Argentina. Observatorio gremial. “Las condiciones están para discutir una planificación estratégica del Estado distinta, de la mano de los movimientos populares”/ Trabajo: cara a cara con la pandemia … (Más información)

Resumen Latinoamericano */ 21 de abril 2020 .-

“Las condiciones están para discutir una planificación estratégica del Estado distinta, de la mano de los movimientos populares”

Los movimientos de trabajadores y trabajadoras de la Economía popular y las organizaciones sociales están desarrollando diferentes estrategias colectivas para hacerle frente a la pandemia y sobrellevar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que dispuso el gobierno. Panorama de los movimientos sociales en tiempos de Coronavirus. Por Mario Hernández.


Esteban Gringo Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), señala la importancia de que se pueda poner el eje en muchos de los planteos que desde este sector se vienen haciendo hace años.

Para hacerle frente, el sector organizado ha podido construir alrededor de 10.000 comedores en el país sostenidos por vecinas que han abierto las puertas de su casa para que los niños y niñas no pasen hambre.

Comenta que a raíz del aislamiento se han podido organizar de modo que la comida sea entregada en viandas a los hogares,“apostando a que nuestro pueblo no pase necesidad”, señala. Con la dificultad que representa para el sector esta situación ya que, “la economía popular se desarrolla en la calle y en los barrios”.

Esteban Gringo Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)

Remarca la importancia de que en este contexto se dé lugar a los planteos que vienen llevando adelante desde este sector desde hace muchos años, como tener registro de todos los trabajadores y trabajadoras y formar promotores de salud, ambientales y deportivos que articulen el Estado con los barrios.

“Están dadas las condiciones para discutir una planificación estratégica del Estado, distinta a la que se viene desarrollando en el país, Latinoamérica y el mundo.”

El secretario de la UTEP reflexiona también sobre la necesidad de que se reconozca el trabajo que vienen llevando adelante desde el sector y que se garanticen los derechos que corresponden, y en esto, el Salario Social Complementario es una herramienta que permite recuperar los derechos perdidos por los trabajadores desde la dictadura hacia acá. Y es también un aporte al mercado interno porque aumenta el consumo: “no es que el Estado me da plata, es que yo trabajo y necesito un complemento salarial que me permita recuperar los derechos laborales”.

En relación a este último punto, señala: “Queremos trabajo, pero también ser parte de un planteo que no ponga el eje estrictamente en el consumo guiado por las grandes corporaciones”.

La Cooperativa Productores de Puerto Piray (UTT) repartiendo su producción solidaria y gratuitamente en el barrio Las Marías, de la localidad de Puerto Piray, en el norte de la provincia de Misiones. Foto: UTT

Nahuel Levaggi, dirigente de la UTT, asumió como Director del Mercado Central

“Buscamos garantizar alimentos sanos a precios justos para el pueblo, y un trabajo digno para el productor”, dijo Nahuel Levaggi, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la organización que protagonizó los “Verdurazos” en los años macristas, ahora que es el nuevo Director del Mercado Central.

Surgida en 2010 para agrupar a pequeños productores que viven y trabajan en y de la tierra, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) agrupa en la actualidad alrededor de 16.000 familias en 15 provincias del país y es la organización que ha creado el Primer Mercado Mayorista Agroecológico y una extensa Red de Comercialización de Productos Cooperativos.

Nahuel Levaggi es el Coordinador Nacional de la UTT, una de las organizaciones que agrupa a quienes producen alimentos en Argentina, realidad de la que viven –según cifras de 2019 del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF)– unas 200.000 personas.

Junto a otras expresiones del sector, el año pasado la UTT impulsó el Foro Agrario por un Programa Soberano y Popular, que se propuso promover una Ley de reparación histórica de la agricultura familiar, fomentar el arraigo a la tierra y la agroecología como política de Estado, apuntalar la democratización de las estructuras del sector público agropecuario con integración de las organizaciones sociales y democratizar las cadenas de comercialización, entre otras cuestiones.

A fines de marzo, en medio de la pandemia del Coronavirus, Nahuel Levaggi asumió la dirección del Mercado Central de Buenos Aires, el sitio que comercializa todos los meses unas 100.000 toneladas de frutas y verduras de todo el país.

Nahuel Levaggi, dirigente de la UTT, asumió como Director del Mercado Central

Precios: «Nuestro compromiso es que a nadie le falte comida»

«Nuestra absoluta prioridad es el abastecimiento de alimentos para todos y todas», afirmaron desde la UTT, ante el aumento de precios registrado.

Campesinos y campesinas, medianos productores y productoras, y cooperativas de todas las regiones del país, nucleados en la UTT -Unión de Trabajadores de la Tierra- emitieron un comunicado ante el alza salvaje de los precios en los supermercados y almacenes de proximidad. En el texto sentenciaron que «conscientes de la crítica situación que atraviesan las y los trabajadores de las barriadas más humildes, desde el primer día de la pandemia garantizamos mantener el mismo precio para los alimentos que producimos y comercializamos».

«Ante la declaración de la emergencia sanitaria, nos pusimos a disposición del pueblo y del gobierno en nuestro rol de productores de alimentos, y por eso hoy adherimos fuertemente al Compromiso Social de Abastecimiento», señalaron.

Agregaron además que «esta iniciativa del Mercado Central de Buenos Aires compromete a toda la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos a asegurar el abastecimiento y precios fijos, enfrentando entre todos la especulación y el aumento de precios».

Piden duplicar la asistencia a comedores y merenderos

La pandemia global del Covid-19 y las medidas de aislamiento, que consideramos necesarias y exitosas, profundizaron los niveles de pobreza y miseria que se vive en los barrios más humildes del país.

El freno de la actividad económica, que afecta en mayor medida a lxs trabajadorxs informales, genera que millones de familias encuentren su único sustento en las redes comunitarias que se organizan desde los movimientos sociales. La demanda en comedores y merenderos se duplicó en las últimas semanas y la tendencia sigue creciendo; la dinámica promete profundizar la emergencia alimentaria que sumada a la emergencia sanitaria configuran las dos principales amenazas a las que se enfrenta nuestro pueblo. La situación se repite en los comedores escolares, que son junto a los comedores comunitarios las dos principales herramientas que existen en los barrios para enfrentar el hambre. En este momento muchos comedores escolares se encuentran cerrados o sostenidos por la voluntad de sus trabajadorxs, sin condiciones mínimas de seguridad y sin recursos para hacerle frente a esta crisis. A este escenario se suman las complicaciones planteadas por la Anses para poder llevar adelante la segunda parte de la inscripción al IFE como así también los descuentos anunciados en las últimas horas para beneficiarios de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social. En este escenario donde las condiciones de vida de lxs más pobres son las que más se van a deteriorar, consideramos que es urgente una partida de emergencia que duplique la asistencia a los comedores y merenderos para poder seguir garantizando que millones de personas coman todos los días. Entendiendo el frágil escenario económico heredado de los 4 años de Neoliberalismo, y viendo que la situación de lxs más pobres no puede esperar, creemos que es necesario que el dinero necesario para abordar la emergencia venga del bolsillo de los que más ganaron, a través de algunas medidas básicas:

*Impuesto extraordinario a la riqueza

*Repatriación de los capitales fugados y puesta a disposición de la emergencia

*Suspensión del pago e investigación de la deuda

Firman: FOL –Frente de Organizaciones en Lucha, MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, MULCS-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social, MRP-Movimiento Resistencia Popular, FAR- Frente Arde Rojo/COPA, FOB La libertaria, FOB Autónoma, MTR por la Democracia Directa.

Protesta del Polo Obrero, MTR, Bloque Piquetero y otras organizaciones en el Obelisco, CABA, el pasado 16 de abril.

Cuatro millones de excluidos/as del IFE y los comedores sin alimentos

Luego de casi 30 días de lanzada la cuarentena que dejó sin ingresos a millones de trabajadoras y trabajadores precarizados/as, no registrados/as, changarines y eventuales, el gobierno anunció que más de 4 millones de personas han sido excluidas del beneficio elemental que necesitan para su subsistencia.

