Argentina. Observatorio gremial. Comenzó la resistencia obrera/ La juventud en la pandemia: entre la precarización y la primera línea/ Buen momento para flexibilizar … (Más info)

Resumen Latinoamericano*, 17 de mayo 2020.-

Comenzó la resistencia obrera

Por Mario Hernandez 

En 1974 se estableció el 12 de mayo como Día Internacional de la Enfermería porque es el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale (1820-1910), considerada la impulsora de la enfermería moderna.

Les enfermeres están en la primera línea enfrentando el COVID-19, sin embargo, el día que se las reconoce no puede ser simplemente una fecha más en el calendario, sino la valoración genuina de su tarea transformada en su lucha por condiciones de trabajo y mejores salarios.

Las delegaciones sindicales de Fesprosa y ATE fueron recibidas por el Viceministro de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, los Secretarios, Alejandro Collia y Judith Díaz Bazán, y el director de Capacitación Pedro Zilberman. Como resultado de la insistencia de los gremios, las autoridades nacionales presentaron el Plan Nacional de Protección de los Trabajadores de Salud y sus familias, que entrará en vigencia en los próximos días.

Según informaron las altas autoridades ministeriales, el número de trabajadores de salud infectados se mantiene en el 16% del total de casos, acercándose a los 1.000.

Sobre el bono estímulo para trabajadores de salud, Fesprosa volvió a reclamar una modificación de las resoluciones ministeriales que dejaban por fuera del cobro a los establecimientos sin internación y de atención primaria.

El Ministerio respondió que amplió los fondos de planes de financiación internacional transferidos a las provincias y que los mismos podrán ser utilizados para el pago del bono estímulo a los trabajadores no incluidos en el decreto. También informaron que varias provincias ya habían decidido la utilización de estos fondos, y que en otras, la respuesta había sido negativa.

Frente a ello, Fesprosa insistió en que debían dictarse nuevos instrumentos en el orden nacional para garantizar el cobro del bono estímulo para todos los trabajadores de la salud.

Por último, se planteó la necesidad de apertura de la negociación colectiva en el ámbito nacional, tanto en los establecimientos que dependen directamente del Ministerio abarcados por decreto 1133, como en los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad).

Fesprosa reclamó la necesidad de una urgente recomposición frente al atraso salarial  y sostuvo el pedido de  desprecarización laboral.

Esta reunión se concretó luego de movilizaciones en todo el país y cumpliendo con el protocolo de COVID-19 de las y los trabajadores de la salud el pasado jueves 7 reclamando el cobro del bono para todo el sector, entrega de equipos de protección personal y apertura de paritarias en las provincias.

La jornada de protesta sumó a 40 organizaciones encabezadas por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA). 

El secretario general, Jorge Yabkowski, estuvo con los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Legislatura Porteña. «En todas las provincias hubo movilizaciones y en todos los hospitales de CABA hubo acciones de sensibilización a cargo de la Asociación de Profesionales del Servicio Social.», declaró.

Las y los trabajadores de la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad), organizados en el SiTOSPLAD-CTA-A, realizaron una serie de asambleas en todo el país por medio de las que definieron un paro para el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, en reclamo del pago en tiempo y forma de sus haberes y por una urgente recomposición salarial.

Hace pocos días terminaron de cobrar los haberes de marzo, el jueves tenían que cobrar los de abril y la patronal no les informó nada al respecto ni había hecho el depósito. Por tal motivo hicieron un paro. «Después de este contundente paro que hicimos la semana pasada, y que generó como respuesta de la patronal el abono (fuera de término) del 30% de los salarios de abril, la OSPLAD vuelve a estar en mora con los trabajadores. Hasta la fecha es lo único que cobramos, y para la mayoría de los compañeros ese 30% representa menos de $ 10.000. Desde el SITOSPLAD insistimos -en todos los ámbitos- en la necesidad de apertura de un espacio tripartito (Estado, sindicatos y patronales) para el abordaje y solución de la problemática que nos ocupa, dadas sus múltiples aristas, incumbencias y alcances», explicó la secretaria Gremial de la CTA-A porteña.

La Asociación Trabajadores del Estado lanzó la Campaña Nacional por la reincorporación de todxs lxs trabajadorxs estatales que fueron despedida/os durante la presidencia de Mauricio Macri.

En todo el país las actividades gremiales llevadas adelante por ATE tuvieron la particularidad que fueron desarrolladas con el aislamiento social vigente. Aún así, lxs trabajadorxs estatales pudieron dar un marco de visibilización importante a esas políticas de achique del Estado, que se impulsaron en los 4 años de gobierno macrista, donde sectores como Fabricaciones Militares, ANSES, SAF, CNRT, Casa de la Moneda, INTI, Biblioteca Nacional, CCK, SENASA y el ministerio de Defensa, han sufrido la expulsión de sus puestos de trabajo de miles de trabajadora/es.

La iniciativa nacional dispuesta por la Comisión de Relevamiento y Reincorporación de los trabajadores y trabajadoras estatales despedidos en la era Macri (CORREDMA), fue llevada adelante en todo el país, a través de distintas actividades que se vienen planteando en CDP’S y Seccionales de ATE.

Además, ATE reclamó el miércoles completar la paritaria 2019 del sector y comenzar las negociaciones salariales pendientes de este año. Estaba acordada una mesa de revisión en marzo que nunca se reunió.

«Durante el gobierno Macri, entre 2016 y 2018, se perdió un 35% del salario de los estatales, mientras que en 2019 la paritaria fue del 28% frente a una inflación del 54%. Se retrocedió un 25% más. Por eso desde ATE afirmamos que los trabajadores estatales ya sufrimos la rebaja salarial», finalizó el gremio.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) movilizó el lunes a la sede Callao del ministerio de Trabajo de la Nación. Fue para protestar contra los descuentos de sueldos y amenazas de la empresa FATE.

«Intempestivamente la patronal de FATE realizó gruesos descuentos sobre el sueldo de los trabajadores, provocando inclusive que muchos de ellos no cobren prácticamente nada», señaló Alejandro Crespo, secretario General del gremio.

«Este insensible accionar, sobre 1.600 trabajadores en plena pandemia, es una desatinada acción extorsiva que busca la aceptación del pago al 75% del neto, mientras las demás fabricas del neumático ya acordaron la paga total de salarios», agregó.

El dirigente además apuntó contra Madanes Quintanilla, dueño a la vez de Aluar, INFA, Futaleufú y varias empresas más: «Dice que no arrancará la producción hasta que los trabajadores acepten esta rebaja. En otras palabras: Si los trabajadores hacen la cuarentena, Fate no les paga; si no aceptan esta rebaja salarial, no abren la fábrica. Nos obligan a salir a luchar por nuestros derechos en plena pandemia».

El miércoles 13 de mayo, varias organizaciones sociales (FOL –Frente de Organizaciones en Lucha, MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de los Pueblos, entre otras) concentraron en el Obelisco y en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, para demandar acciones concretas por la situación de extrema pobreza que se sufre en los barrios populares de todo el país.
Luego, a las 12:00, se trasladaron al Ministerio de Trabajo para reclamar el ingreso masivo al Programa de Trabajo Autogestionado (PTA) además de plantear que ni los despidos, ni la reducción de salarios son una opción. Por último, fueron a las 13:00 a las puertas del JP Morgan, porque sus riquezas son nuestra pobreza.

Como corolario de la marcha a Trabajo y de la reunión de representantes de las organizaciones sociales con el Viceministro de dicha cartera, se logró el ingreso al Programa de Trabajo Autogestionado (PTA), a través de cooperativas de trabajo y que abarca a quienes ya tienen programas de salario social complementario, y al que se le sumarán 6.500 pesos y también recibirán esa cifra quienes no tienen el salario social ya otorgado.

Este jueves 14/05 desde las 11:00 en el Obelisco jóvenes trabajadores precarizados e informales convocaron a una protesta respetando el distanciamiento social y el uso de barbijos, desde la Red Nacional de Jóvenes Precarizadxs e Informales.

La movilización se dirigirá primero al Ministerio de Desarrollo Social y luego al de Trabajo en Callao al 100. Harán una presentación solicitando una audiencia, a todos quienes lo pidieron el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y que el Estado intervenga para que las empresas reconozcan sus derechos laborales, no los sigan despidiendo y les provean los materiales de prevención contra el Covid-19 como alcohol en gel, barbijos, guantes, etc. El colectivo tiene representantes de distintas empresas de APPS, comidas rápidas, gastronomía, trabajadoras domésticas, call center, etc.

Damián Zárate, trabajador de Rappi, uno de los convocantes expresó que «en nuestro caso es inédita la violación de la legislación laboral vigente, no se nos reconoce como trabajadores, nos cierran las cuentas de forma arbitraria por eso pedimos la reactivación, no tenemos derecho a organizarnos».

Felipe Sánchez, trabajador de Burger King, agregó: «Nuestro colectivo exige que se haga cumplir la ley de prohibición de despidos y se garantice el cobro total de nuestros sueldos, sin rebajas. Solicitamos que se otorgue el IFE a todos los trabajadores que quedaron sin ingresos por la pandemia, sin límite por grupo familiar. Además, reclamamos que el subsidio de emergencia sea de $ 30.000 porque $ 10.000, no alcanza».

Recordemos que trabajadores en bicicleta y motos se movilizaron la semana pasada desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo, reclamando por aumento salarial y condiciones de seguridad e higiene.

Los trabajadores y trabajadoras de la tradicional confitería París de La Plata se encuentran en estado de alerta y movilización por el modo ilegal en que la patronal impulsó el cierre total de la empresa.

Por ello, tanto el fin de semana como el lunes, efectuaron denuncias públicas sobre su situación, al manifestarse en las puertas de la tradicional confitería, ubicada sobre la céntrica Avenida 7, en intersección con la calle 49. Allí, mediante pancartas, pegatinas y corte de calle, se avisó a vecinos, transeúntes y conductores la actuación ilegal por parte de la reconocida confitería.

Más allá de las compulsivas e ilegales cesantías, las y los trabajadores aclararon que algunos poseen los sueldos de marzo mal liquidados y haberes atrasados. También denuncian que a otros les llegó solo el 50% del salario de abril y que la intensión última de la empresa sería abonar la mitad del total, dando por descontada la ayuda del Estado para completar los pagos.

“Se les hizo a algunos un depósito de una parte del salario y en una teleconferencia que tuvieron conlos dueños, Axel Francisco y Alana Pérez Muñoz, les dijeron a los ex trabajadores que de la otra parte se iba a hacer cargo el Gobernador de la provincia de Buenos Aires”, expresó un trabajador.

Los y las trabajadores también denuncian la inacción y falta de compromiso tanto del Ministerio de Trabajo como de la dirigencia del Sindicato de Pasteleros más allá de las publicitadas reuniones por redes sociales entre las partes, teniendo en consideración que la única respuesta efectiva del Estado, hasta el momento, fue la incursión de tres patrulleros, cuatro motos y efectivos policiales a fines de “contener” la manifestación realizada el día sábado.

El lunes a las 21:00 la Policía Bonaerense desalojó la permanencia pacífica en puerta de fábrica de las trabajadoras de La Nirva, quienes permanecían en el lugar en resguardo de la maquinaria.

El conflicto lleva siete meses y la permanencia en los portones una semana. La policía procedió a correr a las trabajadoras del lugar argumentando los condicionantes de la pandemia.

El conflicto se inició el año pasado, cuando la empresa comenzó a incumplir con el pago de sueldos y cargas sociales. Denuncian que les adeudan siete meses de salarios.Los sueldos de octubre, noviembre y diciembre de 2019 se pagaron con cheques a 60 y 90 días que no tenían fondos.

