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Argentina. Resumen gremial. Los gremios se alistan contra la reforma laboral/ El Gobierno busca relanzar la reforma laboral/ Jujuy: Cierra la Empresa Fundición El Aguilar/ Conicet: el ajuste lleva sus gastos de funcionamiento al mínimo y paralizará la investigación … (más información)
Resumen Latinoamericano/ 6 de enero 2019.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.
Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com
Los gremios se alistan contra la reforma laboral
El Frente Sindical que encabezan Moyano, la Corriente Federal de Sergio Palazzo y las dos CTA comenzará a movilizarse desde el jueves. La excusa es el tarifazo, pero la pelea de fondo es mayor.
Por Agustín Alvarez Rey
Los principales dirigentes sindicales que operan por fuera de la conducción formal de la CGT decidieron comenzar el año con el anuncio de un cronograma de movilizaciones que se llevarán a cabo durante los jueves de enero y que comenzarán en la Ciudad de Buenos Aires y seguirán en Rosario, Mar del Plata y Mendoza. Las protestas, que están convocadas en primer término contra el tarifazo, servirán como precalentamiento para el combate de fondo que volverá a ser la reforma laboral.
En la conferencia de prensa que se desarrolló el último jueves en la sede de la CTA de los Trabajadores en la que estuvieron presentes los titulares de ambas de CTA- Hugo Yasky y Pablo Micheli- junto a Pablo Moyano, quedó claro que no sólo se realizarán movilizaciones en enero sino que febrero y marzo también serán meses de intensa actividad sindical.
Tanto Yasky como Moyano se refirieron a la reforma laboral que impulsará el gobierno a pedido del FMI. Ambos advirtieron que la lucha se dará en la calle y señalaron que van a volver a articular con la oposición parlamentaria, tanto para frenar el tarifazo como para que no avance la flexibilización laboral.
Desde el oficialismo aseguran que intentarán poner la reforma laboral en debate ni bien se abra un nuevo período de sesiones ordinarias. Lo cierto es que más allá de esa intención, no hay chances ciertas de que una reforma laboral sea aprobada en su totalidad en 2019. En primer lugar, porque el oficialismo no tiene el número y debe lograr acuerdos para garantizar la mayoría, algo que parece complejo en un año plagado de comicios en todo el país. Segundo, porque aún tiene vigencia el acuerdo entre la CGT y el bloque del peronismo federal en el Senado que marca la imposibilidad de aprobar cualquier norma que apunte contra los trabajadores sin el aval de la central obrera.
El propio secretario general de la CGT, Héctor Daer, descartó la posibilidad de que la reforma avance en el parlamento y minimizó las intenciones de Mauricio Macri y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. “En lugar de amagar con una reforma laboral que no va a pasar en el Congreso, el gobierno debería llamar de nuevo y reabrir esa instancia para discutir el piso del salario”, disparó Daer y aprovechó para reiterar el pedido de la central obrera para que se convoque al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
La estrategia que utilizará el gobierno, como lo hizo mientras duró el mandato de Jorge Triaca y mientras existió el Ministerio de Trabajo, será intentar avanzar con los puntos que considera menos conflictivos, como el blanqueo laboral y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. El año pasado, cuando el moyanismo todavía formaba parte del Consejo Directivo, la CGT se había pronunciado a favor de los dos títulos pero había rechazado el resto de la reforma. La fractura interna de la central, con la salida de Juan Carlos Schmid del triunvirato, la profundización de la crisis económico y social, el debate por el aborto y la debilidad parlamentaria del oficialismo, fueron algunos de los condimentos que hicieron que ninguno de los textos fuera tratado en el Parlamento . «
El Gobierno busca aprovechar la crisis de la industria y relanza la reforma laboral
El Gobierno busca que pueda haber jornadas laborales más cortas para sectores en crisis y un fondo de cese laboral en actividades temporales para reemplazar las indemnizaciones. Ya lo implementa en actividades que crujen.
Reducción de las jornadas de trabajo de 8 a 6 o a 4 horas en industrias en crisis, la promoción de un fondo de cese laboral en actividades temporales para sustituir la indemnización y habilitar cada vez más acuerdos por productividad, son apenas tres ejes de la reforma laboral que el Gobierno impulsa por ahora en forma reservada.
Así lo dio a conocer ayer La Nación y adelantó que la iniciativa ya cosechó el aval de sindicatos y empresas.
Para la Casa Rosada, los retoques de los convenios colectivos de algunas actividades resultan un atajo ante el rechazo del Congreso a debatir los proyectos de reforma laboral que envió en 2017 y 2018. Este año, el oficialismo lo intentará por tercera vez, aunque con una iniciativa más acotada, con la inclusión únicamente del tramo sobre blanqueo de trabajadores, que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus empleados.
