Colombia: Nuevo atentado a bala contra un líder social en el Magdalena /Defensores de Derechos Humanos son detenidos de forma ilegal por el Ejército / Asesinan jóvenes en Chocó / En riesgo líder social de Buenos Aires (Cauca) por amenazas de muerte /Paramilitares ejercen el control en San José de Apartadó

17 ene. CI-. El Equipo Jurídico Pueblos denunció que el pasado 11 de enero de 2019, miembros del Ejército Colombiano retuvieron de forma ilegal a los defensores de derechos humanos del Equipo Jurídico Pueblos – EJP-, Diana Mildreth Jaimes Díaz, Gabino Barrera Silva y la integrante de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia Dana Farraj.

El Equipo Jurídico Pueblos denunció que la retención ilegal fue realizada por hombres armados del Ejército Nacional colombiano al mando del Capitán Rivero. Los militares retuvieron durante varias horas a los defensores y defensoras de derechos humanos.

La abogada Gloria Silva del Equipo Jurídico Pueblos explicó que: “Si bien es cierto que el Ejercito puede requerir los documentos de identidad de quienes transitan en sus zonas de control, dicha facultad se está convirtiendo en la excusa para escalar hacia prácticas abiertamente arbitrarias e ilegales, como en este caso que degeneró en una retención ilegal, dado el excesivo tiempo transcurrido en la supuesta verificación realizada por los militares. Adicionalmente, el hecho evidencia la continuidad de los empadronamientos, pues la información personal de las y los defensores del EJP y la Redher fue registrada ilegalmente de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales sobre el asunto”.

Soldados detienen de forma ilegal a defensores de Derechos Humanos. Foto cortesía Equipo Jurídico Pueblos.

La abogada le dijo a Colombia Informa que les llama poderosamente la atención la insistencia de los uniformados para evitar que las y los delegados de esta misión continuaran su rumbo. Según Silva, esto es una evidencia de que la alta militarización del Catatumbo reforzada por Duque, de ninguna manera propugna por la protección de los pobladores de la región y transeúntes, y más bien se convierte en un factor que desestimula y hostiga la labor de defensa de los derechos humanos.

El grupo de defensores realizaban una visita de verificación sobre la problemática de derechos humanos en la zona alta colindante entre los municipios de Chimichagua (Cesar) y El Carmen (Norte de Santander) en las estribaciones de la Serranía del Perijá.

El Capitán Rivero solicitó a los defensores de derechos humanos que entregaran sus documentos de identificación, así como los de vehículos en los que se transportaban, los cuales se encontraban parqueados en ese momento. Este requerimiento se efectuó bajo la excusa de verificar si existía algún requerimiento judicial o administrativo, a lo cual accedieron sin oposición alguna el grupo de defensores de derechos humanos.

El Equipo Jurídico Pueblos denunció que, el oficial y dos soldados se acercaron a los integrantes del -EJP-, preguntándoles “¿Ustedes por qué están esa región? ¿A cuál organización pertenecen? ¿para dónde van?” Ante esto el grupo les explicó a los uniformados que pretendían documentar información sobre las violaciones de derechos humanos que se presentan en el sector.

Ante la respuesta de los integrantes del Equipo Jurídico, el Capitán les conminó a exhibir un carnet que les identificara como defensores de derechos humanos. Ante esto, los defensores le explicaron que era absurda e irregular dicha petición.

Sin embargo, el uniformado prosiguió con su interrogatorio, indagando por la ubicación de la sede del Equipo, su objeto social, el nombre del representante legal, la naturaleza de la organización y más específicamente si se trataba de una organización no gubernamental. El oficial les habría cuestionado que no realizaran la reunión más cerca de la ciudad.

A pesar de no estar obligados a responder, los integrantes del EJP resolvieron los interrogantes planteados resaltando siempre que se estaba cumpliendo con la labor de la defensa de los derechos humanos y realizando un acompañamiento a las comunidades campesinas de la región.

