Argentina. Ley Micaela: el presidente y su gabinete se capacitaron contra la violencia machista/ La Provincia adhirió al protocolo de aborto no punible/ Asumió el Gabinete del Ministerio de Mujeres/ Vélez es el primer club en incorporar una cláusula de rescisión de contrato en caso de violencia de género

Resumen Latinoamericano/ 10 de enero 2020 .–

Ley Micaela: el presidente y su gabinete se capacitaron contra la violencia machista

Desde subsecretarios hacia arriba, todos los funcionarios y funcionarias participaron de la actividad pedagógica que impartió la asesora presidencial Dora Barrancos. 

(Foto: Presidencia)

Por Gimena Fuertes

Este viernes, el presidente Alberto Fernández junto a todos sus ministros, secretarios y subsecretarios de Estado tomaron una capacitación en perspectiva de género en cumplimiento de la llamada Ley Micaela de prevención de la violencia machista en todos los estamentos del Estado.

La actividad estuvo a cargo de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y de la socióloga Dora Barrancos, titular del Consejo Asesor del ministerio. La cartera tiene entre sus competencias lograr la implementación efectiva de la ley en los tres poderes del Estado y en todo el territorio nacional.

Al finalizar el encuentro, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner, el presidente de la Nación ofreció una reflexión: «Somos una sociedad pensada y construida a partir del hombre, donde la mujer sólo fue un acompañamiento, descuidando objetivamente que fue parte esencial de la sociedad argentina. Queremos una sociedad igualitaria, con plenitud para todos más allá de su condición de género y de su identidad sexual, queremos una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse”, explicó. Y agregó: “Hoy, lo único que vine a hacer es a cumplir con la Ley, a que todos entendamos todo lo que hay que cambiar. Por eso, cada vez que llevemos derechos a la gente celebremos, porque vamos a estar siendo mejores”.

Para Gómez Alcorta “esta capacitación a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que incluye al propio Presidente de la Argentina constituye un cambio de paradigma no sólo en la implementación de la Ley Micaela sino en la posibilidad de incluir perspectiva de género a todas las políticas públicas en nuestro país. No tengo dudas de que es un hecho histórico, es un salto cualitativo y eleva la vara en lo que implica la obligatoriedad de la capacitación con perspectiva de género y sobre violencias por razones de género. Sin esta perspectiva es muy difícil que aquellos que tienen en sus manos el diseño y la ejecución de las políticas públicas puedan trabajar para reducir las brechas de desigualdad por razones de género”, sostuvo.

La ley se debatió y sancionó luego del femicidio de Micaela García, una militante del Movimiento Evita, perpetrado en abril de 2017 en Entre Ríos, y establece la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La ley sancionada dispone “la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes”. La formación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres incluye como contenidos mínimos la legislación provincial, nacional y las convenciones en las que Argentina sea parte. Incluye, también, la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género por orientación sexual o identidad de género y la particular forma en que se expresan o impactan en cada área específica de actuación.

A un año de su sanción, la Ley Nacional 27.449 todavía no fue reglamentada y apenas adhirieron 17 provincias: Mendoza, Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. Se encuentran en proceso de adhesión Entre Ríos, San Luis y Tierra del Fuego, mientras que no avanzaron todavía en la implementación Formosa, Corrientes ni San Juan.

A través de la formación en la temática de género y violencias contra las mujeres se busca promover la transformación de valores culturales que naturalizan las desigualdades entre los géneros y promover espacios de intercambio y construcción de sujetos sociales, de ciudadanas y ciudadanos comprometidas y comprometidos en la transformación de la realidad, en la producción de procesos de inclusión y cohesión social con igualdad de oportunidades y libres de violencia.

Para reducir las brechas de desigualdad y erradicar las violencias por razones de género es indispensable construir políticas públicas integrales y transversales y jerarquizar las herramientas con las que el Estado los aborda. Uno de los objetivos de la Ley Micaela es el desarrollo de un plan de formación continuo que siente las bases de una verdadera transformación cultural al interior del Estado, condición necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas.

La Provincia adhirió al protocolo de aborto no punible

La resolución fue firmada por el ministro de Salud, Daniel Gollán, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. Se actualizó así la guía de atención que se usa desde 2012.

