Costa Rica. Diputados aprobaron ley de huelgas tras primer debate sobre motivos políticos

Resumen Latinoamericano, 15 enero 2020

Una mayoría de 36 diputados aprobó en primer debate el proyecto de ley de huelgas (Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, expediente 21.049).

Los 15 legisladores que votaron en contra pertenecen a las fracciones del Partido Liberación Nacional (Paola Valladares, Daniel Ulate y Franggi Nicolás); Partido Acción Ciudadana (Paola Vega y Welmer Ramos); Partido Unidad Social Cristiana (Shirley Díaz y Óscar Cascante); Partido Republicano Social Cristiano (Dragos Dolanescu); Frente Amplio (José María Villalta); Partido Integración Nacional (Walter Muñoz) y, en mayoría, del bloque independiente Nueva República (Carmen Chan, Ignacio Alpízar, Nidia Céspedes, Marulin Azofeifa y Jonathan Prendas).

En la moción de revisión, votaron 11 de esos mismos legisladores. Retiraron su apoyo las diputadas Vega y Valladares; y los diputados Ulate y Muñoz.

En Diciembre se hicieron unas modificaciones para cumplir con un voto de la Sala Constitucional que calificó dos artículos como inconstitucionales.

La votación ocurrió en una sesión extraordinaria, este martes. Durante la discusión, únicamente Vega, Díaz y Villalta expresaron argumentos en contra del proyecto.

Tras la aprobación en primer debate, los legisladores tendrán una segunda discusión en la mañana del jueves 16 de diciembre. Ese día no habrá sesión ordinaria del plenario.

Contra el proyecto

La diputada Paola Vega y el diputado José María Villalta manifestaron interés en analizar el proyecto de huelgas en el contexto en el que nació: es decir, después de las huelgas que paralizaron servicios públicos y funcionamiento de la empresa privada, en el marco de la aprobación de la reforma fiscal del 2018.

“Es una reacción del poder político para castigar a las organizaciones sindicales que se opusieron al plan fiscal”, dijo Villalta.

Por su parte, Vega reclamó que la ley mantiene “desequilibrios de carácter de orden político y social” y pidió legislar “de acuerdo al contexto histórico que nos precede (en el país)”.

Villalta describió que los legisladores que gestaron el proyecto “pretenden castigar la oposición ciudadana, castigar la manifestación ciudadana y a quienes confrontar ese poder político que se siente intocable”.

El proyecto de huelgas declara ilegales las huelgas “políticas”; es decir, aquellas que no tengan reclamos por una situación directa con el patrono de los manifestantes.

Villalta reclamó además un “trato desigual” entre patronos y trabajadores. Advirtió que este “trato desigual, discriminatorio, absurdo” perjudicará en mayor medida a los trabajadores del sector privado.

Como ejemplo, el legislador mencionó que la ley solicita que los trabajadores deben usar una dirección de correo electrónico para recibir “comunicaciones y notificaciones por parte del patrono, la autoridad administrativa y las instancias judiciales”. Por otro lado, el diputado aseguró que se rechazaron mociones para que también se obligue al patrono a dar una dirección de correo electrónico, pese a que se consultó al presidente de la Unión Costarricense de Cámaras (Uccaep) y estuvo de acuerdo.

Villalta y Díaz coinciden en que el proyecto reconoce el derecho al salario del sector privado “cuando se demuestre un incumplimiento grave” en su contrato.

El frenteamplista prevé que los trabajadores no harán uso de su derecho a la huelga “porque no pueden soportar rebajo salarial”. La socialcristiana Shirley Díaz dice que los trabajadores podrían «sentirse amedrentados a perder su salario por defender sus derechos”.

Argumentos a favor

Los diputados que defendieron el proyecto de ley en plenario fueron Catalina Montero (PAC); Yorleni León, Roberto Thompson, Silvia Hernández y Carlos Ricardo Benavides (los cuatro del PLN) y Patricia (Partido Integración Nacional).

Todos ellos se se refirieron a las experiencias de las huelgas del 2018.

La jefa de fracción del PLN, la diputada Hernández, refutó que se el proyecto sea “revanchismo” y lo describió como “una respuesta institucional al abuso de huelga de parte de algunos gremios”.

“(Los diputados que se oponen) tratan de otorgarle a ciertos grupos minoritarios potestades por encima del Estado pero, especialmente, en abuso de los ciudadanos comunes. Han potenciado el abuso contra la ciudadanía para darle gusto a sus manifestaciones egoístas en contra de la población. En el 2018, se potenció enormemente aquella circunstancia porque fueron a la huelga contra el proyecto de reforma fiscal”, aseguró Benavides.

El presidente del congreso usó su tiempo para defender la reforma fiscal y desacreditar la estrategia de los líderes sindicales contra este proyecto.

En respuesta a las afirmaciones del diputado Villalta, la diputada León rechazó que la “clase política” le tenga miedo al descontento popular. En su lugar, dijo, “le tenemos miedo a que el derecho a la huelga se continúe pervirtiendo”.Thompson mencionó también que “el libre tránsito no puede ser vulnerado”.

Sobre las huelgas del 2018, la oficialista Montero también se refirió diciendo que “a las organizaciones sindicales se les fue la mano” y que “los atrasos en educación y salud no se van a recuperar nunca”.

*Semanario Universidad

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