Destrucción del medio ambiente. Fidel Castro advierte del desastre ecológico en 1992 (video)/ Termina la peor década de la crisis climática/ La emergencia climática ya fue declarada oficial por más de 11 mil científicos/ Argentina: el país que romperá el Acuerdo de París/ Ríos Libres: No a las represas/ Un Ministro del Medio Ambiente que proviene de los DDHH y avala la megaminería.

Resumen Latinoamericano/ 12 de enero 2020 .-

Fidel Castro advierte del desastre ecológico en 1992

Fidel Castro dio un discurso visionario en en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo hace 28 años. El Comandante ya alertaba entonces a la Comunidad internacional sobre los peligros que amenazaban la existencia de la especie humana en la Tierra y de lo poco que el mundo avanza para salvar la vida en el Planeta. Y así estamos ahora…

Récord de altas temperaturas, deshielo y subida del nivel del mar

Termina la peor década de la crisis climática

Por Alejandro Tena

La Organización Meteorológica Mundial presentó su informe anual en la Cumbre del Clima de Madrid y señaló a las emisiones de CO2 como principal detonante del cambio climático que sufre el planeta.

El año 2019 cierra una década excepcional marcada por las altas temperaturas, el deshielo y la subida de los niveles del mar a unos niveles de récord. Así lo anunció este martes la Organización Meteorológica Mundial en la Cumbre del Clima de Madrid, que ha presentado su informe anual Estado del Clima Mundial. 

De hecho, según las estimaciones ofrecidas, este año podría ser «el segundo o tercer» más cálido de los registros, con un promedio global de temperaturas de 1,1ºC por encima del periodo preindustrial. Unas subidas de temperaturas que coinciden con una mayor concentración de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera, alcanzando las 407,8 partes por millón en 2018 y aumentando en el siguiente año.

Por lo que se refiere a los océanos, el deshielo de los casquetes se ha acelerado, tal y como han detallado los expertos de la Organización Mundial de Meteorología, por lo que el nivel del mar ha incrementado notablemente desde 1993. Además, el océano ha actuado como una suerte de amortiguador de la contaminación, ya que absorbe buena parte del calor y del dióxido de carbono que el ser humano emite. Esta situación ha provocado que la temperatura del mar suba y, además, se haya vuelto un 26% más ácida respecto a los niveles preindustriales, lo cual termina afectando de manera negativa en la biodiversidad acuática. 

Así pues, septiembre de 2019 tuvo el segundo registro más bajo de las mediciones por satélite de la extensión de hielo marino. «Si no tomamos medidas climáticas urgentes ahora, nos dirigimos a un aumento de la temperatura de más de 3°C para finales de siglo, con impactos cada vez más perjudiciales para el bienestar humano», dijo el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, que además advirtió de que «no estamos cerca de alcanzar el objetivo del Acuerdo de París».

Además, el informe de la OMM pone el foco en los fenómenos meteorológicos extremos, que evidencian la crisis climática con cada vez más frecuencia. Ese es el caso de las inundaciones y las olas de calor, que en el pasado sucedían cada cien años aproximadamente y en la actualidad se repiten varias veces al año. Buen ejemplo de ello son los países de se localizan en el Pacífico, desde Bahamas hasta Japón, en tanto que en el últimos años sufrieron los efectos devastadores de la crisis climática.

“Uno de los principales impactos del cambio climático son los patrones de lluvia más erráticos. Esto representa una amenaza para el rendimiento de los cultivos y, combinado con el aumento de la población, significará desafíos considerables para la seguridad alimentaria de los países vulnerables en el futuro «, añadió Salas.

Las olas de calor, que también se han convertido en hechos que se suceden con frecuencia, tiene efectos negativos en la salud humana. Tanto, que en 2018 se contabilizaron cerca de 220 millones de casos de personas vulnerables y mayores de 65 que tuvieron problemas por exponerse a este fenómeno meteorológico extremo.

Además, el cambio climático generado por el ser humano se ha convertido en un impulsor del hambre en el mundo que ha dejado a cerca de 820 millones de personas en situación de vulnerabilidad por no tener suficientes alimentos. Además, en el último año se registraron, según la OMM, 10 millones de nuevos desplazamientos por el clima, 7 millones de ellos provocados por fenómenos peligrosos como huracanes o inundaciones.

*De Público, especial para Página/12

La emergencia climática ya fue declarada oficial por más de 11 mil científicos

Más de 11,000 científicos en una alianza sin precedentes, han firmado, sellado y entregado un mensaje de alerta al mundo: estamos en una situación de emergencia climática, si no hacemos cambios rápidos, profundos y duraderos en nuestras vidas, escriben, pronto vendrá “un increíble sufrimiento humano”.

