Argentina. Resumen gremial. Nuequén: Gremios y organizaciones sociales rechazaron la visita de Macri/ Prensa Escrita: otra vez la peor paritaria del año/ Los mineros extienden el conflicto por los despidos en Loma Negra a toda la Provincia y Vidal manda a mediar/ Puma cierra otra de sus plantas en La Rioja/ Visitadores médicos en alerta y movilización por “las brutales agresiones de los laboratorios contra los trabajadores”/ Piden flexibilizar a Camioneros y Pablo Moyano adelantó que se viene una batalla total/ La CTA A repudia la represión en las puertas del INDEC y exige la liberación del compañero detenido … (Más información)

Resumen Latinoamericano, 13 de junio  2019.- Una sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta  y Agencias.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

Gremios y organizaciones sociales rechazaron la visita de Macri

Gremios y organizaciones sociales rechazaron la visita de Macri

Gremios y organizaciones sociales neuquinas marcharon a las puertas del Casino Magic donde estuvo el Presidente en el cierre del Precoloquio de IDEA.

Gremios y organizaciones sociales se manifestaron en rechazo a la visita de Mauricio Macri a Neuquén para participar del coloquio IDEA, junto con su candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto.

Las protestas se realizaron en reclamo a las políticas económicas del oficialismo, con un acto que se realizó frente al casino, donde se llevó a cabo el evento que congregó a los principales funcionarios y empresarios relacionados con Vaca Muerta.

La presencia del Jefe de Estado en Neuquén se dio a 24 horas del anuncio de la candidatura a vice del legislador rionegrino, quien también estuvo en la capital neuquina como primera presentación oficial de la fórmula presidencial.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén), Carlos Quintriqueo, dijo que es “insostenible” la situación de los trabajadores, y reclamó la reapertura de las paritarias.

“Los compañeros estatales nacionales tuvieron un magro 18% en cuotas”, explicó el estatal que en la práctica resultó uno de los puntales del repudio al Presidente.

Prensa Escrita: otra vez la peor paritaria del año

Por quinto año consecutivo, los trabajadores de prensa escrita sufrimos un acuerdo paritario a la baja que deteriora hasta el límite de lo tolerable nuestro poder adquisitivo. El pasado 11 de junio, la utpba, un sindicato con nula representatividad en el gremio, y las cámaras empresarias firmaron en la Secretaría de Trabajo un vergonzoso acuerdo que destroza una vez más los salarios.

Tras seis meses de negociaciones por la cláusula de revisión, se acordó dar un 8 por ciento acumulativo a cuenta de la paritaria pasada, más tres sumas fijas por única vez de 2000 pesos. Esa es la magra recomposición salarial con la que pretende cerrar una paritaria en la que, aún con estos aumentos, los trabajadores perdemos más de 25 puntos porcentuales entre mayo de 2018 y abril 2019. Sí, un 30,68% de aumento contra una inflación interanual del Indec que marcó 55,8%.

Pero las malas noticias para los trabajadores no terminan ahí: también cerraron un aumento por la paritaria 2019/20 de 15 % hasta octubre de este año, mes en que las partes negociarían para los seis meses restantes. Mal comienzo y probablemente peor final nos espera si tenemos en cuenta que las proyecciones más benevolentes no bajan de 40% de inflación para este año.

Hoy, miles trabajadores de prensa de prensa de la Ciudad de Buenos Aires decimos basta.

Queremos aumentos dignos y para eso queremos al SiPreBA, único sindicato con representación real en cada redacción, discutiendo las paritarias.

Ante esta nueva rebaja de salarios, comenzaremos un plan de lucha con asambleas y ruidazos en todas las redacciones y una campaña de afiliación masiva al SiPreBA en cada lugar de trabajo.

Exigimos a las empresas una recomposición salarial seria, acorde con la inflación acumulada.

Comisión Interna AGEA-Clarín:
Lorena Lucca, Mariana Berger, Clara Uranga, Matías Arena,
Alejandro Ontivero, Oscar Barnade, Matías Cervilla,
Sebastián Díaz, Hernán Russo, Lucas Ybañez, Francisco Rabini

Comisión Interna Página 12
Fernando “Tato” Dondero, Paula Sabatés, Leandro Teysseire

Comisión Interna de Editorial Perfil
Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, “Fito” Rodríguez, Héctor Velázquez

Comisión Interna Editorial Atlántida
Gisela “Chiche” Fridman, Félix Vallejos Luis “Luche” Alliocati

Comisión Interna El Cronista:
Leonardo Villafañe, Federico Sichel, Hernán Herrero

Comisión Interna de Infobae:
Carolina Villanueva, Luciano Saliche, Juan Pablo Piscetta

Comisión Interna Ámbito Financiero – ambito.com
Héctor Torres, Belén Fernández,
Cecilia Camarano, Alfredo Siucatti

Comisión Interna de Publiexpress:
Mariano Caruso, Matías Ayrala

Comisión Interna de Agencia Noticias Argentinas (NA):
Laura Yawien y Nicolás Tereschuk

Comisión Interna Agencia EFE:
Paula Preves, David Hernández

Comisión Interna La Nación
Ariel Solito, Isabel Irene Haimovichi, Antonio Hugo Soriano,
Alfredo Migueles, Carlos de Mori

Comisión Interna Agencia Télam
Carla Gaudensi, Raúl Ferrari, María Laura Da Silva, Esteban Giachero,
Jerónimo Rojas, Sabino Cabrera, Mayra Díaz, Paula Luanco,
Mariano Suárez, Francisco Basualdo, Nicolás Roggero

La utpba acordó 15% en paritarias y hay furia en las redacciones

La utpba acordó 15% en paritarias y hay furia en las redacciones
El gremio de prensa volvió a encarar uno de los peores acuerdos salariales del año. Cerró 15% para la primera parte del año y despertó la furia de las redacciones de los principales medios nacionales.
13/06/2019 12:35:00

La Utpba, gremio con poder de lapicera para cerrar la paritaria de los periodistas, difundió ayer su más reciente entendimiento salarial y desató una ola de críticas de los trabajadores de prensa en todas las redacciones y que todavía se hace sentir en las redes sociales.