Las sucesivas postergaciones en la fecha de pago, las exclusiones arbitrarias y las marchas y contramarchas agravan la situación desesperante que vive una población sometida a la pandemia y abandonada a su suerte por un Gobierno que no tiene la misma demora con los bonistas y el FMI a los que les PAGA RELIGIOSAMENTE LA DEUDA EXTERNA con los recursos que son imprescindibles para la vida de millones. Para colmo la entrega de alimentos para los comedores populares SE HA DETENIDO TOTALMENTE, a partir de los escandalosos y repudiables actos de corrupción que involucraron a funcionarios del Ministerio y que agravan las enormes penurias alimenticias y sanitarias de la población más pobre. Toda esta situación fue planteada en la reunión con el ministro Arroyo el jueves 9 y, sin embargo, a la fecha no se han presentado las soluciones concretas a estos reclamos: Compra y entrega inmediata de alimentos y kit sanitarios a los comedores populares bajo control de las organizaciones sociales y trabajadores del Estado electos en sus lugares de trabajo. Por un ingreso universal básico de $ 30.000 para toda la población que permita afrontar la pandemia y reactivar la economía. ¡Basta de represión en los barrios y patrullajes en las redes! Firman:

POLO OBRERO -MTR HISTÓRICO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba. M.T.R.- M.I.D.O.– MAR, MOV 29 DE MAYO -BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU, BUEL, A TRABAJAR, – AGRUP 17 DE NOVIEMBRE – M.V. y J.S.

UTEP reclama que los sectores concentrados tienen que sostener a los más desprotegidos

“Es momento que los bancos privados, que fueron unos de los principales ganadores durante el macrismo, así como también otras empresas pongan lo que ganaron en 4 años de especulaciones”, señala la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en un comunicado.

En la sede nacional de la UTEP se realizó un encuentro entre las principales organizaciones de los Movimientos Populares y el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia para establecer lineamientos de trabajo y evaluar las acciones del gobierno hasta el momento.

Estuvieron presentes el secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, Dina Sánchez (FP Darío Santillán), Norma Morales (Barrios de Pie), Juan Grabois (MTE), Gildo Onorato (Mov. Evita), Luciano Alvarez (CCC), Ramiro Geber (MP La Dignidad) Marianela Navarro (FOL), los padres: “Tano” Angelotti (La Matanza), “Pepe” Di Paola (San Martín), “Charly” Olivero (CABA) y el obispo Gustavo Carrara.

En la reunión se coordinaron las acciones de las organizaciones que tienen presencia real en el territorio y se acordó articular la petición de refuerzo alimentario y otros tipos de recursos necesarios para el abordaje de la pandemia en los barrios populares y en los sectores populares del campo y de la ciudad. Se acordó seguir impulsando comités de emergencia por barrio y localidad para coordinar acciones en cada uno de los territorios.

También se abordó la situación de grupos especialmente vulnerables como son los migrantes, la gente en situación de calle, los/as que están atravesando una situación de adicción y las personas privadas de la libertad.

Centros comunitarios piden alimentos

Frente a la grave situación que vive gran parte de nuestra población, los centros comunitarios que integramos la Red de Centros Comunitarios Mons. Enrique Angelelli decidimos abrir nuestros espacios para ofrecer una vianda de comida a las familias de nuestras comunidades.

Como las necesidades son cada vez mayores y la ayuda estatal sigue siendo muy escasa, hacemos un llamado a la solidaridad.

Necesitamos alimentos en general y mercadería fresca en particular. Elementos de limpieza e higiene personal. También quien lo desee puede colaborar con un aporte monetario haciendo un depósito en nuestra cuenta qué será destinado a los fines antes mencionados.

Para donación comunicarse a través de uno de estos medios. También pueden hacer una transferencia bancaria al CBU que figura más abajo.

WhatsApp: 1125365092 / 1161909463 Facebook: @RedAngelelli Instagram: @redangelelli Email: donacion@redangelelli.org CBU: 0140039701511405013360

Aumentan casi al triple los fondos para los comedores escolares bonaerenses

En marzo último fueron destinados 1.100 millones de pesos al SAE y, en abril, ese monto aumentará a 2.600 millones para asistir a 1.722.000 alumnos bonaerenses.

El gobernador Kicillof formuló el anuncio en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, donde estuvo acompañado de la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, y de la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta.

Durante el acto, el gobernador mencionó además que está vigente un programa destinado a maestros y auxiliares suplentes que no pudieron tomar horas debido a la suspensión de las clases.

“Pensamos también en los que hacen suplencias, que también están interrumpidas, y por ello implementamos un programa para que puedan tener un ingreso de unos 10.230 pesos”, explicó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta, detalló que bajo la nueva modalidad del SAE “el Estado llega a las familias a partir de esta entrega de mercadería cada 15 días que equivale a unos 750 pesos por entrega”.

Denuncian incumplimientos y no pago de salarios en La Plata

Cooperativas de trabajo y organizaciones sociales platenses denunciaron al Intendente Julio Garro por incumplimiento en el pago de salarios a las trabajadoras y trabajadores cooperativistas municipales y la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios en el marco de la crisis sanitaria, que generó una caída inmediata en los ingresos de los sectores más vulnerables y duplicó la asistencia a dichos comedores en todo el país. Además, Garro formó un comité de crisis y no las convocó.

Con hambre no hay cuarentena

En la tarde de este jueves 2 de abril la policía de Santiago del Estero detuvo a dos integrantes del FOL que se trasladaban a buscar alimentos: Axel Aguilera y Rubén Pavón. Por el hacinamiento en las comisarias, el gobierno de Santiago ha habilitado clubes barriales como centros de detención. En este momento, ese es el uso que se le está dando al Club Tiro Federal de La Banda.

“Los y las trabajadoras precarizadas de la Economía popular, que viven de changas, del trabajo conseguido día a día, tienen mayores dificultades para poder mantenerse en sus casas mientras el pan de cada día falta en la mesa familiar. Es urgente que el gobierno garantice el alimento a las miles de familias santiagueñas que no pueden hacer cuarentena con hambre. Por otro lado, llamamos a la población a denunciar los abusos y detenciones arbitrarias como estas, que son expresión de un total abuso de poder por parte de la fuerza policial, que detiene a quien va a buscar alimentos para su hogar. Exigimos respuestas de las autoridades policiales y la INMEDIATA LIBERACIÓN DE NUESTROS COMPAÑEROS AXEL Y RUBEN”, afirmaron desde el FOL a través de un comunicado.

Jornada de ollas populares en más de 50 barrios tucumanos

Fue este 14 de abril ante el hambre y la crisis sanitaria en Tucumán. Las organizaciones populares están en situación de alerta y exigen al gobierno provincial la convocatoria a un Comité de Emergencia.

“Todas nuestras organizaciones, de forma conjunta, a través de sus merenderos y comedores dan más de 50.000 raciones diarias de comida, y la demanda crece día a día, así como de nuestra parte la insuficiencia de sostener la necesidad de alimentos a las miles de familias que lo demandan”, señalan en un comunicado.

Lo firman: Frente de Organizaciones en Lucha -Frente Popular Darío Santillán-Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional – CCC – SOMOS Barrios de pie- Movimiento Evita – Corriente Nacional Martín Fierro – Frente Barrial 19 de diciembre – Frente Social La Nueva Independencia- Organización 22 de agosto – Octubres – Seamos Libres- Corriente Pueblo Unido

Organizaciones sociales denuncian que la pandemia agrava la pobreza y la desigualdad social

En un comunicado, emitido el 29 de marzo, las organizaciones integrantes del Frente de Lucha Piquetero denuncian que los anuncios del Gobierno Nacional de ayuda excepcionales son menos que un vaso de agua en el desierto en medio de la crisis sin precedente”, remarcan y agregan: “para los desocupados/as con algún plan social de $ 8.500 se paga un bono de $ 3.000 por única vez, cuando el ingreso de los planes ha disminuido sólo el año pasado un 20% y en lo que va de este han perdido su poder adquisitivo en un 10% más, lo que se ha agravado por los aumentos criminales de los alimentos y artículos de higiene y limpieza de los últimos días”.

