Uruguay: Gobierno “rechazó” planteo ciudadano para anular contrato con UPM

Resumen Latinoamericano*, 9 de enero de 2019.

Se espera ahora que prospere una denuncia contra las autoridades por “violación a la Constitución” presentada en el Parlamento.

A fines de diciembre venció el plazo constitucional de 120 días para que el Poder Ejecutivo se pronunciara sobre la petición que más de 7000 personas habían presentado el pasado 24 de agosto ante Presidencia, para que el gobierno anulara el acuerdo con UPM para que la multinacional finlandesa instale su segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay.

Técnicamente, el silencio oficial significa que el gobierno “rechazó” el planteo presentado, dijo a ECOS uno de sus promotores, el abogado Hoenir Sarthou.

La iniciativa había sido canalizada según lo previsto en los artículos 30 y 318 de la Constitución, que le otorga el derecho a cualquier persona a solicitar ante todas y cualesquiera de las autoridades de la República, que estarán obligadas a otorgar una respuesta a su planteo.

“Los efectos que esta planta tendría sobre la economía, el territorio, el agua, la institucionalidad y la sociedad hacen que miles de uruguayos, más allá de ideologías y actividades, reaccionemos como ciudadanos retomando nuestra legítima facultad de expresarnos y reclamar la anulación de este acuerdo”, argumentaba el pedido.

Ahora, las esperanzas de este grupo de ciudadanos, nucleados en el Movimiento UPM 2 No, está en la denuncia que el 10 de diciembre presentaron ante la Cámara de Diputados.

Amparados en el artículo 43 de la Carta Magna, piden que el Parlamento “enjuicie” al Poder Ejecutivo por violar la Constitución al haber suscrito un contrato “irreconciliable” con la normativa vigente.

Se considera que ese acuerdo constituye un “desborde de potestades de parte del Ejecutivo y le asigna a UPM un indebido papel de privilegio y dominio del que no existen antecedentes en la vida nacional”.

La petición será respaldada en pocas semanas por “miles de firmas” más, aseguró Sarthou, que se preguntó si el sistema político “seguirá manteniendo un silencio cómplice ante este negociado lamentable”.

A juzgar por lo manifestado por varios legisladores, el abogado debería guardar un cierto escepticismo.

Miedo a despertar

Fueron escasas las respuestas que les dieron los legisladores a los integrantes de “Al costado de la vía”, otro grupo de personas que se consideran directamente afectadas por el nuevo trazado del Ferrocarril Central, uno de los aspectos centrales de la proyectada inversión.

A la Comisión de Transporte de Diputados llegó una exposición de parte de este grupo, conformado por pobladores de los barrios montevideanos de Capurro, Sayago y Colón, y de las ciudades de Las Piedras y Sarandí Grande.

Sonia Gómez es la abogada del grupo. Vive en Sayago, a menos de una cuadra de la vía y es “vecina del hermano del diputado Caggiani”, del MPP.

Comenzó por cuestionar que el Estado, al firmar el contrato, asumiera la obligación de realizar determinadas obras viales para lograr la inversión.

También aseguró que muchas de las 665 expropiaciones parciales o totales de padrones que se deberán hacer para el ferrocarril son ilegales. La razón, afirmó, es que no están respaldadas por una ley de interés general.

Así lo obliga, recordó, el artículo 231 de la Constitución, para respaldar eventuales limitaciones al derecho de propiedad.

Gómez recordó que el proyecto contempla la carga de 4 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa, que por contrato tendrán preferencia para el uso de la vía las 24 horas del día los 365 días del año.

A texto expreso, señaló, el acuerdo evita mencionar al transporte de pasajeros en el nuevo trazado.

Una obra que, remarcó, fue definida de Categoría C por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que se le otorga a los emprendimientos de mayor impacto ambiental más allá de las medidas de prevención y mitigación que se adopten.

En ese marco, recordó que el proyecto del Ferrocarril Central carece de autorización ambiental previa, sin la cual no podría ejecutarse, pese a que el gobierno afirma que las obras comenzarán el mes que viene.