“Por quinto año consecutivo, los trabajadores de prensa escrita sufrimos un acuerdo paritario a la baja que deteriora hasta el límite de lo tolerable nuestro poder adquisitivo”, criticó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) a través de un comunicado que hizo llegar a los medios.

Para el Sipreba, “la Utpba, un sindicato con nula representatividad en el gremio, y las cámaras empresarias firmaron en la Secretaría de Trabajo un vergonzoso acuerdo que destroza una vez más los salarios”.

Concretamente la Utoba estampó su firma en una recomposición salarial del 8 por ciento acumulativo a cuenta de la paritaria pasada, más tres sumas fijas por única vez de 2000 pesos. Ese porcentaje termina de conformar una paritaria 2018 de 30,68% de aumento contra una inflación interanual que según la medición oficial del Indec marcó un 55,8%.

Respecto de la paritaria 2019, se acordó un 15 % de recomposición salarial hasta octubre, mes en que las partes negociarían para los seis meses restantes. El porcentaje está 13 puntos por debajo de los entendimientos promedio que promueve el Ministerio de Producción y Trabajol que rondan los 28 puntos.

“Ante esta nueva rebaja de salarios, comenzaremos un plan de lucha con asambleas y ruidazos en todas las redacciones y una campaña de afiliación masiva en cada lugar de trabajo”, explicaron desde el Sipreba.

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El plan de lucha por la reincorporación de despedidos de Télam continúa

En Asamblea se resolvió ratificar el plan de lucha que implica continuar acampando como lo vienen haciendo hace más de 10 días, hasta tanto se resuelva la situación de las cautelares que atañen a los compañeros despedidos de la agencia estatal de noticias en agosto del año pasado.

“Estar en el lugar donde se deciden las cosas es la mejor forma de lucha que hemos encontrado para lograr algunas reincorporaciones, así que continuamos por ese lado y estamos nuevamente frente a la Cámara de Apelaciones, siguiendo nuestros expedientes para intentar que vuelvan a la sala Nro 5 que es la que fue sorteada naturalmente”, confirmó a EDA, Esteban Giachero, Delegado de Télam.

Respecto al conflicto que viene de larga data, Giachero explicó que son 10 los expedientes en cuestión, de los cuales uno se resolvió favorablemente para los trabajadores en la sala Nro 5 por eso estamos peleando por los otros 9 para que permanezcan en el mismo ámbito y no se disgreguen, como pretende el Gobierno, para lograr sentencias favorables a sus intereses”.

Así estaremos ocupando de manera pacífica la puerta de la agencia y permaneceremos este jueves y este viernes, además de la semana que viene frente a la Cámara de Apelaciones para evitar fallos que signifiquen que más de 150 compañeros vuelvan a la calle”, confirmó el delegado gremial.

La Sala que fue sorteada “recibe presiones del Ejecutivo que han tenido efecto y por eso vemos la necesidad de movilizarnos para torcer esto” denunció Giachero.

En cuanto al funcionamiento y a la reincorporación de una parte de los compañeros, reconoció que fue muy dificultosa “se han restaurado todos los servicios -salvo la radio que la gestión ha decidido discontinuarlo- pero hay una situación permanente de destrato, negación de coberturas o dificultades en el trabajo diario”.

En ese sentido contó que “el directorio armó una redacción paralela en la que intentaron hacer un servicio que contaba sólo con 40 empleados jerárquicos -que se refugió en el CCK y luego en Tecnópolis-, pero que fue un intento que fracasó con la reincorporación”.

“La gestión busca dividirnos no sólo en cuestiones físicas y de organización. También cambia la localización del trabajo y hay una redacción paralela para tener un control más directo sobre todo en las áreas más sensible y así se ejerce una censura más directa y más explícita y hay un mayor nivel de control sobre los contenidos”, criticó.

Lo más insólito que describió el delegado es que “nos manejan por un sistema interno de chats, donde se nos dice las notas que podemos cubrir o no y se nos dan las indicaciones vía mensaje. Pero desde junio 2018  estamos sin jefe, no hay nadie personalmente que te de una orden. Lo hacen desde Tecnópolis o desde sus casas”.

Los mineros extienden el conflicto por los despidos en Loma Negra a toda la Provincia y Vidal manda a mediar

Los mineros extienden el conflicto por los despidos en Loma Negra a toda la Provincia y Vidal manda a mediar
Los mineros decidieron provincializar el conflicto por los 275 despidos en la planta Barker de Loma Negra y forzaron a una intervención de Vidal, que busca menguar el impacto político que puede tener. Cumbre clave en Trabajo.
13/06/2019 14:59:00

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó hoy a representantes de la firma Loma Negra y a delegados sindicales a una nueva audiencia, luego de que las partes endurecieron sus posturas “sin poder llegar a un acuerdo pacífico”, por el cierre de la planta en la localidad de Barker, partido de Benito Juárez.

Según informaron fuentes de la cartera de Trabajo provincial, tras haber rechazado las propuestas realizadas durante la última Conciliación Obligatoria, las partes han endurecido su postura sin poder llegar a un acuerdo pacífico.

Por un lado, la empresa anuncio el proceso de cierre de la planta y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), a nivel nacional, decidió provincializar el conflicto y lanzó medidas de fuerza en las plantas que la firma tiene en todo el territorio bonaerense.

La decisión de los mineros provocó la mediación de la gobernadora para tratar de menguar el impacto político que pueda tener la determinación.

“La gobernadora María Eugenia Vidal, frente a esta evolución que ha tenido el conflicto, nos dio instrucciones precisas para que intervengamos y se busque encaminar el conflicto en los mejores términos. A partir de mañana abriremos una nueva instancia de diálogo en la que intervendrá el ministerio y en la que se convocó a dirigentes nacionales de AOMA y a representantes de Loma Negra”, dijo el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en declaraciones difundidas a los medios cercanos al oficialismo.

La situación en la Planta de Barker se agudizó esta semana luego de que los representantes locales de AOMA Barker decidieran rechazar una propuesta presentada por el propio Ministerio de Trabajo de la provincia Buenos Aires para mantener abierta la planta, y otra por la empresa Loma Negra, que pretendía aplicar turnos rotativos con 136 trabajadores de la planta.

Vencida la conciliación obligatoria y rechazada las dos propuestas, el tema evolucionó de manera negativa sin dejar espacio al diálogo.

