes canales de diálogo que mantiene tanto el Presidente como los ministros Cafiero y Moroni.
Al mismo tiempo, el Gobierno ampliará la cantidad de empresas que recibirán ayuda estatal para pagar los sueldos de sus trabajadores. Casi ocho de cada diez empresas argentinas solicitaron asistencia para compensar las pérdidas provocadas por la pandemia lo que obligó al Gobierno a inyectar una suma equivalente a los 1.600 millones de dólares.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó que unas 420.000 empresas se inscribieron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) impulsado por el gobierno argentino tras decretar la cuarentena obligatoria el 20 de marzo.
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El coronavirus dejó al desnudo una fuerte vulnerabilidad laboral
Sindical / BsAs. 8º Sec. electoral / El Día – La Plata /2 temas18MAY
El 45% de la población económicamente activa (5,3 millones de personas) no realiza tareas consideradas esenciales y tampoco puede teletrabajar. ¿Hay que replantear la matriz productiva?, plantean expertas platenses.
Por: Carlos Altavista.
Casi cinco millones y medio de trabajadores y trabajadoras están en una auténtica encerrona. Su actividad no se halla considerada entre las “esenciales”, y no les resulta posible hacerlas desde sus hogares. Se encuentran en un estado de vulnerabilidad laboral muy fuerte que, como tantas otras cosas, quedó al desnudo a raíz de la pandemia de coronavirus y la consecuente cuarentena.
“Se trata de los segmentos más vulnerables del mercado de trabajo. En promedio, cuentan con menor calificación, se concentran en actividades como la construcción, el comercio y el servicio doméstico, pertenecen a deciles de bajos de ingresos, y tienen mayor probabilidad de operar en contextos de informalidad”, indica el estudio “Políticas públicas para pensar el sendero laboral hacia la nueva normalidad post-COVID-19”, de los economistas del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Ramiro Albrieu y Megan Ballesty.
Los académicos apuntan que sobre ese segmento, que representa nada menos que el 45 por ciento de los 11,6 millones de personas que componen la población económicamente activa (PEA), “recae principalmente el costo económico de la alta rigurosidad en materia sanitaria”.
“El impacto económico de la COVID-19 sobre la población más vulnerable no es un hecho que se pueda disociar de los problemas estructurales con los cuales la pandemia y el aislamiento obligatorio nos encontraron”, subrayan, al respecto, las investigadoras y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, Nora Inés Rubbini y Andrea Suárez Maestre.
UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE
Teniendo en cuenta los datos duros del informe de la CIPPEC, las especialistas, quienes han desarrollado varios estudios sobre el teletrabajo (previos a la pandemia), hacen un planteo de fondo relacionado con esos problemas estructurales preexistentes. “Las actividades que generan más puestos de trabajo siguen siendo las que menor calificación requieren: construcción, cuidado de personas, manufactura, gastronomía, y son las más expuestas a la COVID-19”, resaltan, para plantear la debilidad del “modelo de desarrollo vigente en nuestro país”.
Antes de entrar en su análisis sobre la necesidad de un cambio en la matriz productiva, vale repasar el capítulo del informe del CIPPEC “Ni exceptuadas ni teletrabajables: las ocupaciones vulnerables”, es decir, las que abarcan a quienes “por no calificar para una excepción al aislamiento ni poder realizar sus tareas en forma remota, enfrentan mayor vulnerabilidad económica frente a las medidas impuestas por la cuarentena”.
LOS TRES GRUPOS MÁS DÉBILES
En el informe se divide a los trabajadores y trabajadoras por su nivel de proximidad en el ámbito laboral. “Hay alrededor de 800.000 trabajadores vulnerables que se desempeñan en actividades con bajo nivel de proximidad, o sea, con poco contacto con otras personas. De estos, 660.000 son menores de 60 años y, por lo tanto, no son parte de la población de riesgo. Se trata de un grupo particularmente vulnerable en términos económicos y sociales: el 90 por ciento son mujeres, 60 por ciento del grupo asalariado trabaja en la informalidad y 65 por ciento de los que declaran ingresos se agrupa en los primeros tres deciles. En términos de rama de actividad, el 80 por ciento trabaja en el segmento de limpieza del servicio doméstico, y poco menos del 10 por ciento en ramas no teletrabajables asociadas a la enseñanza”, se describe (ver gráfico).