Desde hace ya cuatro décadas que la comunidad científica viene advirtiendo sobre una inminente crisis climática pero ningún gobierno ni la población han tomado demasiado en serio la problemática ambiental.

Ahora, nos encontramos inmersos enuna emergencia climática mundial, y los expertos no tienen más remedio que seguir insistiendo sobre la necesidad de generar un cambio.

«Los científicos tienen la obligación moral de advertir a la humanidad de cualquier gran amenaza», dice el científico ambiental Thomas Newsome de la Universidad de Sydney.

«De los datos que tenemos, está claro que estamos ante una emergencia climática».

Ante el reciente aumento global en la preocupación ambiental, el documento «World Scientists’ Warning of a Climate Emergency» explora cuatro décadas de datos disponibles al público, que abarcan el uso de energía, temperatura de la superficie, población, deforestación, hielo polar, tasas de fertilidad y, por supuesto, emisiones de carbono.

Publicado por primera vez en abril de 1997, ya reunió a un signatario impresionante incluidos científicos de más de 150 países diferentes.

La crisis climática ha llegado y se está acelerando más rápido de lo que la mayoría de los científicos esperaban“, escriben los autores.

Es más severo de lo previsto, amenaza los ecosistemas naturales y el destino de la humanidad“.

Las conclusiones del documento ya son conocidas, pero exploran ciertas soluciones y signos preocupantes, como nuestra creciente producción de carne, pérdida de árboles, tasas de natalidad y emisiones de carbono.

Hoy en día, la población humana del mundo sigue aumentando en aproximadamente 80 millones de personas por año y la deforestación en la Amazonía también crece.

A pesar de 40 años de negociaciones globales importantes, generalmente hemos llevado a cabo los negocios como de costumbre y esencialmente no estamos abordando esta crisis“, dice el ecologista William Ripple de la Universidad Estatal de Oregón.

Los combustibles fósiles, en su lugar

Para detener las peores consecuencias de la crisis climática, los autores dicen que tendremos que revertir estas tendencias y dejar todos los combustibles fósiles restantes, en el suelo.

Como alternativa es necesario buscar tecnología renovable y de captura de carbono, cambiar a más alimentos de origen vegetal y proporcionar servicios de planificación familiar a todas las personas, especialmente a las niñas y mujeres jóvenes.

Sabemos que los países más desarrollados liderarán éstos cambios, pero si el mundo entero toma conciencia de la necesidad de un futuro sin carbono, es imperativo que también apoyemos a las naciones menos desarrolladas.

Debemos actuar rápidamente para detener y revertir la pérdida de hábitat y biodiversidad, permitiendo que los bosques y otros hábitats naturales prosperen y almacenen carbono.

Solo con estas «soluciones naturales», los científicos calculan que podemos cumplir con un tercio de nuestras ambiciones de emisión de París.

Nuestros objetivos deben pasar del crecimiento del PIB y la búsqueda de la riqueza, a mantener los ecosistemas y mejorar el bienestar humano al priorizar las necesidades básicas y reducir la desigualdad“, argumentan los científicos.

Obviamente, ese es un cambio masivo respecto de donde están la mayoría de los líderes en este momento, pero la buena noticia es que, si el mundo tiene éxito, el bienestar de la humanidad será mucho mejor, al igual que nuestro único hogar aquí en el Universo.

Últimamente, las cosas se han estado moviendo en una dirección alentadora. La energía solar y eólica han aumentado más del 300% en la última década. Sin mencionar la reciente acción generalizada sobre el clima de algunos individuos, corporaciones y naciones.

Sin embargo, los autores admiten que aún queda mucho por hacer, especialmente si se quiere evitar un punto de inflexión irreversible o la catastrófica “Tierra de invernadero“, que podría ir más allá de nuestro control.

Si bien las cosas están mal, no todo está perdido“, nos asegura Newsome. Solo necesitamos que los que están en el poder escuchen.

Por Ripple, W. J., Wolf, C., & Newsome, T. M. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency.

Ecoportal.net

Argentina: el país que romperá el Acuerdo de París

Las petroleras aseguran en sus institucionales su compromiso para remediar la crisis climática. Sin embargo, están dispuestas a sacar de Vaca Muerta 50.000 millones de toneladas de CO2 a través del fracking.

Por Nick Cunningham

La industria no se amilana ante la crisis climática. Muchas petroleras suscribieron el Acuerdo de París, pero al mismo tiempo han invertido, desde 2018, 50.000 millones de dólares en proyectos que no son compatibles con su cumplimiento. Y además planean invertir 1,4 billones de dólares en nuevos proyectos de gas y petróleo en todo el mundo durante los próximos cinco años, a pesar de que los proyectos que ya están en marcha emitirán suficientes gases de efecto invernadero como para agotar el presupuesto de carbono restante.