Según consignó La Nación, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ya aceptó modificar su convenio con una flexibilización en la cantidad de horas de la jornada de trabajo. En 2018, hubo 13 empresas que activaron un esquema de reducción horaria y de suspensiones de hasta 10 días por mes, precisó Antonio Caló, jefe del gremio metalúrgico.
Se trata en su mayoría de empresas autopartistas o vinculadas a la construcción. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, un hombre de fuerte vpinculo con lso metalúrgicos, siguió de cerca el proceso de la UOM y validó la maniobra como una salida para evitar despidos masivos. Aunque, en definitiva, los despidos masivos ocurren igual.
Un dato: Sica fue asesor del gremio metalúrgico durante más de diez años y conserva una aceitada relación con Caló, aunque, sobre todo, con Francisco “Barba” Gutiérrez.
Sica pretende ampliar el caso de la UOM a otros sectores en los que se acumulen suspensiones y haya personal inactivo. Lo explorarían con los mecánicos de Smata y buscarían incorporar a la industria textil.
El funcionario también desea replicar el fondo de cese laboral que se aplica en el ámbito de la construcción. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.
En el caso de la Uocra, que es el modelo que elogian diferentes voces del Gobierno, se le retiene a cada trabajador entre el 12 y el 8 por ciento del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado.
La aceitera Cofco cerró sorpresivamente y despidió a 200 empleados
La firma le dio vacaciones y aprovechó esa situación para clausurar los portones. Aduce estar en crisis. El gremio de Aceiteros acampan en el ingreso y sostiene que la idea de la multinacional es procesar el cereal en el exterior.
En mañana del viernes se le negó el acceso en puerta de planta de Valentín Alsina de la multinacional COFCO, ex Nidera, a los trabajadores que cumplen funciones en ella. Cuando el personal le requirió una explicación sobre lo que estaba ocurriendo, la gerencia informó de forma verbal que la corporación decidió el cierre de la planta y que comenzarán a llegar las notificaciones de cesantías.
“Este accionar intempestivo es un auténtico ataque patronal contra los 200 trabajadores que cumplen sus tareas en el establecimiento”, señaló el Sindicato de Aceiteros en un comunicado de prensa.
China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation, es el mayor procesador y comercializador de alimentos del país asiático, y había adquirido Nidera en marzo de 2017.
A menos de dos años de la millonaria operación, la planta de Valentín Alsina, parte del partido bonaerense de Lanús, llegó a tener entre el 40% el 50% de su capacidad ociosa.
Horas más tarde, el mismo viernes, la multinacional publicó un comunicado en su sitio web en el que habla de “crisis” en el sector. “Ninguna crisis padece COFCO, una de las multinacionales alimentarias más grandes del mundo, que disputa en nuestro país con Cargill el primer puesto en exportaciones agrícolas. Y también, en las extraordinarias ganancias que obtiene”, reclamaron desde Aceiteros.
De Valentín Alsina allí salía el aceite de consumo para el mercado interno marca Legítimo, pero además algunos de los que comercializan las cadenas Coto y Carrefour con su marca propia, e incluso los que están en góndola con la marca Marolio, entre otros destinos de la producción de refinado de girasol y soja, parte de la cual se exportaba.
“Sin ningún aviso ni procedimiento previo, la empresa quiere aprovechar que la mayoría de los compañeros están de vacaciones para dejar a la deriva y sin sustento a 200 familias”, denunció el gremio.
“COFCO no muestra ningún balance que exprese la supuesta “crisis”. Por el contrario, lo único que demuestra cerrando su única planta de envasado y refinamiento para el consumo doméstico en el país, es que su único interés es comprar el cereal sin industrializar para procesarlo en el exterior”, especificaron los aceiteros que hoy van a comparecer en una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense para tratar de encontrar una solución al conflicto..
“Vamos a defender hasta las últimas consecuencias los puestos de trabajo, que son la fuente de sustento y garantía de futuro para cada una de nuestras familias”, concluyeron.
Disciplinamiento y flexibilización, el trasfondo de los despidos en TeLeFe
Las cesantías en TeLeFe, ahora en stand by por la conciliación obligatoria, no se tratan sólo de una adecuación tecnológica. De fondo se vislumbra un intento de disciplinamiento al gremio de televisión y una avanzada sobre el convenio de empresa.
Los despidos en TeLeFe, que se anunciaron informalmente masivos, se constataron formalmente como un puñado inicial y que quedaron en stand by con el dictado de la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo, hoy en manos de Lucas Fernandez Aparicio, abren un nuevo capítulo de la flaxibilización laboral de hecho en la Argentina.