Además, desde febrero de este año, las trabajadoras dejaron de producir y se paralizó la planta, aunque concurren a su lugar de trabajo para hacer asambleas.Calculan que les adeudan entre 150.000 y 200.000 pesos por trabajador.

Ante este panorama, decidieron instalar este martes una olla popular en la puerta de la firma, en Dorrego 874, Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

La Nirva es una empresa dedicada a la producción de galletas, alfajores y otros alimentos.

Reincorporaron a los 70 trabajadores de la empresa Valot que habían sido despedidos bajo el argumento de no haber respetado el distanciamiento social por el COVID-19 durante una asamblea en la que reclamaban el pago de salarios y horas extras adeudadas.

Tras una reunión en el Ministerio de Trabajo, Valot asumió el compromiso de abonar el próximo viernes todo lo adeudado.

Empleados del área de personal técnico de la empresa Prosegur (mantenimiento y colocación de alarmas) realizaron un paro y una protesta el lunes. Con una concentración en la base del barrio porteño de Boedo, ubicada en Agrelo al 3600, reclamaron descuentos de haberes arbitrarios y adeudados, mejores condiciones laborales y elementos de prevención sanitarios para poder efectuar sus tareas en medio de la pandemiapor Coronavirus. Son 130 operarios que visitan hasta 10 domicilios por día.

El mes pasado, Eduardo Lerner y Abel Nahón decidieron el cierre fraudulento de Ipesa y Publiexpress, las empresas que imprimen y editan Pronto, entre otras varias publicaciones. Un centenar de telegramas de despido llegaron a los trabajadores y trabajadoras, violando el DNU que prohíbe despidos por 60 días y la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo, que los obligaba a devolver las tareas habituales.

A través de un comunicado, los trabajadores y trabajadoras denunciaron que el 15 de abril pasado se dio la baja de toda la plantilla de ambas empresas en Afip, dejando a cientos de personas sin cobertura de salud y desprotegidxs ante la pandemia.

“Durante la primera semana de mayo, el Grupo Lerner decidió no pagar los salarios; a cambio, depositó de manera unilateral un pequeño monto a cuenta de una supuesta indemnización y aseguró que lo seguirá haciendo a cuenta gotas mientras dure la pandemia.

Al Grupo Lerner, que en los últimos meses ha ganado licitaciones del Estado Nacional por más de 100 millones de pesos, le decimos: ¡No queremos limosnas, queremos trabajar!”, expresaron y adelantaron que una vez vencida la conciliación obligatoria, iniciarán un plan de lucha conjunto exigiendo que se dé marcha atrás con los despidos.

En tanto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)se declaró “en estado de alerta” y denunció que los dueños de Pronto e Ipesa “intentan aprovechar la tragedia que vivimos todos los argentinos con la pandemia del COVID-19 y el aislamiento preventivo y obligatorio, para despedir a más de 80 trabajadores con indemnizaciones a la baja”. En ese sentido, el SiPreBA recordó que el presidente Alberto Fernández había asegurado que iba a “ser inflexible con los que despiden gente”.Y le reclamó al Gobierno que interceda para cuidar estos puestos de trabajo, “porque sin trabajo nadie puede cuidar la salud”.

Además de la revista Pronto, los despidos decididos por el grupo empresarial afectan a trabajadores y trabajadoras de prensa del Grupo Diario de la SaludSaber Vivir y Buenas Ideas, junto con la imprenta del mismo Grupo Lerner. El grupo empresario ya había llevado a cabo esta misma maniobra con las revistas PopStar y Buenas Ideas.

Los mineros de Andacollo (Neuquén) llevan ya nueve días sobre la ruta 22, a la altura de Arroyito después de que la empresa Trident dejara de pagar los salarios a 238 trabajadorxs.

No solo continúan sin respuestas sobre el pago de sus salarios de marzo y abril y su continuidad laboral, sino que al cerco de las fuerzas represivas alrededor del piquete se sumó el secuestro de trabajadorxs durante toda la noche y la irrupción de Gendarmería en sus hogares durante la madrugada con la excusa de constatar domicilios.

“El gobierno le quitó la concesión a la empresa el viernes de la semana pasada y el miércoles la empresa se presentó en Buenos Aires a un concurso de acreedores, así que nosotros quedamos nuevamente en el medio sin tener ninguna respuesta de ninguno de los dos lados”, explicó: “hoy (13/5) es nuestro noveno día aquí apostados al costado de la ruta, esperando qué novedades nos van a traer; todos los días tenemos una lucecita de esperanza pero no nos han traído ninguna respuesta”.

Durante el transcurso del domingo se desarrollaron distintas marchas y ruidazos en la provincia de Chubut contra el gobierno de Mariano Arcioni, que mantiene a miles de estatales en una cuarentena sin salario: se le adeuda el mes de marzo a una gran parte y el mes de abril a la totalidad.

Las manifestaciones comenzaron en horas de la mañana con una concentración en el centro de Comodoro Rivadavia. Por la tarde los ruidazos y marchas se dieron en Trelew, Puerto Madryn y Esquel. En esta última localidad se realizó una caravana de autos y ruidazo con carteles que levantaban consignas sobre el no pago de salarios y el no a la mina.

En Trelew participaron docentes, trabajadoras y trabajadores de la salud y jubilados que concentraron en Plaza Independencia para luego marchar. La manifestación pasó por el Hospital Zonal de la ciudad para llevar solidaridad y el mensaje de la vigencia de la defensa de la Salud pública.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó este martes la continuidad de la huelga en todo el país hasta que los trabajadores perciban la totalidad de los salarios adeudados de abril último.

Las únicas excepciones de acuerdo con lo informado por el sindicato son San Juan, Salta Capital y cinco ciudades bonaerenses en las que ya hubo acuerdo. La protesta no se realiza en el Conurbano bonaerense ni en la CABA.

El secretario general del gremio, Roberto Fernández, explicó que luego de más de 20 días de negociaciones y cuatro audiencias y, no obstante las reiteradas advertencias respecto de la inminente problemática salarial, «los empresarios dijeron no poder pagar».

Para el sindicalista, esa postura patronal es «ilegítima y ofensiva», y «pone en jaque el sustento de 35.000 choferes del interior» de la Argentina, concluyó.

Rebajan sueldos y continúan los despidos

YPF, la mayor compañía petrolera argentina, aplicará una reducción de sueldos de entre 10% y 25%. Será para los trabajadores que están fuera de convenio.

En el mismo rubro, empresas de servicios petroleros, como Halliburton y San Antonio, ya habían realizado descuentos en los sueldos de sus trabajadores.

Mientras, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas no tendrán ninguna reducción de salarios, los empleados de otras compañías ven afectados sus ingresos.

La empresa multinacional de catering aéreo, Gate Gourmet, que tiene el monopolio en las aerolíneas que recalan en nuestro país, en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque y que cobra sus servicios en dólares, a excepción de la línea de bandera nacional, decidió despedir a 190 trabajadores desde el 16 de marzo al rescindirles el contrato.

Esta empresa con sede en Zúrich, Suiza, provee a la mayoría de las aerolíneas en más de 60 países y 200 aeropuertos, hace poco compró a su competencia Sky Chef. Posee 800 trabajadores efectivos y 190 en Ezeiza y unos 40 en Aeroparque contratados que prestaban servicios actualmente, de unos 400 en total. A instancias del Ministerio de Trabajo y el sindicato FTIA (Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación) acordaron abonar el 75% de los salarios a 800 pero dejaron marginados a 230. La actuación sindical de la FTIA, afiliada a la CGT, terminó siendo funcional a la empresa y el gobierno nacional no interviene para hacer valer el DNU 329 publicado el 31 de marzo de 2020 que prohíbe los despidos por 60 días sin causa justa, comentaron los trabajadores.

Para visibilizar sus reclamos han armado una página de facebook “Contratados de Gate Gourmet” y desde ahí elevan el pedido a las autoridades nacionales y provinciales para que les den una solución.

Más de 200 obreros de Silos Areneros S.A. no cobran su salario hace dos meses. “En el marco de la crisis por la pandemia de coronavirus la empresa muestra un desinterés total por sus trabajadores”, denunciaron desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Es la única arenera que a pesar de estar autorizada a hacerlo, desde el inicio del aislamiento “no trabaja y en base a ello no paga”, señalaron desde el sindicato, a lo que agregaron que tras varias reuniones con la patronal sigue sin brindar ninguna respuesta a los trabajadores.

Según las estimaciones presentadas en un informe que vio la luz el pasado viernes el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 511.162 trabajadores del mercado formal sufren o han sufrido alguna de las modalidades que identifican como de “riesgo laboral” en el período que va desde 15 de marzo hasta el 30 de abril pasado.

Allí, incluyen las rupturas contractuales lisas y llanas, que cuantifican en 6.648, y las suspensiones, que alcanzan las 11.415 y que para los autores generan una posibilidad de pérdida de la fuente laboral.

Con relación al salario, el informe identifica cuatro modalidades diferentes de afectación de los ingresos de los trabajadores, que involucran a un total de 493.099 empleados. Allí, 39.723 trabajadores sufrieron atrasos en los pagos de los salarios, 103.410 experimentaron reducciones salariales unilaterales por parte de las empresas, mientras que 14.162 fueron suspendidos y, a la vez, vieron reducidos sus ingresos.

La categoría que aporta el mayor número de trabajadores afectados por la crisis es la que implica una reducción salarial acordada entre los gremios y las patronales, que afectó a 335.099 trabajadores.

La Cámara de la Construcción indicó que 100.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo en los últimos 24 meses. Y 46% fue la caída interanual en el rubro de la construcción, según el Indec.

Una nueva etapa de la cuarentena con nuevas habilitaciones ilusiona al sector pues según se ha anunciado se relanzarán proyectos que estaban postergados en casi todos los municipios del  Gran Buenos Aires y en muchas de las provincias argentinas. Si se cumple con todo lo planificado, estiman que las obras a lo largo y a lo ancho del país permitirían recuperar alrededor de 50.000 puestos de trabajo y motorizar inversiones por más de $ 40.000 millones.

Serían unas 270 obras a lo largo y ancho de toda la Argentina que permitirán generar fuentes de trabajo directas e indirectas y reactivar varios sectores de la economía, que no sólo pretender abrir sino, generar ingresos.

El proyecto tampoco deja afuera la ciudad de Buenos Aires, pues se realizarán tres trabajos de magnitud: la planta potabilizadora de San Martín que depende de AySA, el edificio de la histórica confitería “El Molino” y el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

En territorio de Axel Kicillof también habrá muchas obras dependientes de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), rutas provinciales y nacionales, como en la autopista Presidente Perón y en la Ruta 8, y se relanzará una vieja y polémica obra: la limpieza y mantenimiento en la cuenca Matanza-Riachuelo.

Algunas de las obras que este mapa indica hacia el interior del país son: el hospital de Portezuelo, en La Rioja; la terminal de ómnibus de Realicó, en La Pampa; la construcción del Hospital de El Calafate, en Santa Cruz; la puesta en valor de la Plaza Independencia, en San Miguel de Tucumán; y la ampliación del centro de salud de Tolhuin, en Tierra del Fuego.

La obra privada, también ha comenzado a reactivarse en forma sectorial y con más fuerza hacia el interior del país, particularmente en provincias con poca cantidad de casos de coronavirus o directamente sin contagio local, y se espera una multiplicación de proyectos a partir del 12 de mayo, aunque desde el Ejecutivo anunciaron una nueva cuarentena por 15 días más, que mantendrá inactivos a muchos sectores, todavía de riesgo.

El subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio porteño, Ezequiel Jarvis, precisó que el empleo cayó un 2% en la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, lo que supone una pérdida de 25.000 puestos.

Trabajadores y coronavirus

Trabajadores de GPS Aeroparque, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas denunciaron mediante un comunicado que aumentaron los casos de COVID positivos entre aeronáuticos.