Debido a que la internacionalista de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia-Redher-, Dana Farraj es de nacionalidad Palestina, el capitán Rivero le solicitó que firmara un documento en el cual exonerara al Ejército Nacional de todo tipo de responsabilidad en caso de que su integridad física se viera afectada. Según el militar, porque ella se dirigía a una zona en donde existe alta presencia de la insurgencia.

Explico el EJP que ante la ilegalidad de la petición, los defensores y la internacionalista se negaron. Advirtieron que el Estado Colombiano tiene la obligación de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de toda la población.

La respuesta habría molestado a los militares, sobre todo al oficial quien se dirigió a Dana Farraj para decirle que el Ejército no le podía brindar protección porque era una zona controlada por el grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional -ELN-. El Capitan habría enfatizado en que necesitaba dejar evidencia de que se le había comunicado y advertido que no era conveniente su presencia en la región. Pese a las presiones del uniformado, el -EJP- mantuvo firme su posición de no suscribir dicho documento.

Según denunció el equipo defensor de derecho humanos, dos soldados les recriminaron y hostigaron por su labor en defensa de los derechos humanos.

El Capitán Rivero ingresó a la base militar llevándose los documentos de ciudadanía del grupo de defensores. Tras 30 minutos de espera, una de las integrantes del EJP le preguntó a los soldados por los documentos y les advirtió que no podían retenerlos.

Después de casi 90 minutos, uno de los militares le solicitó a Dana Farraj que le diera el pasaporte porque, supuestamente la cédula de extranjería no aparecía en el sistema. Después le realizaron una serie de preguntas sobre sus documentos e insistentemente le preguntaron si entendía la gravedad de ingresar a la zona del ELN. Luego de esperar por más de dos horas, los militares les entregaron los documentos.

“Estos hechos de persecución y hostigamiento contra las y los integrantes de la REDHER y el EJP, son una expresión latente de una política de Estado que busca silenciar a las comunidades y grupos de trabajo que contribuyen en la defensa de los territorios, de la voracidad del capital nacional y extranjero. Son parte de las prácticas sociales genocidas en curso, que pretenden ser normalizadas”. Enfatizó el Equipo Jurídico Pueblos en su comunicado.

Para la abogada Gloria Silva, la situación en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la región es grave: “Los hallazgos de nuestras compañeras y compañeros en el curso esta misión son preocupantes. Por este mismo motivo, cualquier práctica que obstruya este ejercicio debe ser objeto de repudio y denuncia”

La abogada defensora de Derechos Humanos dijo: “Rechazamos todas aquellas formas de estigmatización y autoritarismo que aun siendo cotidianas en regiones como el Catatumbo no podemos normalizar, entre ellas los empadronamientos, la intimidación de las y los pobladores o las retenciones ilegales”.

Finalmente, el Equipo defensor de Derechos Humanos reiteró: “No solo estamos ante una obstrucción e intimidación a la labor de la defensa de los derechos humanos y del territorio, sino ante práctica sistemática de los miembros de la fuerza pública en Colombia de estigmatizar a la población campesina señalándola de apoyar o colaborar con la guerrilla; en igual sentido el EJP en comunicados anteriores ha denunciado situaciones similares por parte de Fiscales que adelantan procesos penales contra campesinos y campesinas de Cesar y Catatumbo”.

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Comunidades denuncian asesinato de jóvenes en Riosucio, Chocó

Contagio Radio / 18 de enero de 2019

Según la organización Tierra y Vida de Riosucio – Chocó, el pasado 13 de Enero, dos desconocidos entraron a la casa de Pedro Moreno, de 20 años, en el barrio de El Centro y le dispararon cinco veces, ocasionándole la muerte. Esa misma noche, en un caso separado, Yuber Córdoba, de 20 años, fue ultimado con arma de fuego mientras se encontraba por el puerto del barrio Escolar.

Las comunidades de Riosucio, en Chocó, junto a las organizaciones sociales, pidieron al Estado colombiano mayor protección dadas las constantes acciones de grupos armados ilegales operando en la región del Bajo Atrato, esto tras el asesinato de los jóvenes y las constantes amenazas por la presencia permanente de estructuras armadas ilegales o paramilitares.