No fue casual lo que ocurrió en el canal de las pelotas. Las cesantías fueron un preambulo de lo que viene: la intención de la empresa de negociar a la baja las condiciones laborales que consiguió el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales y Datos (Satsaid) desde hace años en la firma.
TeLeFe no es cualquier canal. Es el que vio emerger a Horacio “Chavo” Arreceygor, líder del Satsaid, y buena parte de su comisión directiva. Así como en su momento esa situación había detonado en un convenio superior a la media de la actividad, hoy es el canal el que toma la iniciativa para dar vuelta la relación de fuerzas.
Claro que hay movimientos en la actividad producto de los lógicos cambios tecnológicos en la TV y en los medios, pero todos saben que negociar esas modificaciones con la espada de Damocles de 200 despidos termina siendo casi extorsivo. Es empezar un partido perdiendo por una diferencia que nunca se podrá remontar.
Y esa avanzada para flexibilizar las condiciones laborales y disciplinar al gremio, en el propio lugar que vio nacer buena parte de su poder, es algo que ven con buenos ojos otros actores del sector (Canal 9, América, etc) y desde el propio Gobierno que promueve esas “readecuaciones” para mejorar la productividad.
Desde Trabajo habían anticipado que hasta que consigan imponer el proyecto macro de reformal laboral, los acuerdos por sector son el mejor camino que se puede tomar para ir erosionando el piso de la resistencia del mundo sindical, que todavía parece importante.
Porque se dejan de fundir minerales para exportarlos brutos, cierra una firma jujeña y despide 144 empleados
La Empresa Fundición El Aguilar, que operaba en la ciudad jujeña de Palpalá, anunció el cierre de su producción y el despido de sus 144 trabajadores. El plomo y la plata que fundía ahora se exportarán en bruto.
“En una reunión con las autoridades de la empresa nos comunicaron que iniciaron un procedimiento preventivo de crisis presentado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, por lo que unos 144 trabajadores se quedarán sin sus puestos laborales”, dijo a Télam Froilán Peloc, secretario general de la UOM-Jujuy.
Ante esta situación un centenar de trabajadores se movilizaron este mediodía por las calles de la capital jujeña repudiando los despidos y solicitando la intervención del gobierno jujeño.
La fábrica ubicada en el Parque Industrial de la ciudad siderúrgica funcionaba las 24 horas, donde los empleados cumplían funciones en horarios rotativos para la fundición de plomo y plata, destinado al consumo interno y para exportación.
“El cierre de la fábrica provoca que mucha gente quede en la calle, los cuales le han dedicado más de 20 años de trabajo a este sector y ahora se ven en una situación vulnerable para conseguir un nuevo empleo”, sostuvo Peloc.
Los trabajadores de planta permanente son 128, mientras que el resto pertenece a personal contratado.
Desde la UOM anunciaron que en caso de que no se puedan revertir los despedidos pedirán el 100% de indemnización, al tiempo que recurrirán al gobierno jujeño para reubicar a los trabajadores en proyectos como la creación de una planta solar, la reactivación del ferrocarril, y la explotación de litio, entre otros.
Según Peloc, la justificó su decisión en “la situación económica del país y los números desfavorables”, que la obligaría a que “el mineral en bruto como el plomo y la plata sean directamente exportados para ser fundidos en otros países”.
Los directivos de la empresa “ya presentaron el pedido de quiebra en la secretaría de Trabajo de la Nación en Buenos Aires en el mes de diciembre, situación que los empleados desconocían hasta ayer”, agregó el dirigente.
La firma pertenece a la multinacional Glencore International, que en Argentina, en el área de metales y minerales, la conforma la Compañía Minera Aguilar S.A., con el yacimiento minero ubicado en El Aguilar, al noroeste de la provincia de Jujuy, y la refinería de plomo y plata que dejó de funcionar.
Informe del ODS
El salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público como una de las principales variables de ajuste en la última década
El informe, entre las principales conclusiones, revela que, los últimos datos oficiales disponibles dan cuenta de una caída interanual del 12,4% del salario en el sector privado y del 13,2% en el sector público. En comparación con octubre de 2015 el retroceso fue del 14,9% en el sector privado y del 18,5% en el sector público.
En el sector privado el salario real se encuentra en los niveles mínimos desde la primera mitad de 2010. Por el contrario, en el sector público existe un deterioro mucho más pronunciado.
En el caso de la Administración Pública Nacional los salarios de convenio acumulan 10 años de caída ininterrumpida en términos reales. En el primer trimestre de 2019, es decir luego de los incrementos provenientes de la revisión, el salario de convenio en términos reales estará un 34% por debajo de los niveles de 2009.