“Ya son dos los casos positivos de trabajadores de GPS Aeroparque, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas, uno de ellos vive en la Villa 31 junto a toda su familia, que también dieron positivo. Hay casi 100 trabajadores de la empresa en aislamiento y crece el temor entre los empleados ante nuevos posibles casos positivos” expresaron.

Los trabajadores habían exigido al inicio de la cuarentena medidas de seguridad elementales, ya que denunciaron que los implementos que la empresa les había brindado eran insuficientes y de mala calidad. Por ese motivo, realizaron asambleas para exigir a la empresa GPS, Aerolíneas Argentinas que “gestionen ante el Gobierno nacional la realización de test masivos a todos los trabajadores y que garanticen las medidas sanitarias básicas como desinfección de los lugares comunes, mayor cantidad de insumos de protección y que se instale una base operativa nueva donde no haya hacinamiento de los trabajadores”.

Agregaron “rechazamos los ataques al salario y puestos de trabajo, ya que en este marco la empresa GPS intenta además hacer una reducción salarial a la totalidad de los trabajadores en Aeroparque y Ezeiza (1400) mediante suspensiones rotativas.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) manifestaron su preocupación por el incremento en la cantidad de pasajeros en el subterráneo porteño, en el marco de una flexibilización de hecho permitida por el Gobierno de la Ciudad. Ante el peligro de que esto se constituya en un foto de contagio, se solicitó al Ministerio de Trabajo la conformación de una “comisión de emergencia” para evaluar el tema.

Desde la AGTSyP también se emitió un comunicado planteando que en el contexto de crisis desatada por la pandemia se “exige un esfuerzo de los que más tienen y un estado de alerta de los sindicatos para defender los puestos de trabajo y el salario que nos permite sostener a nuestras familias”. En ese sentido, rechazaron el acuerdo firmado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y representantes empresarios que “habilita las suspensiones y la rebaja de los sueldos”. Y añadieron: “Creemos que no es momento para despedir trabajadores ni para pagar de menos o en cuotas”.

En cambio, reforzaron la necesidad de avanzar con el impuesto a las grandes fortunas “que va a permitir obtener recursos extras para destinar a la salud y a paliar la actual crisis económica”. En el marco de la renegociación de deuda externa que está llevando adelante el Gobierno nacional, también hicieron explícita su defensa al derecho de nuestro país “a cesar los pagos de la deuda externa”.

Los empleados de la empresa GIV y el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata se manifestaron el lunes para rechazar la modalidad en la que están trabajando. Aseguran que no se cumplen con las medidas de seguridad mínimas para protegerse de posibles contagios de Covid-19.

Cabe recordar que este Call Center atiende los llamados de la línea 147 de Mar del Plata como también de la Ciudad de Buenos Aires. Es un número que recibe todos los reclamos, denuncias y consultas de los vecinos de la Ciudad y marplatenses. Dos gestiones que comparten signo político PRO.

La empresa tampoco ha pagado sueldos del mes de marzo y abril lo cual tiene a casi 45 trabajadores en estado de asamblea permanente.

El Estado ayuda a las patronales con fondos del Anses

En el marco del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), el Gobierno desembolsó el lunes un nuevo pago del salario complementario para 150.000 trabajadores privados correspondientes al sueldo del mes de abril. Con ese desembolso el programa llegará a un total de 1.310.000 empleados.

El programa ATP consiste en un salario complementario abonado por la ANSES para los trabajadores en relación de dependencia cuyos empleadores cumplan con los requisitos previstos en la norma. El monto del pago de la ANSESes equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a un salario mínimo ($ 16.875) ni superar dos salarios mínimos ($ 33.750), o al total del salario neto correspondiente a ese mes.

En el Boletín Oficial se publicó la Decisión Administrativa 721/2020, que incluye dentro del ATP a actividades no contempladas hasta ahora y a las grandes empresas de más de 800 empleados, así como a las que abrieron este año sus puertas. Además, los empleadores podrán acceder tras demostrar una caída de su facturación menor a la que figuraba como requisito original del programa, por lo que en el Ejecutivo esperan en lo inmediato saltar de los actuales 1,7 millón de asalariados cubiertos a más de 2 millones.

El Gobierno anunció que auxiliará en el pago de los salarios de mayo y estarán incluidos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) docentes, transportistas y el personal de sanatorios, entre otros, por lo que a partir de ahora los empleados de estos sectores recibirán también el Salario Complementario.La medida se anunció a través de la Decisión Administrativa 747/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Esta misma ayuda recibirán las instituciones educativas de gestión privada que cumplan con los requisitos necesarios para ingresar al programa, aunque haciendo una distinción entre aquellas que reciben subsidios y las que no, y siempre que puedan «asegurar el pago de la diferencia salarial para que todos/as los trabajadores/as perciban el 100% de su remuneración».

Al respecto, el titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, dijo el martes que el sector atraviesa una crisis severa debido a que «entre el 60 y el 70 % de las familias no pagaron la cuota del mes de abril» y aseguró que ya cerraron cuatro instituciones educativas durante la cuarentena por el coronavirus.

Tras confirmar que «cuatro instituciones educativas cerraron en lo que va del aislamiento», aseguró que el sector atraviesa «una crisis severa» y dijo que «estamos necesitando un salvataje del Estado».

También recibirán la ayuda algunas de las actividades del transporte como charters; servicios para ámbito portuario o aeroportuario; envíos de mercaderías a granel y los camiones cisterna, entre otros.

Por último, se informó que el Sistema Integrado Previsional Argentino estará incluido en lo que respecta tanto al Salario Complementario como a la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales correspondientes a mayo.

Traidores

«La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación procedió a realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a fin de iniciar las conversaciones con la patronal por la actualización salarial para el periodo 2020 – 2021″, explica una circular interna.

«Debido a la situación excepcional que atravesamos por la pandemia de coronavirus, nos vemos obligados a comunicar las novedades sobre la paritaria por este medio; y no como lo hemos realizado históricamente, en plenario de delegados y activistas para informar, consultar y escuchar a las compañeras y compañeros», explica el gremio.

Tal vez lo ocurrido en Mondelez explique mejor la propuesta de la burocracia sindical. Este martes los trabajadores de Mondelez Victoria reclamaron en la puerta de la planta contra el acuerdo firmado por el sindicato de Alimentación, encabezado por Rodolfo Daer, sin consultar a los trabajadores previamente. Los mismos habían manifestado su descontento la semana pasada, previendo la maniobra en ciernes, y habían votado en asambleas el repudio a la maniobra patronal, que avalaría la conducción del sindicato.

La maniobra de la empresa fue miserable y siniestra: adelantó la producción necesaria y ahora suspende con rebajas salariales. Todo esto en complicidad con el sindicato y el ministerio de Trabajo, que avala esta decisión empresarial, que va en desmedro de los trabajadores y es violatoria a la decisión presidencial de la imposibilidad de suspender trabajadores.

La semana pasada los trabajadores fueron notificados que a partir del 17 de mayo serían suspendidos 500 operarios, debido a la interrupción de la producción en la planta Victoria, hasta el 14 de junio, cobrando el 77 % de su salario bruto. Lamentablemente, ya había trascendido la posibilidad de que Rodolfo Daer, quien es el titular del Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA), gremio al que pertenecen los trabajadores, apoyara dicha medida.

“El capitalismo es así” afirmó Rodolfo Daer en una entrevista para justificar la complicidad e inacción del gremio ante esta situación. Y continuó que “se abarrotaron los depósitos” para explicar la medida.

Además, los trabajadores denuncian que la empresa el año pasado facturó alrededor de $ 41.600 millones, casi duplicando la cifra del año anterior. También, que en noviembre el sindicato había avalado, junto con el ministerio de Trabajo, el Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por la empresa.

Fue a partir de esto que incluso el Estado exoneró a esta patronal de realizar aportes de cargas sociales a la ANSES desde noviembre pasado hasta el día de hoy, ahorrándose en total más de 150 millones de pesos. Daer argumenta entonces que la empresa viene con caída en las ventas pero omite hablar de esta millonaria ayuda. Además, cabe destacar que Mondelez viene remarcando los precios de sus productos en más del 30% en el último año.

Es la eterna historia de las traiciones de la burocracia sindical que ni en situaciones de pandemia y severa crisis descansan, siempre del lado de sus propios intereses y de los grandes monopolios. Todo esto con la complicidad del Estado.

Entonces, los trabajadores votaron realizar un bloqueo de portones y un piquete para visibilizar su problema, exigiendo la anulación de las suspensiones y el cobro del 100% de sus salarios. Se logró un amplio apoyo y se consiguió cortar uno de los carriles de la avenida Uruguay.

Ahora Rodolfo Daer en solitario pretenderá homologar un Convenio Colectivo a la baja para todo el gremio en complicidad con la patronal y el M. de Trabajo

David Roldán, obrero y ex delegado de la empresa comentó: “Esto arranca el año pasado, en noviembre, cuando intentaron suspender a 150 compañeros en nuestra planta de Victoria y en la planta de Pacheco a 350. En ese momento se firmó un preventivo de crisis, cuando sabemos bien que un monopolio como este no tiene idea que es una crisis. Llegó un acuerdo con el gobierno de Macri de ese entonces y le perdonaron las cargas sociales. Es decir, que el Estado les pagó 150 millones de pesos, una fortuna. Ese acuerdo finalizaba este 31 de mayo, pero aprovechando la pandemia, vuelve a mentir diciendo que está en crisis para recibir la ayuda de este gobierno también. Mientras tanto, cerraría esta planta suspendiendo a 500 trabajadores. Eso sí, con la producción garantizada. Rodolfo Daer apoyando a la empresa firma este acuerdo sin consultar a los trabajadores. La causa es el artículo 223 bis, que establece que las empresas no pueden suspender si no hay aval del sindicato. El gobierno deja una puerta abierta muy grande para que la burocracia arregle con la patronal. Nosotros estamos en un plan de lucha permanente y nuestro pedido es por una suspensión, pero con el 100% del salario, como ya pasó en la pandemia. Nos hicieron trabajar durante más de un mes estockeándose muy bien”.

El Sindicato de Comercio (FAECYS) llevó al paroxismo esta entrega, al pactar que las empresas del sector de hasta 70 empleados pueden suspender de forma inmediata sin necesidad de consentimiento gremial alguno. Con la presentación unilateral de la nómina de suspensiones, las mismas quedan homologadas automáticamente.

Trabajadoras y trabajadores de SanCor denunciaron mediante la publicación de un comunicado que la reconocida empresa cooperativa de fabricación y comercialización de productos lácteos “dejó librados a su suerte a cientos de compañeros que mantiene desde hace meses suspendidos”, a la vez que “no les abona ni siquiera el porcentaje del sueldo (75%) que la patronal dispuso arbitrariamente, con el aval cómplice y la aprobación de Atilra” (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina).

En dicho mensaje, las y los trabajadores asimismo aclararon que la empresa láctea “tampoco ha cumplido con los pagos pactados en los acuerdos con el personal que firmó su desvinculación durante 2019, al mismo tiempo que mantiene a los activos con atrasos en salarios (hasta 45 días en algunos casos) y aguinaldos impagos (adeuda los dos SAC correspondientes al año pasado)”.

El comunicado describió que “el Centro de Distribución Acceso Norte (CDAN) ha iniciado a partir de este año, con la colaboración del sindicato y de la Comisión Interna, una persecución directa sobre aquellos trabajadores que mantuvieron una línea independiente en los últimos años. Pretende acallar a los que vinieron denunciando las maniobras que la empresa realiza para que los costos de la reestructuración la paguemos los trabajadores y la responsabilidad de Atilra en dejar pasar dicho ajuste”.

