Argentina. Observatorio gremial. «El sistema de salud presenta severos déficit de funcionamiento»/ Los efectos de la pandemia sobre la economía femenina … (Más info)

Resumen Latinoamericano, 13 de abril de 2020 .-   Con información propia y de Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias

La OIT advierte que Argentina podría sumar 340 mil nuevos desempleados por el COVID19

Mujeres, trabajadores informales y monotributistas, entre otros, enfrentan los mayores riesgos de perder su empleo y de sufrir el deterioro en la calidad de sus condiciones laborales. Así lo sostiene una nueva publicación de la Organización Internacional del Trabajo en nuestro país.

Al igual que en todo el mundo, la crisis provocada por la pandemia tendrá un fuerte impacto en el mercado de trabajo de Argentina. La cantidad y la calidad de los empleos se encuentran amenazadas, con consecuencias más significativas para los trabajadores que están en una situación de mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con este informe, los grupos más afectados por la crisis son las mujeres, los trabajadores informales –y en particular quienes se ocupan en actividades que no pueden realizarse de manera remota, como las trabajadoras domésticas–, los trabajadores independientes, los monotributistas y los trabajadores de plataformas –con modalidades de empleo que no ofrecen ningún tipo de protección social: de salud, previsional, desempleo.

Aunque aún se desconoce en todo el mundo, la magnitud de la crisis, se prevé una caída significativa del PIB durante 2020, estimada entre -2 y -3,8%. De confirmarse el escenario más extremo, el número de desocupados en el país podría sumar 340.000 personas.

Los trabajadores informales en general se verán especialmente afectados por las consecuencias del COVID-19, ya que normalmente se desempeñan en ocupaciones incompatibles con el trabajo a distancia. “Es importante tener presente que éste grupo, además de verse especialmente afectado por la crisis, no cuenta con los mecanismos de protección que le permiten disponer de un ingreso durante el tiempo que no puedan realizar su actividad”, aseguran los especialistas de la OIT Argentina, refiriéndose por ejemplo a un REPRO.

Los trabajadores independientes, monotributistas y/o trabajadores de plataformas también se cuentan entre los más vulnerables. En general, “no están cubiertos por un seguro de desempleo u otras protecciones esenciales, como la cobertura por enfermedad profesional que les otorgaría un ingreso durante el periodo que no pueden trabajar”.

La crisis también afecta de manera directa a la construcción y la industria y, en especial, a las micro empresas y las PyMEs. “Gran parte de la población ocupada en Argentina trabaja en ellas o por cuenta propia”, señalan Christoph Ernst, Elva López Mourelo, autores del trabajo, quienes al mismo tiempo «sostienen que en las unidades con menos de cinco empleados, 7 de cada 10 personas trabajan en la informalidad».

El extenso y detallado informe de 35 páginas también analiza políticas y acciones diversas frente a la crisis. Para la OIT Argentina, la respuesta a esta crisis debe ser integral, articulada y monitoreada entre los ministerios, con el compromiso compartido de gobiernos, empleadores y sindicatos, en un proceso activo de diálogo social. De ese modo se evitarán consecuencias, aún más graves de cara a los próximos meses y años.

Argentina no será ajena a lo que pase a nivel global. El COVID-19 destruirá el equivalente a 14 millones de empleos en Sudamérica y el Caribe donde la tasa de informalidad es de 53%.

La región registra pérdidas enormes en horas de trabajo que se reflejan en una caída de la cantidad de empleo. La pandemia afecta en forma especial a sectores que generan gran cantidad de puestos laborales en la región, -cerca de un 50%- como son comercio y servicios.

En todo el mundo, la pérdida de horas de trabajo fue de 6,7%, el equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo en el segundo trimestre de 2020. El documento de la OIT habla de la peor crisis laboral desde la II Guerra Mundial. Una ironía también para la centenaria Organización Internacional del Trabajo, que apenas cumplido el centenario de su nacimiento, analiza uno de los peores escenarios desde su creación.

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Entrevista al Dr. Reynaldo Saccone, expresidente de CICOP (trabajadores de la salud)

«El sistema de salud presenta severos déficit de funcionamiento»

Por Mario Hernandez 

M.H.: La intención es tener esta comunicación con Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop, que es la organización gremial de los trabajadores de la salud de la Provincia de Buenos Aires, mientras dure esta situación, semanalmente, para poder tener un estado de situación.

¿Qué nos podés comentar? Tengo muchas preguntas, por ejemplo, la declaración de las organizaciones sociales de Villa Lugano, la denuncia de los docentes del programa Jornada Extensiva de la Ciudad de Buenos Aires que realizan el reparto de alimentos por los hoteles con repatriados en cuarentena. Donde se pone en riesgo a cientos de profesionales. La denuncia de los trabajadores del Centro de Salud Nº3 Dr. Ameghino. Infinidad de temas, pero me gustaría escuchar a alguien más autorizado que yo en la materia.

R.S.: Me gustaría hacer un planteo general, después podemos entrar en las manifestaciones particulares que hay en cada sector de la sociedad y de los trabajadores que manifiestan todos estos problemas.