Ver el informe completo:
Alarma: crecen los pedidos de Procedimiento Preventivo de Crisis por parte de las empresas
Las solicitudes se fueron incrementando de modo tal que el año pasado ya hubo el doble que en 2016. Carrefour como caso emblemático.
Alarma: crecen los pedidos de Procedimiento Preventivo de Crisis por parte de las empresas
Entre los ya innumerables indicadores negativos de la economía, hay uno que no fue demasiado difundido pero que genera fuerte preocupación tanto en el gobierno como entre las entidades empresariales y sindicales.
Se trata de aumento de las solicitudes de empresas para activar Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC). En los últimos años crecieron de manera significativa, ya que pasaron de 55 casos en 2016 a 83 en 2017 y 108 en 2018, según destaca en una nota el sitio Mundo Político Diario, que analizó estas cifras.
El PPC, establecido en la década del 90 en la denominada ley de empleo, permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones.
Según los registros de la Secretaría de Trabajo, hoy dentro del Ministerio de Producción, los sectores más afectados fueron aquellos que sufrieron la apertura de importaciones, como el rubro textil. Pero también hay firmas de mercados tan disímiles como la carne, gastronómicas y de la industria metalúrgica y automotriz.
Según la visión de los sindicatos, el foco del problema radica en la apertura de las importaciones y en los coletazos de la crisis económica en Brasil, principal destino de las exportaciones industriales argentinas.
De acuerdo a los pedidos de PPC, otro de los sectores más golpeados es el del transporte de pasajeros de larga distancia. En el gremio de los colectiveros de la UTA identificaron la llegada de las líneas aéreas denominadas low-cost como la razón de la caída.
Sin embargo, el caso más emblemático del último año fue el de Carrefour, empresa que cuenta en Argentina con 19.000 empleados y 500 sucursales. Con el aval de la Secretaría de Trabajo y del Sindicato de Empleados de Comercio conducido por Armando Cavalieri, la empresa francesa fue habilitada para concretar suspensiones y negociar indemnizaciones.
Esta recurso le permitió además bajar costos, abrir retiros voluntarios y flexibilizar ítems del convenio colectivo. Desde la firma del acuerdo, ya se cerraron varias sucursales y se efectuaron numerosos despidos.
Peajes: tarifazo para que la devaluación no afecte a concesionarias
Subieron desde ayer hasta un 65% en la Panamericana y el Acceso Oeste. Beneficia a Autopistas del Oeste y GCO.
Por Randy Stagnaro
Al igual que con las petroleras, el gobierno nacional implementó un tarifazo en las cabinas de peaje de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires con el cual evita que los efectos de la devaluación dañen los balances de las empresas que gestionan la Panamericana y el Acceso Oeste.
Pero hay una diferencia: la iniciativa que en septiembre pasado buscó compensar a las productoras de gas se truncó por la respuesta de los consumidores, generó una crisis en el gobierno que aun no se saldó a pesar de la expulsión del entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, y abrió un foco de conflicto con las empresas del sector saldado en parte con el compromiso del gobierno de que será el Estado el que terminará pagando esa cuenta.
En cambio, en el caso de las autopistas, no hay nada de eso. El incremento que entró en vigor ayer fue debatido y aprobado en una audiencia pública realizada el 28 de noviembre y no tuvo casi eco entre los usuarios-clientes de Autopistas del Sol y de Grupo Concesionario del Oeste (GCO), las firmas que gestionan esas concesiones.
El miércoles pasado, el Boletín Oficial publicó la norma que autorizaba los aumentos. Allí se explicó que la “redeterminación tarifaria” tomó en cuenta “un tránsito computable inferior en más de un 5% al tránsito base” y/o “una devaluación del peso con respecto al dólar, acumulada desde el 31 de diciembre de 2016, superior en más de 5 puntos porcentuales a la variación del promedio ponderado de los índices previstos (de actualización de tarifas)”.
El resultado fue que las subas que deberán pagar los automovilistas serán de hasta un 65%, con un promedio del 33 por ciento.
Para Conaduv, una organización de defensa del consumidor especializada en temas viales, “con estos brutales e inapropiados ajustes de las tarifas de peaje y del precio de los combustibles, lo único que se logra es aumentar el costo de transporte, más inflación y menos competitividad, afectando los intereses de la inmensa mayoría de los argentinos y de la economía nacional”.