Como contraparte, destacan que “en lo que sí ha sido rápido el gobierno fue para desplegar un enorme operativo represivo conjunto en los barrios no precisamente para cuidar la cuarentena”. En ese sentido, denuncian que “las fuerzas represivas están siguiendo precisas instrucciones gubernamentales para amedrentar, humillar, torturar, balear y reprimir a los/as trabajadores/as que viven en los barrios más pobres, para evitar que vecinos/as se organicen y reclamen la ayuda imprescindible que no llega”. Estos hechos, consideran, “no se trata de exceso o de algún milico desbocado, es un plan para evitar que la bronca popular tome forma de protesta y de rebelión ante el abandono del Estado”.

En este contexto, las organizaciones reclaman: provisión de agua potable en asentamientos y villas de emergencia; fumigación y descacharramiento de basurales y descampados; provisión de elementos de higiene para los comedores populares; barbijos, guantes, cofias, batas descartables, alcohol en gel, lavandina, desinfectante en aerosol y repelente; provisión de kit de higiene a la población vulnerable en los barrios más pobres; aumento de las partidarias alimentarias para los comedores populares, “para hacer frente al aumento de la demanda ante la desocupación y la caída de la actividad económica”; extensión de la tarjeta alimentaria a todos/as los /as desocupados/as con hijos de hasta 18 años de edad; la prohibición de despidos y suspensiones; la apertura de programas sociales para desocupados/as; la duplicación de los montos de los programas; la creación de un seguro para los desocupados/as de $ 30.000 indexado por costo de vida; el control obrero-vecinal de la ayuda social y la distribución de los recursos; y reclaman por el  “no al pago de la deuda externa y que los recursos se utilicen para atender la emergencia”.

El Frente de Lucha Piquetero está integrado por el Polo Obrero, el MTR Histórico, el MTR Votamos Luchas, CUba MTR, M.I.DO., MAR, el Movimiento 29 de Mayo, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re.), Agrupación Armando Conciencia, RUP y O.T.L., el MTR 12 de Abril, FDU, BUEL, A Trabajar, la Agrupación 17 de Noviembre y M.V. y J.S.

Emergencia de los más humildes en CABA

Decenas de organizaciones sociales de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señalan en un comunicado: “El gobierno de Horacio Larreta viene impulsando una serie de medidas que resultan insuficientes para atender las demandas y garantizar el acceso a la salud de los sectores populares en esta situación sumamente crítica, particularmente de las villas de emergencia y barrios populares de la Ciudad […] En concreto se están llevando adelante una serie de estrategias sanitarias y sociales desde el Gobierno que parecen estar más pensadas para la atención de los sectores sociales con mayores recursos que para aquellos que estamos en las villas. Los centros de salud -CeSACs- no cuentan con personal y recursos suficientes para afrontar dichas problemáticas de salud.

La Campaña de Vacunación impulsada por el Ministerio de Salud implica en concreto la instalación de centros de vacunación en escuelas, la mayoría muy alejadas de las barriadas populares, villas y asentamientos. No hay ni una de estas postas para vacunación en las villas de la Ciudad. Hoy las y los vecinos tenemos que jugar a la búsqueda del tesoro por los pasillos, a ver si logramos dar con las vacunas.

[…] Para poder llevar adelante estas estrategias de manera más integral y que partan de la realidad concreta de cada territorio es imprescindible que quienes construimos en los barrios cotidianamente seamos protagonistas de las propuestas y del desarrollo de las mismas; los movimientos sociales, lxs trabajadorxs de las salitas de salud y hospitales y el conjunto de organizaciones populares somos quienes conocemos nuestros barrios y quienes tenemos la capacidad de llegar a cada unx de nuestrxs vecinxs.

[…] Somos quienes hoy vamos puerta por puerta a realizar el relevamiento, quienes previo a la pandemia pateamos el barrio para prevenir el dengue que hoy también golpea en nuestros barrios -llevamos más de 3.000 casos en el año, concentrados en Flores, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Lugano, La Boca, Parque Patricios, Barracas y Nueva Pompeya-, quienes nos acercamos a cada casa con un plato de comida, quienes laburamos la prevención, el cuidado e higiene en los comedores donde preparamos la olla para que las familias puedan comer todos los días y quienes junto a nuestro pueblo peleamos por el derechos de todxs a acceder a la salud digna”.

Y reclaman: “Por eso exigimos a Larreta y al Ministerio de Salud: -Vacunas para todxs. Somos parte de la ciudad. Vacunación domiciliaria para adultos mayores y población de riesgo. -Reconocimiento de la epidemia del dengue, fumigación y descacharreo en todos los barrios y villas. -Reconocimiento del trabajo de lxs promotorxs de salud – Condiciones y recursos de trabajo para lxs trabajadores de la salud comunitarios y del sistema público estatal. Equipos de protección acorde a las normativas vigentes -Nombramiento efectivo de lxs trabajadores de la salud. – Reconocimiento de lxs trabajadorxs de comedores y merenderos que realizan tareas de asistencia y entregas puerta a puerta ante la emergencia – Equipamiento e insumos de bioseguridad e higiene para comedores y merenderos fuera de los programas del gobierno de la Ciudad. – Conformación de mesas de articulación territorial entre el GCABA y las organizaciones para elaborar un plan de acción que permita prevenir o reducir la circulación comunitaria del virus en las villas – Garantizar las condiciones de aislamiento en los hogares a pacientes leves y además la sustentabilidad de las familias que se quedan sin sus cuidadoras o cuidadores principales porque requirieron aislamiento institucional”.

Suscriben en comunicado, entre otros, trabajadores y trabajadoras de Centros de Salud y Acción Comunitaria CeSAC, de Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia CeMAR y de Hospitales Públicos de la Ciudad; APPS Asociación de Profesionales de Servicio Social del GCBA, Trabajadorxs de la Salud de los Centros de Salud de Barracas, Corriente Clasista y Combativa, FeNaT CTA Capital, Barrios de Pie, Unión de Trabajadores de la Economía Popular UTEP CABA, Frente de Organizaciones en Lucha FOL, CTD Aníbal Verón, Movimiento Resistencia Popular…

El gobierno porteño no les brinda elementos de trabajo a recolectores de basura

En Ciudad de Buenos Aires, las cuadrillas de recolección de basura de la cooperativa del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) sostienen su trabajo en las villas 1-11-14 y 31, garantizando condiciones de higiene y limpieza a la comunidad, además de mantener abiertos los comedores comunitarios tal como lo estipula el protocolo de la cuarentena. El gobierno porteño no les ha dado los suficientes elementos de trabajo, como guantes o alcohol en gel para su protección.

Delia, trabajadora integrante del FOL, relata “nosotras, las integrantes de la cooperativa, estamos trabajando en la cuadrilla desde la manzana 1 a la manzana 9, pasando por el frente de la cancha de San Lorenzo. Trabajamos con guantes, con barbijos que nosotras mismas los hemos costurado, porque el  gobierno no nos ha dado nada.”

Mientras, en otro lado de la Ciudad, en la Villa 31, barrio Padre Mugica, otra cuadrilla del FOL sigue su trabajo de limpiar las calles y recolectar la basura. En esa cuadrilla, Irma, otra trabajadora del FOL, comenta cómo mantienen su trabajo en esta época de pandemia.

Si bien pedimos todo los elementos para nosotras poder cuidarnos y para poder trabajar tranquila, estamos consiguiendo los materiales con el propio FOL, al comprar los guantes y hacer los barbijos”, comenta Irma.