En otras palabras: las grandes petroleras están apostando activamente por sobrepasar los objetivos climáticos. Y están invirtiendo en ello y en quemar tanto carbono como sea posible. Pareciese que quieren extraerlo todo antes de que la crisis climática y la sociedad se lo prohíban por completo.

Argentina, la nueva frontera

Argentina tiene la segunda mayor reserva de gas de lutita del mundo, y la cuarta de petróleo. El fracking solo se practica a nivel comercial en algunos países. Argentina está considerada una de las pocas naciones que puede replicar el boom estadounidense del shale (hidrocarburos que se extraen mediante esa técnica). 

La época del fracking en Argentina aún está dando sus primeros pasos. El Plan de Energía del Gobierno argentino se propone producir 1,1 millones de barriles de petróleo y 4.000 millones de metros cúbicos de gas al día en la provincia de Neuquén en 2030. Para conseguirlo, habrá que triplicar el número de torres de perforación con respecto a 2018, asegurar decenas de miles de millones de dólares en nuevas inversiones y perforar miles de nuevos pozos cada año.

Llevar a cabo esta operación con éxito (lo que no está para nada garantizado) agravaría la crisis climática, de la cual son responsables en gran medida las economías ricas como la estadounidense. Hay alrededor de 50.000 millones de toneladas de CO2 bajo el suelo de la cuenca de Neuquén, lo que equivale a alrededor de 1,5 veces las emisiones globales del sector de la energía. En otras palabras: si las reservas de lutita de Argentina se desarrollan al máximo, usarían el equivalente al 11% del presupuesto de carbono mundial restante, según información de la Red Global de Gas y Petróleo. Los activistas argentinos se refieren a la cuenca como ‘bomba de carbono’.

“Merece la pena preguntarnos no solo si estas inversiones en infraestructuras van llegar, sino también qué tipo de sacrificios financieros y regulatorios requerirán del Estado”.

Extraer hidrocarburos a esa escala requeriría un enorme desarrollo en infraestructura. El fracking conlleva una mastodóntica cadena de suministro, que incluye vertederos, estaciones de compresión, gasoductos, tanques de almacenamiento, extracción de arena, sistemas de transporte a larga distancia en tren y por carretera, plantas petroquímicas y refinerías y terminales de exportación de gas natural licuado (LNG). Es probable que los habitantes de estados como Pensilvania, Texas, Ohio o Dakota del Norte ya estén habituados a esta telaraña tóxica que se multiplica y se extiende de pueblo en pueblo, y de Estado en Estado, en busca de una refinería o la costa para su exportación. Pero en Argentina, gran parte de esta red aún no se ha construido.

La quema de gas en Argentina

Al incrementarse la presión internacional sobre los combustibles fósiles, las grandes petroleras han salido en desbandada, asegurando que sus inversiones en gas natural (cada vez mayores) son parte de la solución, no del problema. Sin embargo, informes recientes sugieren que el gas natural está contrarrestando la reducción de CO2 que se consigue cerrando centrales térmicas de carbón. Y lo que es peor, cada eslabón de la cadena de suministro del gas natural supone fugas de metano, un potente gas de efecto invernadero.

Una de las maneras más notorias en las que la industria del fracking agrava la crisis climática es a través de la quema y liberación de gas en el propio pozo. En la Cuenca Permian, en el oeste de Texas, la industria quemó más de 21 millones de metros cúbicos al día tan solo en el tercer trimestre de 2019. Esta cantidad es mayor que el consumo diario de todos los hogares de ese mismo Estado.

Al intentar replicar el frenesí del fracking estadounidense, los perforadores de la región argentina de Vaca Muerta han seguido los pasos de Texas y Dakota del Norte en la práctica de la quema sin control. Esto, quizás, no debería sorprendernos, ya que muchas de las compañías son las mismas.

En Vaca Muerta, las llamas de la quema iluminan la noche, emitiendo densos penachos de humo negro. Y, al igual que en Estados Unidos, las empresas presentes en Vaca Muerta cada vez están más interesadas en el petróleo de la región, ya que la zona carece de una adecuada infraestructura de transporte de gas (gasoductos). Eso significa que la quema empeorará al emitirse el gas no deseado directamente a la atmósfera.

Además, junto a la proliferación del fracking llega el correspondiente incremento en fugas de metano. Usando cámaras de visualización óptica de imágenes de gas, la ONG Earthworks grabó fugas en más de 12 puntos de Vaca Muerta en 2018.