Yeison Farid Mosquera, director de Tierra y Vida, afirmó que los dos jóvenes eran universitarios y que habían reportado en su contra amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), a quienes la organización social señaló como responsable de estos crímenes.

Mosquera manifestó que los jóvenes de Riosucio viven bajo la constante amenaza de estos grupos paramilitares que han tomado control del territorio y que han asesinado a por lo menos seis jóvenes en Riosucio. A pesar de que las comunidades han denunciado estos crímenes, Mosquera afirma que la Fuerza Pública no ha tomado las medidas suficientes para garantizar su seguridad.

Por esta razón, Tierra y Vida también señaló a la Policía y el Ejército Nacional como responsables de estos crímenes, “por ser tan negligente frente a las constante amenazas de nuestros líderes y personas por parte de grupos armados que delinquen en nuestro territorio”.

Líderes piden reunión urgente con el Gobierno Nacional

Mosquera afirmó que en el municipio se han registrado violaciones de los derechos humanos como amenazas de las mal llamada “limpieza social” de jóvenes, desplazamiento forzado y el asesinato de líderes sociales. Según la Defensoría del Pueblo, Riosucio es uno de los municipios en el país donde más se han registrado asesinatos de líderes sociales en el 2018, con nueve casos.

Ante la inseguridad, los líderes sociales han pedido una reunión con el Ministerio de Defensa y el presidente Iván Duque para reportar y formular mecanismos para combatir la situación “precaria y fuera de control” que viven los riosuceños a mano de grupos paramilitares.

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En riesgo líder social de Buenos Aires (Cauca) por amenazas de muerte

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello/  19 de enero de 2019

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, denuncia las graves amenazas de muerte que ha recibido el líder social Héctor Marino Carabalí Charrupí de Buenos Aires, Cauca en contra de su vida en el mes de enero del año 2019.

El día 14 de enero del 2019 a las 21 horas, se evidencian en el correo del líder social dos amenazas de muerte contra su vida por parte del grupo paramilitar Águilas Negras Bloque Capital D.C., recibidos el 8 y 9 de enero.

El correo recibido el 8 de enero del 2019 a las 10:29, proviene de la dirección “vivasm056mail.com”, a nombre de “Manuel Vivas”, en que se reitera amenazas de muerte a Héctor Marino Carabalí Charrupí y otros tres líderes sociales: Andrés Posu, Edis Caloto y Deyanira Peña de la siguiente forma:

“Durante mucho tiempo hemos enviado notificaciones para que estas personas se abstengan de seguir haciendo denuncias públicas en sus territorios no han hecho caso por tal motivo haremos cumplir todo, o se van o los matamos. La orden es matarlos y pagaremos por cada uno de ellos. Así tengan esquemas de protección, estén reubicados debajo de las piedras los vamos a encontrar”

Así mismo, postean un link del video “Los castaño apoyan la cacería a Pablo Escobar (Paramilitares en los 90)» en el que describen como los paramilitares de los Castaño en apoyo con Pablo Escobar asesinaron a líderes sociales en los años 90 mostrando imágenes de terror y tortura.

El correo del 9 de enero del 2019 a las 12:07 que provine de la misma dirección de correo “vivasm056mail.com” a nombre de “Manuel Vivas”, se reiteran la amenaza enunciando textualmente lo siguiente:

“Cordial saludo, por medio del siguiente correo electrónico el grupo armado organizado las AGUILAS NEGRAS quienes operamos en la mayoría de los municipios del país queremos dejar en claro en nuestro propósito de acabar con todo aquel que se atreve a torpediar las actividades con las actividades con las que sustituimos, ya estamos cansados de que los líderes sociales y defensores de derechos humanos convoquen a marchas, denuncien y jodan tanto, seguiremos exterminando a todo aquel que hace caso omiso a nuestros llamados de atención. Nuestras fuentes de información e investigación nos han mostrado en especial en el cauca a todos indígenas, campesinos negros y afros por quienes nuestros hombres los premiaremos económicamente por cada muerte de cada líder asesinado. La orden es matarlos a todos por tal motivo dejamos en claro que no descansaremos y que ratificamos nuestra intención de asesinar a quien se atraviese en nuestro camino. Este es uno de los tantos comunicados que hemitiremos fotos y con valor de muerte para todos.