En cuanto a las cuestiones generales, el Gobierno ha intervenido en el problema, que es algo que hay que reconocer como favorable, con dos grandes líneas, una contener la circulación del virus, por eso la cuarentena severa. La cuarentena está siendo cumplida por la gran mayoría de la población, es muy poca la gente que manifiesta desacuerdo con la cuarentena.

Y la otra medida que debería ser grande es el sistema de salud. Es el otro pilar en el que debe apoyarse la lucha contra la epidemia. Es acá donde está el punto débil de la política oficial, porque el sistema de salud presenta severos déficit de funcionamiento, en la infraestructura, en los edificios, en el equipamiento tecnológico, en los insumos y, sobre todo, lo más importante de todo, los recursos humanos, que en una política de muchos años y de varios gobiernos se ha ido dejando caer.

Entonces, estos años de abandono y de bajos presupuestos son difíciles de cubrir. Para dar un ejemplo, el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires. En el año 2006/08 era el 8% del presupuesto global de la provincia y fue bajando, con los gobernadores de distintos signos, pero le correspondió a María Eugenia Vidal el título de campeona mundial del descenso por llevarlo al 5%. O sea que cayó del 8% al 5% que es el más bajo en la historia de la provincia.

Lo cuento para tener una idea, porque la Provincia de Buenos Aires es una de las más ricas del país, así que ni hablar del resto de las provincias. Ahí tenemos un problema muy grave que se puede cuantificar y ejemplificar, porque en esta epidemia son cruciales las unidades de cuidados intensivos porque el paciente afectado por este virus desarrolla una patología pulmonar, una neumonitis en la cual un porcentaje requiere asistencia mecánica respiratoria sino se muere ahogado.

Eso se realiza en terapia intensiva, porque son una serie de procedimientos que hay que hacer y la asistencia mecánica respiratoria se hace con el paciente dormido. Eso requiere dos cosas, primero personal capacitado para hacerlo, para introducirlo en esa asistencia mecánica y además personal altamente calificado para mantenerlo. Situación en la que va a estar varios días hasta que se recupere, o no, porque es precisamente en esta situación en la que se producen los fallecimientos.

Hay un estudio que se le hizo a la presidente de la Sociedad argentina de terapia intensiva que reveló que en la Argentina hay 8.500 camas para adultos y unas 1.800 pediátricas. Eso da 0,25 camas cada 1.000 habitantes. Eso no quiere decir nada, no sabemos si es mucho o poco, pero lo tenemos que comparar con lo que recomienda la OMS que es una cama cada 1.000 habitantes. Quiere decir que tenemos la cuarta parte de lo que recomienda la OMS. De estas camas solo el 70% poseen respirador actualmente. Porque no es solo la cama lo necesario, se requiere del respirador, monitores para seguir los latidos cardíacos, la presión arterial, la saturación de oxígeno y otros parámetros para mantener el control, porque está continuamente monitoreado el paciente. Y la bomba de infusión, el mecanismo para proporcionarle los líquidos que necesita. Entonces, solo el 70% de esas camas está en condiciones. Hay solamente 1.900 médicos especialistas para adultos. Quiere decir que hay un déficit de recurso humano en el aspecto de los médicos y más en Enfermería, porque tanto el médico como el enfermero de terapia intensiva requieren una destreza y un entrenamiento especial y conocimientos específicos.

M.H.: ¿Estamos hablando solo del sistema público?

R.S.: En general, público y privado. En cuanto a la Enfermería, hay 1 cada 3 o más camas, depende del lugar y no 1 cada dos camas. Hay que tener en cuenta que la terapia intensiva funciona 24 horas todos los días del año, entonces requiere mucho recurso humano. Además por la complejidad de los pacientes y de los cuidados necesitás de otros especialistas, como kinesiólogos para ayudar a la mecánica respiratoria, además de otros profesionales de otras especialidades.

Esas camas de las que estamos hablando, están siempre ocupadas con pacientes con las enfermedades complejas pero habituales. Entonces queda un 10% para ser utilizadas en la pandemia. Ahí tenemos un déficit categórico en el cual el gobierno tiene que intervenir.

El aspecto del recurso humano es otro lugar deficitario, por ejemplo, el jefe de Gobierno de la Ciudad convocó solamente a 200 enfermeros que están jubilados. Lo cual es una contradicción, convocó a 200 enfermeros más pero que ya están jubilados, o sea, personas de edad que constituyen la población de riesgo en plena pandemia, es el grupo de personas que tienen que estar alejadas del hospital.

Y de paso la experiencia internacional está mostrando que las víctimas que se cobra la pandemia en los distintos trabajadores de la salud, en todas las categorías, profesiones, etc., son muy elevadas. Por ejemplo, en Irlanda el 25% de las víctimas infectadas son personal de salud. En Italia hay un número muy elevado de enfermeros y médicos que están cuantificados porque la Asociación de médicos italiana lo ha hecho, son más de 50 los médicos que han muerto.

El punto débil no está en la cuarentena sino en dónde hay que gastar la plata

M.H.: Pero todo este personal tendría que trabajar 24 x 24 horas.