La firma Loma Negra anunció el inicio del cierre de su planta de Barker, dejando sólo un turno de 24 empleados para llevar adelante ese proceso.

Trabajadores de Barker denuncian extorsión de Loma Negra para reducir personal

La empresa volvió a anunciar el cierre de la planta de Benito Juárez. “No abandonamos la lucha”, responden los empleados.

(Foto: Facebook Pueblo chico, historia grande)
Por Jonathan Raed

Los trabajadores de la planta de Barker de Loma Negra denuncian maniobras extorsivas por parte de la empresa con el fin de reducir la planta y precarizar las condiciones laborales.

El CEO de la compañía, Sergio Faifman, aseguró al diario El Cronista que se “iniciarán los trámites para el cierre definitivo” de la planta de Barker. Hasta ese entonces, la misma “operará con un solo turno, con 24 empleados, de los cuales 17 serán los integrantes de la comisión gremial”. Desde la empresa, además, acusan a los trabajadores en general y al gremio minero en particular por esta situación.

En ese marco, Héctor Laplace, secretario general de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina), firmó una circular en la cual se detallan las medidas de fuerza. Entre las mismas, destacan: Estado de alerta en todas las fábricas de la empresa del país; el quite de colaboración en las plantas bonaerenses de Barker, L’amali, Loma Negra, Sierras Bayas, Vicente Casares y Ramallo; y el paro total de actividades el miércoles 19 de junio, por el término de 24 horas, en las plantas mencionadas.

El conflicto con la planta de Barker, en Benito Juárez (Buenos Aires), inició el 25 de marzo de este año, cuando la empresa anunció los despidos de 99 empleados, de un total de 330. Es decir, el 30 por ciento de la planta. A partir de ahí, la planta dejó de producir y los trabajadores no tienen tareas. “Una escribana certificó que la decisión de dejar de producir fue de la empresa”, aseguró a Tiempo uno de los obreros de la planta, que pidieron no ser citados por miedo a ser víctimas de la persecución gremial. “Todas las decisiones que toman los delegados son debatidas en asamblea, entre todos los trabajadores”, afirmó un empleado.

El conflicto continuó y la empresa hizo la primera propuesta: que la empresa trabaje con apenas 24 empleados. Ante la negativa de estos últimos y la intervención de la secretaría de Trabajo, la empresa realizó una segunda propuesta: que se trabaje en turnos de 4 horas, con 136 empleados y un salario de entre $ 36.000 y $ 39.000, en bruto. En el medio, desde el inicio del conflicto, la empresa cambió los telegramas de despido por ofertas de traslado a otras plantas e indemnizaciones al 150 y 180%. Así, ya se fue un centenar de empleados. Con respecto a la última propuesta, “aceptarla hubiera sido dejar a 80 compañeros afuera”, contó.

La segunda propuesta incluía también una baja del 40% en el salario. En neto, los nuevos salarios quedarían entre $ 30.000 y $ 32.000. “Nuestro sueldo es entre $ 48.000 y $ 52.000, en mano. Nos quieren descontar 20 mil pesos. Es mucha plata. Además, el contrato era por 12 meses; después, te podían sacar”, se quejó otro trabajador.

La empresa alega que ante estas dos negativas no queda más remedio que cerrar la planta. Es la misma idea que sostiene desde marzo. Sin embargo, en casi tres meses, no bajó la persiana y tampoco echó a todos los empleados ni depositó las indemnizaciones de los mismos. De hecho, cuando la conciliación obligatoria obligó a la empresa a retrotraer los despidos, envió a los trabajadores un sobre con el nuevo programa de tareas. Así las cosas, los trabajadores entienden que la amenaza de cierre no es más que “una maniobra extorsiva para que los trabajadores se asusten y acepten las indemnizaciones o los traslados”, pero “el verdadero fin es que la planta trabaje con la cantidad de empleados y las condiciones que quieren ellos”.

Otra maniobra que denuncian los trabajadores es la de desgastar la relación entre delegados gremiales y el resto de los empleados. “Acá, somos todos vecinos, amigos y compañeros de trabajo. Nos conocemos entre todos y confiamos en los delegados”, dijeron.

Según el censo 2010, en Barker viven 1.241 personas. Es decir, que hasta el inicio del conflicto en la planta de Loma Negra trabajaba el 26,6% de la población. “Eran 330 sueldos que quedaban acá. Ya muchos se fueron. Te pega por todos lados. Hay una baja importante en las matrículas de escuela y de deportes. Hay muchachos con carpeta psicológica porque están muy afectados. No es solamente dinero. Es desarraigo, es irte a Zapala (Neuquén) o a Catamarca sin siquiera saber si te van a respetar el acuerdo del traslado. Es muy duro”.

“El viernes hay una nueva asamblea del pueblo (la anterior, asistida por el intendente, autoridades locales y de la empresa había derivado en la conciliación obligatoria), para pensar qué proyecto se puede traer para que se genere trabajo. Acá, queremos trabajar. Nunca se respondió a las provocaciones y eso que acá todo el mundo sabe dónde vive cada uno y nunca se cayó en la violencia”, concluyó uno de los trabajadores.

“Pueblo chico, historia grande”, es una página de Facebook que los empleados utilizan para comunicar las novedades del conflicto. Por el momento, la empresa amenaza con el cierre, el sindicato anuncia un paro para la próxima semana y todo el pueblo está en vilo desde hace tres meses, para saber si la empresa que funciona como motor de Barker seguirá en pie o no. “Nosotros, no abandonamos la lucha”, sentenciaron.

Puma cierra otra de sus plantas en La Rioja y ya son 140 los despedidos

La conocida marca deportiva –Puma-, continúa con su fuerte proceso de achique en la Argentina. Cerró su segunda planta en la provincia de La Rioja en menos de dos años. En marzo de 2017, bajó la persiana de la fábrica de Sanagasta y dejó sin trabajo a 100 empleados y ahora le tocó el turno a la planta de Chilecito, en donde despidió a 40 trabajadores. Le quedan dos plantas en La Rioja Capital y otra muy reducida en Chamical.

Puma emitió un comunicado en el que bautizó al ajuste como «eficientización productiva». Allí asegura que cerró la planta de Chilecito por los cambios tecnológicos en la producción de capellada y para garantizar la continuidad del negocio y asegurar los puestos de trabajo de 800 personas. Resalta que es la única marca deportiva que integra la producción y comercialización en sus 30 tiendas.