Las águilas negras si existimos y lo seguiremos demostrando con cada asesinato, así tengan escoltas también los matamos se escondan debajo de las piedras los buscaremos se vallan a vivir a otro lado los buscamos sapos hijueputas no jodan más que se acabe el castrochavismo encada región los tenemos ubicados y sabemos con quien anda cada uno.

Comando central AGUILAS NEGRAS”

Anexado a estos hechos, se adjunta un panfleto de amenaza de muerte donde se pone precio a su vida de 5.000.000 de pesos.

En el marco del recrudecimiento de los asesinatos y múltiples amenazas en contra líderes sociales en el año inmediatamente anterior, y en lo que va corrido del presente, es bastante preocupante las amenazas que se ciernen contra la vida del líder social Héctor Marino Carabalí Charrupí y su familia. Por lo anterior, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, exige a la Fiscalía General de la Nación, para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, acumulen la presente denuncia a las investigaciones que se encuentran abiertas por hechos de amenaza, constreñimiento y hostigamiento cometidos contra este líder social, con el fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes bajo una misma cuerda procesal y se obtengan resultados efectivos, para que cesen estas amenazas y evitar un daño irreparable; a la Procuraduría General de la Nación, para que de acuerdo a sus funciones de intervención y disciplinarias, se sirva ordenar y establecer veeduría y las medidas respectivas para que las investigaciones que por los diferentes hechos victimizantes cometidos en contra del líder social avancen efectivamente, logrando con ello, que la autoridad judicial individualice y judicialice a los responsables de las constantes amenazas y hostigamientos; a la Unidad Nacional de Protección – UNP el cumplimiento de las garantías de protección a la vida del líder social Héctor Marino Carabalí Charrupí y su núcleo familiar en general, reforzando su esquema de seguridad; a la Defensoría del Pueblo, velar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales del líder social y su familia.

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Paramilitares ejercen el control en San José de Apartadó ante los ojos de las autoridades

Comunidad de Paz de San José de Apartadó / Sábado 19 de enero de 2019

San José de Apartadó se declaró comunidad de paz el 23 de marzo de 1997. Aproximadamente 500 campesinos, pertenecientes a 17 veredas, decidieron organizarse para sacar la guerra de su territorio, para no colaborar con ningún actor armado, para llevar adelante un proceso de neutralidad respecto del conflicto.

El control paramilitar que siempre nuestra Comunidad de Paz ha denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza, abarcando todo el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar y erradicar este fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de la población. Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el mismo, revela que hace parte de las políticas y estrategias oficiales.

Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado en evidencia los avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, antes con otros nombres y desde hace un tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Desde Rito Alejo del Río (mediados de los años 90) hasta el presente, negar todo ha sido la actitud de las instituciones del Estado, empezando por la más directamente responsable: la fuerza pública. Con ello se han desprestigiado hasta el extremo, pues han ido confirmando cada vez más que sus verdades son mentiras y que su principal afán es tapar y camuflar la realidad real y tratar de venderle al país y al mundo una realidad falsa.

Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a los pobladores de la zona no cesan. Los grupos paramilitares que patrullan las veredas obligan a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos de información. La población civil no tiene más opciones que someterse o si no lo hacen tienen que desplazarse o entrar a formar parte de las listas negras, de donde se eligen los candidatos al asesinato, crímenes que van convenciendo a los pobladores que ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad, pues están blindados frente a la justicia. La rutinaria matanza de líderes sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando que quienes ordenan los crímenes son inmunes a todo proceso judicial. Ya el gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado para “lamentar los hechos y prometer que las cosas no se quedarán así, que el peso de la ley caerá sobre los victimarios”, pero la rutina nacional nos ha enseñado hasta la saciedad que se trata de un mero discurso tranquilizador sin incidencia alguna en la realidad.

