México inicia proceso de liberación de presos políticos

Resumen Latinoamericano*, 8 de enero de 2019

 

Por Néstor Jiménez

Ciudad de México. El gobierno federal analiza 368 casos de personas detenidas en el país que denunciaron ser presos políticos, para determinar su posible liberación mediante la mesa especial para dichos casos dentro de la unidad de justicia creada al interior de la Secretaría de Gobernación.

Este martes, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el objetivo es “que no haya presos políticos, que ninguna ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores y adversarios como sucedía, no estoy inventando nada. Queremos que la cuarta transformación signifique también justicia”.

Indicó que su gobierno buscará la reparación de daños y que se revisen los procesos de quienes se mantienen detenidos desde hace varios años sin tener una sentencia.

El mandatario nacional estuvo acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, Cordero, quien detalló que como resultado de la mesa de análisis de dichos casos que sostiene esta dependencia, 16 personas fueron liberadas en diciembre, “algunos de ellos” vinculados con protestas contra la reforma educativa.

En total, dijo, analizan 368 casos similares, entre los que “hay ambientalistas en la zona norte de Puebla detenidos por pronunciarse en contra del fracking”. Explicó que para su liberación debe desistirse la Comisión Federal de Electricidad de las denuncias para concluir el proceso penal.

También hay personas indígenas que fueron detenidas con una mochila de amapola o mariguana, “que no tuvieron la oportunidad de defenderse”.

La funcionaria federal sostuvo que, por instrucciones del presidente de la República, la dependencia federal no permitirá que la protesta sea criminalizada.

Sobre las mujeres detenidas por haber interrumpido su embarazo en las entidades donde está penalizado el aborto, dijo que buscarán apoyarlas con amparos para poder revisar sus casos en la justicia federal.

Omitió dar a conocer los nombres por privacidad de los presuntos afectados.

Al ser cuestionada si analizan los casos de los ex gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Guillermo Padrés y Eugenio Hernández, quienes se dijeron ser presos políticos, precisó que “estamos revisando estos casos pero también quiero ser muy puntual, muchas de estas personas tiene procesos locales, no son procesos federales, nosotros estamos revisando los procesos federales porque es nuestra competencia”.

Sin embargo, precisó que podrían, mediante amparos, hacer una revisión de algunos de estos casos vinculados con procesos federales.

En seguida, el presidente López Obrador agregó que “los más famosos y conocidos casos se están tratando, han acudido a nosotros y los estamos atendiendo”.

* Fuente: LA JORNADA


 

«Ningún ciudadano víctima de represalias por su manera de pensar»

Por Georgina Zerega

“Estuve cinco años y siete meses preso sin una sentencia. El nuevo gobierno llegó el 1 de diciembre y en 26 días se nos abrió el camino a la libertad”, dice Leonel Manzano Sosa, un profesor de Historia originario de Oaxaca, un Estado al sur de México. Manzano fue liberado el 28 de diciembre junto a otras tres personas tras ser encarcelado por oponerse fervientemente, junto a otros activistas, a la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Eso lo llevó a ser acusado de secuestro en 2013, hechos que la justicia nunca pudo comprobar. A seis semanas de haber asumido el poder, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado este martes la liberación de 16 personas a las que considera “presos políticos” y el estudio para posible puesta en libertad de otros 368 casos más.

“El objetivo principal es ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar o por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores o a adversarios, como sucedía”, ha señalado este martes López Obrador en su conferencia diaria. El Gobierno explicó que muchos de los casos que están estudiando pertenecen a campesinos, activistas o ambientalistas que se han opuesto al fracking, una cuestionada práctica de extracción de gas y petróleo, o han defendido el uso de sus recursos naturales frente a grandes proyectos de desarrollo. Otros han sido encarcelados por manifestarse contra gobiernos locales y federales, de acuerdo con la ministra de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero.

López Obrador ordenó, a principios de diciembre, crear una mesa de acceso a la justicia con el objetivo de evaluar expedientes de personas en prisión que podían haber sido judicializadas injustamente. La senadora Néstora Salgado, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y quien sufrió en carne propia el encarcelamiento ilegal entre 2013 y 2016 por su papel como policía comunitaria en el Estado de Guerrero, entregó el 14 de diciembre una lista con 199 nombres a analizar. Desde entonces, la nómina casi se ha duplicado.

“Si algo ha tenido la población todo este tiempo ha sido una falta de respuesta del sistema de justicia, tanto a nivel local como a nivel federal. Y lo que queremos es precisamente que estas personas tengan ya una respuesta del Estado”, ha señalado Sánchez Cordero, una exministra del tribunal supremo que está a cargo de la mesa de acceso a la justicia. La instancia reúne personal de las prisiones, representantes del Ministerio Público Federal, abogados defensores, organizaciones sociales y gente externa capacitada judicialmente para revisar los expedientes.

En conferencia junto al presidente, Sánchez Cordero ha explicado que intentarán resarcir judicialmente a aquellos que no tuvieron una “defensa adecuada”, un intérprete -algo obligatorio bajo la ley mexicana para aquellos que no hablen el español-, o “un debido proceso penal”. Para llegar a la liberación de estas personas, la Secretaría de Gobernación ha tenido que analizar expediente por expediente y optar por el proceso judicial más acorde a cada caso, que puede ir desde el asesoramiento legal a los presos hasta el desistimiento de los cargos en aquellas situaciones en las que la denuncia fue realizada por alguna institución pública. Algo que continuará durante el sexenio ya que la mesa de acceso a la Justicia será de carácter permanente.

La parte más cuestionada, sin embargo, ha sido la propuesta llevada al Congreso por parte del partido del presidente para crear una amnistía que acompañe el trabajo de la mesa y alcance las instancias judiciales en cada uno de los 32 Estados mexicanos, lugar donde el Ministerio Público Federal no tiene incidencia, y por lo tanto, no puede interceder.

El proyecto de amnistía, al que aún le quedan por definir varios aspectos, se ha encontrado en su primera etapa con mucha crítica. “El perdón presidencial no es la solución. Ellos no quieren que se los perdone porque no han hecho nada malo, quieren que se los absuelva porque no cometieron ningún delito”, explicaron familiares de presos políticos a este periódico. El proceso será largo, pero el mensaje de la número dos de López Obrador es claro. “No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada”.

 

* Fuente: EL PAÍS

FOTO: Manifestación por la liberación de presos políticos en Oaxaca en 2013 (Arturo Pérez Alfonso, Cuartoscuro)

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