La marcha atrás comenzó a fines de diciembre de 2016, cuando cerró la pyme argentina Herzo de San Luis y despidió a 200 trabajadores, luego de proveer a Puma durante casi treinta años. El apoderado de Herzo, Marcelo Iglesias, dijo en el momento del cierre que «la situación del mercado argentino nos llevó a discontinuar la actividad. No podemos competir con los productos importados que comenzaron a entrar al país desde fin de 2015″.

En marzo del 2017, Puma  -operada por Unisol-, cerró la planta de Sanagasta y comenzó un ajuste que incluyó treinta despidos en la planta de la capital riojana y cuarenta en Chilecito. Saúl Carrizo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado en La Rioja, explicó a los medios que  » Puma llegó a tener 980 trabajadores en la provincia, pero hace dos años empezó a despedir y cerrar plantas. Hoy son menos de 460. En Chamical eran 200 y quedan 80 trabajadores».

El secretario general del sindicato del calzado riojano explicó que «la entrada de producto importado mató a la industria nacional. Antes el 80% de lo que vendía Puma se producía en el país, ahora apenas llega al 10%. Irrisoriamente, a pesar del alto precio del dólar la importación sigue siendo más oportuna que la producción local”.

El astillero estatal Tandanor fuerza el desafuero de 3 delegados

El astillero estatal Tandanor fuerza el desafuero de 3 delegados

Por medio de la exclusión de tutela sindical, el controversial juez laboral José Ignacio Ramonet (el mismo de la multa de 810 millones a Camioneros) separó de sus puestos a los trabajadores. Denuncian que no se respetó el proceso ni las pruebas.

Tandanor es una empresa dedicada a la reparación, conversión y construcción naval, y más recientemente, a la industria metalmecánica. Su estatización en 2007 mediante el decreto 315 la dejó en un 90% en manos del Estado representado por el Ministerio de Defensa y en un 10% de los trabajadores.

Actualmente, Mauricio Melián secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores, Talleres y Astilleros Navales (SI.T.T.A.N.) y 5 trabajadores más de comisión directiva, Alejandro López, Ricardo Apinto, Pablo Montiel, Juan Javier Díaz y Martín Izaguirre, están desde 2018 con procesos penales y laborales. Sobre 3 de ellos recayó un desafuero por exclusión de tutela sindical.

Denuncian un proceso de vaciamiento desencadenado por los mismos directores, el Presidente Jorge Daniel Arosa, el Vicepresidente Alicia Crispina Pelorosso y el director Alfredo Jorge Macera, puestos por el Ministro de Defensa, Oscar Aguad. El secretario del SITTAN cuenta que al empezar esta dirección macrista había 610 trabajadores y actualmente se redujo a 450, que no están construyendo buques nuevos ni reparando los buques existentes.

El 22 de agosto de 2018 echaron a 30 compañeros, el SITTAN luchó para evitar que se queden en la calle, hicieron una huelga que fue reprimida y judicializada. Melián relaciona todo esto con diversas denuncias que los trabajadores vienen realizando: “Un convenio tripartito con PAMI que hicieron (se refiere a 600 sillas de ruedas que el Ministerio de Defensa se comprometió a reparar en marzo de 2018), que no lo cumplieron, la venta de un dique sin la aprobación de los trabajadores, sesión de una parte del terreno de Tandanor a una empresa contratista que se encargaba de hacer el paso del Bajo Belgrano”. Creen que la gota que rebalsó el vaso fue la denuncia realizada en marzo de 2018 por las sillas de ruedas desaparecidas y abandonadas. Esta dejó a la empresa muy expuesta frente a la vicepresidenta Gabriela Michetti, que en agosto de 2016 se presentó personalmente para comprometer al astillero con su reparación.

Por todo esto, el trabajador afirma que la empresa “nos hizo en agosto, septiembre del año pasado una denuncia penal que está tramitando en Comodoro Py, que en primera instancia fuimos procesados de 3 a 10 años por delitos que realmente no hicimos. Apelamos. Fuimos sobreseídos. Actualmente se encuentra en la Cámara de Casación a través de un sobreseimiento apelado por parte de la empresa”. También pidieron una exclusión de tutela de 6 integrantes de 10 de la comisión directiva. De esos, 3 cayeron en el juzgado 69 a cargo del juez Ramonet que falló por su desafuero “no respetando la prueba testimonial, no respetando el proceso”.  

Recordemos que el juez laboral José Ignacio Ramonet se adjudicó en 2018 un récord en la legislación laboral al aprobar en 24 horas el embargo por casi 810 millones de pesos contra el gremio de Camioneros que lidera Hugo Moyano y que luego fuera desestimado.

AAPM: visitadores médicos en estado de alerta y movilización por “las brutales agresiones de los laboratorios contra los trabajadores”

AAPM: visitadores médicos en estado de alerta y movilización por

Los visitadores médicos largaron un plan de lucha para defenderse del hostigamiento que reciben por parte de los laboratorios, en medio de un contexto de intento de despidos precarizados.

Desde la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM),  denuncian el “hostigan a los representantes gremiales que defienden las leyes laborales” por parte de los laboratorios.

“El gremio se encuentra en estado de alerta y movilización hasta que la industria farmacéutica en su conjunto cese en sus ataques a sus visitadores médicos y a su representación gremial”

Los hechos ocurren en un contexto en el que varias compañías farmacéuticas, tanto de capitales nacionales como extranjeros, están recortando fuentes de trabajo “pese a tener ganancias extraordinarias, incluso en el complejo contexto socio-económico nacional”, resaltaron desde AAPM.

En este contexto, el gremio rechazó los despidos, pero con “la complicidad del Ministerio de Trabajo, los laboratorios lograron llevarlos a cabo e incluso iniciaron una persecución contra los delegados gremiales que se negaron a aceptar sus extorsiones”.

Ricardo Peidro, Secretario General, aseguró que “el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización hasta que la industria farmacéutica en su conjunto cese en sus ataques a sus visitadores médicos y a su representación gremial”.