Para más información de los comedores y merenderos visitar la página de Facebook  FOL Capital

Las estrategias para que no avance el Coronavirus en los barrios populares

Las consecuencias de la cuarentena obligatoria ya se empiezan a sentir en los barrios: mientras que hace una semana alcanzaba con un par de ollas, ahora se necesitan dos. Y es que frente a la caída de las changas como producto del aislamiento obligatorio, así como a las condiciones instaladas por una pobreza estructural,las organizaciones sociales han tenido que reforzar la asistencia alimentaria en los barrios. Además, como producto de la crisis social que la pandemia ha generado en los barrios populares, las organizaciones y movimientos territoriales han comenzado a diseñar diferentes estrategias para dar respuesta a las crecientes necesidades de los vecinos.

«El coronavirus llegó a la villa para fumarse a todas esas pandemias que ya la venían azotando hace tiempo: la precariedad habitacional, el riesgo eléctrico, el déficit de talla de los chicos por la mala nutrición, el bajísimo promedio de vida, el hostigamiento policial, la desocupación, el dengue, la estigmatización, la falta de empatía que provoca la televisión. A la villa le falta mucho hace un tiempo, sí. Pero la villa tiene también muchas fortalezas para aportar en esta crisis. Tiene una historia que todavía recuerda la manera en la que sobrevivimos todas las pandemias que precedieron a esta», afirma Ignacio «Nacho» Levy, referente de La Poderosa y vecino del barrio Zavaleta en la Villa 21-24.

Cooperativas textiles que fabrican barbijos para los habitantes de la zona, guardias telefónicas para acompañar a las mujeres que sufren violencia de género, servicios de entrega de viandas puerta a puerta a los adultos mayores, comisiones que se encargan de hacer un seguimiento de los crecientes casos de violencia institucional:frente a la crisis sanitaria y económica, la organización contiene la situación.

El coronavirus distingue clases sociales, eso es algo en lo que coinciden los y las militantes territoriales. «Acá el ‘Quedate en tu casa’ no podemos cumplirlo. No porque no queramos, sino porque vivimos unos encima de los otros, hacinados, sin servicios básicos, como luz, agua potable, cloaca, veredas. Vivimos cuarentenas diferentes a la de la clase media, y por eso nos armamos de estrategias. Estrategias que, como siempre hemos hecho en los movimientos sociales, se arman principalmente alrededor de los comedores comunitarios», indica Norma Morales, militante de Barrios de Piey coordinadora de uno de los comedores que la organización tiene en los barrios de Dock Sud, en Avellaneda. «Hace una semana hacíamos cien porciones, hoy se cocinan trescientas porquele estamos dando vianda a todo el barrio. Y nos quedamos cortos porque todos los días hay familias que se quedan sin comer.No nos alcanza, en nuestro barrio las heladeras ya están vacías», advierte.

El parate en la economía como consecuencia de la cuarentena obligatoria afectó principalmente a ese 40 % de trabajadores informales que, en muchos casos, dependen del trabajo del día a día para sobrevivir. Feriantes, albañiles, cartoneros, personal de limpieza, remiseros, todos y todas aquellas que trabajan en negro y que quedaron sin su principal vía de ingresos, engrosan las colas de los comedores y merenderos que se sostienen gracias el aporte de las organizaciones, los municipios y los mismos vecinos y vecinas. Pero no alcanza.

«Hay una necesidad muy grande. El comedero es un punto estratégico en el barrio, pero desde que empezó todo esto del coronavirus empezó a venir mucha más gente, vecinos y vecinas que nunca antes habían venido, de otros barrios incluso. Antes venían 100 personas a comer por día, ahora vienen más de 200», indica Gabriel Aranda, militante de la Corriente Clasista y Combativa en La Matanza y coordinador del Club Estrella Roja.

«Los vecinos están haciendo un esfuerzo enorme para quedarse en sus casas y sostener todas las indicaciones que envía el Ministerio de Salud para garantizar la higiene, pero a veces es directamente imposible. Faltan guantes, barbijos y alcohol en gel. Hace tres días que no se recoge la basura porque las cooperativas no tienen los elementos esenciales para salir a trabajar y limpiar las calles», cuenta Walter Giracoy, Consejero de la villa 31. A la falta de acceso de agua potable, se le suma la escasez de insumos básicos de higiene. Ya sea por el desabastecimiento, el aumento abusivo de precios o la falta de respuesta de los gobiernos locales, en los barrios es muy difícil acceder a kits básicos de limpieza para enfrentar la pandemia.

Sin embargo, frente a la dificultad generada por la precariedad estructural de los barrios y la escasez de insumos de higiene, las organizaciones sociales y territoriales se abocaron a crear «comités de crisis» y «áreas de salud» dedicadas a hacer campañas de concientización, postas de información, seguimiento de personas de riesgo y reparto de insumos de prevención. La Poderosa, una organización villera que tiene representación en todo el país y diferentes puntos de Latinoamérica, cuenta, por ejemplo, con una serie de dispositivos entre los que se encuentra un área Emergencia Sanitaria. A través de esta, la organización se encarga de garantizar una comunicación diaria con los ancianos y ancianas del barrio, de que les llegue una vianda de comida a sus casas y de que puedan acceder a los medicamentos que necesitan. Tienen, a su vez, postas de salud que se dedican a impartir información sobre cómo cuidarse y prevenir el contagio.

Además, frente a la escasez de barbijos -fundamentales tanto para las cocineras y militantes que se encargan de repartir las viandas como para el personal de salud de los barrios-, muchas de las organizaciones pusieron a sus cooperativas textiles a fabricarlos.

El Decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio intensificó algunas de las violencias que genera la desigualdad. Promulgado para evitar la propagación del coronavirus en la sociedad, no pudo evitar provocar una mayor situación de vulnerabilidad para las mujeres que sufren violencia de género-en muchos casos encerradas con sus abusadores-, así como una mayor vía libre para casos deviolencia institucional.

Frente a ese escenario, los movimientos sociales también debieron organizarse y diseñar estrategias para mitigarlos. Para los casos de violencia de género, La Poderosa, por ejemplo, cuenta con un área de Género que actualmente está acompañando 327 casos de violencia de género a nivel nacional. Esta misma área, a su vez, organiza guardias telefónicas para casos de urgenciay, en algunos casos, evalúa la intervención.

Por otro lado, en los últimos días se observaron varios casos de abusos policiales en los barrios populares, como el caso del video que se viralizó en el que unos gendarmes hacen «bailar» en cuclillas a unos chicos de la Villa 1-11-14 por haber violado la cuarentena (luego se supo que iban a llevarle comida a una persona discapacitada).

La organización La Poderosa denuncia casos similares, frente a los cuales también decidió organizar un área de Violencia Institucional que funciona en base a un mapa de seguimiento barrial. En este mapeo se procede a identificar los puestos de seguridad de las fuerzas y las zonas en donde ocurren la mayor cantidad de apremios, y se comparte una lista de instituciones «de apoyo» que permanecen abiertas, así como una lista de vecinos y vecinas voluntarias de cada barrio que centralizan el monitoreo diario de los agentes en el territorio. «Necesitamos más que nunca la empatía de todos los sectores de la sociedad. Nadie niega la necesidad de que el Estado implemente todos los recursos a disposición para garantizar la mayor eficiencia de la cuarentena, pero justificar los abusos y el accionar cruel de las fuerzas públicas en nombre de tu propia salud y la de tu propia familia es otra forma de decir ‘sálvese quien pueda’, finaliza Levy.

Creativa convocatoria de Barrios de Pie

En tiempos de pandemia, el problema en cualquier Conurbano sigue siendo económico. La gran mayoría vive de changas, al día. La parálisis en la producción empujó a más de 10 millones de personas a solicitar los $ 10.000 de emergencia que ofreció el Gobierno. Ningún beneficiario puede ser asalariado formal o receptor de un salario social complementario.

Lucía Bianchi, coordinadora de Capacitación e Investigación de Barrios de Pie, organización social que integra la UTEP, afirma: “El coronavirus profundiza la pobreza estructural en los barrios”. Y eso que todavía no llegó con el espiral contagioso que podría hacer detonar una crisis sanitaria.