“Las ocupaciones vulnerables de proximidad media, en tanto, engloban al 30 por ciento de todos los ocupados, es decir, unos 3,6 millones de personas. Se trata de un segmento altamente heterogéneo, con participación similar de los distintos grupos de ingreso. La mayoría son hombres (75 por ciento), y la informalidad promedio roza el 50 por ciento. Gran parte de las ocupaciones son de calificación operativa (80 por ciento) y un grupo muy pequeño es profesional (2 por ciento). Allí prevalecen las actividades de comercio, construcción e industria”, indica el estudio.
“Las actividades que generan más puestos de trabajo en el país siguen siendo las que menor calificación requieren”
“Los puestos tradicionalmente teletrabajables pueden ser generadores de altas tasas de ganancias para las empresas”, dicen las expertas
Por último, desde el CIPPEC puntualizan que “las actividades vulnerables de mayor proximidad abarcan a casi un millón de trabajadores. Es un sector de alta vulnerabilidad social en donde la informalidad alcanza el 55 por ciento y las ocupaciones operativas y no calificadas comprenden al 80 por ciento de los ocupados. El 65 por ciento son mujeres que se desempeñan principalmente en servicios domésticos, particularmente en el segmento de cuidado de personas y servicios de sanidad no calificados. También tienen un rol importante los servicios personales, las actividades relacionadas con la enseñanza, los servicios de alojamiento y gastronomía y el comercio”, enumeran.
En tanto, subrayan que ese análisis “omite un hecho relevante, como es que los riesgos de aglomeración y la alta proximidad pueden no estar en el puesto de trabajo, sino en el transporte público”.
Las investigadores Nora Rubbini y Andrea Suárez Maestre realizan un minuciosa lectura sobre el atraso respecto del teletrabajo, un hecho que ha pesado y mucho en el parate económico.
“Una gran parte de la población desocupada no cuenta con calificación para realizar trabajos mediados por las TICs (uso de PC, plataformas digitales, etcétera)”, señalan.
En segundo término, sostienen que “muchas personas no pueden costear el equipamiento por sí mismas, o bien viven en lugares donde la conectividad a internet es limitada”.
Tercero. “Muchos puestos teletrabajables se desarrollan dentro de organizaciones con una cultura organizacional centrada en el trabajo presencial, en las cuales el trabajo es ‘un lugar donde se está’ (y nos podemos ver) y no algo que se hace. Quienes desconfían del teletrabajo lo asocian a menor dedicación, disponibilidad, comunicación y compromiso por parte de quienes lo realizan. Incluso, parte de la resistencia de adoptar el teletrabajo se encuentra en la dificultad de los jefes de realizar la supervisión”, realzan y disparan: “Cambiar la forma tradicional de organización del trabajo requiere cambiar también la forma de supervisión, y es un desafío para el liderazgo. Asimismo, el trabajo remoto, lejos de estos preconceptos, suele ser de mayor intensidad porque requiere mayor concentración, y en general las pausas se reducen y la colaboración con compañeros se complejiza”.
Después explican que “vinculado a ello hay cuestiones de salud laboral y condiciones de trabajo. Los riesgos del ambiente de trabajo no son tan relevantes, como sí lo son los riesgos de tipo psicosocial: la inseguridad por perder el trabajo porque ‘nadie ve lo que hago realmente’”.
LA MATRIZ PRODUCTIVA
Finalmente, y como se dijo al inicio de la nota, las expertas conectan la problemática de los casi 5,5 millones de trabajadores y trabajadoras vulnerables con un “modelo de desarrollo vigente en nuestro país” en el cual “las actividades que generan más puestos de trabajo siguen siendo las que menor calificación requieren. Los puestos tradicionalmente teletrabajables, en cambio, pueden ser generadores de altas tasas de ganancias para las empresas: informática, educación, industrias creativas, recreación, para lo cual resulta necesario formar personas en ese tipo de ocupaciones. Y también resulta urgente revisar los procesos de trabajo que hoy se hacen en su gran mayoría de un modo presencial, pero que pueden convertirse para ser teletrabajables”, advierten.
El impacto sobre los más vulnerables no se pueda disociar de las estructuras preexistentes
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