La denuncia pública de los obreros lácteos, asegura que “desde que comenzó el año en curso, el avance de la patronal ha tomado un carácter brutal, dejando sin trabajo a toda la rama de repositores. SanCor desarmó sectores completos y suspendió a todo el personal repositor, que actualmente se encuentra sin goce de sueldo”.

A su vez, las y los trabajadores, quienes se encuentran agrupados de manera independiente a la dirigencia del sindicato, expresaron que “SanCor paga como, cuando y cuanto quiere, violando incluso todas las leyes laborales. Y además presiona al personal para que acepte sus condiciones de desvinculación. Porque cuenta con total impunidad: la que le garantiza Atilra -que se la pasó tocando puertas para que subsidien a la empresa, no para organizarnos y pelear- y el Ministerio de Trabajo”.

Finalmente, convocan a todos los trabajadores de la cooperativa a organizar actividades de protesta y visibilización para los próximos días, denunciando la situación que atraviesan.

“Basta de extorsión, despidos encubiertos y persecución a los trabajadores. Reincorporación inmediata de los suspendidos. Pago inmediato de haberes y demás montos adeudados. Basta de financiar la reestructuración de SanCor con plata del Estado. Exigimos al Ministerio que garantice que SanCor cumpla con nuestros salarios y conquistas como está previsto en la legislación laboral. De lo contrario, que la empresa sea estatizada y puesto bajo control de los trabajadores para producir al servicio de las necesidades de la sociedad en el marco de esta pandemia”, cierra el comunicado.

Preparan nuevas traiciones

Una «mesa ampliada» de la CGT deliberará el jueves en la sede principal de la UOCRA sobre una variada agenda de temas, como el desempleo, la creciente ola de conflictos salariales y la realidad de las Obras sociales, pero también analizarán la futura integración de la conducción de la Central.

La «mesa chica» de la central obrera dará paso a una «mesa ampliada»,ya que en el edificio del gremio de la construcción de Avenida Belgrano al 1.800 de la ciudad de Buenos Aires participarán entre 20 y 22 dirigentes de los llamados sectores «gordos», independientes, del barrionuevismo y de la CATT (transporte).

No se cursaron invitaciones a los sectores disidentes más críticos al acuerdo con la UIA y la conducción actual. No estará presente el moyanismo, que empezó a hacer sonar a Pablo Moyano como candidato a conducir la central obrera, ni la Corriente Federal de Trabajadores, ni el resto de las organizaciones que se reúnen en torno al Frente Sindical para el Modelo Nacional.

Además de Martínez (Construcción), Daer (Sanidad), Acuña (Estaciones de servicio) y Andrés Rodríguez (UPCN), participarán el taxista Omar Viviani, los ferroviarios Sergio Sasia y Omar Maturano, el marítimo Juan Carlos Schmid, el colectivero Roberto Fernández, el lucifuercista Guillermo Moser y el textil Hugo Benítez, entre otros.

Empresas autogestionadas

Mediante una teleconferencia, el ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo encabezó la presentación del programa Recuperar que propone apoyo al sector de empresas recuperadas y autogestionadas de todo el país, que sostienen más de 18.000 puestos de trabajo.

La línea de créditos tiene como objetivos la compra, renovación y automatización de maquinaria, compra de insumos y asistencia financiera. Dentro de las propuestas de subsidios se destacan la capacitación integral de cada trabajador y trabajadora, según las necesidades de cada unidad productiva, así como la mejora en seguridad e higiene en el trabajo.

Desde las gestiones obreras ceramistas de Neuquén, Fasinpat, Confluencia y Cersinpat, junto al Sindicato Ceramista, lanzaron una campaña solidaria de fondo de lucha para hacer frente a la pandemia y la crisis económica.

“Las gestiones obreras estamos muy golpeadas a partir de la crisis desatada por la pandemia del Coronavirus. A la situación que venimos arrastrando desde hace años, por la falta de crédito, el ahogo financiero y falta de respuestas de los gobiernos nacional y provincial, se sumó todo el parate producido por la cuarentena”, explicó Natalio Navarrete, tesorero de la Cooperativa Fasinpat.

Con el aislamiento social, preventivo y obligatorio se pararon las tres fábricas y se mantuvieron guardias. “Las restricciones del Gobierno nacional, replicadas por el Gobierno provincial, no fueron acompañadas con asistencia financiera ni con ninguna iniciativa como las que les propusimos de reconvertir la producción al servicio de enfrentar la pandemia”, denunció Navarrete. “Si no trabajamos y no vendemos, no podemos garantizar el salario completo a los y las ceramistas y dejamos a 300 familias sin sustento», aseguró.

Recién esta semana, con el inicio de la fase cuatro de la cuarentena, podrán volver a producir luego de 50 días de parálisis.

Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato Ceramista y actual diputado provincial del Frente de Izquierda, llamó “a las organizaciones solidarias con la lucha de Zanón a sumarse y aportar económicamente al fondo de lucha para sostener las gestiones obreras en esta situación tan difícil. “Estas fábricas tienen que estar abiertas. Son una conquista y una bandera de lucha para todos los trabajadores y trabajadoras que hoy ven cómo los empresarios cierran fábricas, despiden y suspenden dejando familias en la calle. Y las gestiones obreras son un ejemplo. Toda empresa que cierre tiene que ser ocupada y ponerlas a producir bajo gestión obrera. Para aquellas organizaciones gremiales, sociales, políticas y estudiantiles que quieran colaborar con las gestiones obreras “ponemos a disposición nuestro número de cuenta y CBU para poder hacer aportes. Y una casilla de correo para que puedan enviar el cupón de transferencia, sus datos y poder tener registro de sus aportes desde ya muchas gracias en nombre de las gestiones obreras y el Sindicato Ceramista”, explican los y las ceramistas en la carta enviada a las organizaciones solidarias.

COOPERATIVA DE TRABAJO FASINPAT LTDA. CUIT: 30-70939426-2
BANCO CREDICOOP Nº DE CUENTA: 093-0318851
CTA.CTENº DE CBU: 191 0093355009303188514.
administracion@zanonfasinpat.com.ar

Más pagamos, más debemos y menos tenemos

Uno de los fondos más grandes del mundo, Blackrock, acercó una propuesta al gobierno argentino que no incluyó ni reducción del capital ni del pago de intereses, fue solo una reprogramación de los pagos de intereses equivalente a una reducción de la deuda del 8%, confió el ministro Guzmán al Financial Times.

Mientras el gobierno argentino anunció un nuevo endeudamiento con el BID y se confirma el pago -esta misma semana- de otros 320 millones de dólares en intereses al FMI. Además, todavía negocia con el Club de Países Prestamistas de París, para seguir abonando intereses sobre intereses de deudas contraídas directamente por empresas privadas que, durante la dictadura, pasaron sus pasivos al Estado.

La semana pasada se conoció la propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires que prevé una quita de 55% en los intereses, más una reducción del 7 % en el capital con tres años de gracia. La Provincia debe reestructurar una deuda de U$S 7.100 millones.

La misma fue rechazada por los acreedores argumentando que no fue producto de una negociación de buena fe y “contiene elementos coercitivos dentro de su estructura que el Comité Directivo cree que no contribuirán a su amplia aceptación”.

Las feministas de Abya Yala, expresaron en un comunicado encabezado con las firmas de Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo, su rechazo a la reestructuración que propone el gobierno argentino, ya que consideran que la deuda es ilegítima.

“La reestructuración que ahora propone el gobierno argentino, por 68.000 millones de dólares, es sólo una parte de la deuda que Argentina tiene con prestamistas extranjeros. Es decir, las deudas que reclaman el FMI, el Banco Mundial, el BID, se siguen pagando, mientras atravesamos una crisis sanitaria y una crisis social profundísima, que está cobrando todos los días nuevas vidas, no solo por el COVID 19, sino por enfermedades reemergentes, como es el caso del dengue, por la falta de agua en las villas y en las comunidades originarias, por la falta de alimentos, por los altos índices de desnutrición que afectan la vida de miles de niñas/os, por la destrucción del sistema de salud público. Encima, mientras por un lado se sigue pagando, por otro se sigue endeudando, incluso con los mismos prestamistas. ¿Quién debe a quién? ¿Cómo pretenden que creamos que el pago o el canje de la deuda, puede traer “mejores condiciones, o buscar la igualdad” para mujeres y disidencias sexuales?”, afirman.

Asimismo proponen que se investigue de forma independiente cómo se contrajo la deuda y expresaron que hasta no tener un profundo conocimiento de la misma, suspender su pago.

Fuentes: Tiempo Argentino, Clarín, Anred, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, APU, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Infogremiales, Ambito Financiero, Página12

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La juventud en la pandemia: entre la precarización y la primera línea

Lucho Aguilar
Fotomontaje: Mar Ned – Enfoque Rojo
¿Cómo llegó la juventud trabajadora a la coronacrisis? ¿Cómo saldrá? Desde Buenos Aires a Nueva York, números e historias de las pibas y pibes que siguen haciendo funcionar la ciudad o fueron los primeros descartados. Las nuevas generaciones esenciales y la pelea por un futuro sin explotación.

En una maquila del norte mexicano, una obrera termina de armar el celular número 200 de su jornada. Al día siguiente una cuadrilla de camioneros tercerizados descargará los bultos del otro lado del muro, en Texas. Mientras duró el viaje una operadora logró vender 20 aparatos desde su home office. El almacén de Amazon de la ciudad no duerme. Un pibe corre, esquiva estanterías casi ahogado por el barbijo. Lo tiene. El aparato pasa de mano en mano hasta llegar a la caja-mochila. El repartidor pedalea en la ciudad semidesierta. Toca timbre y espera. Respira profundo. Le queda más batería en el celular que en las piernas. La señora le regala una sonrisa que apenas puede devolver. Ya le sonó la notificación del nuevo pedido. Es la señal que el “algoritmo” envía a sus “colaboradores”. Mira el reloj. Se acomoda el casco y el barbijo. Arranca de nuevo.

La misma imagen podría repetirse en Madrid, el Distrito Federal o Buenos Aires. Electrónicos, pizzas, remedios. Pero algo las atraviesa, invariable. La pandemia confirmó, por si hiciera falta, que sin la clase trabajadora nada podría funcionar. Y que gran parte de esas y esos esenciales son jóvenes. La crisis los encontró precarizados hasta la médula. Así los arrojó a la primera línea.

La pandemia que ya estaba

Es cierto. Hace 150 años Marx ya hablaba de las “vidas precarias” de la clase trabajadora. Pero el neoliberalismo retomó la guerra de clases para arrebatarle condiciones que había logrado en las décadas anteriores. La precarización fue una vuelta de tuerca a la explotación. Contratos basura y temporales, tercerización, aumento del trabajo no registrado (“en negro”), ataque al salario real y los derechos “sociales” (salud, educación, vivienda).

Ese proceso terminó configurando una nueva clase trabajadora. Extendida a todo el planeta, con más peso en los nuevos servicios que hacen funcionar las grandes ciudades, más fragmentada y precarizada, más feminizada.

Esa definición es uno de los puntos de partida del libro de Nicolás del Caño, Rebelde o precarizada. Allí traza una radiografía de la juventud. Se puede ver a través de historias: la de Nadia, que tuvo 35 trabajos en los últimos 12 años; Romina que trabaja en un call de mañana y en Rappi de tarde; Moisés que dibuja escenas flasheras a pesar de las manos agarrotadas por la maza. Se puede entender también a través de los fríos números. Dos de cada tres jóvenes trabajan en negro, cobran la mitad de los adultos, tienen 50 % más de chances de tener accidentes, el trabajo promedio no les dura más de 12 meses. Las pibas siempre peor, como confirma un reciente estudio publicado en La Izquierda Diario.