El caso paradigmático es el de Elea Phoenix, que presentó un Proceso Preventivo de Crisis para despedir 120 trabajadores con apenas un 33.5% de la indemnización. A través de las audiencias y con la participación del conjunto de los visitadores que trabajan en la empresa, se llegó a un acuerdo con 63 trabajadores a los que Elea Phoenix debió pagarles el 110% de indemnización.Sin embargo, “al no poder imponer sus condiciones, la compañía ahora intenta amedrentar a 26 dirigentes gremiales enviándoles telegramas de despido por el inicial 33.5% de indemnización”, denunciaron los conducidos por Ricardo Peidro.

El plan de lucha de la AAPM de la RA comenzó con una movilización a Laboratorio Novartis. En este caso, la empresa de capitales suizos decidió dejar de promocionar éticamente su línea de medicamentos cardiometabólicos, pero la posición gremial evitó que enviaran un solo telegrama de despido.

Desde el gremio confirmaron que el plan de lucha continúa con denuncias ante la Justicia, tanto a nivel nacional como internacional, para defender las leyes laborales y las leyes de profesionalidad.

Los empresarios piden flexibilizar a Camioneros y Pablo Moyano adelantó que se viene una batalla total

Los empresarios piden flexibilizar a Camioneros y Pablo Moyano adelantó que se viene una batalla total

La cámara empresaria elevó una nota pidiendo la modificación del Convenio Colectivo de Camioneros y Pablo Moyano contestó con una terminante negativa: “realizaremos todo tipo de medidas de fuerzas para defender a cada familia trabajadora”.

En lo que ya se anticipa como un nuevo y picante round, la cámara empresaria de la actividad, la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotranporte de Carga (FADEEAC) elevó una nota pidiéndole al Sindicato de Choferes de Camiones predisposición para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad.

Los empresarios quieren reformular las tareas de los choferes, cambiar los pagos de horas extras, modificar la distancia desde la cual es considerado de larga distancia el transporte, quitar algunos adicionales por zona desfavorable, bajar el porcentaje que se paga por antigüedad y establecer un sistema de suspensiones, entre otros varios ítems.

El hambre es un crimen

La CTA Autónoma repudia la represión en las puertas del INDEC y exige la liberación del compañero detenido

En ese marco, fueron golpeadas compañeras y detenidas junto con compañeros que cerraban la enorme movilización que se dirigía a repudiar la política de hambre y desocupación del gobierno nacional. La compañera Sarena Daiana fue liberada por la movilización, pero también fue detenido y acusado arbitrariamente el compañero Nicolás Oliva, por lo que exigimos su inmediata libertad.

Una vez más el Gobierno Nacional de Mauricio Macri, y de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rogriguez Larreta, responde con palos y gases el legítimo reclamo de pan y trabajo. Desde la CTAA repudiamos la represión, exigimos la inmediata liberación de Nicolás Oliva y que se atiendan las demandas de pueblo.

- Bajen las armas
- Basta de criminalizar nuestras luchas
- El hambre es un crimen

Firman el comunicado: Ricardo Peidro, Secretario General de la CTAA; Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta y Hugo Godoy, Secretario Adjunto.

Criminalización de la protesta
Gravísimo: Otranto condenó a Olga Reinoso y Alejandro Garzón

Se condenó a Olga Reinoso como coautora del delito 194 del código penal, basado en entorpecer el normal funcionamiento del Transporte Público, a 3 meses de prisión de suspenso y a 9 meses a Alejandro Garzón, Secretario General de ATE Santa Cruz, por el mismo delito, con dos años de trabajo comunitario de dos horas por semana a ambos.

La Condena revela el nuevo modelo represivo instaurado por Mauricio Macri, en donde se “castiga a los sectores vulnerables de la sociedad y a aquellos dirigentes que hemos puesto el cuerpo por los trabajadores, dando total impunidad a quienes llevan adelante el macabro plan económico de la mano del FMI y las corporaciones para empobrecer y dejar sin posibilidad de reacción al campo popular”, dijo Alejandro Garzon a la salida del juicio. En este marco “nuestro único delito ha sido defender a los trabajadores como dirigentes sindicales en momentos críticos que vivía nuestra provincia”.

Olga Reinoso, por su parte, dijo que “siguen condenando y criminalizando la protesta social, prefieren debatir si hay una o dos cubiertas en la ruta, que discutir el hambre, los tarifazos y la quita de derechos”, en este sentido “no se ha contemplado a la organización, ni a las peticiones a los responsables”. Desde ATE Santa Cruz y todas las entidades que adhirieron a la defensa de la dirigencia, ante tal ofensiva de la casta judicial contra la soberanía de los sindicatos, “recordamos que el juez actuante fue el primer magistrado en intervenir en el Caso Maldonado y fue removido por mal desempeño, cuando se develó su imparcialidad, por lo que “ante semejantes antecedentes también apelaremos todo este disparate”.

El juicio tuvo lugar entre ayer y hoy, y como parte de la conducción nacional de ATE y de la CTA-A fueron a acompañar el proceso Hugo Godoy, Secretario General de ATE y Adjunto de la CTA-A Nacional; y Silvia León, Secretaria de Organización de ATE y de Género de la CTA-A Nacional.

Además de dirigentes de ATE y de la CTA-A Santa Cruz, como la compañera Romina Mac Namara, que es Secretaria Adjunta de la CTA-A Santa Cruz, fueron también testigos en este proceso, compañeros y compañeras de gremios hermanos presentados por la defensa, como ADOSAC.

Desde la CTA Autónoma vemos con enorme preocupación esta sentencia persecutoria y antisindical, que busca coartar la libertad de expresión y de movilización de quienes estamos en la calle, luchando contra la pérdida de derechos, contra los despidos y el hambre.

Reinoso y Garzón fueron condenados por luchar
Godoy: “Si es necesario acudiremos a la Corte, pero no vamos a permitir que quede firme una condena como ésta”

ACTA dialogó con Hugo Godoy y Silvia León, quienes repudiaron la sentencia. El juez Otranto es el mismo que fue apartado de la causa de Santiago Maldonado por innumerables irregularidades.

Reinoso y Garzón fueron condenados por una medida de fuerza que realizaron “en el marco de una crisis gravísima que atravesaron en 2017 cuando los trabajadores, los desocupados, los jubilados, salieron a la calle para exigir el pago de sus sueldos y para defender derechos elementales como la salud pública”, indicó Godoy.

