Perú. El Tribunal Constitucional debate 2 demandas a favor de pueblos indígenas y el medioambiente

Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2020

En el Día de la Tierra, recordado el 22 de abril de cada año, el Tribunal Constitucional debatirá hoy dos demandas de inconstitucionalidad que apuntan a proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas sobre sus territorios y la fiscalización de los daños ambientales generados por las actividades extractivas.

Casi cinco años atrás, en abril de 2015, más de 10 mil ciudadanos firmaron a favor de una demanda de inconstitucionalidad contra dos decretos de la Ley 30230, también conocida como el ‘paquetazo ambiental’, que viola los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios y debilita las facultades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para vigilar el daño ambiental de las empresas mineras y petroleras.

Según la demanda, promovida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Red Muqui y otras organizaciones, la Ley 30230 no reconoce la posesión ancestral ni la ocupación tradicional de las comunidades indígenas sobre sus tierras. Y es que según el artículo 14.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyas disposiciones son de alcance constitucional, “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Artículo 14.1 del Convenio 169 de la OIT.

El Tribunal Constitucional, encabezada por la magistrada Marianella Ledesma, también tendrá que discutir sobre la presunta inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley 30230 que reducen el presupuesto y las facultades sancionadoras de OEFA sobre las empresas que no toman medidas para prevenir o reparar el daño ambiental que generan sus proyectos extractivo al interior del país.

Caso corredor minero

El otro caso que el Tribunal Constitucional tiene en su agenda de hoy es la demanda que en enero de este año presentó el Colegio de Abogados de Canchis (Cusco), con el apoyo de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco y el Instituto de Defensa Legal (IDL), contra los decretos de urgencia aprobados durante el Estado de Emergencia en el corredor minero que beneficiarían a la minera Las Bambas por encima de las comunidades campesinas de Chumbivilcas (Cusco) y alrededores.

Como se recuerda, a mediados del año pasado, 18 comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) bloquearon ocho tramos de la carretera por donde la minera china MMG transportaba el cobre que extraía de su proyecto minero Las Bambas. El origen de las protestas surgió cuando la empresa dejó de trasladar sus minerales a través de un mineroducto, para desplazarlos en camiones que contaminaban las casas con grandes cantidades de polvo.

En ese contexto, el Gobierno peruano declaró en Estado de Emergencia esa zona del corredor minero por 30 días y aprobó dos decretos que perjudicaron aún más a las comunidades. Se trata de los decretos de urgencia 026-2019 y 027-2019, que establecían la «liberación y expropiación» de tierras ocupadas por comunidades campesinas de los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas en la región del Cusco.

Frente a este caso, el TC pondrá en debate si los decretos de urgencia aprobados durante el Estado de Emergencia violan los derechos de las comunidades campesinas a la consulta previa, a la propiedad de sus territorios, a la identidad cultural y al derecho al propio modelo de desarrollo.

Fuente: Wayka

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