“Todos los esfuerzos de las organizaciones sociales están puestos en asegurar la alimentación”, dice Bianchi, “y en ganar tiempo para que la pandemia no se desborde”.

Según la UTEP, durante la última quincena la visita a comedores creció entre un 30 y 40 % a lo largo de los 3.000 barrios populares del AMBA, muchos sin agua potable, y donde el dengue azota con temperaturas altas y obliga a las organizaciones a relevar manzanas para su desinfección.

Aquí, las cuarentenas potencian otros emergentes: la violencia hacia las mujeres, los consumos problemáticos, la violencia represiva de las fuerzas de seguridad, los problemas de salud mental.

El aislamiento se vive de otra manera a cómo se preservan los sectores medios. El hacinamiento hace del pasillo, la vereda y la calle, la casa. Pero se respeta: hay menos circulación que antes. “Quedate en tu barrio”, el eslogan de la UTEP, resulta efectivo.

“La pregunta que nos hicimos fue: ¿cómo podemos ayudar los sectores medios, académicos, profesionales ante esta coyuntura?Antes podíamos dar una mano en el barrio, ahora no”, explica Bianchi.

La respuesta fue convocar a periodistas, realizadores audiovisuales, diseñadores, abogados, docentes, trabajadores de la salud o cualquier persona que pueda dar una mano de manera virtual, para fortalecer la comunicación interna en los barrios.

Hace falta diseñar recurseros, redactar protocolos o grabar audios didácticos para niños. Es necesaria la imaginación para sortear la mala conectividad, las pocas computadoras y el puñado de impresoras.

También hace falta apuntalar una campaña más extensiva: la de donación de alcohol en gel, lavandina y alimentos no perecederos. Se necesitan personas que puedan recolectarlos y esperar a que un agente sanitario los recojapara trasladarlos a los centros comunitarios.

Cualquier interesado puede ofrecerse escribiendo a universidadbarriosdepie@gmail.com

Trabajo: cara a cara con la pandemia

El transporte de pasajeros es un trabajo esencial durante el aislamiento obligatorio. A continuación, la primera parte de un informe especial sobre el sector.

POR DANIEL JATIMLIANSKY

El 3 de marzo se conoció el primer caso positivo de coronavirus en el país. Se trató de un argentino que había volado de Milán a Ezeiza dos días antes. Cuando se anunció la primera muerte por esa enfermedad, el día 7, los casos ya eran 8 y todos “importados”. El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini era, hasta entonces, la principal vía de entrada al país del covid-19.

En consecuencia, el Gobierno suspendió el 12 de marzo los vuelos provenientes de las denominadas zonas de riesgo: Europa, Japón, China, Irán, Estados Unidos y Corea del Sur. Días más tarde, se sumaron a la lista Chile y Brasil. Ya el 18, en la jornada previa a la publicación del decreto 297/2020, sobre el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio –que, entre otros aspectos, suspendió todos los vuelos regulares internacionales y de cabotaje-, partió el primer vuelo de “repatriación” de argentinos varados en el exterior.

Un Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas despegó a las 8.30 con destino a Miami. A diferencia de las operaciones convencionales, en que la tripulación pasa la noche en un hotel de la ciudad de destino antes del regreso, la nave volvió el mismo día que había partido para minimizar el tiempo de estadía en el país del norte. Para contrarrestar los efectos del cansancio provocado por el recorrido de ida y vuelta sin pausa, se reforzó la tripulación. La misma se conformó con 10 personas, en lugar de las habituales 4 o 5. Al aterrizar en Ezeiza a la madrugada siguiente, los 270 pasajeros debieron aislarse por 15 días. Lo mismo ocurrió con los trabajadores aeronáuticos que los fueron a buscar.

“Estuve 15 días solo, sin ver a mi esposa, ni a mi hija”, recordó el comandante del vuelo, Pablo Biro, quien a su vez es secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). “Aerolíneas es un pedazo de territorio. Así como había que pararle a Macri para defenderla, ahora hay que buscar a los argentinos, no te podés hacer el boludo”, sostuvo. Desde ese día y hasta el 27 de marzo, se realizaron 44 operaciones especiales para traer a más de 14 mil personas desde Río de Janeiro, Florianópolis, San Pablo, Porto Seguro, San Salvador de Bahía, Bogotá, Lima, Madrid, Cancún, Punta Cana y el mencionado Miami.

“Cada uno debe cuidar su trabajo

La cuarentena fue una consecuencia de su trabajo en una situación excepcional. Sin embargo, la mayor preocupación para el gremio que conduce llegó el 19, pocas horas después de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 297: ese día, la empresa Latam Airlines aseguró que bajaría un 50% el salario de sus trabajadores en abril, mayo y junio para hacer frente a la crisis y “garantizar el empleo”, según palabras de la CEO de la compañía en Argentina, Rosario Altgelt.

“Me emociona profundamente ver esa gente que se expone a gente que tal vez esté infectada. Agradezco profundamente a todos los que hagan vuelos humanitarios. Y a todos: sean muy responsables respecto a la propuesta económica que estamos haciendo. Es la mejor que podemos hacer y, tal vez, es la única que podemos hacer”, sorprendió Altgelt durante un Comité Ampliado de la empresa, que es una suerte de reunión conformada por representantes de diferentes sectores de directivos y trabajadores de la empresa, que en esa ocasión se realizó de manera virtual. Su discurso, que ocurrió el mismo día que comenzó a regir el aislamiento obligatorio, fue aún más lejos. “No estamos jodiendo. El caldo de cultivo no está para joder. Está para cuidarnos y cuidar a la empresa, y cuidar nuestro trabajo. No depende de mí cuidar nuestro trabajo, cada uno de ustedes debe ser responsable y cuidar su trabajo. No lo deleguen en mí porque no me voy a cargar con esa piedra”, espetó con firmeza.

La intención de ajuste no se achicó. El 2 de abril, la firma presentó, a través de su letrado Sebastián Ahumada, un escrito que pedía la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. Uno de los párrafos sintetiza las nueve páginas del texto: “teniendo como objetivo primordial la protección con mucho esfuerzo de la fuente laboral, entre los meses de Abril y Junio (sic), hemos realizado una propuesta de suspensiones de personal y adecuación temporal de los ingresos por falta de trabajo y evidente fuerza mayor”.

La respuesta de la cartera laboral llegó al día siguiente y, entre otros argumentos, le recordó que el decreto 329, vigente desde el 31 de marzo, prohíbe “las suspensiones por causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo” hasta fin de mayo.

La revolución de los aviones

“Los ‘quilombos’ que tenemos tienen que ver con (el ex ministro de Transporte, Guillermo) Dietrich y la ‘revolución de los aviones’: (se) cerró (la compañía aérea) Sol, dejó de operar Avianca, achicó las operaciones Andes y deben meses de salarios… en Aerolíneas resistimos y Latam, con Lopetegui en el Gobierno, hizo crecer al holding extranjero (n de la r: Gustavo Lopetegui fue CEO de Latam en el país entre 2009 y fin de 2015, cuando asumió como vicejefe de Gabinete de la Nación; luego fue asesor presidencial y, por último, secretario de Energía hasta diciembre de 2019)”, sostuvo el representante gremial de los pilotos.

A partir de 2015 y con la aprobación del Gobierno encabezado por Mauricio Macri, la firma que hoy pretende suspender trabajadores y bajar salarios operó en la Argentina nuevas rutas a través de sus filiales de otros países. Así, Latam Chile comenzó a viajar desde Santiago a Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Buenos Aires y Rosario; Latam de Brasil sumó Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza y Buenos Aires a su “hub” –tal es la denominación técnica de los centros de distribución- en San Pablo; Latam de Perú operó rutas desde Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan y Buenos Aires a Lima; y Latam de Colombia incorporó rutas a Bogotá.

