Uruguay. 47.332 solicitudes de desempleo en los primeros 13 días de abril /Organizaciones vinculadas con la salud cuestionan estrategia para enfrentar pandemia /+info

Resumen Latinoamericano*, 18 abril 2020.

Entre marzo y el lunes 13 de abril, el Banco de Previsión Social (BPS) recibió 133.376 solicitudes de subsidios por desempleo, según la síntesis del informe elaborado por esta institución y difundido por el Equipo de la Representación de los Trabajadores (ERT).

Debido a la emergencia sanitaria que vive Uruguay a causa del covid-19, desde el 1° de abril hasta el lunes 13 hubo 47.332 solicitudes de subsidios por desempleo. De estas, 39.410 (83,26%) fueron por suspensión de actividad, 2.123 (4,49%) por despidos y 5.799 (12,25%) por reducción. Además, en el período comprendido entre el 1° de marzo y el 13 de abril hubo un total de 8.812 despidos.

Las solicitudes durante abril en las que no se interrumpe la relación laboral es de 95,51% (45.209). El ERT aclara que las solicitudes no corresponden a beneficiarios.

En cuanto a los subsidios por enfermedad, el ERT afirma que en marzo se registraron 105.697 certificaciones de enfermedad, por lo que infiere, en base a la proyección de años anteriores, que eso implicaría en total unas 80.000 solicitudes y el pago a más de 40.000 personas por enfermedad.

Esta baja entre las certificaciones y el número total de solicitudes, explica el informe de ERT, tiene varios motivos: si bien son 105.697 las certificaciones médicas, no todos son beneficiarios, porque es posible que una misma persona se haya certificado más de una vez, por tener más de un empleo.

Además, no todos los trabajadores que se certifican reciben el subsidio por enfermedad. Por ejemplo: a los funcionarios públicos (enseñanza), el Banco de Previsión Social (BPS) no les paga el subsidio por los días que se certifican, y los trabajadores privados que fueron certificados por menos de tres días tampoco reciben subsidios por enfermedad. Por eso es que siempre hay una diferencia entre la cantidad de certificados y la cantidad de personas a las que el BPS les paga.

De las 105.697 certificaciones de marzo, 22% (23.107) fueron por enfermedades vinculadas a las vías respiratorias. Los departamentos con más certificaciones fueron: Montevideo (13.504), Canelones (4.146), Maldonado (1.126), San José (674) y Colonia (534).

Organizaciones vinculadas con la salud cuestionan estrategia para enfrentar pandemia en Uruguay

Entienden que es contradictorio llamar a “quedarse en casa” y simultáneamente autorizar la incorporación al trabajo en la construcción e iniciar las clases en escuelas rurales.

En una declaración emitida este jueves por el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, entre otras organizaciones, se expresa “preocupación frente al rumbo tomado ante la emergencia sanitaria”, en primer lugar porque las decisiones se toman “desconociendo la estructura de gobierno del Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS], que es la Junta Nacional de Salud [Junasa]”.

Por eso, reclaman “el restablecimiento inmediato de toda la estructura de participación social”, incluyendo a la Junasa y las juntas departamentales y locales de salud. “Esto permitirá una conducción que cuente con la mirada de todos los actores y en la que se privilegie la acción de la comunidad en la implementación de las estrategias sanitarias”, argumentan.

Además, expresan que no hay “un rumbo claro, transparente y seguro” para enfrentar la pandemia, y que la estrategia de “concentración y centralización de los servicios” y de la toma de decisiones “atenta contra la posibilidad de aplicar políticas de prevención y contención”. “A la falta de un rumbo claro se le agrega que en algunos temas la comunicación, además de opaca, ha sido contradictoria, así como con carencias, marchas y contramarchas en la gestión”, dicen, cuestionando el cierre de las policlínicas de la Red de Atención Primaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que generó un impacto de atención en los territorios y congestionamientos en el segundo nivel de atención. También critican que a “las carencias y resistencias habituales al desarrollo del primer nivel en los efectores no estatales” del SNIS “se les sumó una reducción de horario y servicios” en muchos centros de atención descentralizada. Esta atención se sustituyó por la atención por medio de call centers, una alternativa que “está fuertemente en discusión por su calidad y escasa capacidad de respuesta y resolutividad”.