Te puede interesarNicolás del Caño: “La juventud es la más precarizada, pero es parte de la nueva clase trabajadora que puede dar vuelta todo”.

La radiografía atraviesa fronteras. Cita un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2017 que reconoce que 70 millones de jóvenes están desocupados y 3 de cada 4 tienen trabajos “informales”. 150 millones de menores de 25 años, aún con trabajo, viven en la pobreza y son además el 70 % de los migrantes internacionales. También con historias recorre almacenes de Amazon, locales de McDonalds, maquilas centroamericanas, fábricas de sudor chinas y call centers portugueses. La conclusión: la precarización también era un virus mundial.

Los centennials y millennials eran en realidad “miserials”. No solo los agotaban y rompían por dos pesos, dólares o euros: tenían que endeudarse para estudiar, no podían irse de la casa de sus padres o se hacinaban en los barrios más pobres. El promedio de edad de los habitantes de las villas porteñas donde hoy corre el coronavirus es de 24 años.

Precarización en el trabajo y en la vida. Una definición que de ninguna manera convertía al precariado, como lo llamó el economista Guy Standing, en una clase diferenciada de la clase trabajadora. Lo debate Del Caño en su libro [1].

Ellos quieren “disparar la curva”

Aquel informe de la OIT se lamentaba que todo parecía empeorar. El nuevo, presentado hace algunas semanas, dice que “el escenario del empleo juvenil es preocupante y se complicará aún más cuando se sienta el impacto del coronavirus” [2].

No hacía falta mucho análisis para acertar. Según sus cálculos, los llamados trabajadores “informales” serán un 50 % más pobre de lo que ya lo eran. La conclusión es temeraria. “Enfrentan un dilema que prácticamente no puede ser resuelto: morir de hambre o por el virus”.

Un recorrido nos permite confirmar el problema desde cerca. Según la revista norteamericana Vox, “los Millennials están siendo jodidos de nuevo por la economía. Aún se recuperan de la Gran Recesión (2008) y ahora enfrentan una recesión que se compara con la Gran Depresión (1929)” [3].

Muestran un informe de la consultora Pew que confirma que en los últimos meses el 35 % de quienes tienen entre 18 y 29 años han sufrido despidos y el 45 % recortes salariales. El estudio agrega que “quienes ganaban menos, incluidos los millennials negros y latinos, tienen más probabilidades de ser despedidos”. Pero además se ven desproporcionadamente afectados por Covid-19. Entre otras cosas porque ocupan, sobre todo las mujeres, mucho de los llamados “servicios esenciales”.

Vamos a Europa. Entre rebajas salariales y despidos, unos 60 millones de puestos de trabajo están en riesgo según la consultora McKinsey. Eso incluye 7 millones de menores de 25 años. En el Estado Español, la tasa de desocupación juvenil llegó en abril al 33 %, dos puntos y medio más que en enero. Uno de cada tres despidos en ese país fue sufrido por jóvenes. Los analistas reconocen que “el impacto será profundo porque los jóvenes aún no han terminado de pagar la factura de la crisis anterior” [4]. Sobre llovido, mojado.

Los números se pueden traducir en miles de historias personales. Como la que cuenta Saeed, inmigrante paquistaní en Italia, en la última edición de la revista Jacobin [5] que retrata a los “jinetes de la pandemia”. Antes del virus ganaba 2.000 euros por mes pedaleando 50 horas por semana. Ahora está conectado a la aplicación las mismas horas pero en marzo solo ganó 380 euros. Con eso no puede pagar el alquiler y mandarle plata a su familia. Ante la crisis y el peligro de un estallido social el gobierno italiano sacó un subsidio llamado “Cura Italia”. Sin embargo, los riders y otros trabajos juveniles no pudieron acceder a él. Para los precarios ni limosna. O la de Inas Sharafli, estudiante de enfermería en París que cuenta cómo sus compañeras trabajaban con ancianos en los hospitales por dos euros la hora.

Lo mismo pasa en nuestro país. Una McEstafa fue el detonador. La empresa decidió descontar parte de los salarios de marzo hasta reducirlos al valor de un combo.

Una guerra primero silenciosa se desató en miles de lugares de trabajo. Los patrones pegaron primero, el gobierno y las cúpulas sindicales dejaron correr. En los call centers con violación de la cuarentena, despidos y teletrabajo más precarizado. En los supermercados exponiendo a cajeras y repositores. Miles de jóvenes mozas, bacheros y cocineros quedaban en la calle por whatsapp. En la fábrica la juventud contratada y tercerizada era el primera en quedar en la calle. En otros era obligada a trabajar el doble sin las mínimas condiciones de higiene: Rappi, Glovo, Farmacity.

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La red internacional de La Izquierda Diario reflejó durante estos últimos dos meses cientos de nuevos agravios. Para los empresarios, “toda crisis esconde una oportunidad”. En este caso, fue la de “disparar la curva” de precarización obrera, de la juventud en especial. El ataque al salario y la reforma laboral de hecho intentan ganar terreno. Se abre un nuevo capítulo de la historia política de la precarización.

Una juventud esencial

La escena que inicia esta nota es una postal típica del capitalismo de nuestra época. La pandemia solo le echa un poco de luz.

Así lo cuenta el geógrafo marxista David Harvey en su libro Ciudades rebeldes: “La cadena de abastecimiento dentro y fuera de las ciudades supone un movimiento continuo, sin interrupción”. Just in time le dicen. Porque cuanto menos tiempo corre entre producción y circulación de la mercancía, lo que Marx llama “tiempo de rotación del capital”, más ganan los empresarios.

El transporte, la logística, las comunicaciones, el reparto a domicilio, todo cobra un rol fundamental. Ricardo Antunes vuelve sobre el punto al analizar el nuevo proletariado de servicios [6]: “Al actuar en la esfera de servicios, de las tecnologías de la información y la comunicación, en la esfera de la circulación del capital, el nuevo proletariado de servicios que actúa en el call center y telemarketing, en los hipermercados, en el comercio, en los bancos, en los trabajos intermitentes, en las empresas de tercerización, etcétera, se integran de alguna manera en la cadena de valor, tanto por la agilización del tiempo de circulación del capital y consecuente reducción del tiempo global de la producción, como también por la conversión de la información en mercancía cada vez más productiva”.

Hablamos de tiendas como Amazon o Walmart, de las grandes logísticas, de plataformas de trabajo como Glovo, Rappi, Uber. Servicios que, como coinciden Harvey y Antunes, son realizados por trabajadores temporales, mal pagos: “los nuevos esclavos intermitentes globales”.

Kim Moody, en su libro En un nuevo terreno, nos da más pistas al analizar los cambios productivos en Estados Unidos: “se ha reconfigurado en enormes grupos logísticos de centros de transporte, grandes almacenes y centros de distribución, “aerotropolises”, puertos marítimos, patios intermodales y tecnología sofisticada”. Esos centros nodales se sitúan en torno a las grandes ciudades y sus suburbios empobrecidos. “Los trabajadores que mantienen la infraestructura interna, llenan los almacenes y mueven las cosas dentro del clúster son mal pagados y tratados como prescindibles”.

Según detalla Moody, la mayoría son afroamericanos y latinos, y una importante cantidad de mujeres. El promedio de edad de los almacenes de Amazon en el mundo es de entre 25 y 35 años. El dato no es más que la punta de una estadística más general: 5 de cada 10 jóvenes trabajan en los servicios y el comercio. Pero también trabajan tercerizados en los grandes servicios públicos (electricidad, telefonía, energía) y las grandes industrias.

Esa situación, que existía antes de la pandemia, queda remarcada en tiempos de coronacrisis. Un informe de la BBC [7] publicado hace pocos días y basado en informes de agencias de empleos (ManPower, Adecco o Glassdoor) reconoce que, aunque se perderán millones de puestos de trabajo, las empresas están buscando empleados, sobre todo jóvenes, para determinados oficios. Repositores de supermercados, cajeras, operarios de depósitos y logística, comercio electrónico, fábricas de alimentos y productos de higiene, laboratorios, limpieza, hospitales y delivery. Al mismo ritmo se están haciendo cada vez más millonarios Jeff Bezos, Warren Buffet y otros poderosos.

La conclusión es inevitable: la juventud es la más precarizada, pero también parte fundamental de las y los esenciales. Por eso está en la “primera línea” durante esta pandemia.

Rebelde o precarizada

En el almacén de Amazon de Chicago un pibe levanta un cartel: “nuestras vidas y nuestros bolsillos también son esenciales”. Las mismas palabras que una enfermera en el Hospital de Nueva York. En Bologna un rider lleva en la mochila un afiche: “gente antes que ganancias”. En Buenos Aires una chica enmascarada levanta una pancarta: “la precarización no se tomó cuarentena”. En Zaragoza los repartidores de Telepizza van a la huelga con una consigna: “queremos servir comida sana a los más vulnerables, y no que algunos hagan negocio”. En Marsella 10 jóvenes aferran una bandera después de tomar el local de McDonalds para convertirlo en un centro de distribución de alimementos para el barrio: “queremos igualdad para todo y en todas partes”.

La misma bronca, las mismas frases, se levantaron este jueves 14 de mayo en varias ciudades de Argentina. La cuarentena policial no pudo evitar una serie de manifestaciones en distintas ciudades argentinas. Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba, Neuquén, Mendoza, San Salvador de Jujuy, Mar del Plata. Las voceras, en su mayoría mujeres, dieron la buena nueva: “estamos organizando una red de precarixs e informales”. Algunas, algunos, llevaban máscaras para no “quemarse”. De las asambleas virtuales pasaron a la acción callejera.

No creen en las opciones que les dan los analistas de la OIT y los grandes medios. ¿Morir por hambre o por el virus? ¿Quién dijo que tenemos que elegir entre esa miseria?¿Y si nos organizamos?

Antes de la pandemia, la juventud ya se estaba cansando. Se sentía en sus músculos y sus nervios como la gran perdedora del capitalismo en crisis. Que en los trabajos era descartable. Que iba a vivir peor que sus padres. Que los políticos tradicionales le mienten y la ningunean. Millones de pibes y pibas hace rato que sienten que no le deben nada a este sistema.

Quienes impulsamos la red internacional de La Izquierda Diario nos jugamos con todo por cada lucha de las y los precarios, para que puedan poner en pie una organización masiva que pelee por sus demandas y se las imponga a los sindicatos que le dan la espalda. Como vimos, es parte de la nueva clase trabajadora que mueve el mundo. Si su bronca y rebeldía contagia al resto de los batallones que tienen en sus manos las palancas de la economía, nada será igual.

Desde principios de este siglo, tratando de romper con el individualismo y pasividad que impuso el neoliberalismo, sectores juveniles han protagonizado fenómenos políticos, movimientos como el de mujeres y en defensa del medio ambiente, así como procesos de lucha de clases que veíamos antes de la pandemia. Es el caso de Chile. La profundidad de la actual crisis capitalista traerá nuevos enfrentamientos sociales y con ellos la necesidad de transformar estas rebeliones en luchas para terminar con la barbarie capitalista y abrir la perspectiva de una nuevo orden socialista.