R.S.: Por eso son necesarios los relevos, cuando tenés 24 horas de trabajo continuas entonces tenés varios turnos que se van relevando porque los que trabajan tienen que descansar, para poder trabajar. Yo lo que estoy marcando es que convocar a 200 enfermeros en edad de riesgo es un contrasentido, no se está dando la respuesta necesaria. El punto débil no está en la cuarentena, eso está muy bien y se está haciendo, el punto débil es dónde hay que gastar la plata.

M.H.: Vos me mezclas todo Reynaldo, estamos hablando de salud y me empezás a hablar de plata y pagamos 250 millones de dólares de la deuda externa hace unos días. ¿Cómo se entiende eso? La convocatoria que hizo Axel Kicillof a médicos, enfermeros, etc. La gente que se ofreció supera ampliamente a la gente que se tomó, parecería ser que el recurso humano por algún lado está, lo que está faltando es cómo sostener económicamente ese recurso humano, a menos que pensemos que toda esa gente se tenga que presentar y actuar voluntariamente.

R.S.: Tal cual. La cantidad de gente que se necesita es superior a las publicaciones que hace el gobierno. Estamos hablando de fortalecer el sistema de salud, porque si estuviera funcionando a la perfección y hay una demanda transitoria por causa de una enfermedad estaría bien que reclamen en forma transitoria la colaboración de profesionales. El problema acá es que hay que completar, porque además de la gente que se enferma por la pandemia, la gente se sigue enfermando, sigue teniendo infartos, coleosistitis, apendicitis, etc. Entonces lo que hay que hacer es normalizar el sistema público de salud.

La CICOP está reclamando al gobernador la designación de 2.500 profesionales sin incluir Enfermería, que son las vacantes que existen y no han sido llenadas en los últimos gobiernos. Eso permitiría tener el hospital parado sobre sus 4 patas y ahí sí podríamos agregar más personal para atender la pandemia. Pero no se busca normalizar los hospitales porque se trata de gastar lo menos posible y de esa manera recae el peso de enfrentar la pandemia sobre el físico de los trabajadores de la salud.

Y ahí viene el otro problema, porque los trabajadores para poder actuar tienen que estar protegidos y para eso tienen que disponer de insumos, guantes, barbijos, camisolines, protectores faciales, protectores oculares. Toda esa posibilidad tiene que estar presente y también es faltante en el sistema público de salud. No existe. No está provisto.

M.H.: Hay muchas denuncias de los trabajadores de salud al respecto.

R.S.: Continuamente. Tampoco escapa a esto el sistema privado de salud, porque los trabajadores del Hospital Italiano protestaron, cortaron la calle porque los obligaban a trabajar sin protección. Se supo que hay 10 empleados infectados por el Coronavirus. También hay un desgarrante mensaje de una trabajadora del Sanatorio Güemes porque los obligan a trabajar sin protección.

Ahí hay un problema, porque hay trabajadores que por temor a perder el empleo no hacen valer sus derechos, entonces estamos en un problema grave. Yo creo que el punto débil, el talón de Aquiles de la política del gobierno es el recurso humano  y los insumos.

Y el otro problema es tecnológico. Sobre el testeo hay una discusión, si hay o no que hacerlo masivo. Se hacen menos test de lo que sería conveniente, es más restringido, precisamente porque había un solo lugar donde se hacía, en el instituto Malbrán, donde se capacitó a una cantidad de bioquímicos y que en cuanto estén montados los otros centros se va a hacer en distintos lugares. Por ejemplo, el Hospital Paroissien de La Matanza ya tiene instruidos a sus profesionales y en cuanto lleguen los insumos van a poder trabajar en los diagnósticos. Pero el problema es que se necesitan esos insumos. Hay una fábrica norteamericana que los produce y cuyo valor de costo, según The Guardian, que es un diario inglés independiente, es de 3 dólares y la empresa los vende a 19.

M.H.: Seis veces más caro.

R.S.: Claro. Ahí se plantean varias cosas, por ejemplo, que hay que suspender la patente internacional para ciertos productos y producirlos acá. Eso no es nuevo en la historia, lo hicieron en la época de Mandela en los 90 con la epidemia de sida que hubo en Sudáfrica, hicieron los antirretrovirales en ese país suspendiendo la patente de las multinacionales de la industria farmacéutica que tienen monopolizada la producción de ese medicamento. EE UU estuvo a la cabeza de quienes protestaban contra Mandela.

Y cuando vino el episodio del llamado “terrorismo bacteriológico” con el Antrax, hace 20 años, EE UU que no fabricaba porque la patente internacional de la droga que servía la tenía Bayer, el mismo EE UU suspendió la vigencia de la patente allí para producir la droga contra el Antrax. Quiere decir que en esta situación se puede hacer y hay pactos internacionales que lo permiten. Trump ahora convocó a la industria del automóvil, a la General Motors para que produzcan respiradores en alguna de sus innumerables plantas y fábricas de autopartes. Eso también tendríamos que hacerlo.

M.H.: Han tomado la iniciativa en eso algunas empresas recuperadas, produciendo barbijos, alcohol en gel. Entre ellas Madigraf. Farmacoop (ex Roux Ocefa), el primer laboratorio recuperado, también está produciendo gel. Las trabajadoras de la fábrica textil recuperada en Neuquén están haciendo barbijos. Hay muchos casos, han tomado la delantera.