Daños para la salud

El complejo industrial del fracking, que sigue en continua expansión, también afectará de manera negativa a las personas que viven bajo su sombra. En particular, las comunidades indígenas mapuche han vivido en partes de Neuquén desde mucho antes de que llegaran las torres de perforación y han denunciado efectos negativos sobre la salud, tanto de las personas como de los animales, debido a la contaminación del aire y el agua.

Actualmente hay en marcha movimientos de resistencia indígena. Estas comunidades tendrán que seguir conviviendo con este legado tóxico en su tierra ancestral después de que las torres de perforación la abandonen.

Ante la crisis del clima, más perforación

Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta la industria del petróleo y el gas en Argentina es de carácter económico.Debido a los altos costos de operar en Vaca Muerta y al extraordinario riesgo que supone invertir en el país, las compañías petroleras internacionales han sido muy precavidas a la hora de realizar inversiones de peso. Pero la compañía estatal YPF no puede hacerlo todo. Para replicar con éxito el auge estadounidense del fracking, Argentina dependerá en gran medida de la implicación de las grandes petroleras, como ExxonMobil, Chevron, BP y Shell, entre otras.

Una de las grandes empresas que opera en Vaca Muerta es Total SA. La compañía francesa es una de las 20 organizaciones que más ha gases de efecto invernadero ha emitido desde 1965, según The Guardian. Total es un caso de estudio curioso. La petrolera se esfuerza por posicionarse como líder climática al tiempo que se aferra a su modelo de negocio.

Total afirma que su “ambición” es convertirse en una “Gran Empresa Energética Responsable”, es decir, proporcionar energía “asequible, fiable y limpia”. La empresa publica un informe cada año, en el que proclama sus progresos en la lucha contra el cambio climático. Como preparación para una transición a largo plazo, la compañía francesa ha comenzado a realizar modestas inversiones en energías renovables. El Consejero Delegado de Total, Patrick Pouyanné, escribió un artículo LinkedIn en el que alababa los esfuerzos de su compañía por reducir emisiones. La cuenta de Twitter de la empresa está llena de mensajes positivos sobre el progreso hacia una transición energética limpia.

Total parece estar tomándose la transición energética en serio, al menos si se la compara con sus retrógrados competidores estadounidenses. Sin embargo, aunque aparente ser sincera, la multinacional francesa está apostando con fuerza por proyectos de petróleo y gas, con especial atención al gas natural licuado. Estos proyectos duran décadas.

La empresa Total ha recibido más de 300 millones de dólares en subsidios del Gobierno argentino entre 2016 y 2018.

“El gas natural está en el corazón de la estrategia de Total”, afirmó Pouyanné en una conferencia sobre gas celebrada en Shanghái el pasado mes de abril. “Queremos integrarnos en la cadena de valor del gas para aprovechar por completo esta pujante fuente de energía y descubrir nuevos activos [de gas natural licuado]”, afirmó el ejecutivo. Solo un mes después, Total gastó 8.800 millones de dólares para adquirir activos de gas natural y gas natural licuado en varios países africanos.

La producción de petróleo y gas de Total alcanzó su valor máximo durante el tercer trimestre de 2019. En noviembre, cuando el Banco Europeo de Inversiones anunció que no financiaría nuevos proyectos de gas natural, Total criticó la decisión, calificándola de “pobre”.

Los directivos de las compañías petroleras afirman estar llevando a cabo la transición lo más rápido que pueden. Sin embargo, la realidad revela que no tienen intención de frenar en su modelo tradicional. En Argentina, por ejemplo, la industria tiene concesiones a 35 años, y los ejecutivos se preparan para ese largo plazo. “Total se compromete a desarrollar y producir estos recursos no convencionales de manera segura, optimizada y responsable”, dice la empresa en un vídeo promocional de Vaca Muerta. “Será necesario usar varios miles de pozos, durante varias décadas, para extraer todas las reservas”. Total ha recibido más de 300 millones de dólares en subsidios del Gobierno argentino entre 2016 y 2018.

¿Cuál será el futuro del shale argentino?

Es cierto que la producción de gas y petróleo de Total en Vaca Muerta es pequeña en comparación con lo que produce en el resto del mundo. No obstante, eso es, precisamente, lo interesante. La historia de la explotación del gas de lutita de Argentina está en sus primeras etapas, y empresas como Total planean extraer la totalidad de las reservas, aunque la ciencia del cambio climático esté pidiendo una reducción inmediata de las emisiones.

Y, como demuestran los casos de Texas, Dakota del Norte y Pensilvania, al crecer la industria, las economías de esos lugares quedan subordinadas a industrias intensivas en sus emisiones. Estas industrias son muy difíciles de desplazar después. El proceso político se corrompe, y las políticas se reorientan para servir a la industria.

