Argentina. Salta: Murió otro niño y ya son cinco los decesos desde que comenzó el año /Pueblos originarios reclaman políticas públicas propias

Resumen Latinoamericano, 24 enero 2020

En medio de la emergencia, en la semana en que tres niños wichi murieron por desnutrición, referentes indígenas de siete pueblos se reunieron en Tartagal para debatir sobre su realidad. 

Representantes de pueblos originarios de la provincia de Salta reclamaron la aplicación de leyes sobre salud intercultural, agricultura familiar y acceso al agua. También, el cumplimiento de la ley 26160, que ordena relevar la propiedad comunitaria indígena, y la entrega de los títulos comunitarios de sus territorios.

Estas exigencias surgieron como conclusión del Primer Congreso de Políticas Públicas Indígenas Propias realizado el 15 y 16 de este mes en la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín y del que participaron representantes de los pueblos chulupi, tapiete, chane, chorote, guaraní, wichi y toba.

Los asistentes debatieron en torno a tres ejes: social, territorial e institucional. 

En la emergencia, con tres niños muertos por causas vinculadas a la malnutrición, la cuestión social se impuso en el inicio del intercambio. De entrada nomás hubo acuerdo en que es hora de que el Estado habilite la “participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las decisiones de las políticas públicas que (las) afecten”, en cumplimiento del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Concretamente, sobre las falencias en la atención de la salud, estuvieron de acuerdo en exigir la reglamentación y aplicación plena de la ley provincial 7856, que crea una “Red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para los Pueblos Originarios Sumaj Kausai (buen vivir)”, que busca “garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica” de integrantes de comunidades originarias “en el marco de un ambiente de respeto a sus valores culturales y ancestrales”. Esta ley, que también prevé la existencia de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales, fue sancionada en noviembre de 2014 y publicada en diciembre de ese mismo año, sin embargo, sigue sin reglamentarse. 

Los congresistas también coincidieron en que debe reglamentarse la ley nacional 27118, que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena y crea un régimen de reparación histórica para ese sector. Esta norma fue sancionada en diciembre de 2014 y promulgada en enero de 2015.  

El último punto del ámbito social fue sobre el acceso al agua, y, bajo la consigna “sin agua no hay vida”, hubo coincidencia en que deben darse soluciones de fondo.

Títulos comunitarios

En cuanto al territorio, los referentes comunitarios no necesitaron de mucho intercambio para acordar en que debe cumplirse la ley 26160, que declara la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y dispone un relevamiento territorial con el objetivo de regularizar la ocupación ancestral

Esta ley fue sancionada a fines de 2006 con una vigencia de cuatro años en los que se debían realizar las tareas dispuestas para cumplir con su finalidad. Sin embargo, todavía no se concluyó con el relevamiento y la situación de emergencia de la propiedad comunitaria indígena es cada vez más acuciante, debido a la presión de empresas que buscan expandir la frontera agropecuaria. 

Por estos motivos, la 26160 ya se prorrogó tres veces, en 2009, 2013 y 2017, esta última vez mediante la ley 27400, que tiene vigencia hasta noviembre de 2021. En el Congreso de Tartagal los pueblos originarios presentes concluyeron que debe aprobarse urgente una ley de entrega de títulos comunitarios de los territorios indígenas.

Instituto indígena, intervención estatal 

En el eje institucional, los congresistas analizaron la situación del Instituto de Pueblos Originarios de la Provincia de Salta (IPPIS) y coincidieron en exigir que se haga la “elección de los vocales dentro de los 60 días solicitados por representantes de Tartagal y Santa Victoria Este“. 

Es que en las comunidades provocó malestar la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz de prorrogar por otros seis meses la intervención del organismo. Mediante el decreto 56, del 10 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia prorrogó la no normalización con el argumento de que “subsisten los motivos que generaron originariamente la intervención” porque “no han podido subsanarse las observaciones señaladas por la Sindicatura, no encontrándose las autoridades del IPPIS en condiciones de asumir la correcta conducción del ente”.

El IPPIS es un órgano estatal, pero su conducción está a cargo de un directorio indígena de nueve miembros (uno por cada pueblo oficialmente reconocido), uno de ellos (elegido por el directorio) es promovido a la presidencia. 

Los congresistas también estuvieron de acuerdo en exigir la modificación y actualización de la ley 712, de “Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta”

Hubo un capítulo dedicado a considerar la situación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dado que las comunidades pretenden que se elijan a los representantes al Consejo de Participación Indígena (CPI), por el cual se promueve la institucionalización de la participación indígena, una decisión que tuvo gran incidencia en el territorio, con la presencia de los consejeros o “Cepeís”, como los llaman. En las conclusiones del Congreso se añadió sobre este particular que “se respete la reglamentación del INAI”

Asimismo, las siete pueblos participantes del Congreso proponen la “Creación de un organismo provincial manejando por un equipo de dirigentes y profesionales jurídicos de pueblos originarios con capacidad de fiscalizar y hacer respetar los derechos indígenas“.

Embarcación pide espacio 

A pedido de la delegación Embarcación, se hará un segundo congreso en esa localidad, en fecha a determinar. 

Las comunidades originarias que habitan en Embarcación vienen planteando una zonificación del IPPIS, por entender que la cantidad de habitantes originarios y la complejidad de las cuestiones que les atañen ameritan una representación zonal en el Instituto Indígena de la provincia. 

