Argentina. Resumen gremial. Un nuevo conflicto educativo: la reducción de comisiones en el Instituto de Formación Docente Nº 29 de Merlo/ Para Yasky la suba de tarifas no se resuelve con un paro nacional/ Más despidos en el Ente Nacional de Comunicaciones y un vaciamiento al servicio de Clarín… (más información)

Un nuevo conflicto educativo: la reducción de comisiones en el Instituto de Formación Docente Nº 29 de Merlo.

En las últimas semanas del año 2018 los institutos terciarios de la provincia de Buenos Aires comenzaron a sufrir los primeros efectos del presupuesto sancionado el 15 de noviembre por el Congreso Nacional que, acorde a las exigencias del FMI, produce un recorte sustancial en áreas sensibles como Salud, Ciencia, Técnica, Cultura y Educación.

En lo relacionado a la Educación este ajuste se manifiesta en la mayoría de los Institutos Formadores de la provincia, repercutiendo en cierres de carreras y comisiones. Puntualmente en nuestro Instituto (ISFD Nº 29. Merlo) resistimos la decisión tomada por la Dirección de Educación Superior (DES) de cerrar 5 comisiones de 1er año de diferentes carreras mediante la vía administrativa institucional y la acción conjunta de estudiantes y
docentes. Hoy seguimos resistiendo ante el cierre de una comisión del profesorado de Historia, que ya cuenta con más de 100 inscriptos.

Consideramos que ésta no es una situación aislada, sino que se enmarca en una política educativa que tiende a la exclusión y a la mercantilización de la formación. Ejemplos de ésta son:

• Sanción de la Unicaba con el desfinanciamiento de los 29 Institutos Superiores de Formación Docente de CABA.
• Cierre de escuelas islas.
• Cierre de jardines maternales de hospitales.
• Cierre de escuelas comerciales nocturnas.
• Pretensión de reforma en escuelas técnicas.
• Desfinanciamiento de las universidades nacionales y Conicet, para proyectos de investigación y extensión.
• Creación de la Comisión Nacional de Acreditación de Institutos de Formación Docente (como agente evaluador externo) sin participación gremial en la decisión, con el rechazo explícito de 6 provincias y la ausencia de 4 de ellas.

Así estas políticas de ajuste se presentan día a día y una de sus tantas consecuencias se evidencia en el caso del distrito de Moreno. Donde la mayoría de las instituciones de todos los niveles educativos continúan cerradas, con docentes y estudiantes desarrollando actividades en espacios públicos, no como medida de protesta sino porque no se dan las 12 CONDICIONES BÁSICAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR para el desarrollo
de la tarea educativa. Esta situación se replica en diferentes distritos del conurbano bonaerense.

Recordemos que esta realidad se hizo visible, en el mes de agosto, a partir de la muerte de Sandra y Rubén de la EP Nº 49 de Moreno, causada por la explosión provocada por una pérdida de gas, consecuencia de la desidia del Estado Provincial.

Frente a la imposición de estas medidas que configuran un proyecto educativo claramente excluyente, los docentes entendemos que estas políticas de corte neoliberal, puestas en marcha por este gobierno, hicieron y hacen que los trabajadores y el pueblo paguemos el
ajuste.

En este contexto cada vez más complejo y violento es necesario revisar la tarea educativa ubicándonos desde un posicionamiento ético y político. Hoy se requiere pensar y llevar a cabo políticas educativas que contribuyan a la integración de los sujetos a su realidad, una Educación que pueda anunciar las posibilidades de una nueva y auténtica sociedad más justa, inclusiva y diversa. Por esto consideramos a la educación como un bien público, un
derecho personal y social, en síntesis: un derecho humano fundamental. Desde esta concepción entendemos que el Estado es el garante de una educación gratuita, obligatoria
y de calidad para todas y todos, según lo plantea la Ley de educación Nacional siendo el Estado el responsable de las acciones para que la ley se cumpla.

De este modo, le exigimos al Gobierno que asuma la función de garante en el acceso, las condiciones para la permanencia y el egreso en los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios en todos los niveles. Para ello debe poner en marcha políticas públicas que promuevan una educación de calidad como herramienta para el desarrollo de una sociedad más justa y democrática. En este sentido,
es preciso no reducir la inversión en materia educativa y mucho menos abandonarla, ya que es su obligación legal.

Desde nuestra posición el proyecto educativo es una propuesta y un proceso político que nos compromete con la realidad social de la que somos parte. Los institutos terciarios formamos a los docentes que educarán en los barrios y se involucrarán en las problemáticas cotidianas de la comunidad, integrándose a ellas para construir el
conocimiento colectivo.

