Colombia. ALBA Movimientos denuncia asesinatos y violación de derechos humanos

Resumen latinoamericano, 24 abril 2020

Como ALBA Movimientos, rechazamos y denunciamos de forma enérgica los asesinatos sistemáticos de los que son víctima los y las compañeras de las organizaciones sociales y populares de Colombia. Solamente en este 2020 debemos contar con aproximadamente 80 líderes, lideresas, y 19 ex combatientes en proceso de reincorporación asesinados. Lamentablemente tenemos que informar cifras aproximadas porque aumentan día a día. Parece una obviedad pero esas cifras son vidas apagadas, familias, comunidades, pueblo. Son caras y nombres que pasan al olvido para el estado colombiano y la comunidad internacional.

Desde el 6 de marzo, fecha de aparición del primer caso de COVID-19 en Colombia, han sido asesinados/as más de veinte líderes y lideresas sociales, entre ellos los líderes campesinos Teodomiro Sotelo Anacona, Andrés Casimance Burbano, Marco Rivadeneira, Carlota Isabel Salinas, Mario Chilhueso, Jesus  Albeiro Riascos y Sabino, y Hamilton Gasca Ortega, asesinado junto a sus dos hijos. Todos ellos integrantes de procesos regionales vinculados al Congreso de los Pueblos y a la Marcha Patriótica respectivamente, organizaciones populares que integran nuestra articulación continental. Nos solidarizamos y exigimos justicia por los y las compañeras asesinadas de las diferentes organizaciones populares en ese país.

Rechazamos de la misma manera las constantes amenazas y desplazamientos de los que han sido víctimas parte de la dirigencia y las organizaciones de base del Coordinador Nacional Agrario -CNA, el Congreso de los Pueblos de Colombia, los y las compañeras de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, y los líderazgos regionales de la Marcha Patriótica.

Como organizaciones y plataformas internacionales de movimientos sociales, políticos y de Derechos Humanos  venimos denunciando la situación de vulneración y falta de garantías en el ejercicio de los derechos humanos de los líderes, lideresas de las organizaciones campesinas e indígenas en nuestro hermano país colombiano.  Hemos sido testigos de la sistematicidad de la violencia ejercida en los territorios. Denunciamos que en Colombia se sufre un Terrorismo de Estado expresado por la connivencia de la fuerza pública con las estructuras paramilitares, las ejecuciones extrajudiciales, la criminalización de los liderazgos y la nula voluntad por parte del gobierno de Iván Duque en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Insurgencia.

Las instituciones del Estado colombiano y sus gobernantes son absolutamente responsables por su falta de compromiso con la sociedad colombiana en cumplir su mandato de construir la paz y un país con justicia social.  Las comunidades y sus procesos organizativos que defienden la vida en los territorios, en el marco de la crisis humanitaria provocada por la pandemia del coronavirus vienen de manera propositiva organizando redes de apoyo de soberanía alimentaria para atender las necesidades de su población. Sin embargo, deben enfrentar el asedio y la muerte todos los días.

Hemos recibido la denuncia  de cómo además del confinamiento por ocasión del COVID-19,  las comunidades y sus líderes/as se han visto expuestos a un recrudecimiento de la violencia en sus territorios por la presencia de distintos grupos armados, entre disidencias, paramilitares, narcotráfico y fuerza pública.

Desde ALBA Movimientos DENUNCIAMOS estos hechos que se vienen presentando desde el mes de marzo, hasta la fecha, dirigidos contra los procesos y dirigencia del Coordinador Nacional Agrario, el Congreso de los Pueblos, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria y Marcha Patriótica, movimientos que hacen parte de nuestra articulación. Por lo anterior, EXIGIMOS:

▪          La desmilitarización de los territorios, la protección y restablecimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos humanos. En el marco de esta crisis y la vulnerabilidad de las comunidades el Estado debe actuar con urgencia buscando soluciones para la población y estableciendo mecanismos de protección.

▪          Cesen los atentados y amenazas a la vida de las comunidades de los Departamentos del Cauca y el Putumayo principalmente.  El gobierno y las instituciones competentes deben brindar las garantías para la vida digna de la población campesina, y de las comunidades indígenas y negras. 

▪          Se implementen de manera total los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, donde se contemplan mecanismos de acompañamiento y verificación, junto a organismos internacionales, y se diseñaron mecanismos de protección especial a las personas que han sido vulneradas en sus derechos y han sido víctimas de desplazamiento forzado.

▪          Se investiguen y se haga justicia por el asesinato de los líderes campesinos, los mas recientes Marco Rivadeneira, ocurrido el 19 de marzo en el Departamento del Putumayo; Carlota Isabel Salinas, ocurrido el 25 de marzo en el Departamento de Bolívar, Hamilton Gasca Ortega y sus hijos ocurrido el 04 de Abril en el Departamento del Cauca, Teodomiro Sotelo Anacona y Andrés Cansimance Burbano, ocurridos el 17 de abril en el Departamento del Cauca; Mario Chilhueso ocurrido el 19 de abril en el Departamento del Cauca; Hugo De Jesús Giraldo López en Santander de Quilichao; Los jóvenes de la vereda Agua  Clara y del corregimiento San Juan del Micay, Jesus  Albeiro Riascos y Sabino. Estos tres últimos, asesinados este 22 de abril.

Hacemos un LLAMAMIENTO INTERNACIONAL a todos los movimientos y organizaciones de Derechos Humanos en toda Nuestra América a pronunciarse sobre estos hechos y adelantar acciones de verificación e investigación sobre la grave situación de las comunidades. Y a través de la denuncia exigir al gobierno colombiano asuma su responsabilidad y compromiso con la paz de Colombia.

Enviamos toda nuestra solidaridad y nuestro amor fraterno a las familias de los y las lideresas asesinadas, a sus comunidades y a sus organizaciones que defienden la vida, los bienes comunes del pueblo colombiano, y construyen a diario paz con justicia social.

Para adhesiones al comunicado, enviar nombre y organización a comisioncontinentalpaz@protonmail.com


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