De hecho, en estos momentos los referentes comunitarios de esta zona analizan la posibilidad de iniciar una medida de fuerza en reclamo de la pronta regularización del IPPIS y de la instalación de una oficina de este organismo en Embarcación

El Primer Congreso tuvo sus antecedentes en otros encuentros o asambleas realizados en Embarcación, Santa Victoria y Tartagal. La decisión de realizarlo en esta última ciudad se refrendó el 13 de enero, en un acta firmada por representantes de los pueblos chorote, chulupi, chane, tapiete, guaraní, wichi y toba.

Murió otro niño y ya son cinco los decesos desde que comenzó el año

24 DE Enero 2020

Se trata de un bebé de 8 meses de edad que llegó en grave estado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal procedente de la comunidad wichi de Las Vertientes, municipio de Santa Victoria Este.

Murió otro niño y ya son cinco los  decesos desde que comenzó el año

La ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, y el nuevo gerente del hospital Perón, Juan Ramón López.

Un niño murió por shock séptico en Tartagal, de acuerdo al certificado de defunción. Se trata de un bebé de 8 meses de edad que llegó en grave estado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal procedente de la comunidad wichi de Las Vertientes, municipio de Santa Victoria Este.

Se suma así otra muerte a la lista de niños del Chaco salteño que perdieron la vida en lo que va del año con severos problemas de desnutrición como cuadro previo al deceso. En el caso de este niño el certificado de defunción menciona como desencadenante de la muerte un cuadro séptico y la carencia de un sistema inmunológico activo.

A fin de corroborar la información ante el mutismo de los hospitales de Santa Victoria Este y de Tartagal, se consultó al intendente Rogelio Nerón sobre este caso, y él mismo lo confirmó y aportó los primeros datos que se conocieron el jueves por la tarde.

El jefe comunal manifestó que el chiquito falleció como consecuencia “de desnutrición y deshidratación”.

Explicó: “Yo me encuentro en Buenos Aires esperando ser antendido por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, le voy a plantear que no puede ser que los chiquitos se sigan muriendo. Ya pasaron varios días de la visita de todos los funcionarios al Chaco salteño pero hasta el momento, salvo el tema del agua, no hemos tenido ninguna otra respuesta y no podemos seguir esperando”.

La muerte del bebé wichi se produjo, según explicó el intendente Nerón, el miércoles 22, un día después de que asumiera la gerencia general de hospital Juan Domingo Perón el anestesista salteño Juan López, en reemplazo del médico José Fernández.

¿Choque de culturas o ausencia del Estado?

El jueves, pudo ser consultado sobre este nuevo deceso el secretario de Salud de la Provincia, Antonio de los Ríos, quién explicó: “En realidad no son muertes por desnutrición, sino que la desnutrición es un componente más en el cuadro clínico de los niños. Esto ocurre por múltiples factores relacionados con la forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichis, que son reacias a la atención médica. Hay muchas barreras culturales y cuando están agonizando los chicos recién los llevan al hospital”.

El funcionario agregó: “Es muy lamentable que esto ocurra y por eso estamos poniendo en funciones a facilitadores interculturales para tratar de que nuestros hermanos no se nos mueran así, que entiendan que ya no sirve seguir sosteniendo ciertas costumbres que los llevan a la muerte. Hay un fuerte compromiso de este gobierno de llevarles agua potable, segura, porque eso es un paso básico para tener salud y no enfermar con gastroenteritis y deshidratarse”.

“Los esconden en el monte”

De los Ríos opta por acusar a factores culturales cuando es el Estado el que siempre ha estado ausente ante las demandas de los pueblos originarios. Señala también que “las comunidades wichis, que son muy cerradas, deben adquirir nuevos hábitos de higiene. Tenemos muchos problemas con ellos por falta de entendimiento cultural, por ejemplo esconden a los enfermos en el monte, hay que ir a denunciarlos a la policía para poder asistirlos y si el agente sanitario los denuncia no puede entrar más a la comunidad. Es muy difícil pero estamos haciendo grandes esfuerzos para abarcar esta problemática que es histórica en el norte y poder lograr algún cambio sanitario positivo. Yo mismo fui a recuperar a tres niños wichis que las familias tenían escondidos en el monte y que estaban en riesgo de vida. Lo logramos con la intervención de los facilitadores interculturales, que resultan fundamentales porque a mí me ven como un enemigo y no como alguien que los quiere ayudar. Ahora están recibiendo asistencia en el hospital Perón de Tartagal”.

Nuevo gerente

En un acto presidido por la ministra de Salud Pública, Josefina Medrano, el médico Juan Ramón López asumió como gerente general del hospital Presidente Juan Domingo Perón, cabecera de esa área operativa. López es salteño, oriundo de Joaquín V. González, tiene 49 años de edad y ejerce la medicina desde hace 24. Se graduó como médico en la Universidad Nacional de Córdoba. En los últimos cinco años se desempeñó como anestesiólogo en el hospital Juan Domingo Perón, donde hizo la devolución de su residencia profesional.

El hospital de Tartagal es un establecimiento polivalente, un hospital-escuela, ya que en él se forman profesionales en distintas especialidades. Atiende a una población aproximada de 250 mil personas, entre Tartagal, localidades aledañas y región fronteriza con Bolivia.

Perfil de gestión

“Tenemos muchas cosas por hacer en este hospital, muchas se hicieron bien y vamos a tratar de mejorarlas”, dijo el nuevo gerente general.

“Tengo la confianza suficiente como para pedirles a todos los que trabajan acá que la sensibilidad hacia el prójimo esté a flor de piel, que pongamos dedicación y tengamos paciencia con la gente”, expresó López.

You must be logged in to post a comment Login