Consideramos entonces que un proyecto de estas características, este lejos de la política educativa actual. Por este motivo, seguiremos exigiendo que la educación pública, democrática, inclusiva y de calidad sea el resultado de acuerdos colectivos. La educación, bajo esta premisa, debe conformar un instrumento para la acción y un motivo de reflexión permanente, que nos generará la posibilidad de empezar a pensarnos desde un lugar
común del que todas y todos formamos parte: La escuela pública.

La escuela es un espacio de resistencia. La asamblea docente del 29 junto al colectivo de estudiantes, seguimos resistiendo el cierre de una comisión del Profesorado de Historia, con lo que eso implica en el presente y en el futuro para nuestra comunidad.

NO al cierre de carreras y comisiones en los terciarios de la provincia de Buenos Aires.

MI profesorado, TU profesorado. Ni un curso menos

(ISFD N°29. Merlo – enero 2019)

 

 

Para Yasky la suba de tarifas no se resuelve con un paro nacional

Para Yasky la suba de tarifas no se resuelve con un paro nacional

El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró que la suba de tarifas no se resuelve con un paro nacional sino con una protesta del conjunto de la ciudadanía. “Tiene que ser un movimiento ciudadano amplio”, dijo.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, subrayó la importancia de la convocatoria a las movilizaciones que comenzarán el próximo 10 enero en la Ciudad de Buenos Aires para repudiar los tarifazos y exigir que se dé marcha atrás con los aumentos anunciados por el Gobierno Nacional en los servicios públicos.

En una entrevista con Radio Cooperativa, Yasky aseguró que la suba de tarifas no se resuelve con un paro nacional sino con “una protesta del conjunto de la ciudadanía”.

En ese sentido, el dirigente explicó la decisión de leer un documento en cada acto y evitar los discursos para que no tengan las características de un acto cerrado.

Además, el también diputado nacional, invitó a todos los sectores sociales a participar de las marchas “para ver si el Gobierno tiene capacidad de escuchar” las demandas del pueblo.

Las movilizaciones de cada jueves serán el 10 de enero, en Avenida de Mayo y Lima para marchar hasta el Congreso; el 17 en Rosario, provincia de Santa Fe; y el 24 en la ciudad Mar del Plata. Asimismo, el 31 de enero la protesta tendrá lugar en la provincia de San Juan y el 7 de febrero en Mendoza.

Por otra parte, en la conferencia de prensa donde se anunciaron las medidas de fuerza contra los aumentos, Yasky detalló que primero habían resuelto iniciar acciones judiciales porque el anuncio del Ejecutivo “viola todas las leyes previstas para la reactualización tarifaria”.

 

Más despidos en el Ente Nacional de Comunicaciones y un vaciamiento al servicio de Clarín

Más despidos en el Ente Nacional de Comunicaciones y un vaciamiento al servicio de Clarín

Una nueva lista con 12 despidos en el Ente Nacional de Comunicaciones se conoció en las últimas horas. Uno de ellos está esperando un hijo. ATE denuncia un vaciamiento para beneficiar a los grandes grupos de Comunicación.

Las cesantías en el Estado no se detienen. Ahora los nuevos despidos se dieron en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Se trata de 12 trabajadores de ese sector de todo el país. Los mismos se suman a otra ola de cesantías en diversas áreas y organismos de todos los niveles del Estado, profundizando el ajuste sobre los estatales.

La situación de uno de los despedidos, rosarino, está agravada por el hecho de que su esposa cursa un embarazo de cuatro meses, por lo que denuncia la falta de sensibilidad y humanidad de los funcionarios que tomaron esta decisión.

Los trabajadores del ENaCom también señalaron que los despidos son sin causa y que se rompió una promesa de que no se producirían más cesantías en el organismo.

“Hay arbitrariedad en el despido, no respetan nada. Hoy hubo despidos o amenazas de despido en varios organismos. También hay anuncios para marzo y abril. Se trata de una forma improcedente. Hoy ya hicimos la denuncia pública de estos despidos y las acciones legales las vamos a llevar a cabo. Hay que resistir, denunciar y protestar”, aseguró Raúl Daz de ATE Rosario en declaraciones relevadas por el protal Señales.

En el caso del ENaCom, desde ATE se denuncia una clara política de vaciamiento del organismo para terminar de destruir políticas públicas de importancia, como la Ley Audiovisual, en pos de beneficiar a los grandes grupos económicos y monopólicos de la comunicación.