La provincia de Buenos Aires finalmente adhirió hoy al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, que incluye las actualizaciones incorporadas por el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 12 de diciembre.La adopción de la guía de atención de abortos no punibles fue anunciada hoy y se transformó en la primera resolución conjunta del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. De esta manera, el gobierno bonaerense actualizó el protocolo que se usa en los hospitales públicos desde 2012, conforme al marco jurídico argentino, y que la ex gobernadora María Eugenia Vidal se negó a aggiornar en 2016, derogando una resolución que su entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz, había firmado al respecto. 

Se trata de una guía de actuación para que los equipos de salud puedan cumplir con el fallo de la Corte Suprema de la Nación que establece que, quien se encuentre en las condiciones descriptas en el artículo 86 del Código Penal -es decir, si existe peligro para la vida de la madre o si el embarazo proviene de una violación- no puede ni debe ser obligado a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo.

«Hoy estamos poniendo en marcha algo que tendría que ser una naturalidad, estamos hablando de aquello que en Argentina es legal, pero consideramos que a partir de contar con esta herramienta habrá gente de los equipos de salud que va a empezar a perder el miedo y a participar del acceso a este derecho de forma rutinaria», señaló Gollán al presentar la resolución en la Sala de Situación de la cartera sanitaria, en La Plata.

Díaz, por su parte, sostuvo que «la guía que se acaba de actualizar es construida sobre la que hizo Daniel (Gollán), en 2015, siendo ministro de Salud de la Nación”, y detalló que servirá a los equipos de salud para guiar los procedimientos en interrupciones legales del embarazo contempladas por el Código Penal en su artículo 86 incisos 1 y 2.  «Estamos hablando de una legislación del año 1921, centenaria, y se establece qué procedimientos realizar para cuando el aborto produce un problema para la salud y la vida de la mujer, o en los casos en que el embarazo es producto de una violación», agregó.

El protocolo ILE toma las últimas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para que el procedimiento quede más claro, haya menos intermediarios y «se garantice el derecho a la salud de algo que es totalmente legal».

En cuanto a la objeción de conciencia, Díaz explicó que ya estaba contemplada en protocolos previos y detalló que en esta nueva guía queda claro que es un derecho individual, pero que las instituciones de salud pública deben garantizar en todos los casos pertinentes el acceso a los abortos no punibles.

La ministra insistió en la necesidad de aplicar el protocolo y no demorar los procedimientos porque para la salud de la mujer y para el sistema de salud público «es costosísimo cuando llegan mujeres con interrupciones del embarazo realizados en el circuito clandestino e inseguro; en cambio, la práctica del aborto en el primer trimestre de gestación es sencilla, medicamentosa y hasta se puede atender no sólo en los hospitales, sino en los centros de atención primaria de la salud».

Asumió el Gabinete del Ministerio de Mujeres

Nueve funcionarias juraron el miércoles en el salón de Ministerio de Desarrollo Productivo. «Por las luchas colectivas que nos trajeron hasta acá», coincidieron las funcionarias en su juramento. 

(Foto: Prensa Gomez Alcorta)

El gabinete del primer Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina asumió este miércoles con un compromiso repetido de las nueve funcionarias que juraron por “las luchas colectivas que nos trajeron hasta acá”, acto del que participó la mayoría de las y los ministros nacionales.

Por las mujeres, las diversidades, las ancestras, las jóvenes, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por las dirigentes trans fallecidas Lohana Berkins y Diana Sacayán, y sobre todo, por las luchas colectivas, fueron las frases más escuchadas durante el juramento de las integrantes del equipo de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

Lara González Carvajal juró como jefa de Gabinete del Ministerio; Cecilia Merchán como secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad; Pilar Escalante como subsecretaria de Igualdad y Alba Rueda como subsecretaria de Políticas de la Diversidad, convirtiéndose en la primera mujer trans del país en ocupar ese cargo.

Además, asumieron Josefina Kelly Neira, como secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género; Laurana Malacalza, como subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género y Carolina Varsky como subsecretaría de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género.

Al frente de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad juró Diana Broggi, y Larisa Rosón en la subsecretaría de Gestión Administrativa.

