Perú. Mujeres y niñez indígena afectadas por violencia, discriminación educativa y agrícola

Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2020

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, mujeres indígenas se han visto impedidas de trasladarse a mercados y otros distritos para comercializar productos agrícolas. Ello, sumado a que los hombres ya no obtienen recursos por trabajar en proyectos de construcción, ha golpeado la economía de muchos hogares en comunidades indígenas.

Y de acuerdo a un informe elaborado por CHIRAPAQ (Centro de Culturas Indígenas del Perú), la presión afecta sobre todo a las mujeres pues se espera que sean quienes provean alimentación en el hogar.

«En muchos casos se trata de mujeres que son jefas de familia, con esposos que trabajan fuera de la comunidad. Y si ellos se quedaron estancados fuera, imaginen la doble responsabilidad de esas madres», explica Tarcila Rivera, directora de CHIRAPAQ y activista indígena.

Ante esa situación, CHIRAPAQ presentó la propuesta de incluir productos agrícolas que las agricultoras y agricultores no pueden comercializar, en las canastas que los municipios entregan a familias vulnerables.

¿Aprendo en casa?

Ante el aislamiento obligatorio, el Estado dispuso el inicio de las clases escolares y universitarias en modalidad virtual. Además, lanzó el programa «Aprendo en casa», con contenidos educativos que se transmiten a través de canales de televisión. Pero, ¿esa medida alcanza a las comunidades indígenas?

“Los jóvenes no están estudiando, no tienen una guía de qué cursos avanzar. Esa política de estudio por internet aquí no va funcionar. No hay luz y menos internet. En relación a computadoras en el colegio solo algunos tienen”, indicó Romario Gutierres Paucar, de la comunidad de Inmaculada Huallhua (Ayacucho) en encuesta realizada por CHIRAPAQ.

Actualmente, localidades andinas utilizan los altoparlantes de uso comunitario para difundir información de prevención ante el coronavirus. Una de las propuestas que presenta CHIRAPAQ es utilizar ese medio para difundir también contenidos del programa «Aprendo en casa». Sobre todo en comunidades que no cuentan con cobertura radial, televisores, computadoras o luz constante.

En Iquitos (Loreto), jóvenes estudiantes indígenas quedaron «encerrados» en la ciudad, varados por el inicio del aislamiento obligatorio. De acuerdo al informe de CHIRAPAQ, veinte jóvenes se encuentran en las oficinas de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), mientras que otros están en residencias cerca de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).

Para ellos, la mayor dificultad es no poder comunicarse con sus familiares porque solo tienen dos laptops y no tienen internet. Además, están en la incertidumbre ante el inicio de su ciclo académico.

«Rechazamos tajantemente el intento de desarrollar clases y evaluaciones de forma virtual en nuestra Universidad, debido a que no contamos con las condiciones para ello en toda la ciudad, incluyendo los factores que estos se requiere y la escasez de materiales para el desarrollo. Consideramos que es un sistema discriminatorio y poco inclusivo de acuerdo a la realidad de los estudiantes que no cuentan con posibilidades», indica la federación de estudiantes de la UNAP en un pronunciamiento.

Vulnerables ante la violencia

En el informe de CHIRAPAQ, se informa sobre un caso de violencia familiar en la comunidad de Huambalpa, que no fue reportado. Además, el tránsito está restringido debido a la emergencia sanitaria; es importante precisar que el Centro de Emergencia Mujer (CEM) más cercano a esta comunidad está en la capital de Vilcashuamán, a una hora y medio de camino.

Esto representa otro peligro para mujeres y niñas indígenas que sean víctimas de violencia. «Es vivir con el enemigo, no tienen los servicios de defensa y justicia no están cerca. Tienen que caminar hasta las capitales de distrito, ¿cuántas horas toma si no hay ni movilidad? Es como estar encarceladas con su propio verdugo», expresó Tarcila Rivera a Wayka.

Como precisa la activista indígena, no existe un registro desagregado de las víctimas que nos permita saber su etnia, lugares o cultura. «Eso viene pidiendo por años el movimiento indígena. Algo se ha avanzado, pero aún estamos al margen de lo que es ser incluidos en las políticas públicas», explica.

Fuente: Wayka

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