R.S.: Incluso hay grupos familiares que los hacen colaborando con esta situación. Una cosa es que lo haga espontáneamente desde distintas iniciativas la gente y otra es que el Estado lo haga con todo su peso y produzca en la cantidad que hay que producir.

M.H.: Yo en esto tengo una posición tomada, si estamos en guerra peleemos en serio, porque así no vamos a ningún lado. En una guerra se nacionaliza el comercio exterior, los Bancos, se centraliza la producción, se reconvierte lo que haya que reconvertir, etc. Por no haber hecho esto, cosa que reclamaba en el año 1982 el diario La Prensa, se perdió la guerra de Malvinas. Y me preocupa que acá somos demasiado contemplativos, como el caso de Techint o del señor Alfredo Coto, que cuando los trabajadores le reclaman por las medidas de seguridad los manda a trabajar a Cuba.

R.S.: Así es, una barbaridad.

Barbijo sí, barbijo no

M.H.: Se habla mucho de la salida de esta cuarentena y se ha instalado una polémica “barbijo sí, barbijo no”. Inclusive en algunas provincias han establecido el uso obligatorio del barbijo. Me pregunto ¿cómo puede ser que mientras los trabajadores del Hospital San Roque, de la capital de la provincia jujeña reclaman por las medidas de seguridad, entre ellas la provisión de barbijos, en el hospital que supuestamente va a cumplir el mismo rol que nuestro Ramos Mejía en CABA, donde también se está reclamando, el gobernador tome esta medida y ahora todo el mundo tiene que andar con barbijo?

R.S.: Primer tema, “barbijo sí, barbijo no”. Lo que se busca es filtrar las gotas de saliva que cuando uno habla, tose o respira fuerte larga. Es protección más bien para el afuera, no para el que tiene el barbijo puesto. La protección es para que la persona con barbijo no largue sus gotitas al exterior y toque a otras personas. Por eso se les coloca a los pacientes inmediatamente que se los empieza a controlar para ver si son o no portadores del virus.

Desde el punto de vista de la protección para el que se pone el barbijo es relativa, tiene que estar frente a alguien que esté largando gotitas, si vas en el subte o en el colectivo con la gente respirándote encima, el barbijo te protege. Si sos una persona que atiende al público en una ventanilla, el barbijo te protege. Cumple una función. Pero si vas caminando por la calle es relativo.

También el barbijo tiene una función psicológica, he leído en muchos epidemiólogos e infectólogos que lo recomiendan, de otros países, dicen que tiene una función psicológica y afirman que al ver a una persona con barbijo se genera una dinámica de emulación y lleva a pensar “si esta persona se protege, yo también protejo”. Una emulación.

Eso en cuanto al barbijo quirúrgico. Hay un millón de modelos en internet para hacer, que ya no son quirúrgicos. Están los que los hacen con plástico, con pañuelos de seda, etc. Ese no es el barbijo quirúrgico. Pero sirven. Siempre hay que tener en cuenta tanto lo que uno emana como lo que puede absorber. Si uno guarda la distancia aconsejada de un metro y medio o dos ya es más difícil que recibas una lluvia de gotitas.

Por otro lado está el barbijo N95 que es específico que utiliza el personal de salud que está en contacto con una persona portadora de Coronavirus. Es un barbijo especial con válvulas para entrada y salida del aire. Eso es a grandes rasgos todo lo que sabemos de barbijos.

Al principio de la epidemia se decía que no era necesario. Ahora por todos lados lo recomiendan, de ahí a ponerlo obligatorio es un pintoresquismo.

M.H.: Lo que me preocupa es que en una provincia donde los trabajadores del Hospital San Roque, que es el que va a recibir a los infectados, como en el caso del Ramos Mejía en CABA se están quejando de que no tienen los elementos. Primero hay que proveer de barbijos a la gente que va a estar en la primera línea.

R.S.: Totalmente de acuerdo. Lo que decís es la lógica. El problema es que no hay tantos barbijos. Entonces hay que fabricar. El tema de la pandemia y los insumos que requiere el cuidado y la prevención, requiere de medidas enérgicas de gobierno. Por ejemplo, que se reconvierta una parte de los segmentos de la industria textil para fabricar barbijos. Hay capacidad en la Argentina.

M.H.: Lo hace Madigraf que es una fábrica recuperada de cuadernos.

R.S.: Hay que por decreto o por un acto administrativo hacer que un segmento de la industria textil produzca barbijos.

M.H.: Lo mismo la General Motors en EE UU fabricando respiradores. No veo por qué las fábricas automotrices de la Argentina que están paralizadas en un alto porcentaje ya antes de esta crisis, no pueden producir respiradores o por qué el ingenio Ledesma no puede producir alcohol en gel.

R.S.: Y todos los ingenios. El alcohol en la Argentina es fácil de producir porque tenemos la materia prima para extraerlo, que es el alcohol de caña de azúcar. Es algo que se puede resolver rápidamente. No se resuelve porque la economía se mueve de acuerdo a la renta. Entonces lo que no da ganancia no se mueve. Entonces hay que intervenir con medidas planificadas, con acciones del Estado que pasen por arriba de esa relación de producir para la renta y se produzca para la necesidad. Ahí sí, porque eso se puede resolver fácilmente.