A nivel regional, el Grupo Latam tuvo ganancias netas por más de 190 millones de dólares en 2019 (un 5% más que los USD 180 millones del año anterior), según difundió la propia compañía. Sin embargo, su filial argentina manifestó pérdidas en los últimos tres períodos. Claro está que muchas de las rutas que realizó en nuestro país, como se detalló en el párrafo anterior, fueron operadas desde otras filiales.

En 2018, cada uno de los 8 directores del Grupo Latam -que son quienes deciden los gastos de la compañía- embolsó entre 9.780,06 y 57.922,90 dólares por mes en concepto de dietas, respectivamente. El dato no incluye al vicepresidente, ni a un ex director del Directorio, que también recibieron sus “salarios” por cifras similares.

Marco actual

No solo las suspensiones de personal son ilegales en este momento, también lo es la baja de salarios, que únicamente puede aplicarse si es pactada u homologada por la autoridad de aplicación: “la normativa de la emergencia en su conjunto, y las declaraciones del propio Presidente, da cuenta de una voluntad de sostener el salario y eso hay que demostrarlo en los hechos”, sostuvo el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, en declaraciones a Tiempo Argentino.

Si bien el negocio aeronáutico global está en crisis por la reducción drástica de la cantidad de vuelos (en la Argentina, por ejemplo, sólo se realizan viajes de carga y algunas operaciones especiales que debe autorizar la Administración Nacional de Aviación Civil –ANAC-), algunos analistas consultados coincidieron en que esa industria “se recupera rápido”, como se evidenció tras la caída de las torres gemelas en Estados Unidos.

“El grupo Latam, como en cada situación que se le presenta favorable, intenta ir por el recorte de salarios o el recorte de personal”, acusó Edgardo Llano, secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), gremio que representa a otra de las actividades de la aviación comercial. “Desde el conjunto de los gremios aeronáuticos hemos rechazado y vamos a seguir rechazando todo intento de precarizar las condiciones de los trabajadores”, agregó.

Como la mayor parte del personal no concurre a sus lugares de trabajo, las redes virtuales se convirtieron en un espacio para intercambiar información. Así, algunos trabajadores conformaron grupos de chat y salas para videoconferencias por aplicaciones como Zoom, donde mantuvieron el contacto entre muchas personas.

“Venimos de resistir cuatro años de macrismo. A fuerza de asambleas, paros y otras medidas fuimos capaces de sostener los puestos de trabajo”, consideró la prosecretaria de Prensa, Cultura y Difusión de APA, Cecilia Moccia. Con respecto a los primeros días de la expansión del covid-19 en el mundo, sostuvo que en los aeropuertos la situación sanitaria fue “muy caótica”, sobre todo en las ciudades más pequeñas: “nos organizamos como pudimos y tratamos de hacer prevalecer las licencias para los grupos de riesgo”, afirmó. Con el paso de los días, las empresas dieron respuesta a los pedidos gremiales, como el uso de barbijos, alcohol en gel, vidrios de protección de mostradores, entre otros. Las conversaciones continuaban al cierre de este artículo.

Este artículo forma parte de una cobertura conjunta entre Sipreba y la Fundación Rosa Luxemburgo que busca aportar al debate en torno al mundo del trabajo, su organización y estrategias en plena crisis sanitaria. En la misma se utilizan fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de cada publicación no refleja necesariamente las posiciones de Sipreba y la FRL.

*Fuente: Infonews

SALUD

Hay casi 500 profesionales de la salud con COVID-19

Los infectados del personal sanitario representan un 15% de total de casos confirmados en el país y ya se registraron cuatro muertes. El reclamo por los equipos de protección y la falta de personal para hacer frente a la pandemia, más latente que nunca.

 Los últimos números oficiales que dio a conocer el Ministerio de Salud hablan de al menos 431 profesionales de la salud infectados con COVID-19.Según el sistema de vigilancia epidemiológica, 130 contrajeron el virus trabajando en establecimientos de salud, y el resto tienen antecedentes de viaje o son contactos estrechos de los mismos.

Por otra parte, ya son cuatro los profesionales que murieron por la enfermedad. La cantidad de infectados representa el 15% del total registrado en el país, uno de los porcentajes más altos a nivel mundial, ya que el promedio que se conoce es del 10%.

Desde que iniciaron los contagios, las distintas centrales sindicales insistieron en la provisión de equipos de protección personal para quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra este virus. Sin embargo, en muchas provincias se reportó la faltante de estos elementos. Incluso el mismo Ministerio de Salud lo reconoció.

Esta semana, ATE, Fesprosa y la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma, presentaron al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al ministro de Salud, Ginés González García, la propuesta titulada “Bases para un Programa Nacional de preservación de los trabajadores de la salud”.

“En el marco de las dimensiones que adquiere la pandemia en la Argentina, la salud de los trabajadores de Salud ha pasado a incorporarse a las más críticas. No hay posibilidad de un saldo positivo de todos esfuerzos puestos en juego en esta contingencia, si quienes asistimos cada día a nuestra población perdemos nuestra salud y replicamos la enfermedad”, detallaron desde los gremios.

El monitoreo en tiempo real de las y los trabajadores, la provisión de EPP y la ejecución de protocolos en establecimientos públicos y privados de salud, conforman los ejes centrales del programa sugerido al Gobierno.

Lo cierto es que el carácter asintomático de muchos de los pacientes que asisten a las guardias hace que los trabajadores de la salud se contagien sin saberlo. “Esto tiene que ver con que el protocolo es muy escueto respecto al uso de los elementos de protección personal porque sólo se utiliza en caso de sospecha”, comentó a Canal Abierto Soledad Díaz Ayala, enfermera del Hospital Aeronáutico Central de la Ciudad de Buenos Aires.

El protocolo señala dos kits de protección. El 1 para ser utilizado en caso de sospecha de COVID-19, y el 2 para cuando hay confirmación del caso. “Si el paciente que entra no es sospechoso al momento y después presenta sintomatología propia del COVID-19, entramos todos los que estuvimos en contacto con él en sospecha y cuarentena preventiva hasta que se nos haga el hisopado. Hasta que no se compruebe que no estamos contagiados no podemos volver al puesto de trabajo. Es todo un equipo de trabajo que sale de circulación para atender pacientes. Ese protocolo no funciona”,  manifestó la enfermera.

Ya hubo numerosos contagios. El Sanatorio De la Providencia, en el barrio porteño de Balvanera, que debió cerrar tras comprobarse que 34 profesionales que trabajaban allí habían dado positivo de Covid-19. Tres médicos del Centro de Salud del Norte, de Villa Adelina, y una enfermera, una empleada administrativa, y la jefa de mucamas, también fueron infectadas en los últimos días. El Hospital Manuel Belgrano tiene 15 personas que integran el equipo de salud con coronavirus. El Hospital Italiano de Buenos Aires difundió un comunicado en el cual notificó de 19 casos positivos por COVID-19. Mientras, en Cipolletti, 14 trabajadores se infectaron en el Sanatorio Río Negro, lo que obligó a su cierre.

De hecho, Díaz Ayala estuvo en una cuarentena preventiva. Cuando llamó al número de referencia que les dieron para el COVID-19, le dijeron que la fiebre no era la suficiente y que los dolores de cabeza no alcanzaban. “Pero hace unos días sacaron un nuevo protocolo para sospecha de COVID y entraban los síntomas que yo presentaba. Como en ese momento no me hicieron hisopado, yo no sé si lo cursé”, comentó.

En este sentido, la enfermera del Hospital Aeronáutico Central, señaló: “El hecho de que a nosotros se nos restrinjan los elementos de protección en base a protocolos muy escuetos en cuanto a la sintomatología hace que se contagie con mayor facilidad el personal de salud, y son equipos irremplazables al menos por dos o tres días. De dar positivo, son 15 días que sacamos de circulación un equipo que puede ser de dos médicos, tres enfermeros, dos técnicos de rayos y algún administrativo que haya estado en contacto con el paciente”.