El acto se realizó en un salón de Ministerio de Desarrollo Productivo, ya que la flamante cartera no tiene aún sede.

En una sala repleta de referentes feministas, de movimientos y organizaciones sociales, y de representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad dijo que «era un momento histórico comparable a la creación, en la década de 1940, del Ministerio de Trabajo”.

“Ambos ministerios se conquistaron en las calles. Tenemos la responsabilidad y el hermoso desafío de ser las primeras en llegar a este espacio institucional, que es una conquista de las luchas colectivas feministas, de las mujeres y las diversidades”, agregó Gómez Alcorta.

Gómez Alcorta también destacó que el primer objetivo del Ministerio es diseñar, implementar y evaluar de modo participativo e intersectorial el conjunto de políticas públicas integrales que el Estado debe desarrollar en materia de género y diversidad en la Argentina para lograr una sociedad más igualitaria y libre de violencias. Reducir las brechas de desigualdad de género en el trabajo, en la economía, en la educación, en la política y en todos los ámbitos de la vida será una de las tareas del ministerio. 

“La violencia por razones de género tiene relación directa con la falta de autonomía en nuestras vidas y con roles y estereotipos asignados a nosotras. Entendemos que la tarea es urgente y compleja y que muchos de los cambios que tenemos que llevar adelante son cambios culturales y por eso el Estado es el único capaz de llevar adelante esta tarea”, sostuvo. 

También aseguró que se construirá un ministerio de puertas abiertas, federal, de militancia por la ampliación de los derechos de las mujeres y personas LGBT+ que asuma junto a la sociedad y todas las herramientas del Estado la responsabilidad de construir un futuro libre de violencias.

Resaltó, además, “la inusual cantidad de integrantes del Gabinete nacional que están acá, una muestra de la transversalidad de nuestra tarea y de la decisión política del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

En el auditorio estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicejafa de Gabinete, Cecilia Todesca; Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica; la ministra de Seguridad Sabina Frederic; la de Justicia, Marcela Losardo; el ministro de Salud, Ginés González García; Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo y Nicolás Trotta, de Educación.

También la presidenta de AySA, Malena Galmarini; las diputadas nacionales Cristina Álvarez Rodríguez; Mónica Macha, Gabriela Estévez y Rosana Bertone; Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas, entre otras dirigentes.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad dijo que su gestión “será ejercer la función pública de otro modo: de modo feminista”, en medio de aplausos y cánticos del auditorio.

Vélez es el primer club en incorporar una cláusula de rescisión de contrato en caso de violencia de género

Vélez Sarfield es el primer club del fútbol argentino en incorporar una cláusula de rescisión de contratos a sus jugadores en caso que incurran en violencias machistas. La medida se toma ya que el quipo del Fortín refuerza su plantel con la llegada del jugador Ricardo Centurión quien fue denunciado en 2017 por su pareja contra quien ejerció violencia. Por ANRed


La lucha feministas va permeando y transformando las prácticas sociales. Es así como en un ámbito históricamente hegemonizado por varones, los cambios van llegando.

Actualmente muchos clubes del fútbol argentino, tienen comisiones de género y en esta oportunidad desde la Oficina de género del Club Vélez Sarfield exigieron poner un apartado especial en el contrato que Ricardo Centurión firmaría para incorporarse como refuerzo al plantel del equipo. Centurión fue denunciado por violencia de género por Melisa Tozzi quien era su pareja. La mujer le aplicó una orden de restricción perimetral. La denuncia era por lesiones y amenazas.

Es por eso que el club tiene pensado ponerle una cláusula de comportamiento a raíz de los antecedentes violentos.

“Más allá de que no estamos de acuerdo con la contratación no podemos no ponernos contentas por la consulta que nos hizo la Comisión Directiva. Nuestra postura es firme, pero sabemos que el fútbol es machista”, le afirmó a Infobae la abogada Paula Ojeda, quien está a cargo de la oficina de género en la entidad.

La institución cuenta con una oficina destinada al área de violencia de género, creada en mayo del 2018 y es un hecho inédico en el fútbol argentino.

*Fuentes: Tiempo Argentino/ ANRed/ Agencias


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