Olga Reinoso es la Secretaria General de la CTA-A en Santa Cruz, y Alejandro Garzón es el Secretario General de ATE: “Se trata de dos de los principales dirigentes de nuestra organización, que fueron condenados por el mismo juez que fue separado de la causa que investigaba la desaparición de Santiago Maldonado. Justamente fue apartado por las irregularidades que se produjeron en ese juicio, que terminó con la muerte y la aparición del cuerpo de Maldonado en el río”, remarcó.

Y añadió: “Este mismo juez es el que realiza este dictamen vergonzoso de nuestros compañeros, con penas menores -3 meses en el caso de Olga y 9 meses en el caso de Alejandro- pero que más allá de la formalidad, la condena es absolutamente repudiable porque es una manera de criminalizar la protesta, y de mandar un mensaje al conjunto del pueblo santacruceño, y a la sociedad argentina en general de que el que se anime a protestar va a ser condenado por esta justicia que está al servicio de los ricos, de los que más tienen y de perpetrar un orden injusto y de castigar a quien se revela ante este orden”.

Este hecho configura además un antecedente muy grave para la organización de la clase trabajadora: “Está en línea con la política que lleva adelante el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional y la ministra Bullrich, porque al ajuste y al saqueo solamente lo pueden sostener a través de la represión”, razonó el dirigente.

“Es tan brutal, tan injusta y calamitosa la realidad en la que hacen vivir a nuestro pueblo, que quieren acallarlo a través de la manipulación de una justicia que está para condenar a los pobres, a los rebeldes. Nunca vamos a ver en el banquillo de los acusados a un patrón que despide arbitrariamente, o a un gobernador o gobernadora, o presidente, que deja de pagar los sueldos o los paga a destiempo, o deja de pagar las jubilaciones; o a los empresarios y funcionarios que fugan las divisas del país.”, repudió Godoy.

Se trata de una condena en primera instancia: “luego vendrá la apelación ante la Cámara, después casación y si es necesario acudiremos a la Corte Suprema de Justicia, pero no vamos a permitir que quede firme una condena como ésta”, aseguró.

Y sentenció: “Esperamos que la Cámara vuelva atrás esta injusta resolución del juez, que verdaderamente da vergüenza, pero que nos alienta a seguir nuestra lucha. No solamente para seguir defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras argentinas, sino también para construir una justicia que esté al servicio de los que menos tienen, y no al servicio de un régimen injusto”.

Silvia León: “El poder judicial y el político intentan amedrentar la lucha a través de la judicialización de la protesta”

Silvia León agregó que “una vez más el poder judicial y el poder político intentan a través de la judicialización de la protesta, amedrentar la lucha que los trabajadores y las trabajadoras están llevando adelante por nuestros derechos en un marco que, quedó claro a lo largo del Juicio, fue gravísimo para los trabajadores y trabajadoras que padecían necesidades económicas, y que además fueron brutalmente reprimidos por luchar”.

Por otra parte, la dirigenta destacó que “el juez Otranto tiene pedido de juicio político por parte de la familia de Santiago Maldonado. El fiscal parecía representar más a las fuerzas de Seguridad y represivas de nuestro país”.

“Es un orgullo poder compartir estos días con estas compañeras y compañeros que permanecieron 11 días al costado de la ruta luchando por sus derechos en una provincia como Santa Cruz en la que el frío es tremendo. Olga Reinoso es una dirigente que está acompañada por muchas compañeras y compañeros que asumen a diario la tarea de organizar el territorio y cada uno de sus lugares.”, manifestó León.

Un fallo de segunda instancia obliga a Siam a reincorporar a delegada despedida

               RedacciónEDA

La Justicia ratificó la reincorporación de  delegada despedida de la fábrica de heladeras Siam de Avellaneda en el mes de noviembre, negándole a la empresa la posibilidad de apelar.

En agosto del año pasado se registraron los primeros despidos en Siam, acompañados por un plan de retiros voluntarios. Al mes siguiente fueron despedidos 20 operarios, quedando apenas 60 trabajadores activos. En ese momento los despedidos comenzaron con un plan de lucha por las reincorporaciones, que logró algunos avales judiciales que la empresa se resiste a aceptar.

Ya en enero de este año un fallo de primera instancia había ordenado a Siam reincorporar a tres despedidos durante el conflicto del mes anterior, que la empresa desconoció. En esta semana el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la orden de reincorporación dada por el juzgado nacional de primera instancia laboral 41. La empresa cuenta con algunos días para hacer efectiva la orden judicial, a riesgo de ser sancionada.

En los próximos días, un oficial de justicia acompañará a la delegada en su intento de retomar sus labores en la fábrica, para confirmar sanciones a la empresa si sigue obstaculizando la reincorporación.

Otros delegades  de la fábrica, por el momento sólo cuentan con fallos de primera instancia que obligan a su reincorporación, pero esperan que el reciente pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones también juegue a su favor.

Los trabajadores de Siam saludaron el fallo en un comunicado: “Exigimos que cumpla ya con la Justicia y reincorpore de manera inmediata a Alejandra Vercellino. Continuaremos con las medidas de lucha en defensa de nuestros derechos y por su reincorporación hasta que sea necesario”.

Presionan a cooperativa eléctrica que decidió no aplicar el tarifazo

La neuquina CALF es intimada por Cammesa para que pagué casi 500 millones de pesos por la suba de precios.
Por Jonathan Raed

“Si quieren disciplinar, no lo van a lograr; van a agravar la situación”, afirmó a Tiempo el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), José Álvarez, luego de que Cammesa -el administrador del mercado eléctrico mayorista- intimara a la cooperativa CALF por casi 500 millones de pesos.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) publicó el lunes último una solicitada en la cual reveló que la cooperativa neuquina debe al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) $ 493 millones. De no pagar, Cammesa restringirá en un 10 por ciento la demanda de CALF y avanzará “con el cobro judicial de los adeudado cuyos costos adicionales deberán ser solventados por CALF y en última instancias sus usuarios”.