El tema de los test

Las organizaciones firmantes también cuestionan la falta de transparencia sobre las decisiones respecto de los test diagnósticos, ya que aún “no se conoce” el Protocolo de Atención Médica para la realización del test que se anunció, pero, además, porque se anunció una cantidad diaria de test que serían realizados “que luego no se concretaron y no se explicaron las razones”.

Otros aspectos de la estrategia que se cuestionan son la decisión de convocar a los usuarios de ASSE a llamar al SAME-105, porque este servicio fue “incapaz de responder a la demanda”, la falta de recursos materiales para el cuidado y protección de los funcionarios, técnicos y médicos, y el envío de cientos de trabajadores de la salud privada a seguro de paro, en medio de la emergencia sanitaria.

Por todo lo anterior, las organizaciones exigen a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que “afirmen su rol de rectoría y no permitan que dispositivos creados para empresas y trabajadores afectados por el aislamiento social sean aprovechados indebidamente para fines puramente mercantiles de empresas privadas de la salud”, ni que sean “utilizados por empresarios que toman a la salud como un negocio, con objetivos de reestructura y achicamiento de funcionarios, o de ahorro para acumulación de dinero”. Rechazan, por lo tanto, “las estrategias de enfrentamiento a la pandemia que privilegian las consideraciones de carácter económico por encima de la opinión de los científicos comprometidos con la salud, de actores técnicos y sociales de la salud, y de las necesidades de la población”.

Finalmente, consideran que el llamado del Poder Ejecutivo “al aislamiento social, a ‘quedarse en casa’ y simultáneamente –y contradictoriamente– autorizar la incorporación al trabajo de más de 40.000 trabajadores de la construcción en diversos puntos del país, así como el inicio de las clases en las escuelas rurales […], es “un grave error” que pone “en riesgo” la vida de niños, maestros y población en general.

Clases en escuelas rurales serán de tres horas y media y sólo tres días a la semana

El CEIP resolvió las condiciones que deberán tener las escuelas para comenzar las clases la próxima semana.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) resolvió este jueves que sólo las escuelas rurales que tengan las condiciones sanitarias necesarias comenzarán las clases el miércoles 22, tal como solicitó el Poder Ejecutivo. En la resolución se agrega que “las escuelas seleccionadas funcionarán con un régimen de tres días a la semana, de 9.00 a 12.30, brindando alternativa para un sistema de alimentación en el hogar”.

Según comentó a la diaria el consejero del CEIP Pablo Caggiani, la primera aproximación indica que serán unas 500 escuelas rurales las habilitadas, de las 950 que están activas este año. Asimismo, indicó que aún resta definirse la modalidad por la que se asegurará la alimentación de los niños, pero que no se piensa en el mismo modelo de viandas que se usa en las escuelas urbanas con aquellos niños que se inscribieron en la primera semana de suspensión de clases presenciales.

En la resolución se detalla con qué criterios se seleccionarán las escuelas que abrirán la próxima semana. Debe contar con buenas condiciones edilicias, no tener dificultades con el agua, contar con auxiliar de servicio, contar con transporte público o transporte oficial, y presentar excelente higiene. Para monitorear este último punto se pidió a la división Educación Inicial y Primaria del CEIP que intervenga a través de auxiliares o cooperativas sociales.

En la resolución también se indica lo ya planteado por los sindicatos este miércoles: a los docentes que residan “en localidades en las que se registraron casos de covid-19 se les realizará el hisopado y se les administrará vacuna antigripal”. En caso de que los trabajadores se encuentren dentro de la población de riesgo no tendrán que concurrir a las escuelas; se solicitará un docente suplente o se podrá asignar un auxiliar de servicio de otra escuela.

El comunicado surge luego de la reunión que mantuvo el CEIP con el secretario y prosecretario de Presidencia, y representantes del Sistema Nacional de Emergencia, de los ministerios de Educación y Cultura y Salud Pública, y de los sindicatos de la educación y de los médicos rurales.

*la diaria

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