Actuar rápidamente en Vaca Muerta “es importante no solo porque [estas operaciones] multiplicarían por tres las emisiones procedentes de combustibles fósiles… sino también porque el país se decantaría por un modelo de desarrollo fósil (o alargaría el actual) del cual sería extremadamente difícil salir durante décadas”, afirmó Gabriel Blanco, profesor de ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

“El bloqueo de la infraestructura y la tecnología, además de los activos varados, son procesos conocidos que están sufriendo casi todos los países”, añadió Blanco, quien también contribuyó al informe de 2014 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC).

Las grandes petroleras han pasado del negacionismo climático explícito a un discurso vacío sobre la acción climática. Al mismo tiempo, siguen con sus modelos tradicionales de negocio. La transición real, que requeriría reducir la producción de petróleo y gas, no está sobre la mesa. En vez de eso, la industria debate cómo hacer del complejo del fracking algo un poco más limpio. 

Protección legal

La historia de Argentina todavía no está escrita. Las empresas multinacionales que operan en Vaca Muerta piden ahora incentivos más atractivos y protección legal por parte del Estado. Esto podría usarse para justificar nuevas perforaciones, la construcción a gran escala de infraestructura y, en algún momento, quizás incluso una terminal de exportación de gas natural licuado. Tras una reunión con ejecutivos de las petroleras, el nuevo gobierno nacional propuso el pasado 18 de diciembre una rebaja fiscal para la industria como iniciativo para estimular la perforación.

Existe, en general, un consenso nacional sobre el avance de los proyectos de Vaca Muerta. Este consenso cuenta con apoyo político tanto en Buenos Aires como a nivel provincial. Sin embargo, las dificultades económicas podrían mantener a las grandes petroleras al margen, al menos hasta que el Gobierno ofrezca mejores condiciones. Hay rumores de nuevas leyes para proteger las inversiones de la industria, un blindaje que ofrecería garantías y más incentivos.

Los grupos medioambientales critican lo absurdo de un país que, en mitad de una crisis económica, ofrece aún más incentivos a compañías petroleras multinacionales altamente rentables. “Merece la pena preguntarnos no solo si estas inversiones en infraestructuras van llegar, sino también qué tipo de sacrificios financieros y regulatorios requerirán del Estado”, escribieron en un informe reciente Mariana Fernández y Facundo López Crespo, investigadores de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).

Con la industria del shale estadounidense enfrentándose a una especie de crisis de mediana edad, lugares como Argentina comienzan a ser atractivos. Las compañías petroleras realizan enfáticos compromisos con los objetivos climáticos, pero, en Argentina, lo que desean es una repetición de la bonanza del fracking.

Este reportaje se publicó originalmente en inglés en ‘DeSmog’, y luego en www.climatica.lamarea.com con traducción de Santiago Sáez. Revista Cítrica comparte el artículo como parte de un acuerdo colaborativo con el medio de comunicación español para que el periodismo autogestionado se difunda en distintos países.

RÍOS LIBRES: NO A LAS REPRESAS

Publicitadas como parte de las “energías limpias”, las hidroeléctricas son parte del modelo extractivo. Inundan miles de hectáreas, desalojan familias, destruyen el ambiente. En palabras del activista Juan Yahdjian: “Las represas son parte del modelo que transforma la naturaleza de todos en lucro de unos pocos”.

Por Darío Aranda para ANCAP 

De Misiones a Santa Cruz, de Entre Ríos a La Pampa. Avanzan en Argentina proyectos y construcción de represas hidroeléctricas muy cuestionadas por sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Cuentan con el agravante de publicitarse como “energías limpias”, cuando en realidad son parte del modelo extractivo, desalojan poblaciones, violan derechos y desoyen legislación ambiental y de pueblos originarios. Pasado, presente y futuro de las luchas anti-represas.

Robarse el río

Hasta 1917 el río Atuel ingresaba a La Pampa por varios brazos. Ellos eran el Atuel (pasaba por atrás de Santa Isabel), el arroyo de La Barda y el arroyo Butaló (el más extenso, que recorría 270 kilómetros en territorio pampeano). En 1917 comenzaron a cambiar el caudal natural del río, se perdió el brazo principal del Atuel. En la década del 30 comenzó el corte del brazo Butaló y, en la década del 40, el gobierno nacional construyo el dique El Nihuil en Mendoza, que embalsó el río e interrumpió el escurrimiento del arroyo de La Barda, que era el último que quedaba.

“Nos robaron el río”, es una afirmación recurrente en La Pampa. Las localidades afectadas son Santa Isabel, Victorica, Algarrobo del Aguila, La Humada, Limay Mahuida, Puelches, Gobernador Duval y 25 de Mayo, entre otras.

