Argentina. El INDEC difunde esta semana la inflación de 2019: estiman que estará en torno al 55%/ Las claves del plan para bajar la inflación en 2020/ Aumentos de impuestos: ¿quiénes deben pagar el desastre macrista?

Resumen Latinoamericano*/ 12 de enero 2020 .–

INDEC difunde esta semana la inflación de 2019: estiman que estará en torno al 55%

El miércoles, el organismo oficial informará también el costo de vida de diciembre, que rondará entre 4% y 5%.

El índice de inflación que el INDEC difundirá el miércoles próximo habría cerrado 2019 con una suba del 55% anual, de acuerdo con estimaciones públicas y privadas.

El costo de vida de diciembre rondará entre 4% y 5%, y el año pasado cerró con la inflación más alta de los últimos 28 años.

Para encontrar una inflación anual más alta hay que remontarse a 1991, cuando el indicador registró un 84% de inflación, tras un período de hiperinflación entre la retirada del presidente Raúl Alfonsín (3.079% en 1989) y la llegada de Carlos Menem (2.314% en 1990).

El dato cercano más alto fue la inflación del 40,9% de 2002, cuando el país salía de una crisis económica aguda tras el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando de la Rúa.

Las principales consultoras privadas estimaron que la inflación de diciembre se ubicaría entre 3,7 y 5%.

La inflación no cedió en el último mes de 2019, tal como había sucedido en noviembre, aunque el congelamiento de tarifas y el fuerte control del gobierno sobre el dólar impidieron que el alza de precios se disparará aún más.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central sobre la base de encuestas de consultoras privadas, espera que sea de entre 4,3% y 5%, y que el año terminará con una inflación de 55% punta a punta.

La consultora Elypsis proyectó un 4% para diciembre y estima para los siguientes meses una lenta desaceleración por el tipo de cambio contenido y el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández.

En Ecolatina, el relevamiento de la primera quincena de diciembre les dio 4,1%, con lo que proyectan 3,5% para el último mes de 2019 y 54% para todo el año.

La consultora EcoGo consideró que hubo un reacomodamiento de márgenes ante la expectativa de un acuerdo de precios y salarios que impactó en la inflación de diciembre, que la estimó por debajo del 5% y en 55% para todo el año.

Las claves del plan para bajar la inflación en 2020

Dólar, tasa, Precios Cuidados. El Gobierno pretende rebajar la tasa inflacionaria después del histórico fracaso del macrismo.

Por RODRIGO NÚÑEZ

Esta semana el Indec difundirá las cifras de inflación correspondientes a diciembre, por lo que se conocerá el dato anual, estimado en un 55% por analistas y consultoras. La encrucijada para el Gobierno será articular las principales variables de la macroeconomía para controlar los precios y lograr el objetivo central: que vuelvan a ganar los salarios.

Cuando en 2018 la megadevaluación produjo un aumento de precios del 47,5%, Cambiemos batió el récord más alto registrado en 27 años. Sin embargo, el 2019 que se acaba de ir se podría arrojar un ascenso anual en torno al 55%, la cifra más alta desde el 81% de la hiper de 1991. Por eso, frenar la inercia inflacionaria representará un dolor de cabeza en las oficinas de Casa Rosada y el Banco Central (BCRA).

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado que difunde la entidad monetaria que conduce Miguel Pesce, la inflación proyectada para todo 2020 fue proyectada en un 42,2%. La cifra es casi 13 puntos porcentuales menos que la de 2019 pero extremadamente alta para cualquier parámetro.

Es tal el arrastre inflacionario que aún si los precios de la economía no se movieran un centavo en los próximos doce meses, la inflación acumulada anual sería del 22%. ¿Por qué? en términos internuales, los precios deberían compararse mes por mes, llegando a cero en diciembre. En ese transcurso, las diferencias de cada período darían como resultado el número ya señalado.

En conversación con El Destape, el economista Sergio Chouza señaló no acuerda con las estimaciones del mercado y que “cualquier reducción en la inflación va a ser interpretada como un  éxito y algo más razonable sería una cifra cercana más al 30%”. “Asigno una importancia mayúscula en este sentido, al grado de éxito del Acuerdo Económico y Social, que entiendo va a salir por Ley en sesiones ordinarias”, agregó.

DÓLAR

Para evitar una escalada mayor y que eso se refleje en los precios, el BCRA ya informó cómo se desenvolverá en el mercado cambiario: “Mantener el régimen de flotación de la moneda local en el marco actual de regulación cambiaria. También se propenderá a la acumulación de reservas internacionales permitiendo incrementar los grados de libertad para ejercer una política económica autónoma”. Es decir, el cepo al dólar continuará en 2020.