Durante todo el año 2018 dejamos constancia de todos los atropellos, amenazas y sometimiento de la población civil al paramilitarismo. El afán de controlarlo todo fue como una avalancha que fue inundando todas las veredas ante la mirada pasiva y complaciente de sus “primos” y de las demás autoridades locales y regionales. La consigna frente a nuestra Comunidad siguió siendo que nuestra Comunidad de Paz debe desaparecer, consigna adicionada con amenazas y anuncios persistentes de muerte para varios de nuestros líderes e integrantes y con agresiones audaces como tomas de tierra e incursiones armadas con fines aterradores.

Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:

Por información de pobladores de la zona, se supo que durante la fiesta de fin de año, hubo en el caserío de San José una gran concentración de paramilitares quienes eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se encontraron con numerosos colegas paramilitares. Nos preguntamos por qué lo hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base militar y un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice las normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores civiles que fueron esa noche a visitar a sus parientes, quedaron extrañados de la gran concentración paramilitar.

El jueves 10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas, al mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos Medio, donde se quedaron por varias horas junto a uno de los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz.

El sábado 12 de enero de 2019, cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron al punto conocido como Chontalito, de San José de Apartadó, donde permanecieron algunas horas.

El miércoles 16 de enero de 2018, en horas de la tarde fue asesinado el joven Deimer Úsuga Holguín, a escasos 300 metros de la Base Militar del corregimiento de San José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube por el río El Mariano y conduce para las veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, buenos Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbaloza, entre otras, el hecho fue exactamente en el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron asesinar al joven Juan de la Cruz Guzmán, hechos atribuidos a los paramilitares, pues su afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no se someta a sus intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia y aquiescencia de la fuerza pública con la cual el paramilitarismo ha contado en la zona, ya durante varias décadas, en las cuales han consolidado su accionar y su estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el gobierno y sus instituciones militares y policiales. Nuestra Comunidad de Paz ha dejado centenares de constancias, clamando permanentemente para que esta absurda situación se termine, pero la única respuesta del Estado es luchar para que no denunciemos, para que cerremos los ojos y la boca y dejemos actuar a sus anchas al paramilitarismo. Ese es el sentido de la Acción de Tutela que la Brigada XVII ha colocado contra nuestra Comunidad, pero que no puede ser acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables y porque de acatarla ahí sí tendrían el campo libre para continuar arrasando con todos los derechos de la población y las bases de la dignidad humana.

El jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una lista de 8 persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer Úsuga Holguin. Entre los otros siete que están en la lista, algunos son miembros de nuestra Comunidad de Paz y el resto son pobladores de la zona. Responsabilizamos al Gobierno y a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a los miembros de nuestra Comunidad de Paz y a otros pobladores de la zona, pues ya se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien lo tiene sabido El Estado, pues la situación que se vive en nuestro territorio es dramática y el Estado no ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo corregimiento de San José de Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de San José de Uré Córdoba con amenazas de muerte y sometimiento a la población civil si no se acoge a sus ideas perversas.

La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto amordazar nuestras constancias públicas presionada por los militares, pero razón tuvimos desde hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía impunidad para un lado y arbitrariedad para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe inspirar el ejercicio de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con ese aparato para poder salvar nuestra rectitud de conciencia, mientras hemos seguido clamando a las altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y limpie los expedientes de tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso.

Es un hecho de completa evidencia que nuestro territorio lo dominan los paramilitares y que la fuerza pública que está ahí, lo permite. Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es controlado por los paramilitares? Y lo más terrible: están matando al campesino a pocos metros de esas bases militares. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el campesino siga siendo oprimido por el paramilitarismo? ¿Cómo es posible que un corregimiento donde hay una base miliar grande y una estación de policía con muchos hombres, los paramilitares ejerzan allí su control, vivan a sus anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida, y que además cobren impuestos ilegales, impongan sus normas, asesinen, amenacen, circulen listas de condenados a muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega fingiendo que es sordo y ciego?

Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

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