Por otro lado hay gente de buena voluntad, cercanas a los hospitales que se ofrecen para proporcionar y hacer barbijos. El tema es que hay que resolverlo rápido. Hay un artículo muy interesante, editorial de una de las revistas más antiguas e importantes del mundo que es la del Hospital de Massachusetts de Boston, que plantea un título muy interesante, afirma que no hay que aplanar la curva, hay que aplastarla. Refiriéndose a la curva de contagio, que nosotros nos contentamos con que no crezca violentamente hacia arriba como pasó en España, Italia y ahora en Nueva York, sino que crezca lentamente como está pasando en la Argentina.

Para aplastarla propone una serie de medidas, una de las cuales es volcar el poderío industrial para la producción de todos estos elementos que son para la protección del personal de salud. No solo del personal de salud, sino en el caso de los barbijos, de la población. La población puede tener barbijos y se pueden hacer porque no son algo del otro mundo.

M.H.: Está creciendo poco la curva, me pregunto ¿hay pocos casos porque hay pocos test?

R.S.: Es una buena  pregunta, porque la única manera de saber que una persona tiene el virus es con el test que se llama de PCR, la prueba de proteína C reactiva, que es el que hace el Malbrán y que ahora lo están descentralizando a un ritmo cansino por problemas de escasez en distintos hospitales del Conurbano y el resto del país. Se supone que en cualquier virosis, no solo en esta de la que estamos hablando, siempre hay muchos más portadores sin síntomas, porque uno puede estar lleno de virus pero que tu sistema inmune los mantenga a raya. Y en muchos casos alguien así puede contagiar. Hay portadores sanos que contagian. En la Argentina el criterio que se ha tomado, dada la escasez, es a partir del caso sospechoso. Entonces si da positivo que esa persona tiene el virus se testea a todo su entorno. Pero no se hacen test en gran escala.

M.H.: Otro tema, me quedó muy presente de tu intervención del martes pasado ¿cómo vamos con el recurso humano? Porque ese parecería ser el talón de Aquiles.

R.S.: En el recurso humano, en el recurso tecnológico y materiales. Está pareja la necesidad. A mi manera de ver las cosas hay una intención del gobierno de gastar lo menos posible, porque no tiene la disponibilidad, entonces tiene que dejar de pagar la deuda, imponer tributo a los que pueden pagarlo, y este gobierno no tiene hacer eso dentro de su plan político. Entonces trata de gastar lo menos posible. Por esto ofrece sueldos que los profesionales no aceptan. En la Provincia de Buenos Aires ya había un déficit de 2.500 profesionales.

M.H.: Recuerdo que desde CICOP lo vienen denunciando hace años.

R.S.: Eso se resuelve fácilmente porque hay profesionales. Todos los años terminan su residencia varios centenares de profesionales de todas las ramas, médicos, enfermeras, kinesiólogos. Están muy bien formados, pueden entrar al sistema público pero hay que pagarles, porque si no se van a hacer guardia a una ambulancia que ganan mejor que en el hospital.

M.H.: La convocatoria de Kicillof no resultó positiva en el tema de médicos y especialistas en terapia intensiva. Sí en enfermeros, kinesiólogos, psicólogos.

R.S.: Sí, dijo que tienen problemas con los terapistas.

M.H.: Y faltan médicos, por eso trajo los 500 médicos cubanos. Criticado por la oposición, particularmente por la UCR y ese pequeño núcleo de 160 profesionales que vinieron de Suiza, pero no llegó a cubrir lo que él pretendía que no es lo que se necesita.

R.S.: Tal cual.

M.H.: Están abriendo hospitales por todos lados, el de Esteban Echeverría parece un aeropuerto de última generación, me recordó al de Frankfurt pero ¿con qué médicos y terapistas cuentan?

R.S.: Ese es el problema. Hay una manera, pagarles un sueldo aceptable a los profesionales. Además en la desesperación la semana pasada sacaron una convocatoria a profesionales médicos jubilados. Le ofrece el sueldo que le paga a los médicos que están trabajando y les permite cobrar la jubilación, con lo cual sería un sueldo interesante.

M.H.: Tu caso, por ejemplo.

R.S.: Si yo quisiera trabajar en esas condiciones. Lo que pasa, el problema es que la población de médicos jubilados es la población de riesgo de vida.

M.H.: Lo mismo que hizo Larreta con los enfermeros en la ciudad de Buenos Aires.

R.S.: Es el mismo esquema. Lo que hay que decir es que sin medidas enérgicas esto va a ser muy lento y doloroso, porque ahora estamos entrando en una fase de ablandar la cuarentena antes de llegar al pico. Eso es peligroso. Estamos confiados porque el ritmo es muy lento, pero eso es porque el aislamiento es una medida acertada y la gente lo está cumpliendo con muchísima disciplina. Y en segundo lugar porque se están agotando los que introdujeron el virus en el país. Pero hay virus comunitario y si ves los porcentajes que dan todos los días, el 44% todavía es la gente que viajó, hay un 30% estrechamente vinculada a los viajeros y un poco más de un 10% de virus autóctono. Eso ha ido creciendo y ese es el problema. Por eso el tema no está resuelto. Por eso la medida de aislamiento que es exitosa, sería apresurado y un error levantarla.