En este presente, en ese futuro, la juventud tiene un rol que jugar. Como decía León Trotsky debatiendo cómo enfrentar la agonía del capitalismo y cómo reconstruir una organización que pudiera conducir las batallas decisivas, “el movimiento se renueva con la juventud, libre de toda responsabilidad del pasado. Solo el entusiasmo fresco y el espíritu beligerante de la juventud pueden asegurar los primeros triunfos de la lucha y solo éstos devolverán al camino revolucionario a los mejores elementos de la vieja generación. Siempre fue así y siempre será así” [8].VER TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTA EDICIÓN

NOTAS AL PIE

[1] Ver capítulo 18 de Rebelde o precarizada, “Precariado: ¿una clase nueva y distinta?”.
[2] “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020”, OIT.
[3] Millennials are getting screwed by the economy. Again, Vox 21/4.
[4] “La crisis golpea el futuro de los jóvenes: más paro y peores sueldos”, El País, 8/5.
[5] “Delivering Food in a Pandemic”, Catarina Moribato, Jabobin 9/5.
[6] El nuevo proletariado de servicios, valor e intermitencia: La vigencia (y la venganza) de Marx, Ricardo Antunes en Revista Herramienta.
[7] “Coronavirus: los empleos temporales que surgieron por la pandemia y que le dan un respiro a quienes pierden sus trabajos”, BBC Mundo 1/4.
[8] “Paso a la juventud, paso a las mujeres trabajadoras”, Programa de Transición, 1938.

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BUEN MOMENTO PARA FLEXIBILIZAR

La estrategia de las grandes empresas siderúrgicas durante la pandemia

POR JULIA STRADA

Lejos de proponer un mundo distinto, los primeros efectos que la pandemia de Covid-19 está significando para el entramado productivo argentino se expresan en la agudización de las tensiones entre trabajadores y grandes empresarios, ya preexistentes. Si no arranca la actividad en los niveles que desearían, al menos cabe sacarle provecho convirtiendo en “nueva normalidad” a las medidas dispuestas en el aislamiento que dejaron a una porción de los trabajadores englobados en “grupos de riesgo” en sus casas y que abrieron paso a un fuerte rol estatal en la inyección de recursos, el cual alcanzó su máxima expresión con el pago de la mitad de salarios del sector privado (hasta 2 salarios mínimos, $33.750) a través del ATP.

La coyuntura dada por las inevitables medidas de aislamiento para preservar la salud de la población se traducen en una paralización productiva cuasi de ficción: hay ramas enteras que en este contexto se volvieron no-esenciales, como la fabricación de autos, que anotó un “cero” en el mes de abril, y otras que evalúan minuto a minuto cuán importantes son para el funcionamiento social. El primer decreto del Poder Ejecutivo planteaba un listado de actividades esenciales que se convirtió en dudas –e idas y vueltas de audios de WhastApp entre trabajadorxs y delegadxs— por todo el cordón industrial desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta el sur de Santa Fe. “¿Los tubos sin costura son esenciales?”, se preguntaron desde la UOM Campana. “¿Las golosinas son alimentos, pero son esenciales?”, consultaron en una primera instancia desde el Sindicato de la Alimentación. Como la hojalata es insumo del sector alimenticio para los enlatados la ex SOMISA de San Nicolás –Siderar— siguió funcionando aunque a media máquina, y mientras tanto, 70 kilómetros río arriba por el Paraná en Acindar razonaban: “Si están habilitados los corralones de construcción, ¿nosotros que fabricamos aceros largos para la construcción, deberíamos funcionar?” En un primer momento el resguardo de la salud de los/as trabajadores/as fue el objetivo de todos los sindicatos, prácticamente sin fisuras: “Si no es esencial, no se trabaja”. Pero las predecibles presiones empresariales no se hicieron esperar, buscando “dividir por abajo” para que ir a trabajar se convierta en una demanda de los propios trabajadores/as, en un contexto donde se ponían crecientes y deliberadas dudas sobre la posibilidad de cobrar abril (cuando, en muchos casos, marzo se había cobrado sólo en primera quincena).

Para que esas presiones no continuaran, el gobierno tomó varias decisiones, todas orientadas en el mismo sentido: prolongar el aislamiento social junto con el establecimiento de medidas que eviten daños irreversibles en el mercado de trabajo, como la destrucción de empleo. En ese objetivo, la prohibición de despidos y el salario complementario (ATP) son las dos medidas clave para el mundo registrado. Para quienes no tienen esa suerte, está el ingreso familiar de emergencia. A estas se agregó el acuerdo UIA-CGT-Gobierno que –no sin duras críticas en el mundo sindical— buscó evitar, desde la óptica del gobierno, que los acuerdos salariales para suspendidos perforaran el piso del 75% del salario bruto.

Este mix de medidas son seguramente el único amparo y marco regulatorio existente para el mundo pyme, más aún cuando su presencia se da en ramas económicas altamente afectadas, como textil, gastronómicos, pasteleros (donde están los empleados de McDonald’s), petroleros o el sinfín de pymes metalúrgicas, autopartistas y que se dedican a la fabricación de electrodomésticos en el país.

Pero, ¿cómo operan estas decisiones en fábricas de gran tamaño y grupos económicos de peso? No pareciera corresponder el mismo razonamiento cuando uno analiza este universo, y particularmente si miramos las siderúrgicas del grupo Techint y de Acindar ArcelorMittal, que tienen otra espalda económica y otra historia en materia de relaciones laborales desde la dictadura para acá y que, sobretodo, tienen enfrente a sindicatos con una fortaleza mayor para evitar los acuerdos a la baja en materia salarial. Los subsidios entregados por el Estado vía pago de salario complementario (ATP) por la mitad del neto de febrero (83% del bruto) y con mínimo de $16.875 y tope de $33.750, fueron extendidos a empresas de más de 800 trabajadorxs, lo que significó que entre el miércoles y el jueves de esta semana fueran aprobados para Tenaris Siderca y Ternium Siderar, ambos holdings integrantes de Techint y para Acindar, del grupo ArcelorMittal. Coincidiendo temporalmente, se anunció el acuerdo marco UIA-CGT para bajar a 75% el salario bruto de los suspendidos. Ambas herramientas, combinadas, reducen fuertemente el costo salarial de estas grandes empresas: por ejemplo, si Techint paga un salario bruto de $80.000, que equivale a un neto de $63.200, el Estado vía ANSES financiaría $33.200 y la empresa debería hacerse cargo del 50% restante. Pero ese restante es más chico que 50%: no son $33.200, sino que por los acuerdos para suspensiones quedaría en $19.920, sólo un 30% más hasta llegar al 80% del neto (en este caso es 80% del neto porque lo firmado en Tenaris Siderca es 5% más alto que el 75% firmado CGT-UIA).

Fue por todos conocido el caso de Techint y sus 1.450 despidos, que desató el debate público que el Presidente procuró instalar sobre la solidaridad que debía tener el poder económico en esta crisis, el cual duró pocas horas porque una porción de la sociedad estimulada por sectores de la oposición eligió hablar del esfuerzo que le correspondía a la política con un aporte salarial. Pero el capítulo siguiente al de Paolo Rocca fue la reciente amenaza de la otra gran siderúrgica emblemática de país, Acindar [1] ArcelorMittal de Villa Constitución, Santa Fe, de trasladar su producción a Brasil.

El viernes 8 de mayo el CEO de la empresa, Marcelo Marino, llamó telefónicamente al intendente de Villa Constitución. El intendente municipal, Hugo Berti, contó que el llamado fue “para decirme que en los próximos días me iba a notificar que mudarían el 50% de la producción a Brasil”. El clima se enrareció cuando medios locales de la ciudad comentaron que se trataba de disputas internas en el sindicato de la UOM seccional Villa Constitución, responsabilizando por la decisión patronal a quienes llevaban la negociación con la empresa para garantizar protocolos de higiene ante Covid-19. En paralelo, los supervisores de la empresa vienen realizando una tarea fina con los trabajadores de cada sector: se repiten llamados por teléfono “desde la confianza” para transmitir que sólo la empresa los va a defender, no el sindicato ni sus delegados.

Horas más tarde el CEO de Acindar reformuló el planteo, sugiriendo malinterpretación en el episodio. El miércoles 13 se mantuvo una reunión donde la empresa pidió «que la pandemia sea el momento para mejorar la productividad» (sic). Un integrante de la Comisión Interna resumió el listado de reivindicaciones patronales que vienen detrás de esa consigna: la empresa quiere que los grupos de riesgo que quedaron en sus casas por Covid-19 no vuelvan más para achicar la plantilla y que con la recuperación posterior de la producción aumente la relación de volumen producido por trabajador. Quiere además que se eliminen las retenciones a las exportaciones industriales (que por la caída del mercado interno hoy son el 30% de las ventas) y que esto se acompañe de subsidios al consumo de luz y gas.

Desde fines de 2018 el CEO de Acindar Argentina es Marcelo Marino. De origen brasileño, desembarcó directo desde Belo Horizonte, donde funciona la toma de decisiones regional del grupo ArcelorMittal, y desde donde, básicamente, manejan las plantas de la Argentina luego de su transnacionalización en el año 2000 (primero en un pase de manos a Belgo Mineira, y luego a ArcelorMittal en 2007). La decepción con la economía macrista llevó a los headquarters brasileños a descabezar al CEO argentino —y a las principales gerencias, como Recursos Humanos—, y desde entonces se implementa una lógica abiertamente anti-sindical, que se agudiza en pandemia. La ruptura de la negociación y la denuncia en medios locales, buscando llegar a las familias de lxs trabajadorxs, es la forma recurrente que desde hace dos años usa la empresa para embarrar la cancha.

En paralelo,  los trabajadores de Tenaris Siderca (Techint) cuentan que la empresa de Rocca propone en esta pandemia «terminar con la tercerización», jugando a la defensa de los derechos laborales. ¿Qué significa? Lo mismo que en Acindar, pero de otra forma: aumentar la productividad con menos empleo. Se buscaría achicar planteles de tercerizados vía eventuales despidos cuando termine la vigencia de los acuerdos a fin de julio (vigencia extendida por el acuerdo de UOM), a lo que cabe agregar que la responsabilidad no recaería directamente sobre Techint, sino sobre las contratistas a las cuales se les rescindirían contratos. La idea de Tenaris es que los trabajadores propios o directos absorban las tareas que hacían los contratistas. En inglés se llama insourcing. La diferencia es que no sería parte de una política de pase a planta de tercerizados (como piden delegados desde hace años) sino de eliminación de puestos y adición de tareas a los directos: más flexibilidad interna. Actualmente solamente en la planta de Campana que produce tubos sin costura los directos son 2.700, los contratistas unos 1.000 más.

La lógica de la tercerización laboral supone, como característica básica, la desresponsabilización sobre los trabajadores contratistas. Si bien existe responsabilidad solidaria, esta es ex post y difícilmente llega. Incluso así, intentaron eliminarla de la Ley de Contrato de Trabajo en la propuesta de reforma laboral de Cambiemos de 2017, modificando el artículo 30. La tercerización laboral fue desplegada desde mediados de los ’80 como parte de una estrategia del empresariado concentrado –encabezado ya en aquel entonces por Funes de Rioja— y fue especialmente desarrollada en estos grupos siderúrgicos, Acindar y Techint. Casi la mitad de los trabajadores (un 44,3%) de las tres principales plantas fabriles siderúrgicas que explican el 77% del acero crudo del país estaban en 2014 bajo un vínculo de tercerización. Es decir, no estaban empleados directamente por las empresas sino por contratistas, en peores condiciones de trabajo y menores salarios. En 1990 ese nivel de incidencia de la tercerización se había ubicado en un inicial 7,4%, llegando al 22% en el año 2001 luego de una década de reconversiones y tercerización, y alcanzando un pico en los años siguientes de posconvertibilidad hasta tocar el 50% [2].

La tercerización funciona cíclicamente, de la mano de la actividad económica. En estas fábricas, la tercerización creció en una etapa de expansión económica y productiva post 2001 y a la inversa, la tercerización laboral merma, es decir, se producen despidos de trabajadores contratistas, en etapas de recesión económica como se observó a fin de la década de los ’90 y desde 2016 a esta parte. La pandemia es otro momento para deshacerse de los que menos valen, los trabajadores “de segunda”: los tercerizados.