Las limitaciones a la compra de divisas no sólo espanta los fantasmas de un salto que impacte en los precios, sino que refuerza el esquema de ahorro de la moneda estadounidense para afrontar las negociaciones con acreedores como el FMI con mayor libertad de acción, además de tener el capital necesario para cancelar compromisos en los próximos meses.

En consonancia, Pesce también se comprometió a reducir aún más las tasas de interés para impulsar la actividad económica, mientras espera que a través del pacto social que promueve el Gobierno las empresas aumenten la producción en lugar de los precios. El titular del BCRA confirmó un nuevo descenso del piso de la tasa, después de dos recortes el mes pasado. Clavada en el 52%, la tasa de referencia sigue siendo la más alta del mundo, aunque mucho más baja que el pico de septiembre de 85%.

Ante este nuevo contexto, los opositores volvieron a la carga con el discurso que repiten escuelas ortodoxas: “que los shocks de consumo, la emisión monetaria y recalentamiento de la economía desvirtúan el equilibrio fiscal y elevan los precios”. 

Para Chouza, “nadie puede negar que hay un margen amplísimo para reactivar sin temer chocarse con problemas de exceso de demanda (o escasez de oferta). Ese margen te lo da una ociosidad espantosa en la economía”. En esa línea, añadió: “Si en paralelo se da opciones de financiamiento al capital productivo, se promueve el crédito en pesos con instrumentos innovadores y ser contienen las presiones devaluatorias, deberías poder transitar ese camino inicial sin tener nuevas fuentes de tensiones de precios por fuera de la inercia“.

“Si después de este período pasado donde se aplicó el recetario monetario más rancio como único diagnóstico y herramienta para combatir la inflación, no entendimos que el fenómeno es más complejo y requiere un abordaje integrador”, enfatizó el investigador y docente de la UBA y la Universidad de Avellaneda.

PRECIOS CUIDADOS

El Gobierno relanzó el programa Precios Cuidados con cambios esenciales respecto al aplicado por el macrismo. La nueva lista incluirá más de 300 productos, incluirá artículos de primeras marcas, habrá rebajas promedio del 8% y constará de revisaciones trimestrales para verificar los valores y el cumplimiento.

La clave del nuevo esquema será el concepto de referencia que marquen las principales firmas para sus competidores. Para contener de forma más efectiva la inercia de los primeros tres meses, el Frente de Todos consideró esencial retomar el programa ideado por el kirchenerismo y minimizar los incrementos.

Las negociaciones del ministerio de Desarrollo Productivo ya habían logrado un acuerdo que permitía un aumento del 7% de precios y que la cadena de comercialización absorbiera el otro 14% de la eliminación del beneficio del IVA del 21%.

“De manera muy distinta a la administración pasada, me parece que es muy posible que cumpla su objetivo de fijar precios de referencia de manera estable para los próximos años. Lógico que no puede ser o única estrategia para atacar el problema de precios, también hay que complementar con política monetaria, cambiaria, estudiar formas de desconcentrar y promover la competencia, entre otras. Pero es un puntapié muy positivo para volver a recuperar precios relativos que actualmente están rotos”, explicó Chouza a este medio.

Tensión política y económica por las retenciones agropecuarias, el cargo del 30 por ciento en la compra de dólares, la suba de Bienes Personales y el paquete tributario bonaerense

Aumentos de impuestos: ¿quiénes deben pagar el desastre macrista?

Por Alfredo Zaiat

Las medidas tributarias con criterio de progresividad de Alberto Fernández, a nivel nacional, y de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, despertaron resistencias de sectores económicos y sociales privilegiados durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Fragilidad fiscal y deuda impagable. 

La resistencia a las retenciones agropecuarias, al impuesto cambiario PAIS, a las alzas en las alícuotas en Bienes Personales y al paquete impositivo en la Provincia de Buenos Aires revela dos cuestiones, además de controversias tributarias:

1. Los impuestos forman parte de una disputa política medular en la sociedad.

2. La existencia de potentes restricciones sociales, económicas y políticas para instrumentar medidas de redistribución progresiva del ingreso vía modificación de la estructura tributaria.

Desquicio fiscal

En el incipiente escenario de conflicto político, en apenas en el primer mes del gobierno de Alberto Fernández, se han empezado a manifestar en forma muy explícita tensiones conceptuales acerca del rol del Estado en la economía, del alcance de los impuestos y del destino del gasto público.

Es un debate en el cual el oficialismo ha quedado a la defensiva. Su mensaje apunta a reclamar “solidaridad” de sectores medios y altos de la pirámide de ingresos. Lo hace cuando, en realidad, la cuestión impositiva está basada en relaciones de poder y no de buena voluntad de los sectores de mayor capacidad contributiva.