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Los bancos nacionales ya otorgaron 10.000 créditos a pymes por $ 21.750 millones

Así lo precisó Adeba en un comunicado donde destacó que más de la mitad de estos créditos con tasas de interés del 24% anual se otorgaron entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, con $ 11.750 millones

Los entidades financieras de capital nacional agrupadas en la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) otorgaron ya 10.000 créditos a micro, pequeñas y medianas empresas por $ 21.750 millones para pagar salarios, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Así lo precisó Adeba en un comunicado donde destacó que más de la mitad de estos créditos con tasas de interés del 24% anual se otorgaron entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, con $ 11.750 millones.

De acuerdo a lo informado por esta entidad, los bancos que participaron de la encuesta representan el 80% de los créditos otorgados por banca privada nacional.

Estos datos de la última semana de operación se suman al récord de préstamos otorgados al sector privado hasta el 1 de abril, récord en variación nominal y porcentual.

En efecto, el sistema bancario en su conjunto otorgó créditos por $ 148.000 millones en los 10 días hábiles que hubo entre el 13 de marzo al 1 de abril últimos.

Según datos del Banco Central, el stock de préstamos en pesos al sector privado superó $ 1,9 billón al 1 de abril.

Estos créditos se dirigieron en partes casi iguales a satisfacer la demanda crediticia de empresas, como pago de sueldos, capital de trabajo, acuerdos en cuenta corriente; y a financiación al consumo, entre otras necesidades de las personas físicas.

El sábado último, el BCRA informó que el conjunto de entidades del sistema financiero argentino tiene créditos aprobados por $ 45.168,3 millones, de los que se desembolsaron $ 29.545 millones hasta el 7 de abril último.

De estos desembolsos, $ 1.979 millones fueron a empresas prestadoras de servicios de salud, alcanzadas por la normativa más allá de su tamaño y en el marco de la emergencia sanitaria.

Por su parte, el banco Santander otorgó $ 4.900 millones en préstamos, equivalente a casi un tercio del total de su línea, a 4.500 mipymes para el pago de 110.000 salarios.

Según informó la entidad, esto se suma a $ 726 millones en préstamos especiales a una docena de hospitales, clínicas y sanatorios, y otros $ 181 millones en líneas adicionales a mipymes.

La línea especial de Santander para financiar pago de salarios y capital de trabajo tiene un monto de $ 16.000 millones a una tasa del 24% nominal anual, que permitirán abonar aproximadamente 350.000 salarios, correspondientes a 24.000 mipymes, y contempla un período de gracia de tres meses y a un plazo de 12.

En tanto, el banco Itaú colocó al último día de operaciones de la semana pasada un total de $ 377 millones correspondientes a 141 créditos para pymes, de los $ 800 millones comprometidos en financiamiento a 12 meses.

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Los efectos de la pandemia sobre la economía femenina

Las medidas de aislamiento a raíz de la propagación del COVID 19 tienen un efecto diferencial sobre los roles de género. La pandemia afecta de una manera específica sobre la economía femenina. Las trabajadoras informales son quienes se encuentran más vulnerables a la pérdida de derechos. Asimismo se suma la intensificación de las tareas de cuidado en los hogares debido a la suspensión del ciclo lectivo escolar. Compartimos el informe realizado por el área de géneros de Radio Nacional, a cargo de Celeste del Bianco y Romina Ruffato. Por ANRed


La crisis del coronavirus impacta en la economía de las mujeres. Según un informe de la Organización Internacional del trabajo son las mas afectadas junto a los trabajadores informales y monotributistas. Elba López Mourelo referente de la OIT Argentina, cuenta que las mujeres son uno de los sectores mas vulnerables por su doble rol como trabajadoras y cuidadoras. “Las mujeres están sobrerepresentadas en los sectores mas afectados en términos de empleo. Estamos hablando de sectores como el comercio, el turismo, hoteles, restaurantes, etc. Las mujeres están sobrerepresentadas en las ocupaciones que están a cargo de atender a las víctimas de la pandemia. En Argentina el 59% de los profesionales en el sector de la salud son mujeres. Las mujeres, en su mayor medida siguen asumiento el trabajo del cuidado del hogar. Se multiplica en éste período de cirisis debido al cierre de ls escuelas y de otros servicios de cuidado”.

Las respartidoras a domicilio son de las mas perjudicadas. Si se quedan en sus casas para protegerse y a sus familias, no reciben ninguna compensación. Además denuncian que las cadenas que trabajan para estas aplicaciones, no les permiten ingresar a los baños para lavarse las manos. Así describe la crítica situación María Fierro integrante de la Asociación de Plataformas “la problemática que estamos padeciendo las trabajadoras de plataformas que somos consideradas escenciales, tiene que ver por un lado, con las que somos madres que tenemos a nuestros hijos en casa por lo cual no podemos dejarlos a la deriva, y tenemos que reducir nuestra jornada laboral. A eso hay que sumarle que salir a trabajar para nosotras, significa un gasto extra porque tenemos que comprar los elementos de higiene y protección que ninguna de las plataformas los proveen”.