Cooperativa Agua, Luz y Fuerza (CALF) es una de las más importantes del sector eléctrico cooperativo. Maneja un presupuesto que ronda los 3000 millones de pesos y brinda servicio a casi 100 mil personas en la capital de Neuquén. Carlos Ciapponi es su presidente y en enero de este año había propuesto “una rebelión generalizada” en contra del tarifazo eléctrico, que “aumentó la materia prima de las distribuidoras en 1700 por ciento en dos años y medio”, según dijo Ciapponi a Tiempo.

CALF es parte de FACE y su presidente, Álvarez, relató a Tiempo el trasfondo del caso. “Está enmarcado dentro de aquella situación de enero, pero no porque CALF se haya puesto en rebeldía. El gobierno municipal neuquino no le ha autorizado a CALF el último aumento de tarifas, por cuestiones electorales, suponemos. La provincia también está atrasada con el pago de la tarifa social: le debe cuatro meses a CALF, a razón de $ 12 millones por mes. Esta situación, sumada a la morosidad creciente de los clientes-socios, hace que sea imposible pagar. El problema no sólo es de CALF, sino también de otras cooperativas que ya avisaron que no van a poder pagar. A Cammesa no le importa y les aplica el aumento, las multas y los intereses de deuda”, resumió.

Los chispazos entre las cooperativas eléctricas y Cammesa no son nuevos. “Hemos advertido muchas veces que la gente no puede pagar los aumentos y crece la morosidad. Las cooperativas no nos manejamos con la misma lógica que las privadas como Edenor o Edesur. No le cortamos el servicio a la gente porque entendemos que es una necesidad básica. Entonces, pasamos a subsidiar a los morosos al tiempo que en el mercado mayorista nos aplican todos los aumentos”, explicó Álvarez.

En ese contexto, las cooperativas se reunieron en los últimos meses en reiteradas oportunidades tanto con representantes de Cammesa como con las autoridades de la secretaría de Energía. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo. “Hay predisposición de un solo lado y del otro no escuchan o creen que con una actitud de atropello van a solucionar la situación. Les pedimos un plazo de 90 días y no lo veían bien, se demoraban en contestar. Pedimos que sea sin intereses y dijeron que no. Por el lado de Gustavo Lopetegui (secretario de Energía), no hemos tenido respuesta. Hay una política dura. Si quieren disciplinar, no lo van a lograr; van a agravar la situación”, finalizó. «

El gobierno avanza contra la Cooperativa del Bauen con maniobras irregulares

Otra vez arremeten contra el hotel autogestionado poniendo en riesgo más de cien puestos de trabajo. Ahora, los antiguos propietarios son parte del gobierno porteño y quieren recuperar el edificio que abandonaron con toda la gente adentro.

Pocos días atrás las trabajadoras y los trabajadorss del Hotel Bauen fueron notificados por el juzgado comercial N°9 a cargo de la jueza Paula Hualde sobre la convocatoria a una audiencia para el próximo 25 de junio.

Según especulan la audiencia tiene por objeto comunicarles que deben abandonar el edificio donde funcional el histórico hotel porteño, ícono de Buenos Aires y fuente de trabajo de más de 100 familias.

Esta instancia se da luego del rechazo de un recurso extraordinario presentado por la cooperativa a la Corte Suprema el pasado 28 de diciembre.

Según detallaron, la Dra Hualde además, libro oficios al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que a través de la Agencia Gubernamental de Control realice una exhaustiva inspección de las instalaciones.

La familia del Bauen no se rinde y da la pelea por su cooperativa

En la misma, si bien gran parte de la documentación requerida estaba en orden, encontraron algunos espacios del hotel que no presentaban las condiciones necesarias para sortear la inspección ordenada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

«Hay una evidente intención de mostrar en mal estado aquellos espacios del hotel que están bloqueados y obviamente no se encuentran en uso, justamente porque su reparación depende de presupuestos que aún no podemos afrontar’, dijo Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa que gestiona el hotel y agregó que lo hacen «en detrimento de mostrar los espacios que si se encuentran en perfecto estado edilicio y en uso para pasajeros y huéspedes«.

«Es importante aclarar que el director ejecutivo de la AGC es el esposo de la apoderada de Mercoteles SA., empresa que reclama la restitución del hotel solicitando el desalojo de la cooperativa», explicó Tonarelli.

Esto implica la manifiesta parcialidad del gobierno de Rodríguez Larreta frente al conflicto del BAUEN. Cabe recordar también el veto presidencial de Mauricio Macri a la ley impulsada por Carlos Heller que solucionaba el conflicto y legalizaba la gestión de la cooperativa.

Los trabajadores del Bauen aseguran en que el macrismo está detrás del conflicto, jugando abiertamente a favor del antiguo grupo titular del inmueble, ahora bajo la figura de Mercoteles SA.

«Llevamos 16 años gestionando el hotel como cooperativa, haciendo una verdadera «utilidad pública» de las instalaciones y sosteniendo los puestos de trabajo que se esfumaron con el cierre del hotel allá por 2001″, dijeron y adelantaron que el próximo 24 de junio irán a la audiencia judicial para manifestar una vez más que defienden la autogestión a pesar de los embates jurídicos y políticos que promueve la derecha macrista.

Cabe remarcar que el Bauen es el epicentro de múltiples eventos culturales, sociales y políticos de relevancia para la vida social porteña. Los precios accesibles que maneja la cooperativa permite que trabajadores y trabajaras del interior, así como organizaciones sindicales, sociales y de la economía popular puedan venir a Buenos Aires y tener un lugar donde alojarse y celebrar importantes encuentros que de otra forma serían imposibles por los costos de la Ciudad, la más cara de Argentina.

Los que hacemos Portal de Noticias participamos habitualmente de conferencias, congresos y todo tipo de eventos que se realizan en las instalaciones de ese hotel, que exhibe un perfecto estado edilicio para el servicio que ofrece. Desde PDN nos solidarizamos con las compañeras y los compañeros que desempeñan sus tareas en esa cooperativa de excelencia y brindan un servicio esencial a la sociedad.#ElBauenNoSeToca.

En lo que va de 2019 ya cerraron 400 panaderías y despidieron más de 1500 trabajadores

En lo que va de 2019 ya cerraron 400 panaderías y despidieron más de 1500 trabajadores
El desplome del consumo sumado al aumento de los precios de insumos y de los servicios provocaron la ola de cierres. En promedio, son cuatro los despidos por comercio.
13/06/2019 10:21:00

Casi 400 panaderías cerraron en lo que va del año, según reveló una encuesta realizada entre las más de 3.200 establecimientos del rubro presentes en el ámbito de la Capital Federal y el Conurbano bonaerense.