En 1949 la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación resolvió que se debía entregar aguas del río Atuel a La Pampa. Mendoza negó durante décadas la interprovincialidad del Atuel, pero lo reconoció en 1987, cuando la Corte Suprema de Justicia falló en favor de La Pampa, y exhortó a las provincias a celebrar convenios para una participación equitativa del agua. Pero no  se concretó el mandato de la Corte porque Mendoza se negó a cumplir el fallo.

En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a Nación, un convenio que establecía un caudal mínimo para La Pampa. Pero tampoco se cumplió. En 2015 el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, señaló que La Pampa “nunca acreditó el daño” sufrido. Fue un agravio más para La Pampa, que exhibe con impotencia la sequía de décadas en el oeste provincial.

Con el reclamo por el río Atuel como bandera histórica, la historia amenaza repetirse.

El gobierno de Mendoza y Nación están muy cerca de comenzar la construcción de la represa Portezuelo del Viento, sobre el río Grande, en el departamento de Malargüe. Es una obra faraónica, con una pared de hormigón armado de 180 metros, miles de hectáreas bajo agua (se inundará toda la localidad de Villa La Loicas) y se deberá cambiar el trazado de las rutas   nacional 145 y la provincial 226. Por otro lado, será necesario la reubicación de la localidad Villa La Loicas y todos aquellos parajes dispersos que serán afectados por el embalse.

Mauricio Macri firmó el decreto 519/2019, por el cual el gobierno nacional se hace íntegramente cargo de los 1023 millones de dólares de la obra.

El río Grande, sobre el cual se implantará la obra, es el principal afluente del río Colorado, que también recorre las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Por ser interprovincial está bajo la administración del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), integrado por las cinco provincias.

“Se ha iniciado el peligroso camino de la destrucción de un río. La voracidad sin límite de Mendoza por el agua, demostrada en otros ríos, puede determinar que en un breve plazo el sueño de un río Colorado compartido se transforme en una larga pesadilla y en otra catástrofe ambiental y humana”, denunció desde La Pampa la Fundación Chadileuvú (Fuchad) desde hace más de 35 años lucha por los cursos de agua de la provincia.

Oscar Frank, de la Fundación Chadileuvú, explicó que el río es imprescindible, de allí proviene el agua que consumen las poblaciones ribereñas y la mitad de población de La Pampa. Detalló que los ríos cordilleranos están en crisis hídrica. El Colorado disminuyó su caudal en la última década. De los casi 150 metros cúbicos por segundo pasó a menos de 80. Esto también afectó la salinidad, que aumenta a menor caudal.

El gobierno de Mendoza, los diarios provinciales y nacionales publicitan que la represa Portezuelo del Viento tiene como principal objetivo generar energía. Desde la Fundación Chadileuvú advierten otro objetivo: permitir el trasvase de una parte del agua al río Atuel, para control e irrigación exclusiva de Mendoza.

Desde La Pampa rechazan que una provincia (Mendoza) decida por el agua de otras jurisdicciones. Exigen un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca (no solo de la zona donde estará la represa), reclaman que el Coirco (integrado por las cinco provincias) actúe de forma clara y efectiva, y proponen un gran “cabildo abierto” con participación popular (organizaciones sociales, sindicatos, productores) para defender el río y diseñar propuestas para el uso sostenible del curso de agua.

Rechazo popular

Misiones tiene historia en represas. Yacyretá, bautizada durante la década del 90 como “el monumento a la corrupción”, fue iniciada en 1973, inundó 140.000 hectáreas y desalojó a 40 mil personas. Miles de pescadores fueron ubicados en barrios en las afuera de Posadas, lejos de su fuente de trabajo, engrosando así los cordones de pobreza, o teniendo que depender de algún tipo de ayuda social para poder sobrevivir.

En 1995 los gobiernos de Argentina y Paraguay, junto con el de Misiones, impulsaron la represa Corpus Christi (sobre el río Paraná). Luego de debates y movilizaciones, en abril de 1996 la población de Misiones votó. El 88 por ciento dijo “no”. El hecho marcó un hito en la memoria de luchas provinciales. Y se logró la sanción de la Ley IV-56, que en su artículo 6 señala que “para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”.

El Complejo Hidroeléctrico Garabí es un megaemprendimiento entre Brasil y Argentina originado en los 80. Consiste en una o más represas sobre el río Uruguay, en la zona compartida por Misiones y Corrientes, con el estado brasileño de Rio Grande Do Sul. En 2011 se firmó un acuerdo de cooperación entre Brasil y Argentina y fue relanzado formalmente. Podría inundar 40.000 hectáreas (dos veces la ciudad de Buenos Aires) y desalojar 2500 familias.