Los puestos de las trabajadoras de jardines maternales privados estan en riesgo. Roxana Glinka, dueña de una de las instituciones explica que muchas de las familias dejaron de pagar las cuotas y se les complica afrontar los salarios “queremos mantener las fuentes de trabajo. Nuestras instituciones no cuentan con ningún subsidio por parte del estado. La situación económica de las familias frente a la pandemia, hace que muchas no puedan afrontar el pago de las cuotas. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, somos 250 jardines donde trabajan aproximadamente 3000 docentes y no docentes, en su gran mayoría mujeres. Y brindamos en horarios extendidos educación a mas de 10000 nenes y nenas”.

El 95% de quienes brindan servicios en educación y salud como monotributistas son mujeres. Por ejemplo psicólogas, terapistas ocupacionales o acompañantes terapeúticas. Desde el colectivo Prestadores y Prestadoras precarizades en salud y educación, Emilia detalla las dificultades del sector “ante el estado de emergencia del COVID 19 se profundizan la vulneración de derechos laborales en las que nos encontramos las trabajadoras de salud, ya que no contamos con licencias, ni paritarias, ni aguinaldos, ni tenemos convenios colectivos que fijen salarios y tampoco estamos amparadas frente a los crecientes despidos y la falta de indemnizaciones”.

En Argentina mas de 1.700.000 personas realizan trabajo doméstico. El 95% son mujeres. De ese universo un 75% son informales y se constituyen como el sector mas vulnerable frente a los efectos del aislamiento. Así lo explica Cármen Britez, secretaria de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares de Argentina “estamos atravesando situaciones de despidos. Queremos informarles a esos empleadores, que estan despidiendo a nuestras trabajadoras que no lo pueden hacer. A esos empleadores que quieren que el subsidio sea parte del sueldo, el cual es de emergencia y nada tiene que ver con el sueldo de la trabajadora doméstica. Que tienen el mismo derecho de cumplimentar la cuarentena como cualquier otro trabajador”.

Son muchas las personas que trabajan en forma independiente a través de pequeños emprendiemientos y en esta época de aislamiento se encuentran con dificultades para desarrollar sus tareas. Natalia relata su experiencia “trabajo en mi casa y hago comida naturista por eso tengo un público muy específico. Si bajo un poco el trabajo porque la gente empezó a cocinar en su casa, al tener mas tiempo disponible. Tuve que estar astuta con las entregas, porque los deliverys que tenían obviamente estan en cuarentena, tuve que ponerme todo el negocio. Tuve que tercerizar el delivery y utilizar Rappi, Glovo que son los autorizados a entregar.

Hasta el momento la OIT calcula que se perderan 195.ooo.ooo millones de puestos de trabajo en todo el mundo como consecuencia de la emergencia por COVID 19. En este contexto debido al gran nivel de informalidad de sus empleos y la predominancia en la atención sanitaria las mujeres son un grupo de especial importancia a la hora de diseñar políticas públicas para paliar los efectos de esta crisis.

Los salarios en emergencia

Estado debe ser implacable, inspeccionar esas empresas y determinado el incumplimiento establecer sanciones ejemplares de modo de desalentar esa práctica, pues está en juego el poder frente a la crisis: o la gestiona el Estado o la gestiona el capital.

Los salarios en emergencia

Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Así define el art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo el salario mínimo vital. Es decir que lo mínimo que debe percibir una persona por su trabajo es la suma de dinero suficiente para cubrir esas necesidades. A su vez, esa misma definición expresa lo que debe considerarse como la garantía de una vida materialmente digna.

Se trata de la norma que la Constitución Nacional le ordenó al Congreso dictar al consignar en el artículo 14 bis que las leyes deberán asegurar al trabajador una retribución justa. Está claro que no nos referimos al SMVM que fija el Consejo del Salario, que a todas luces resulta insuficiente para su finalidad.

Hay quienes afirman que en situaciones de emergencia los derechos sociales pueden ser restringidos, aunque desde luego desde la AAL sostenemos lo contrario. Sin embargo, una emergencia sanitaria como la vigente en Argentina tiene como especial finalidad la de proteger la salud de la población. Por definición, la alimentación adecuada, la vivienda digna, la asistencia sanitaria y todos los componentes que hacen a la finalidad de un salario digno suponen una vida saludable. Su ausencia, por ende, implica condenar a quienes viven de su trabajo a la insalubridad y, va de suyo, atenta contra la efectividad de las medidas sanitarias.

Por eso iniciamos prontamente una campaña para que se prohíban los despidos y las suspensiones, y saludamos el dictado del DNU 329/2020, convencidos de que el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio solo sería viable si se garantizaba a los trabajadores y a las trabajadores la estabilidad en su empleo y sus ingresos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo de fecha 18 de junio de 2013 (“Asociación Trabajadores del Estado – ATE s/ acción de inconstitucionalidad”) , se pronunció acerca del rol fundamental de los salarios, aún más en casos de emergencia. En ese fallo, la Corte conecta el derecho a un salario digno con el derecho de los derechos humanos. Señala que “Ganarse la vida es obtener, como mínimo, lo necesario para acceder a la salud; a la educación; a la cultura; a un nivel de vida adecuado, lo cual incluye, inter alia, alimento adecuado, vivienda adecuada y vestido adecuado; al descanso, entre muchos otros bienes del terreno de los derechos humanos económicos, sociales y culturales”.