ATP para Techint

“Pero si el Estado te paga el 50%, te baja las contribuciones sociales al 95% y a la vez sos una multinacional que no está radicada acá y que está exportando, ¿no vas a poner nada?”, resume un delegado de Comisión Interna con experiencia. Podríamos agregar que en el caso de Techint, su domicilio es desde 2011 Luxemburgo, país calificado como guarida fiscal por Tax Justice Network (índice de guarida fiscales corporativas) y que en este continente una serie de países (como Francia, Dinamarca, Polonia y Austria) tomaron medidas en la pandemia de castigo fiscal hacia aquellas empresas con domicilio offshore. Básicamente las dejaron afuera de los megapaquetes de asistencia europeos que ascienden a dos dígitos sobre el PBI [3].

El cobro de ATP de abril fue muy abarcador para el caso de Techint, incluyendo a gerentes, supervisores y jefes de sectores, alcanzando a 4.000 trabajadores de la fábrica de Campana. En Ternium Siderar la cifra redondeada está en unos 6.000 empleados. La transferencia de dos salarios mínimos por cada uno de los 10.000 trabajadores significa, solo en abril, $337,5 millones de pesos para las dos principales fábricas de Techint. Repitiéndose en mayo la cifra roza los $700 millones. El viernes 15 circulaba información por el WhastApp de las fábricas donde mencionaban entre sorpresa y enojo a los “planeros”, con los nombres del CEO de Ternium, del Gerente de Relaciones Industriales de Tenaris o de los jefes de acería de ambas fábricas del grupo. Todos recibiendo salario complementario.

Martín Berardi, CEO de Ternium. La ancha manga del Estado.

Además, la empresa al 28 de abril ya había pagado el mes (lo cual hace presumir que estaba en condiciones de hacerlo), por lo cual informó a los trabajadores que el beneficio del ATP cobrado días más tarde se lo imputarán al salario de mayo, que estará acompañado también del 50% de ATP para ese mes. Se daría entonces el caso en el que Techint no tendría directamente que pagar salarios ese mes y, una inusitada situación no prevista en la resolución 408/200 del Ministerio de Trabajo: que le reste saldo a favor en caso de respetarse el 80% de suspensiones.

El objetivo de la generalización de ATP fue, sin lugar a dudas, ganar celeridad en la llegada de la ayuda. No demorar era central y las propias tardanzas y trabas en la implementación de los créditos bancarios que existieron en la primera etapa de anuncios durante abril abrieron un tiempo de descuento para las decisiones posteriores, como el salario complementario. Y la llegada de este keynesianismo invertido a grandes empresas, al decir de Álvaro García Linera, coincidió con el acuerdo de salarios a la baja en la industria.

El acuerdo CGT-UIA tiene una lectura que no es lineal. Sirve para poner el piso del 75% (para nada menor en casos como metalúrgicos Rama 17 que habían firmado 70%, al igual que Smata, entre otras actividades que perfilaban hacia acuerdos peores, como pasteleros, petroleros de Vaca Muerta o construcción), pero también abre la puerta para que avance la estrategia empresarial de bajar salarios, que trasciende a la pandemia. Y cuando se abre esa puerta, se corre muy peligrosamente el margen de la negociación, limitando la acción sindical de aquellas organizaciones que lograron construir con muchas dificultades un importante poder de fuego que les permitió acordar salarios por encima del promedio en tiempos difíciles, durante el macrismo. Hay sectores que se benefician de la estandarización, y sectores que no. Ante esta situación, cabe considerar que la eventual salida o flexibilización de estos subsidios (¿al ritmo de la flexibilización de la cuarentena?) podría hacerse –ahora sí, con más tiempo— evaluando sectores, y adentro de los sectores, casos.

¿Cuáles son las contradicciones hoy? Por caso, la multinacional Acindar ArcelorMittal (principal productora de acero del mundo) cobra ATP, pero su empresa tercerizada más grande, Cooperar 7 de Mayo –que hace tareas productivas o del core business en la fábrica— no tiene ningún subsidio salarial por ser cooperativa y por ende queda afuera del salario complementario y, al mismo tiempo, tampoco recibe el aporte que le correspondería de Acindar porque arbitrariamente la dejó afuera del acuerdo de suspensiones al 80%.

Las amenazas de desvinculación (Techint) o de deslocalización (Acindar) muestran que la estrategia de golpear para negociar no es sólo adjudicable al histórico vandorismo, sino que es un recurso básico que se usa tanto de un lado como del otro. A estos primeros golpes les sucedieron nuevas formas de avanzar en mayor productividad aún en este contexto de pandemia y crisis global. Soñar con una pandemia que deje mejores condiciones ex post no es patrimonio del progresismo: es el mismo anhelo que tienen las grandes empresas en la relación capital-trabajo. El freno de mano con el decreto anti-despidos que dispuso el gobierno nacional fue fundamental para suturar una importante pérdida de empleos (el informe de CEPA así lo constata [4]), aunque no logra evitar hacia adelante que la estrategia de estas grandes siderúrgicas corra por nuevos carriles, más creativos y con menos ruido mediático.

[1] En el año 2000 Acindar fue vendida primero a la empresa belgo-brasileña Belgo Mineira (una de las primeras empresas siderúrgicas de la historia de Brasil y de nuestra región, creada allá por 1920) y luego pasó de mano por segunda vez al conglomerado europeo Arcelor en el año 2005 (fusión de Aceralia y Usinor). Una nueva fusión sobrevendrá en 2007 cuando Arcelor y Mittal Steel se junten para ser la principal empresa siderúrgica del mundo, con plantas en Asia, en Europa y América.
[2] Un desarrollo más amplio de la investigación se encuentra acá: Strada, Julia, “Tercerización laboral en la industria siderúrgica en Brasil y Argentina a partir del cambio de siglo: cuantificación y análisis del fenómeno, Revista Teoría Jurídica Contemporánea, UFRJ, 2019. Link: https://revistas.ufrj.br/index.php/rjur/article/view/24788
[3] En este informe de CEPA analizamos el tamaño de los paquetes fiscales en países seleccionados de Europa, América y Asia. Link: https://centrocepa.com.ar/informes/248-pandemia-global-receta-global.html
[4] https://www.centrocepa.com.ar/informes/249-el-impacto-del-aislamiento-en-el-mercado-de-trabajo-cuantificacion-de-despidos-suspensiones-y-reducciones-salariales-entre-el-15-de-marzo-y-el-15-de-abril.html

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CORTARLES EL CHORRO

Los poderosos del país se muestran pero no para solicitar amablemente, sino para poner condiciones

POR VICTORIO PAULÓN

Con la aparición pública de la Asociación de Empresarios argentinos (AEA), el poder económico se expresa ahora a través de su estado mayor. Ahí se concentran los más poderosos, los propietarios de la gran porción del mundo económico —Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Luis Pagani, Cristiano Rattazzi, Alfredo Coto, Federico Braun y otros pesos pesados— y su postura es clara: fin de la cuarentena y evitar el default.

Su trayectoria es siempre elocuente. Aparecieron públicamente al final del gobierno de Isabel Perón, promovieron una huelga patronal, hegemonizaron la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) que fue el brazo ejecutor de la desestabilización al gobierno peronista de esa época. Refundados desde el 2001, sus apariciones públicas no son para solicitar amablemente sino para poner condiciones a gobiernos y sociedades.

La grasa de las capitales

“Ramona pidió, imploró, rogó, durante dos años por una solución habitacional porque vivía hacinada. Gritó en los medios, gritó en La Garganta Poderosa y sigue gritando. Pasó 12 días sin agua corriente, hoy tiene Covid-19 y está intubada. ¿Y ahora?” La comunicación es fehaciente, la guerra está declarada y el gobierno local se encuentra paralizado por sus prejuicios de clase. La Grasa de las Capitales fue un disco de Serú Girán que irrumpía apuntando contra la frivolidad de una sociedad que aceptaba la convivencia con la miseria y las diferencias de clase como algo lógico. ¿Cómo imaginar siquiera que funcionarios del chetaje más rancio pueden pensar en aislar en hoteles de cuatro o cinco estrellas que están vacíos a centenares de personas que no conocen esas comodidades? Eso estaba bien para los viajeros que venían de Europa… ¡Esperan que cumplan la cuarentena apiñados en sus hogares de 3×3 con cuatro o cinco habitantes que duermen juntos!!!

Ramona Medina convive con seis personas. Cuatro son pacientes de riesgo.

El campo de batalla de la peste es la CABA, ahí donde más se nota la transformación social de la pandemia. Importada por los sectores medios y altos que paseaban por el mundo, terminó haciendo eclosión en las villas y los barrios más humildes por la transmisión de cercanía del personal de casas de familia obligado a trabajar por sus patrones que llevó el virus a sus humildes viviendas. La cuarentena de country de los primeros casos les justificó el aislamiento; ahora la bandera es abrir la economía y que pase lo que deba. La Villa 31 (Barrio Padre Mujica) debió soportar más de una semana sin agua, y un número exponencial de casos hizo que la sociedad televisiva descubriera el hacinamiento. La curva de contagio va creciendo exponencialmente, en estos días concentra la mayoría de los contagios de todo el país.

El núcleo más dinámico de los sindicatos de Capital nucleados en ambas CTA porteñas (docentes de UTE, Sindicato del Subte, estatales de ATE Capital y otros) se han expresado con claridad resistiendo la apertura de la actividad comercial que impulsa el jefe de Gobierno H.R.L. y solicitando que se retrotraiga el ASPO a la Fase 2. Dirigentes de las dos CTA firmaron un documento conjunto exigiendo ser parte del comité de crisis que toma las decisiones para preservar la vida y la salud de los trabajadores y los ciudadanos que acceden a los servicios públicos. El metrodelegado Roberto “Beto” Pianelli lo expresó con claridad: “No vamos a permitir que todo lo que conseguimos luchando y en la paritaria lo dilapidemos en una acción irresponsable de parte de las patronales o del gobierno de la Ciudad. Por eso exigimos que se forme de inmediato una comisión para que discutamos de qué manera se vuelve al trabajo y a dar servicios. Hay que tener en cuenta que el transporte y todos los hospitales son los lugares de mayor contagio en todo el mundo”.

De acá no te llevás nada

Una voz en el teléfono: el intendente de Villa hizo pública la amenaza del vocero.

El CEO de Acindar, Marcelo Marino, se comunicó con el intendente de Villa Constitución Jorge Berti para comunicarle que estaba tomada la decisión de llevar a Brasil el 50% de la producción de la planta local. Nada justifica esta desmedida amenaza. Ni las razones esgrimidas son verdaderas: dificultades con el personal y conflicto con los delegados y la Comisión Interna. La verdadera razón era que la planta estaba paralizada por el decreto presidencial de aislamiento social. La excusa desapareció y tras acordar el protocolo con el comité mixto de seguridad e higiene se empezó a trabajar en 3 turnos.

Lakshmi Mittal, chatarrero de origen indio, concentró su fortuna comprando acerías quebradas en el este europeo tras la caída del muro de Berlín. Su expansión vertiginosa lo llevó en el año 2006 a comprar a su propia competencia, Arcelor, que era a su vez la fusión de siderúrgicas privatizadas de Francia, Usinor Sacilor, y de España, Aceralia, que asociadas al grupo luxemburgués Arbet crearon Arcelor. Su pasado reciente de reestructurar y cerrar acerías en el mundo obliga a tomar en cuenta la amenaza. Su personero en la argentina, Jefferson de Paula, fiel interprete de su partitura, dejó tras su paso un tendal de ingenieros y gerentes locales a quienes despidió impiadosamente cuando estuvo a cargo de la gestión. Gente de avería, capaz de cualquier maniobra, que obliga a tener cuidado.