En Chaco la situación alarma. Del total de infectados, el 52,7% -105 personas- son trabajadores de salud. El mayor número de contagios corresponde al Hospital Perrando, el cuya propia directora resultó uno de los primeros casos autóctonos de Covid-19. En este establecimiento se registraron hasta el momento 60 contagios entre médicos y administrativos.

Si bien el pico de esta pandemia aún no llegó al país, en estos momentos no hay personal suficiente para hacerle frente. Los contagios entre los trabajadores sanitarios empeora la situación porque implica hacer cumplir dobles turnos a los que están disponibles.

La cuestión salarial y contractual es otro de los reclamos que se elevaron desde los sindicatos. “El trabajador de salud generalmente está sobreocupado, casi siempre con dos o tres trabajos. Si yo necesito cubrir la guardia de la noche, a la enfermera de la mañana no le puedo pedir que se quede otras seis horas porque a la tarde tiene que ir a cumplir horario a otra clínica. El estatal casi siempre tiende a trabajar también en el sector privado porque el promedio de lo que paga el Estado suele ser la mitad de lo que se cobra en el ámbito privado. El desfasaje es notorio, sin contar que hay mucha precarización”, aseveró Díaz Ayala.

En este momento, la planta de enfermería del Aeronáutico tiene 25 enfermeras monotributistas. “Las plantas vegetativas existen. Había gente en planta permanente que se jubiló y no abrieron concurso para que esas monotributistas tuvieran acceso a esa planta”, detalló la enfermera.

También, para cubrir las guardias de enfermería y los hoteles de cuarentena, el gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires destinó entre 10 y 15 enfermeros de los hospitales. “La salud pública ha venido en deterioro progresivo los últimos años. El hambre por hacer de nuestros hospitales un negocio inmobiliario ha llevado al vaciamiento, a una pérdida salarial importante. Así, el Estado deja de ser competitivo para el profesional. Vienen más por el amor a la patria y a haberse formado en un hospital público que por lo que se les paga de salario”, expresó Díaz Ayala.

La enfermera, como muchos, agradece los aplausos de las nueve de la noche, pero siente que son insuficientes. “Si supieran que muchos de los compañeros a los que aplauden no tienen vacaciones, aguinaldo o elementos de protección personal se darían cuenta que con los aplausos no alcanza. Deberíamos elevar la voz y pedir por el reconocimiento al menos de la planta permanente. Eso ya sería un resarcimiento a tanto esfuerzo puesto en la salud pública y en el bien de la comunidad”.

En este sentido, la enfermera reflexionó: “Se celebra más al personal y a los auxiliares de salud como mártires que como héroes, porque si el aplauso no viene con mejora en las condiciones de trabajo son mártires. Está en conocimiento el riesgo que corren y aún así lo hacen. No hay que celebrar hacerlos bandera después de caídos, hay que cuidarlos para cuidarnos nosotros también”.

ENTREVISTA

“El que vive hacinado va a ser el primero en sufrir la enfermedad”¿Cómo distanciarse en una villa? ¿Cómo salir de la cuarentena si hay que viajar para ir a trabajar? ¿Cómo influye nuestra forma de vida en la diseminación de un virus? Silvio Schachter, urbanista, dice que mucho: “Si no la pensamos, la ciudad será espacio para el desarrollo de nuevas epidemias”.

21 abril, 2020

Redacción Canal Abierto | “Las ciudades no son cualquier territorio en el que el hombre no actuó, como podría ser una montaña. A las ciudades hay que pensarlas como fenómeno socio-espacial”, sostiene Silvio Schachter, arduo investigador de la vida en las grandes urbes.

Arquitecto, urbanista y ensayista, Schachter reflexiona sobre las condiciones de vida que nos llevaron hasta aquí, un 2020 que nos encuentra recluidos y aislados para resguardarnos de un virus que ocupa las calles. Pero, sobre todo, piensa en cómo estas condiciones dificultan las medidas sanitarias necesarias, y complejizan –al mismo tiempo- sostener la cuarentena y salir de ella.

¿Alguien está pensando las ciudades?

–Salvo La Plata y la experiencia de Federación, no han habido ciudades planificadas en la historia argentina. Hubo localización de núcleos de producción industrial en el primer cinturón próximo a la Ciudad de Buenos Aires. Aquel modelo industrial fordista se expandió y fue creciendo, cinturón tras cinturón, a medida que encontraba tierra y lugar, mayoritariamente en dirección al sur. Se trataba de un paradigma productivo que hacía que una persona se jubilase en el primer empleo que obtenía de muy joven. Eso se quebró: ahora las cosas no se producen en el mismo lugar, con bicicletas que se ensamblan, con productos que se fabricaron en siete u ocho países diferentes. Antes, una plaga tardaba meses en pasar de una ciudad a otra; hoy, con este capitalismo y esta globalización, vivimos el just in time.

¿Cómo influyó ese quiebre en la forma de vida de la gente?

–Los cambios en las formas de producción han generado enormes modificaciones habitacionales. Esta megalópolis que hoy es la Ciudad de Buenos Aires hace que la gente tenga que recorrer enormes distancias para buscar trabajo, por ejemplo. Esto tiene grandes consecuencias: le roba tiempo de vida, sobretodo.

¿Y eso qué consecuencias trae en un contexto de pandemia como el actual?

Todas las epidemias están relacionadas con la ciudad y las formas de vida en ésta. Una de las cuestiones que se están pensando ahora respecto de una flexibilización de la cuarentena es: ¿qué hacemos? ¿Cómo viaja la gente? No es lo mismo que tengas que viajar 2 horas, hacer 50 kilómetros, en un transporte público donde siempre hay picos de hacinamiento; o vivir en una ciudad donde te movés caminando, en bicicleta o en un transporte de 10 minutos, donde la cuota de riesgo de contagio es infinitamente menor.

El cómo vivimos resulta peligroso en sí mismo…

–Una de las condiciones de peligrosidad de este virus son las prevalencias de salud, y uno de los rasgos principales es el sistema respiratorio. En el centro de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, hay el doble de polución recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

¿Se puede decir que nuestras condiciones de vida modifican nuestra exposición a la enfermedad?

–Son muy disímiles las condiciones en que cada familia atraviesa esta cuarentena, desde la cantidad de metros cuadrados hasta los servicios básicos que tiene o no. El 46% de las personas que viven en villas no tienen agua corriente, cloacas, gas. El concepto de salud tiene que ser pensado de forma integral. El que no tiene agua o cloacas, el que vive hacinado, va a ser el primero en sufrir la enfermedad.

En San Pablo, un estudio dio que el 14% de la gente no tiene ni jabón para lavarse las manos. Los que piensan en campañas de prevención, muchas veces funcionarios, lo hacen desde su lugar de clase. De hecho, cuando se piensa en estos barrios muy humildes, siempre la ayuda es de contingencia. Está bien, pero no alcanza.

¿Qué se puede hacer, en lo inmediato, desde el Estado?

–Surge esta idea de la cuarentena en el barrio, porque para muchos es imposible quedarse en casa. Es una mirada que viene primando en varias ciudades de Latinoamérica. Suena muy mal la palabra, pero es una especie de ghetto.  Eso no quiere decir que sea posible aislarlos. En los barrios humildes el virus va a entrar, no hay dudas.

¿Qué políticas podrían ir en el sentido de mejorar esta situación?

–La política tiene que ser la descentralización, no hay otra manera. Sacar actividades de un lado y llevarlas a otro. Argentina tiene la paradoja de ser uno de los países más extensos del planeta, pero con un tercio de población en Buenos Aires, un territorio relativamente pequeño. Ni siquiera San Pablo o México DF –la megalópolis más grande de América- tienen esas proporciones en relación con sus países. Y esa proporción crece. Entre otras cosas, por la lógica del mercado. Con una mayor homogeneidad en su distribución demográfica, este país tendría mejor calidad de vida.

¿Cómo se cambia esto? 