“El rubro panadero, con un kilo de pan a $ 100 y una docena de facturas a $ 220 se encuentra en una profunda crisis, azuzada por la recesión y una consecuente caída del consumo”, destacó el informe de la ONG Defendamos Buenos Aires.

La entidad señaló que a la carestía de los productos panificados “se suma el aumento de alquileres, tarifas de luz, gas y agua más aumentos de insumos como la harina, la leche, la manteca, la leña (en el caso de las panaderías artesanales), los dulces de membrillo y batata y un largo etcétera”.

En ese contexto Miglino dijo que “de ese modo poco más de 390 establecimientos; 161 en Capital Federal y 229 en provincia de Buenos Aires, debieron bajar la persiana”.

Según Defendamos Buenos Aires, para realizar la encuesta se consultó a todas las cámaras del sector en el distrito AMBA que incluye a la Capital Federal más el Conurbano bonaerense, donde se encontraban en actividad 3.200 establecimientos a enero de 2019.

“De ese total, 390 han cerrado, con lo que ha desaparecido el 12,5 por ciento del total panaderías“, explicó el informe.

“En este momento, los más de 1.500 empleados (unos cuatro por panadería), terminarán en la calle, con una indemnización que les alcanzará para unos meses», adelantó Miglino.

Tras los tarifazos, AySA amenaza con cortar el servicio por falta de pago

Quieren dejar sin agua a las organizaciones populares

Cientos de chicos podrían quedar sin acceso al agua en comedores y hogares comunitarios. A la Casa de los Niños, que recibe a más de 200 todos los días, le exigen una deuda de más de 150 mil pesos.
Organizaciones comunitarias vienen reclamando desde hace años bajo la consigna "El hambre es un crimen".
Organizaciones comunitarias vienen reclamando desde hace años bajo la consigna “El hambre es un crimen”. 

AySA S.A. amenaza con cortarle el agua a la Casa de los Niños, la organización de Pelota de Trapo que recibe diariamente a 200 chicos de Avellaneda, de 8 a 18 horas, garantizándoles el desayuno, el almuerzo y la merienda, atención médica y contención. El caso ilustra las enormes dificultades que enfrentan las organizaciones populares por las tarifas de los servicios públicos. Con el paraguas del ministerio de Energía, las concesionarias les aplican los tarifazos, desconociendo mediante estrategias varias su carácter de entidades de bien público.

“El año pasado nos llegaron 3 facturas de más de 20.000 pesos, impagables. A partir de enero, como respuesta a nuestro reclamo comenzaron a mandarlas de $ 6000, aunque no había habido cambio alguno en el consumo: así de arbitrario es el manejo. A las facturas que vinieron después las fuimos pagando pero a aquellas tres no. Ahora nos llegan las intimaciones en una cifra más impagable aún”, contó la abogada Laura Taffetani.

“En ese espacio tienen garantizado el desayuno, el almuerzo y la merienda. Los atienden los médicos y el odontólogo. Se ponen lindos para ir al jardín o a la escuela, aprenden otros saberes con los educadores, juegan, son abrazados y reciben el alimento imprescindible para la vida: la ternura que les permita torcer un rumbo que el sistema les tiene fatalmente asignado”, describió de noticias Pelota de Trapo en una nota con la que denunció la situación. “Uno de los objetivos -señaló el texto- es que los chicos y las chicas puedan recibir el baño necesario en una ducha con agua caliente; es el único baño calentito al que puede acceder la mayoría de los casi 200 que cotidianamente pasan por la Casa”.

La Casa atiende esa cantidad de niños gratuitamente. Recibe del Estado un subsidio de $315.630, para 190 chicos. Cada uno tiene una beca de $ 1.670 mensuales con los que la organización debe garantizar la comida, la educación y su salud.

En la intimación, Aysa les puso un plazo de diez días para que cancelen la deuda, con la advertencia de que sumará adicionalmente “recargos e intereses hasta el día de su cancelación, más los gastos de corte y reconexión”. El reclamo de Aysa es por $ 143.327 y su saldo total supera los 155.000 pesos, ya que incluye los costos del estudio de abogados al que Aysa le encargó la cobranza.

El marco legal en el que están quedando entrampadas las organizaciones es propio de la gestión de Cambiemos. La ley 27.218, sancionada en diciembre de 2015, fijó un régimen tarifario específico para las entidades de bien público. Sin embargo, esta ley no llegó a ser reglamentada por el gobierno anterior, por lo que el modo concreto de su aplicación fue definido ya en en la gestión PRO.

Taffetani explicó que el ministerio de Energía, para los servicios del gas y la luz, reglamentó la ley mediante una resolución -la 218- que estableció que la tarifa diferenciada se aplicará a las organizaciones inscriptas en un registro del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC). Esta reglamentación terminó siendo una barrera, porque un altísimo número de organizaciones no llegan a completar los requisitos que les piden para inscribirse (ver aparte el caso del club XXX). Según los datos que maneja la Gremial de Abogados, que integra Taffetani, el 80 por ciento de las organizaciones no está accediendo a la tarifa diferenciada porque no logra inscribirse en el registro.

En el caso de Aysa, la empresa no emplea este mecanismo sino que aplica un criterio anterior de tarifa social. “Las organizaciones grandes no entramos en esa tarifa social porque el movimiento que tienen nuestros balances es mayor a los montos que Aysa emplea como tope. Esto es un despropósito porque aunque seamos grandes, eso no nos quita nuestro carácter de entidades de bien público”.

La Casa de los Niños fue abierta en 1974 por Alberto Morlachetti. Es el programa más antiguo de la organización Pelota de Trapo, que desde hace 40 años trabaja con chicos de hogares vulnerados, con el criterio de apoyar tanto a ellos, para que accedan a sus derechos, como las familias, para que los vínculos no se desintegren. En la casa, de lunes a vienes y de 8 a 18 horas, a contraturno de la escuela o el jardín de infantes, son cuidados 200 chicos de edades que van de 1 a 14 años.

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