 

 

El Gobierno autorizó hoy el gremio “low cost” armado por Flybondi y el narcopiloto

El Gobierno autorizó hoy el gremio “low cost” armado por Flybondi y el narcopiloto

Como parte del plan low cost, el Gobierno autorizó oficialmente hoy a los trabajadores de Flybondi a agruparse en una asociación sindical propia, por fuera de los gremios aeronáuticos existentes. Al frente estará un narcopiloto.

La decisión se tomó a partir de una resolución del Ministerio de Producción y Trabajo publicada este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Dante Sica.

“Inscríbese en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores a la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi Líneas Aéreas, con domicilio en Montevideo N° 550, 1° “A”, de la Ciudad de Córdoba, con carácter de Asociación Gremial de primer grado, para agrupar a la totalidad de los trabajadores que presten servicios bajo relación de dependencia” en esa empresa, según el texto oficial.

Trabajo estableció que podrán mantener la afiliación los trabajadores que alcancen la jubilación, “siempre que se hubieren encontrado afiliados a la entidad al momento de acceder a dicha prestación”.

Además, intimó a que la Asociación Sindical “regularice la situación institucional y convoque a elecciones de la Comisión Directiva”.

El Ministerio justificó la inscripción de este nuevo sindicato al señalar que “la entidad solicitante ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 23.551 (de asociaciones sindicales) encontrándose acreditados los requisitos allí previstos, y ha efectuado el control de legalidad, que sobre el estatuto ordena el artículo 7° del Anexo del Decreto N° 467 de fecha 14 de abril de 1988, no mereciendo objeciones”.

“El reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, no implica adelantar juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la personería gremial, será evaluada de acuerdo a los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas”, puntualizó.

Y aclaró que “al acceder a la personería jurídica a través de la inscripción, dado que las actuales autoridades de su cuerpo directivo son fundacionales, corresponde regularizar la situación institucional, a cuyo efecto deberá llamar a elecciones, con carácter previo a toda petición, conforme el procedimiento establecido en el estatuto que se aprueba”.

En el nuevo gremio, cuya organización fue empujada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se pueden agremiar jefes de cabina, pilotos y supervisores de la empresa amarilla, donde también figuran ex pilotos de la Fuerza Aérea.

Un dato de color, pero no menor, es que entre ellos está también Matías Miret, el piloto que estuvo dos años preso por manejar el avión detenido en 2011 en Barcelona con más de 900 kilos de cocaína a bordo. Fue en Enero de 2011 que la aeronave Challenger 604 matrícula N600AM, piloteado por esa persona, quedó interceptado en el aeropuerto de El Prat cargado con una tonelada de cocaína. Eso derivó en prisión para Miret y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá.

Es más Miret, el pretendido secretario General de la organización a medida de los low cost, había salido en esa oportunidad de El Palomar, el mismo lugar que ahora Flybondi utiliza para sus vuelos.

 

 

Cientificidio, política de Estado

Imagen: Adrián Pérez

Por lo que concierne a la Ciencia y la Tecnología, en tres años de gobierno la Alianza Cambiemos nos ha dejado una enseñanza: que su política de Estado es el cientificidio.

Desde que asumió Macri venimos denunciando el ajuste brutal que se despliega sobre los organismos de Ciencia y Tecnología. Ajuste que fue agravándose, a pesar de la mayoritaria oposición expresada en las calles, en el Congreso, en movilizaciones, performances y numerosísimas acciones impulsadas por el sector científico. En 2017 dijimos que esta política de destrucción tiene un nombre: cientificidio, retomando otra categoría reflexiva, de denuncia y de lucha –femicidio– propia de un potente movimiento emancipador argentino, latinoamericano y mundial.

Este gobierno pretende asesinar el sistema científico-tecnológico público y de esta forma entregar una porción más de nuestra soberanía y de las potencialidades de desarrollo basado en la producción de conocimiento de/desde/para las grandes mayorías postergadas de nuestra sociedad. El Conicet –el organismo mayor de Ciencia y Tecnología, por lo que concierne a cantidad de trabajadorxs, de centros de investigación diseminados por el país, profundamente ligado a las universidades nacionales y a múltiples organizaciones estatales y populares– tiene su llave de defunción.

A manera de síntesis, nos detendremos en cinco aspectos a manera de balance del cientificidio en 2018.