–La ciudad construida no se puede modificar por ley, tiene un tejido que ya fue metabolizado. Es más, en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado se aprobó un Código de Edificación que no sólo no plantea resolver los problemas, sino que todas las medidas que supone redundarán en una agudización.

¿Entonces?

–Una posibilidad es no hacer ciudades nuevas, sino replantearse la vida en otras ciudades que ya existen, que funcionan medianamente bien en relación a lo que es la megalópolis. Un plan regulador, de modificación. Y no hablo de la planificación como se pensaba en la época del 50, 60, de la Modernidad, tipo Le Corbusier, donde un grupo de arquitectos se sentaba en una mesa con algunos políticos y diseñaban desde ahí. Hablo de planificación en un ida y vuelta con los actores sociales. Requiere muchísima atención y son planes a largo plazo. Y en nuestras ciudades, en nuestros países, con esta idea de que el mercado es el que arma, el que dinamiza la vida social y económica, nadie se anima a trabajar sobre esto en profundidad.

La pandemia ha puesto negro sobre blanco cuál es el tipo de ciudad que construyó el mercado, el negocio inmobiliario. Estamos en un momento de urgencias, pero eso no puede bloquear que pensemos a corto y mediano plazo para que esto no se vuelva a repetir. Si no lo hacemos, la ciudad va a seguir funcionando de la misma manera, prestándose como un espacio para el desarrollo de nuevas epidemias y otros fenómenos. Hay que empezar a pensarlo ahora.De pandemias y ciudadesPuestos a pensar sobre antecedentes de plagas por estas tierras, Schachter se remonta a un siglo y medio atrás, pero las consecuencias de aquella peste se ven aún en la Buenos Aires de hoy.

“La epidemia de 1871 en Buenos Aires significó casi 14 mil muertes para una ciudad con 175 mil habitantes –relata-. Además, aquella peste produjo una reacción urbana particular: se concentró en la zona sur, donde residía un sector de la oligarquía y la burguesía incipiente, que debió moverse hacia el norte porque se suponía que era zona más aireada (las teorías sanitaristas hacían fuerte hincapié en que la calidad de vida mejoraba cuando habían buenas corrientes de viento, espacios amplios, etc.). En ese momento empezó a construirse la división clásica del norte y el sur. Entre otras cosas, aquella epidemia llevó a la creación del cementerio de Chacarita”.

La muerte ronda en las cárceles

Foto: Infojus

Hoy comenzaron huelgas de hambre en varias cárceles bonaerenses. Las unidades penitenciarias están a un paso de transformarse en centros de muerte. Las personas detenidas lo vienen gritando desde que comenzaron las medidas de prevención social que no los incluye. Los medios masivos de comunicación saldrán nuevamente a estigmatizar e invisibilizar la crítica situación de las personas detenidas. Los estudiantes universitarios de la Unidad Penal 9 de La Plata, escribieron una carta pidiendo acciones urgentes al gobernador Axel Kicillof. Por Marcelo Musante (*)


Desde que comenzó la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, en todas las cárceles del país las personas privadas de su libertad reclaman que se las tenga en cuenta.

En la provincia de Buenos Aires, al actual riesgo de contagio se suman las condiciones preexistentes de sobrepoblación y hacinamiento de un total de más de 40.000 detenidos.

Con espacios de salud que no funcionan, sin insumos ni higiene, con la comida que provee el Servicio Penitenciario Bonaerense en pésimo estado, con los traslados como forma de castigo, el uso de la violencia física a la que son sometidos, los maltratos a las familias que los visitan y la burocracia judicial que les niega derechos.

Además, en las cárceles de mujeres las madres privadas de su libertad comparten tanto las celdas como esas mismas condiciones de violencia con sus hijos e hijas.

En este marco, la potencialidad de contagio de COVID 19 implica el riesgo absoluto de muerte. De muertes colectivas.

Por eso, la población carcelaria viene reclamando la intervención de las autoridades nacionales y provinciales con la urgencia que la pandemia tuvo para quienes no están detenidos.

Frente a esta situación, diversas protestas y huelgas de hambre que comenzaron a producirse en varias unidades penales. El colectivo de estudiantes universitarios de la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata circuló una carta para el gobernador Axel Kicillof con el objetivo de tener una rápida respuesta en una situación de extrema urgencia.

Como afirman en la carta, había un compromiso del nuevo gobierno provincial por “trabajar en conjunto con la finalidad de paliar la superpoblación que habita las cárceles donde nos apilan como chatarra”.

“Los tiempos nuevos –sigue la misiva- nos pusieron frente al escenario de uno de los virus más mortales a nivel global y si es difícil enfrentarlo en libertad como explican en cada informe diario los profesionales de la salud muchísimo peor es en las unidades penitenciarias superpobladas”.

Estigmas

Las distancias entre las decisiones judiciales y la efectivización de las medidas en las cárceles siempre forman parte de las denuncias de las personas detenidas. Los plazos se incumplen. Durante días, semanas, meses. ¿A quién importa si el que espera la libertad es un preso? ¿Cuándo fue un tema de agenda de los canales de televisión la mujer detenida con su hija de tres años a la que le demoran su salida? ¿Cuándo la violencia institucional sobre una travesti o trans como forma de expresión del machismo y discriminación?

En este sentido, los estudiantes universitarios de la Unidad Penal N°9 resaltan las “muchas decisiones judiciales que se han pronunciado desde los más altos tribunales de justicia pero que no solo no se cumplen sino que también son decisiones huérfanas de sentido común y que, emitidas por la cúspide de la casta judicial, lejos de traer una solución sólo son un movimiento estratégico para no quedar expuestos frente a los medios de comunicación”.

Medios de comunicación que sólo piensan las cárceles como depósitos de personas y que cada vez que tratan el tema del COVID-19 en el encierro remarcan la preocupación exclusiva por los trabajadores del Estado y su campaña para que ningún detenido salga en libertad por la emergencia sanitaria.

Las varas nunca son las mismas para medir los riesgos y en la carta al gobernador los detenidos explican que “cada poder del Estado protegió a sus empleados, la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Casación, el poder legislativo etc. Los mandó a su casa para prevenir los contagios masivos, empero este sector de la sociedad tanto guardiacárceles, trabajadores del estado y detenidos fuimos excluidos de ese deber de cuidado”.

“Notoriamente las decisiones del gobierno, tanto provincial como nacional evitaron el contagio y el deceso masivo de víctimas de Coronavirus. Un esfuerzo de todos y todas. Nosotros, los privados de la libertad adherimos a esa lucha noble por lo tanto hemos renunciado a que nuestra familia nos visite para su resguardo y protección (…). Pero, ¿qué recibimos a cambio?, silencio y un claro mensaje “estamos solos en esta lucha” sin importar que tanto nosotros y nuestras familias somos también parte de esta sociedad que nos excluye día a día”, desarrollan en la carta.

Las urgencias en el sistema penal amerita decisiones prontas. Los estudiantes universitarios de la Unidad Penal N° 9 piden medidas a la altura de las que se toman en el ámbito público. Medidas urgentes para los detenidos que son considerados población de riesgo que viven en condiciones apremiantes pero también que sirva para discutir la situación del encierro en la provincia de Buenos Aires, como la creación de nuevos juzgados de ejecución penal que aceleren las causas, entre otras.

Hoy varias unidades penales amanecieron con huelgas de hambre. Los distintos ministerios tienen diversas formas de intervención para resolver situaciones en el inmediato y corto plazo.

Los estudiantes universitarios de la Unidad Penal N° 9 de La Plata ejercieron su derecho a la palabra como método de lucha y quieren que sus reclamos ahora puedan circular y lleguen a las autoridades políticas. ¿Y por qué no? Al propio gobernador que es a quien le escriben.

La situación crítica es en todas las unidades penales. Se pide la intervención del Estado con acciones concretas y urgentes. El silencio y la no respuesta suelen ser formas de violencia estatal.

(*) Sociólogo

You must be logged in to post a comment Login