La Mesa Provincial No a las Represas nuclea a más de cuarenta organizaciones. Desde indígenas y campesinos hasta sindicales y de derechos humanos, y diversas iglesias. Exigieron durante años (con movilzaciones, campañas informativos, debates públicos) que se cumpla la ley provincial y se llame a votación obligatoria y vinculante. Pero los distintos gobernadores desoyeron la ley.

En noviembre de 2014 la Mesa Provincial organizó una votación popular, con más de 1000 urnas en plazas, escuelas, bibliotecas, clubes de barrio. “Las represas son parte del modelo productivo perverso que transforma la naturaleza de todos en lucro de unos pocos”, explicó el activista socioambiental Juan Yahdjian previo a las elecciones y llamó a votar: “La democracia actual no suele darnos muchas posibilidades de participar, pero ahora tenemos una oportunidad concreta para decidir nuestro futuro”.

Más de 120.000 misioneros participaron de manera voluntaria de la consulta popular. El mayor ejercicio de democracia directa del país. El 96 por ciento votó por el rechazo a nuevas represas en Misiones. Las localidades con mayores votos fueron Posadas (47.590), Oberá (10.390), Eldorado (9272), Puerto Rico (5746) y Puerto Iguazú (5538). En las localidades de Alba Posee y Azara –ambas serán directamente inundadas por la represa proyectada– concurrió a votar más del 80 por ciento del padrón electoral (el porcentaje más alto del que participa en esos lugares para elecciones de presidente o gobernador). En ambas localidades, más del 90 por ciento rechazó la construcción de represas.

En junio de 2019 los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y Mauricio Macri mantuvieron un encuentro en Buenos Aires enfocado en “integración regional”. La construcción de represas fueron parte de la agenda. Brasil, con larga tradición (y cuestionamientos) en represar ríos, propuso avanzar en estudios de factibilidad y actualización de presupuestos. No hubo mención específica a las represas pero en el documento firmado figura el “priorizar proyectos energéticos conjuntos”.

Si bien es un proyecto de larga data, fue retomado por Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. Continuada por Bolsonaro y Macri. Resta saber cuál será la política de Alberto Fernández en materia de represas.

Eduardo Luján, de la Mesa No a las Represas, recordó que Garabí está frenado por un fallo judicial (del lado de Brasil), explicó que la energía de estas megaobras muchas veces son para el extractivismo (mineras, por ejemplo) y resaltó que la población de Misiones mantiene en rechazo a las hidroeléctricas.

Triunfo histórico

Año 1996. El menemismo en su apogeo. Desde el gobierno nacional declaran de “interés nacional” la construcción de una represa sobre el río Paraná, 25 kilómetros al norte de la capital entrerriana. Los gobernadores de Santa Fe (Jorge Obeid) y de Entre Ríos (Jorge Busti) se sumaron a la iniciativa de Carlos Menem. Detrás estaban empresas de Estados Unidos.

Se trataba de una obra tan faraónica como innecesaria. Preveía la inundación de 800.000 hectáreas y podía afectar hasta 50.000 familias. A buena parte de la costa de Santa Fe, terraplén mediante, le cambiaba radicalmente la vista (y el acceso) al río. Se publicitaba una inversión de 2000 millones de dólares. Y dejaba abierta la posibilidad de una segunda represa, aguas arriba, a la altura de Reconquista.

Comenzó una rápida y efectivo organización vecinal, muchas de ellas impulsadas por la Asociación de Entidades Ambientalistas. Se sumaron organizaciones sociales, sindicales y hasta el club náutico (entidad que no solía involucrarse, pero de peso en ciertos sectores sociales).

Las reuniones se hacían semanales. Había campañas informativas, panfletadas, charlas públicas. También hubo una remada, en canoa, de pescadores, que bajaron desde aguas de Yacyretá hasta la ciudad de Paraná. La travesía duró 22 días. Y las escalas se hicieron jornadas de concientización sobre la importancia del río y cómo perjudicaban las hidroeléctricas. Los activistas también intervinieron con pancartas en banderas en una competencia internacional de nadadores (a río abierto, en el Paraná, con amplía cobertura mediática). Eran 88 kilómetros de competencia en los que estuvo presente en todo el recorrido la bandera con la consigna principal: “Entre Ríos sí, entre represas no”.

La movilización popular fue logrando lo que parecía difícil. El rechazo a la represa ganó adeptos. El Intendente y el Gobernador cambiaron su aprobación inicial y, ante la inminencia de las elecciones (1997), se sumaron al rechazo. Finalmente, poco más de un año del anuncio del gobierno nacional, el proyecto fue archivado.

El 25 de septiembre de 1997, por impulso de las organizaciones socioambientales, la Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley 9092/97, conocida como Ley Anti-represas. En su artículo 1 señala: “Declárase a la provincia de Entre Ríos libre de nuevas obras de represamiento sobre los ríos Paraná y Uruguay”. En su artículo 2: “Declárense los ríos y demás cursos de agua de la Provincia bienes de la naturaleza y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible, en particular en lo referido a la calidad de las aguas, cantidad, distribución y uso jerarquizado, como al sustento de la biodiversidad”.