El único límite que reconocieron siempre fue la presencia de la UOM local y las comisiones internas, tanto en Villa Constitución como en la Matanza. Ahora lo ponen como excusa porque en Brasil los derechos laborales están siendo pisoteados por el gobierno de Bolsonaro. La post pandemia en Europa está encontrando una salida en la nacionalización de muchas empresas. Alberto Fernández sigue muy atentamente esos procesos y tal vez se encuentre con esa salida como alternativa. Cada día suenan con más fuerza la Junta Nacional de Granos y el IAPI, tan antiguos como el lavado de manos y quedarse en casa.

El único ausente de la escena es Antonio Caló, quien deambula sin entender lo que pasa en su propio gremio. Esta semana sumó una nueva disputa interna vinculado a su obra social con pacientes de la seccional Matanza. Su ausencia al frente de los conflictos es tan notoria que un ex secretario general del interior, con marcada tonada, ha comentado a voz en cuello que, si la propia Iglesia le designó un reemplazante en vida a Joseph Ratzinger, “¿por qué la UOM no puede hacer lo propio si tiene en su interior varios Bergoglios?”. La crisis de las obras sociales se torna dramática en tiempos de pandemia. El gerenciador, Raúl Olmos, más ocupado del negocio de los medios que de la salud de la familia metalúrgica, es el foco de los reclamos sin respuesta.

Se viene el cambio de golpes

La escalada de hechos y declaraciones tensa la relación entre los mismos contendientes de siempre: “un arriba nervioso y el abajo que se mueve”. Tras un round de estudio y confinamiento, la voracidad de las empresas obtuvo sus primeros golpes. El funcionamiento de las sucursales de Coto y otras grandes superficies pese a casos sospechosos y confirmados, la desesperada carrera para liquidar el DNU de Alberto que preservaba los ingresos de centenares de miles de suspendidos de todos los rubros, los acuerdos rápidos con las cúpulas sindicales para legalizar la operatoria y otras descaradas maniobras como la de Cremolatti, que dejó helados a todos al descontar los $ 10.000 de la IFE perteneciente a sus empleados de sus propios salarios. Disco, Vea y WalMart fueron denunciados por violar la ley de precios y abastecimiento. Hay un caso por todos conocido gracias al periodista y presentador Beto Casella, que despachó un directo a la mandíbula de Adrián Suar: “Yo no puedo creer que en 20 ó 30 años de prosperidad y éxitos, no tengas ahora un restito para pagarles a los trabajadores durante 2 meses de cuarentena. O sos un garca o un pésimo empresario”. Pudo leerse en las redes que cuatrocientos trabajadores de la productora Pol-ka se quedaron sin percibir sus salarios y con incertidumbre sobre su futuro.

El gremialista portuario Adolfo Barja (SUTAP) denunció una maniobra para concentrar más aún las terminales portuarias en manos de un puñado de empresas que controlan el comercio exterior y nuestra moneda, el tráfico aduanero y la soberanía de nuestras aguas. El complejo agroexportador factura 25.000 millones de dólares pero mediante maniobras fraudulentas y evasión impositiva no dejan nada para el país. “A cambio del comercio con soja a países asiáticos nos venden miles de productos que destruyen la industria nacional. El monocultivo genera daños ambientales y de salud enormes y su sociedad con terratenientes y pooles de siembra define la política nefasta que nos ha convertido en un país sin soberanía real”, afirmó. A la sombra de esta catarata de dinero medran empresas contratistas y sindicalistas corruptos que hacen la vista gorda al precio de los fletes y los tráficos de mercaderías dudosas.

Silvina García Larraburu en buena compañía para bancar su proyecto.

Convencida de que no alcanza con las intenciones del gobierno de Alberto, el 8 de mayo de 2020 la senadora rionegrina Silvina García Larraburu volvió a presentar, por cuarta vez, un proyecto para crear una Junta Nacional de Granos como la que existió entre 1933 y 1991. En agosto de 2019, el ahora canciller Felipe Solá sugirió la recreación de ese organismo para abaratar en última instancia los precios del pan. El secretario adjunto nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que “es hora de que el país vuelva a tener una Junta Nacional de Granos”

Las buenas intenciones tapizan el camino de los infiernos. Como en el caso de los bancos que se negaron a dar créditos para mover la economía ni siquiera teniendo por garante al Estado, no hay acuerdo en quiénes deben financiar la salida de la crisis, aunque ya está estampado sobre el mapa de la Argentina que hará falta más Estado. Un clamor popular debe acompañar las medidas de gobierno. En un diálogo cada vez más ríspido, las empresas se quieren salvar en soledad sin respaldar a un Estado pasado de deudas, con poca recaudación y cero financiamiento. Lo de Clarín contra el gravamen extraordinario sobre las grandes fortunas es descarado. Avisan de un proyecto de empresarios para que se tome a cuenta del pago de ganancias. O sea que finalmente no pondrían nada. Aunque cuesta creerlo existen empresarios que acceden al subsidio ATP y compran dólares.

Sazonan sus exigencias con despidos y sanciones, todo rodeado de patotas y represiones que fortalecen las amenazas de muerte que profieren a los insumisos que los enfrentan.

Las leyes que ordenen la vuelta

La desesperación por poner nuevamente en marcha el aparato productivo cuando la pandemia aún no ha llegado al pico va imponiéndose a cómo dé lugar. La necesidad de protocolos para preservar el aislamiento y el no contagio se puede garantizar con la implementación de los comités mixtos de seguridad e higiene. Un proceso inconcluso de varios años que tuvo su mayor desarrollo en la provincia de Santa Fe. La idea fue planteada por el propio Beto Pianelli en la reunión entre Alberto Fernández y la Mesa de la CTA. La reacción del Presidente fue de mucho interés, pero no lo fue la respuesta del Ministro de Trabajo, que sí conoce del tema. La vieja traba viene de parte de los dirigentes sindicales que quieren tener el monopolio total de la representación de los trabajadores y temen que un nuevo espacio de representación en ese ámbito acabe con el unicato.

El proyecto de ley o decreto presidencial que obligue a la preexistencia de comités mixtos de seguridad e higiene va a ser presentado por el referente de los maestros Robi Baradel, en la comisión del congreso como propuesta sindical para garantizar la salud de los trabajadores que están con tareas esenciales y los que se vayan sumando. Son demasiados los casos, que van desde el frigorífico de Quilmes, hospitales  y centros de salud incluidos geriátricos y supermercados varios. Las patronales solas no aplican protocolos eficientes. No quieren. No pueden y no deben.

Con Alberto no alcanza

La aparición pública de Pablo Moyano repudiando las rebajas salariales y hablando del próximo congreso de la CGT del mes de agosto empieza a sacudir la modorra superestructural de los dirigentes nacionales de la vieja Central. Reuniones de la Mesa Chica, de la Mesa Chica Ampliada, etc., dan cuenta de un clima creciente de malestar en las bases sindicales por la falta de iniciativa frente a lo que puede ser el pico superior de la pandemia. Haber aplanado la curva cuando la región estallaba pone en peligro la apertura económica cuando los contagios se espiralizan. La mesa de Los Seis que encabeza la UIA ha generado una ilusión de consensos que no está logrando devolver las expectativas crecientes en políticas concretas, Definitivamente, nada de esto se hubiese logrado sin la voluntad política de Alberto, pero solamente eso es insuficiente.

El coronavirus está escaneando a la humanidad. Hasta lo invisible sale a la luz y las contradicciones más ocultas ganan la superficie. El día después será hijo de esta nueva lógica necesariamente rupturista con el viejo orden. La pandemia es la culminación de la crisis que estalló con la caída de Lehman Brothers y en el medio sólo hubo más de lo mismo en dosis cada vez más grandes. No se puede salir de esta recesión inédita sin una ruptura profunda con la lógica neoliberal. Hoy en la Argentina no se visualiza ninguna alternativa que lo exprese. Las medidas serán reflejo de la correlación de fuerzas y de la voluntad política colectiva y de la organización para sostenerlo, no sería la primera vez que la miopía mezquina de quienes representan en todos los niveles al conjunto de los argentinos transforme el sueño en una pesadilla.

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El Estado al rescate del mercado de medios

El gobierno argentino lanzó el programa “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” (ATP) para que las empresas privadas se inscribieran y el Estado, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social, abonara hasta el 50% de los salarios de sus trabajadores (hasta los $33.000).

Fueron más de dos millones de trabajadores los que percibieron una parte de su sueldo por esta medida. En un primer momento este programa estuvo diseñado para las empresas que vieron afectada su actividad por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio pero en una segunda etapa este requisito se extendió y fueron incluidas empresas no tan afectadas. En este último rubro ingresaron las empresas de medios de comunicación, que si bien siguieron con un funcionamiento normal durante la cuarentena y aumento de audiencias, también registraron una disminución de ingresos publicitarios.

De esta manera, el Estado ha salido al rescate de muchas empresas de medios con problemas para el pago de salarios en el mes de abril y ya se anunció que hará lo mismo en mayo. A esta industria, además, la asiste con una fuerte inversión en publicidad oficial que alcanzó los $600 millones en el primer mes de cuarentena según el Secretario Francisco Meritello.

Industria Gráfica

Editorial Atlántida: pago con ATP y salarios fraccionados

Publiexpress: despidos

Diario Popular: pago con ATP y salarios fraccionados

AGEA – Diario Clarín: pago fraccionado sin ATP

La Nación: pago completo sin ATP

Publi Revistas (La Nación): pago completo con ATP

Página 12: pago completo sin ATP

Editorial Perfil: pago completo con ATP

Ámbito Financiero: pago completo con ATP

Diario Crónica y BAE: pago fraccionado sin ATP

Agencia NA: pago completo con ATP

Letra P: pago completo sin ATP

Infobae: pago completo sin ATP

Televisión y audiovisual

Net TV: pago completo sin ATP

Telefe: pago completo con ATP

América: pago completo sin ATP

ARTEAR (Canal 13-TN): pago completo sin ATP

Crónica TV: pago completo con ATP

Canal 9: pago completo sin ATP

C5N: pago fraccionado con ATP

Torneos: pago fraccionado con ATP

Disney y Fox: pago completo sin ATP

Radios

Radio Perfil: completo sin ATP

Radio 10 e Indalo Radios: completo con ATP

Radio Mitre y La 100: completo con ATP

Radio Metro: completo sin ATP

Cadena 3: completo con ATP

Rock and Pop, Rivadavia, Splendid, Colonia, Blue: completo con crédito sin ATP

AM 750: fraccionado con ATP

La Red: complete sin ATP

Aspen y Like: pago normal sin ATP
Los 40 y Continental: pago normal sin ATP

Radio Del Plata: fraccionado con ATP

Radio Cultura: completo con ATP

Ingresaron al ATP (1)

En un contexto donde los trabajadores son despedidos sin invervención del Ministerio de Trabajo y no se homologan paritarias desde 2018 en algunas actividades, el Estado va al rescate de la actividad (como en otras ocasiones”. Para Agustín Lecchi, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, “genera mucha impotencia que quienes despiden y atacan los salarios, aun en el marco de la pandemia y con la prohibición dispuesta por el gobierno, especulen con la ayuda del Estado. Debemos avanzar en una política integral que obligue a los empresarios a cumplir las leyes laborales para recibir apoyo estatal”.

Si bien el escenario requiere solucionar problemas urgentes y muy coyunturales, el rol demostrado por el Estado en esta crisis económica invita a repensar su capacidad de control e incidencia en el financiamiento del sistema. La discusión de una ley integral de publicidad oficial, la aplicación correcta de la Ley Audiovisual para que empresarios no violen derechos laborales y el accionar del Ministerio de Trabajo son cuestiones que deben acompañar la acción asistencialista para generar un mercado de medios de comunicación que cumpla con sus obligaciones, respete los derechos de sus trabajadores y cumpla su rol social democrático y cultural.

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