No se trata de pedir un “esfuerzo”, sino de redefinir las reglas de una sociedad más equitativa, lo que implica abrir conflictos con sectores a los que se les afectarían sus privilegios. En esta coyuntura es importante determinar quiénes deben tener una mayor obligación contributiva para salir del desastre macrista.

La devastación del tejido productivo y social, la desarticulación de funciones básicas del Estado y la herencia de una inmensa deuda impagable con una economía en recesión en tres de los cuatro últimos años es el cuadro que entregó el macrismo. Es un cuadro dramático que tiene que ser recordado cada vez que se impulsan iniciativas para recuperar recursos fiscales.

Si ese recordatorio no se hace por especulación política o por estrategia comunicacional, esas medidas parecen aisladas, caprichosas u hostiles hacia un sector específico cuando, en realidad, son imprescindibles para recomponer la situación fiscal.

Explicar las motivaciones de las medidas no es revanchismo ni mirar para atrás, sino una necesaria tarea de divulgación para que la mayoría de la sociedad comprenda la magnitud de la crisis y quiénes deben aportar más proporcionalmente para comenzar a transitar el sendero de la recuperación.

Espejo invertido

El gobierno anterior debilitó las cuentas públicas y avanzó con medidas regresivas en materia impositiva: eliminó retenciones, para luego reimplantarlas desesperado por el naufragio de la economía y por recomendación del FMI; redujo los impuestos a bienes suntuarios (autos de alta gama, motos y embarcaciones); bajó las alícuotas de Bienes Personales; definió la disminución gradual de Ingresos Brutos con el consenso fiscal rubricado con las provincias; regaló poco más de dos puntos de la coparticipación federal de impuestos de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Este paquete impositivo no despertó resistencias porque implicó una importante transferencia de recursos hacia la cúpula de la pirámide de ingresos y, por lo tanto, del poder económico. Pero esa redistribución regresiva fue el pecado original porque derivó en el endeudamiento descontrolado de los dos primeros años del macrismo.

La pérdida de recursos fiscales agudizó el déficit que fue cubierto con deuda en dólares, en una pésima decisión de administración financiera de las cuentas públicas. O sea, se capturaban dólares del mercado para atender el creciente desequilibrio en pesos, desbalance agudizado por esas medidas impositivas.

El saldo fue un rápido naufragio de la economía con default y debilidad fiscal, que el auxilio financiero extraordinario del FMI evitó un descontrol aún mayor de las variables macroeconómicas.

La administración Fernández aplicó un paquete impositivo en espejo invertido al impulsado por Macri. Lo tuvo que hacer para empezar a atender el desquicio fiscal recibido no sólo por esas medidas tributarias regresivas, sino también por la inmensa carga fiscal que implica el stock de deuda incrementado en forma impresionante en esos cuatro años. Y lo hizo sin castigar a los sectores vulnerables dirigiendo la exigencia de un mayor aporte a grupos sociales con mayor capacidad contributiva.

Las medidas impositivas progresivas y la renegociación de los pagos de la deuda constituyen entonces la base para la recuperación fiscal de las cuentas públicas y de la economía en general.

Quejas

Las protestas por los cambios impositivos provienen de grupos que se han beneficiado en los últimos cuatro años. El complejo agroexportador, con la eliminación de las retenciones y la megadevaluación macrista; sectores sociales que tradicionalmente son intensos en dolarizarse en ahorros y por turismo al exterior, cuya voz representativa en estos días fue Susana Giménez con la grosería dedicada a los pobres; los contribuyentes que pagaron menos por Bienes Personales, y los grandes propietarios rurales y urbanos de la provincia de Buenos Aires.

Alberto Fernández decidió conseguir recursos adicionales entre los ganadores del modelo macrista, eludiendo el sendero del ajuste tradicional de la ortodoxia.

El origen y la orientación del paquete tributario del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, son similares al del gobierno nacional, aun con más dificultad porque la administración de María Eugenia Vidal se lanzó a un irresponsable endeudamiento en dólares. Se sabe que las provincias no emiten moneda ni pueden conseguir dólares, lo que las pone en una posición más frágil respecto a la de la Nación.

Uno de los frentes de resistencia a las medidas de Kicillof para sumar recursos provino de las cableoperadoras (la del Grupo Clarín es la más importante en ese negocio). Esas firmas contaron con la colaboración del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, que consiguió frenar la propuesta de aumento de la alícuota de Ingresos Brutos (de 2 a 3 por ciento), perdiendo la provincia de recaudar 600 millones de pesos anuales. En contrapartida es el monto que se ahorran de pagar esas empresas.

Otros beneficiarios de las modificaciones introducidas por la oposición en el paquete impositivo fueron los importadores y exportadores y los propietarios más grandes de la provincia de Buenos Aires.