  1. La degradación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) a Secretaría (SinCyT) –esta última sigla en realidad significa “Sin Ciencia y Tecnología”–. Es el sinónimo más visible del cientificidio. Esta desjerarquización no implica solo un problema económico sino especialmente simbólico. Indica la distancia entre el discurso pro-ciencia de Alianza Cambiemos y la acción de desguace del sistema de CyT.
  2. El desfinanciamiento de los Centros Científico-Tecnológicos (CCT) a través de la subejecución presupuestaria (se les otorgó solo el 40 por ciento de lo estipulado) y el aumento inflacionario, particularmente de las tarifas. Producir ciencia y tecnología en condiciones pre-energía eléctrica es una contradicción inaudita. Lxs trabajadorxs de los CCT están aportando de sus propios salarios para pagar la boleta de luz de los institutos en los que trabajan. La “solución” que planteó el Conicet ha sido que se paguen los gastos con ventas de servicios a terceros. Ya lo discutimos en la década de 1990: no producimos Ciencia ni el Estado financia el sistema de CyT para que se mercantilice un conocimiento adormecido y acrítico. Es responsabilidad del Estado financiar la producción científica, puesto que se trata de un bien social y de un derecho humano.
  3. La falta de disponibilidad presupuestaria para reuniones científicas anunciada a fines de diciembre pasado implica que lxs trabajadorxs del sistema de CyT no podremos organizar congresos, jornadas, seminarios, conferencias financiadxs por Conicet. Esta decisión implica que no podremos planificar una parte esencial de nuestro trabajo y que estaremos aislados de los debates científicos que se articulan tanto en la región como en el mundo. Justo cuando “la Argentina vuelve al Mundo y el Mundo le da la bienvenida”, la Alianza Cambiemos nos priva de los intercambios, las actualizaciones y los debates, componentes centrales de la producción de conocimiento.
  4. El desfinanciamiento de subsidios a los proyectos de investigación: esto implica anular de hecho la posibilidad de seguir produciendo conocimiento. Lxs investigadorxs trabajamos en el seno de equipos de investigación que concursan por subsidios destinados a financiar lo que realizamos. Sin ese dinero no hay producción. Pero no solo no se giran los fondos de los subsidios ya asignados, sino que no se readecuaron a la devaluación. Estas decisiones políticas generan desigualdad, profundizan la meritocracia y el elitismo entre los equipos que consiguen financiamiento externo (de agencias extranjeras o países centrales) y los que no los consiguen. También en nuestro sector se verifica entonces el doble estándar que la Alianza Cambiemos extendió sobre Argentina, entre vidas que valen y vidas desechables. Entre vidas que tienen derechos y vidas que están condenadas a residir en las calles debajo de cartones. Más: los equipos que no consiguen financiamientos internacionales trabajan problemas ligados a temas de educación, salud, vivienda, desarrollo productivo y tecnológico, laboral y un largo etcétera. Problemas propios de nuestra región y nuestros pueblos, que no son de interés para las agencias internacionales.
  5. Lxs trabajadorxs del sistema científico tecnológico hemos obtenido un 25 por ciento de aumento salarial anualizado frente a una inflación que supera por mucho el 40 por ciento. Nuestros salarios son deplorables. Y en el caso específico de lxs administrativxs y lxs becarixs, no alcanzan la canasta básica. Esto se suma a la reducción de cupos en becas e ingresos. Se trata de decisiones políticas que impactan en un éxodo de trabajadorxs: “fuga de cerebros”, expulsadxs del sistema por reducción de cupos (becas e ingresos), aumento de la carga laboral, destrucción de equipos de investigación.

El cientificidio está desplegado desde hace tres años. Lo advertimos en las vísperas de la victoria de la Alianza Cambiemos y se llevó a cabo –con gran resistencia– durante este ciclo político que en 2019 debe ser interrumpido. El nuevo año nos encuentra con una oportunidad histórica: organizarnos (mejor), ser (más) eficaces en la articulación con el resto de lxs agredidxs para detener definitivamente los ataques sistemáticos a la vida del campo popular. Nos convocamos enfáticamente (dejando de lado los sectarismos) a planificar juntxs las acciones de resistencia, respetando nuestras diferencias, para construir una alternativa política unitaria que se proponga un camino emancipador. 2019 no debe ser entendido apenas como un año electoral ni como una disputa coyuntural con el objetivo de tener un gobierno menos malo que el de la Alianza Cambiemos. 2019 significa la disputa por la Historia. Por la Historia emancipada, libre y justa del siglo XXI argentino y latinoamericano. Y nosotrxs nos tenemos que asumir como lxs sujetxs de ese nuevo ciclo vital y humanista.

* Investigadores del Conicet; Liberación-Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología.

 

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