“No hay un informe y no conocemos las medidas que se van a adoptar para la protección de nuestros derechos fundamentales”, dijo Gómez. “Esto nos preocupa demasiado”.

Victoria Landaberry vive en Uruguayana y Capurro, a escasos ocho metros de la vía férrea. Según dijo, se enteró del proyecto por unos vecinos que le comentaron que las obras comenzarían en febrero.

Más allá de la “falta de comunicación” de las autoridades con respecto al tema, objetó la decisión del Ministerio de Transporte en cuanto a las distancias que deberán guardar las construcciones con respecto a la vía a partir del proyecto de UPM.

Es que, según recordó, la única normativa vigente en ese sentido es el Código Rural, que prevé 20 metros desde la vía hasta las viviendas. Para las zonas urbanas no hay legislación.

Sin embargo, precisó, Transporte definió para este proyecto una distancia mínima de diez metros, mayor a la que guardan hoy la mayoría de los vecinos que viven sobre el trazado.

Citando las dos audiencias públicas que se llevaron a cabo hasta el momento, Landaberry afirmó que las autoridades no supieron fundamentar técnicamente esta decisión.

Una particular preocupación de los vecinos de Capurro es que en Uruguayana y Flangini se va a construir una “trinchera”, de nueve metros de profundidad y a menos de dos metros de los cimientos de las viviendas, muchas de ellas antiguas.

“No sabemos qué capacidad tienen de resistir este tipo de obras”, señaló.

De hecho, recordó, en los pliegos el riesgo por movimiento de cimientos está categorizado como alto en esas zonas, precisamente, porque no se conoce la situación.

“Nos dijeron que iban a venir a nuestras casas a hacer un estudio, pero no ha venido nadie y la obra comienza en febrero”, dijo. “Hay muchas casas y nadie ha venido a darnos una garantía o a hacer un estudio para ver si soportan o no esa obra o cuáles serían las medidas particulares que habría que tomar en cada caso”.

El miedo, expresó, es que “un día despertemos y tengamos detrás las máquinas sacando todo sin saber si la casa se viene abajo”.

Landaberry señaló también que los propios informes medioambientales oficiales hablan que en la zona de Uruguayana y Capurro, de acuerdo con las primeras mediciones, las emisiones de óxido de nitrógeno (NO2) estarán en 313 microgramos, muy por encima de los 200 aceptadas a nivel estándar.

Según sostuvo, a partir de un planteo de la Dinama, Transporte afirmó que esa “trinchera” sería techada en parte, por lo que se eliminarían las emisiones.

“Algo que no tiene asidero según el juicio de nadie, porque por algún lado tiene que salir”, expresó la vecina.

La Dinama volvió a preguntar , dijo, y resultó que si ponían ventiladores de ciertas características en ese tramo la emisión caía por debajo del estándar. “La pregunta es qué pasa con la parte de la trinchera que queda abierta, que en la primera medición seguía siendo por encima del estándar; sería en Capurro, entre Uruguayana y Flangini”, mencionó.

“En esa área no hay techamiento y, sin embargo, no pasa nada”.

El Muro de Berlín

Un censo realizado por el Ministerio de Transporte indicó que 35 mil personas viven en las áreas de influencia directa de las obras del Ferrocarril Central, que atraviesa cinco departamentos en los que residen dos millones de habitantes.

Blanca Olivera vive en Sarandí Grande, la segunda ciudad del departamento de Florida, poblada por 7300 personas. Según señaló, 1400 pobladores firmaron una petición para que la vía fuera sacada de la ciudad.

“Literalmente, la vía nos divide en dos”, afirmó. “Nos sentimos como si tuviéramos el muro de Berlín, con la ciudad dividida, y no puede ser”, dijo.

Como solución, las autoridades les prometieron puentes peatonales para poder pasar para el otro lado.

“Es ilógico que en una ciudad del interior, donde vivimos tranquilamente, donde la mayoría de las personas son grandes, tengamos que cruzar un puente para ir al hospital. No es así”, protestó.

“Es un atropello lo que está haciendo el gobierno con nosotros en todo el recorrido de la vía ferroviaria. Además, nos lo han impuesto y nos hemos tenido que callar la boca, pero no es así”, agregó.

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