La progresividad de la iniciativa impositiva bonaerense se mantuvo pero con una menor intensidad.

Conceptos

Las medidas impositivas de los gobiernos nacional y bonaerense están provocando un debate dominado por el discurso conservador. Los argumentos son conocidos, pese a que se tratan de tibias reformas progresivas: en Argentina se paga mucho en impuestos; siempre pagan los mismos; el Estado es ineficiente; los políticos cobran mucho.

Resulta oportuno recordar conceptos fundamentales para abordar el tema de los impuestos.

Los Estados necesitan recaudar impuestos para realizar acciones necesarias al bien común. Para eso definen y aplican un sistema tributario con la aspiración social de que sea básicamente equitativo.

En general, los sectores alcanzados por impuestos manifiestan resistencia a pagarlos, y la estrategia para expresar disconformidad es la misma: que pagan mucho, que otros lo hacen menos y que la acción del Estado es abusiva sobre sus ingresos.

Es una posición que voluntaria o involuntariamente deslegitima la acción del Estado en la economía. Cuestiona de esa forma el contrato social básico referido al pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado.

Lo hacen invirtiendo la secuencia de ese contrato social. Exponen que pagan demasiado en impuestos en relación a lo que reciben de parte del Estado. Algunos consideran que el gasto público es ineficiente o evalúan que otros gozan de privilegios impositivos que ellos no tienen.

Sin embargo, para tener derechos, primero hay que cumplir con obligaciones, en este caso impositivas en función de la capacidad contributiva. Así se desarrollaron los contratos sociales en las sociedades modernas.

El Estado, a su vez, obtiene legitimación para el cobro de impuestos cuando utiliza esa recaudación redistribuyendo ingresos en forma progresiva, como con la cobertura social que incluye entre sus pilares la Asignación Universal por Hijo. También con su política de subsidios a los servicios públicos, que actúan como un salario indirecto al trabajador.

Equidad

Los tributaristas explican que una sociedad funciona con un contrato social básico de pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado. Y que esos pagos tienen que recaer en mayor medida en los sectores que tienen más capacidad contributiva, o sea que tienen más ingresos.

Un sistema tributario es más equitativo cuando la carga de la recaudación descansa en porcentajes crecientes en impuestos que pagan los sectores de mayor capacidad contributiva en la pirámide de ingresos.

Aunque esas ideas parezcan elementales, de aceptación general, cuando se intentan tímidas modificaciones para fortalecer y profundizar ese contrato social el resultado son conflictos de proporciones. En 2008 hubo una rebelión del sector del campo para resistir la aplicación de un esquema de retenciones móviles a las exportaciones. 

Hoy el malestar se expresa también en el esquema de retenciones de Fernández y en la carga impositiva en el mercado cambiario.

El éxito del movimiento en 2008, logrando que pequeños y medianos productores salieran a defender intereses de grandes propietarios, ha definido límites muy estrechos para diseñar una reforma fiscal que involucre al campo. Esos contornos quedaron en evidencia en la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural que impulsó la gobernación de la provincia de Buenos Aires

Disputa política

La controversia alrededor de las retenciones al complejo agroexportador es la muestra más visible que, además de los aspectos recaudatorios, redistributivos de la renta de la tierra y del impacto en precios internos, se trata de un espacio de disputa política.

Cuando Mauricio Macri las reimplanta, teniendo como ministro, luego rebajado a secretario de Agricultura, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, no hubo ni comunicados de entidades gremiales del sector, ni protestas de productores ni tractorazos en las rutas.

La reacción fue opuesta cuando Alberto Fernández sólo actualizó el monto de las retenciones al mismo nivel que el dispuesto inicialmente por Macri. La decisión clave fue que ahora se aplica como un porcentaje, y antes era un monto fijo que con devaluación e inflación se terminó licuando.

La resistencia que se está alimentando, con grupos que convocan a la desobediencia fiscal y a la movilización en las rutas, tiene un origen eminentemente político. A esta altura es sabido que no existen las condiciones para reeditar un conflicto como el del 2008, lo que no implica que el de ahora no pueda ser intenso. No existen las condiciones fundamentalmente por el aprendizaje que dejó ese traumático conflicto para la fuerza política que hoy es gobierno, que se reflejará en la próxima segmentación de las retenciones por agregación de valor, por distancia al puerto y por pequeños productores.

De todos modos la cuestión impositiva seguirá siendo un terreno de disputa política porque, como lo expresó el milmillonario financista estadounidense Warren Buffet, “hay una guerra de clases, y la estamos ganando los ricos”.

*Fuentes: Tiempo Argentino/ Amfin/ Página12/ Agencias

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