El salario es “vital”, como surge de su definición legal, pero también –explica la Corte-, en la doble acepción del adjetivo: “esto es, como perteneciente o relativo a la vida, así como de su importancia o trascendencia”.

Y continúa: “De ello se sigue, entonces, que la determinación jurídica de los alcances de la protección del salario, en el caso, la intangibilidad de su importe, se vuelva inconcebible o, al menos, desencaminada, si se la desplaza del ámbito que le es propio, el derecho de los derechos humanos (nacional e internacional). O si se pretende reparar en sus múltiples efectos sobre la realidad, vale decir, su directa y notoria repercusión sobre el grado o la medida del acceso del trabajador y de su familia al goce y ejercicio de derechos fundamentales de vastedad y honduras inocultables”.

El fallo no elude el tema de las situaciones de crisis, antes bien, las aborda plenamente: “Por un lado, que las llamadas ‘medidas de ajuste’ derivadas de las ‘crisis económicas’ y una ‘grave escasez de recursos’, hacen que los esfuerzos de las autoridades por proteger los derechos económicos, sociales y culturales adquieran una urgencia ‘mayor, no menor’. Y, por el otro, que la ‘protección’ de las ‘capas vulnerables de la población’ es, precisamente, ‘el objetivo básico del ajuste económico’ … Todo equilibrio entre las reformas económicas y la protección de los derechos humanos, obliga a proteger ‘en particular a los grupos más vulnerables’ …, cuanto más en el campo laboral y salarial, en el cual, todos los poderes públicos, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, ‘deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima’ al art. 14 bis constitucional …”.

Vemos con mucha preocupación en este sentido el accionar de facto de muchas empresas que, según toma estado público día a día, reducen los salarios de los trabajadores y las trabajadoras que se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU 297/2020, queademás estableció que “los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales” (art. 8). Las suspensiones por fuerza mayor están prohibidas por el DNU 329/2020.

El Estado debe ser implacable, inspeccionar esas empresas y determinado el incumplimiento establecer sanciones ejemplares de modo de desalentar esa práctica, pues está en juego el poder frente a la crisis: o la gestiona el Estado o la gestiona el capital.

De igual modo nos preocupa la utilización del art. 223 bis de la LCT para “acordar” reducciones de salarios de manera individual o colectiva. Hay elementos para entender que se trata de una maniobra ilegal de las empresas. Hay quienes afirman que se trata de una rendija, deliberada o no, para que ingresen pactos entre los sindicatos y las empresas que supongan reducciones salariales . Pero en cualquier caso, ello tiene como condición de validez la homologación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Por todo eso, frente a la gran cantidad de consultas que estamos recibiendo, afirmamos:

  • Las reducciones salariales que están imponiendo los empresarios son nulas, y los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho a reclamar el cobro de su salario normal y habitual.
  • Recomendamos a los/las trabajadores/as que no firmen ningún acuerdo que implique la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor como así también la reducción de sus respectivos salarios, por violar esos acuerdos sus derechos laborales obligándolos a tener que reclamar judicialmente la nulidad de los mismos.
  • Exhortamos a las asociaciones sindicales a que se abstengan de firmar acuerdos colectivos que importen la suspensión de personal por fuerza mayor y/o la reducción de salarios, dado que tales acuerdos serían violatorios del orden público laboral.
  • Exigimos al Ministerio de Trabajo de la Nación que garantice la percepción del salario normal y habitual de los trabajadores y trabajadoras durante la emergencia sanitaria, asbteniéndose de homologar acuerdos que impliquen su reducción.
  • Solicitamos al Estado Nacional que sancione de manera contundente a las empresas que redujeron los salarios de su personal, de modo de garantizar que esas medidas sean efectivamente repelidas.

Buenos Aires, 10 de abril de 2020

Asociación de Abogados Laboralistas

Conversatorio MG: ¿Es el coronavirus una enfermedad laboral?

Este martes 14 tendrá lugar una nueva edición del espacio de reflexión de Mundo Gremial. Participarán Clarisa de Arce, Roberto Pianelli y Sandra Maiorana.

En las últimas semanas, una gran cantidad de sindicatos y organizaciones solicitaron al gobierno declarar al Covid-19 como enfermedad profesional. Hasta la CGT, a través de su secretario general Héctor Daer, llevó la preocupación al presidente Alberto Fernández.

Este debate será el eje de la charla del nuevo Conversatorio de Mundo Gremial, este martes 14 de abril, desde las 18, en el canal de Youtube del portal de noticias.

Con moderación del director de Mundo Gremial, Juan Manuel Morena, el panal estará integrado por la abogada laboralista Clarisa de Arce, el dirigente del gremio del subte, Roberto Pianelli, y la exintegrante de Consejo Directivo de CGT y titular de AMRA Santa Fe, Sandra Maiorana.

Los invitados tratarán de dar respuesta la pregunta disparador del nuevo encuentro: ¿Es el coronavirus una enfermedad laboral?

El Conversatorio se podrá seguir en vivo a través del Canal de Youtube de Mundo Gremial.

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