Ecocidio y violación de derechos

Las represas Condor Cliff y La Barrancosa (antes llamada Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) están ubicadas sobre el río Santa Cruz, entre el centro geográfico de la provincia y la costa este. Condor Cliff está ubicada a 170 kilómetros de la localidad de El Calafate. La Barrancosa está situada a 130 kilómetros de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Se trata de un proyecto hidroeléctrico de larga data (1920). Recién en 2007 el proyecto tomó impulso con la firma del convenio entre Provincia y Nación. En 2012 se llamó a licitación y en 2013 fue adjudicada. En junio de 2019, el Gobierno difundió un avance de obra del 14 por ciento.

Foto: La Tinta

Catorce comunidades mapuche tehuelche de la provincia de Santa Cruz llevaron adelante un amparo judicial en 2017 ante el Estado argentino por la afectación de territorio ancestral sin realizar la consulta previa, libre e informada, ni participación indígena, según lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Se trata de las comunidades Lof Fem Mapu, Camusu Aike, Lof Millanahuel, Kopolke, Limonao, Newen Mapu, Willi Mapu, Kiufique Kimun, Kiñe Rakizuam, Newen Mülfün, Francisco Vera, Aitue, Millaqueo. Las comunidades afirmaron que la construcción de las represas produce daños irreversibles para la identidad cultural y la memoria de los pueblos originarios, ya que afecta su cosmovisión, su costumbre y el entorno de la naturaleza y la biodiversidad provocando el desequilibrio.

El juez subrogante del Juzgado Federal de Río Gallegos, Aldo Suárez, ordenó en octubre de 2017 que se convocara a una mesa de diálogo (en un plazo de veinte días) para garantizar y materializar el inicio del proceso de consulta previa, libre e informada, tal como sostiene el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, las obras de la represa continúan, y las comunidades indígenas no tuvieron respuesta favorable a sus peticiones.

Además de violar los derechos indígenas, la obra también vulnera la Ley General del Ambiente (25.675), que establece el principio precautorio: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

La UTE (Unión Transitoria de Empresas) a cargo de la construcción está conformada por la empresa estatal china Gezhouba Group Company Limited, que aporta la mayor parte del capital, y las empresas argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo.

En rechazo a las hidroeléctricas también se conformó la organización “Río Santa Cruz sin represas”, que denuncia dos aspectos principales: la intervención sobre ese curso de agua se trata de un “ecocidio” y aseguran que además no son rentables económicamente.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) impulsó, junto a otras ONG, la realización del documental “Matar al río”, donde detalla todos los aspectos ambientales que serán afectados. Y también publicó el informe “Falsas promesas”, referido a las obras sobre el río Santa Cruz. Detalla que no generará las fuentes de trabajo prometidas (solo 108 personas luego de la construcción), no habrá desarrollo económico local, será una estafa económica (el estado provincial se endeuda a razón de 15.000 dólares por habitante y sólo podrá recuperar –finalizada la obra– a razón de 88 millones de pesos anuales).

“El aprovechamiento hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz responde meramente a compromisos financieros con China (…) más que a genuinas prioridades energéticas y ambientales. Estas últimas deberían ser consensuadas estratégica y participativamente entre todos los argentinos, en lugar de sacrificar los recursos naturales”, señala en sus conclusiones el informe de FARN y sentencia: “Este proyecto implica la profundización de un proceso que resulta en la hipoteca de los recursos naturales del país, con el fin de sostener una relación asimétrica con una potencia mundial, generando así energía a cualquier costo”.

Un Ministro de Ambiente que proviene de los DDHH y avala la megaminería.

LO ANTICIPÓ EL MINISTRO JUAN CABANDIÉ

El Ministro de Ambiente y desarrollo sostenible de la Nación, Juan Cabandié, se refirió a los desafíos que tiene su cartera y afirmó: “Decidimos asumir los problemas pendientes que hay en Argentina en materia de ambiente con todos los sectores”. En diálogo con Verano 2020, expresó: “Las consecuencias del cambio climático están a la vista, por eso tenemos que cuidar nuestro ambiente, que es el lugar donde vivimos”. En ese sentido, anticipó que “en los próximos días” el Gobierno derogará el decreto del macrismo que habilita la importación de basura: “Es indigno y un descalabro permitir la importación de basura, no hay ninguna razón para importar residuos”.

Además, explicó que una de las principales problemáticas que le manifiestan los funcionarios provinciales tiene que ver con el tratamiento de la basura.

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