Hay que tener en cuenta que la suba de tarifas derivó en que Autopistas del Sol fuese una de las empresas que más dinero ganó en los primeros nueve meses de 2018, con más de 16 mil millones de pesos. De hecho, las empresas dedicadas a la gestión de los peajes dan ganancias desde 2011. En julio pasado, Autopistas del Sol y GCO lograron la renegociación de sus contratos de concesión sin audiencia ni debate público, lo que incluyó el reconocimiento por parte del Estado de una deuda de U$S 1100 millones con GCO y la extensión del plazo de las concesiones. Vialidad Nacional discutió la parte técnica de estos contratos y emitió su dictamen el 28 de junio. Días antes, su titular, Javier Iguacel, había sido ascendido a ministro de Energía. «
“Más inflación y menos actividad”
La suba permanente de tarifas de los servicios públicos y de aquellos que son del sector privado comienza a levantar debates dentro del círculo de economistas que se mantiene cerca del gobierno.
Es el caso de Orlando Ferreres, uno de los gurúes más escuchados en la City, quien ayer advirtió sobre los efectos recesivos del alza de las tarifas.
Ferreres consideró que los aumentos de tarifas generarán “más inflación y menos actividad” ya que, como contrapartida, “no aumentaron los sueldos”, lo que achica las posibilidades de consumo de la población.
“Genera más inflación y menos actividad porque la gente gana lo mismo. No aumentaron los sueldos y si se tiene que pagar más por los servicios, deja de consumir otra cosa”, describió el economista.
Ferreres estimó que el efecto recesivo “se va a notar mucho en el primer trimestre”, aunque confió en que “el segundo va a ser mejor y en el tercero se va a normalizar un poco más el tema de aumentos de servicios”.
En diálogo con radio La Red, observó con mirada crítica respecto del gobierno que “hay que tener un objetivo de precios” y pronosticó que “en el año la inflación va a ser 25 o 26 por ciento y el tipo de cambio debería aumentar en la misma proporción”.
“Eso influye un 13 por ciento en la inflación y el resto tiene que ver con los aumentos de servicios y transporte. Pensamos que el salario va a mejorar este año, sobre todo para el momento de las elecciones”, indicó. Esta evaluación es similar a la que se maneja en Casa Rosada y que eleva sus expectativas electorales en octubre.
Conicet: el ajuste lleva sus gastos de funcionamiento al mínimo y paralizará la investigación
El vaciamiento del organismo, advertido por los propios miembros del directorio, se profundiza con el recorte de esos fondos: fueron el 11% del total y no superarían el 3,5% para 2019.
Por Pablo Taranto
“De no mediar una ampliación presupuestaria, es de esperar que continúe mermando la capacidad de investigación científica y tecnológica, la razón de ser del Conicet”, escribieron en una carta pública, en los últimos días de un 2018 convulsionado para la ciencia argentina, cinco de los ocho integrantes del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Un trabajo de Jorge Aliaga, doctor en Física, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en el período 2006-2014 y actual secretario de Planificación y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, permite dar cuenta del tamaño del vaciamiento el principal organismo científico, sobre todo en su capacidad de investigar. La composición del menguante presupuesto que recibe el Conicet hace cada vez más difícil esa tarea.
Con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y del Indec, y tomando como base de cálculo el IPI (Índice de Precios Implícitos, que utiliza Hacienda para comparar el PBI año a año) para sortear las distorsiones de un presupuesto que si bien crece nominalmente es superado ampliamente por la tasa de inflación anual, Aliaga señala que el presupuesto para salarios (de investigadores, personal administrativo y técnico) y estipendios (es decir, becas) tuvo un sostenido aumento entre 2008 y 2015 (a excepción de 2014), “a razón de 613 millones de pesos por año, aproximadamente un 10%, compatible con las metas del Plan Argentina Innovadora 2020”, y que 2018 y 2019 suponen un ajuste severo, con una caída del orden del 19% calculado (por IPI) en millones de 2017. Los salarios de los investigadores crecieron entre 18 y 25% el año pasado, muy por debajo de la inflación.
Pero la partida crucial sobre la que arroja luz Aliaga es la de los gastos de funcionamiento, es decir, la que permite a los científicos desarrollar sus investigaciones: hacer trabajos de campo, además de adquirir y renovar equipos e insumos. Se pregunta si siempre fue tan baja su incidencia en el total del presupuesto del organismo. Entre 2008 y 2015, se incrementó a razón de 99 millones de pesos por año, hasta arañar los 1200 millones. Comparado por IPI, cayó a la mitad a valores de 2017 y a menos de un tercio de acuerdo a lo pautado para 2019. “Si el porcentaje de los gastos de funcionamiento sobre el monto total destinado al Conicet osciló entre el 8 y el 11% entre 2008 y 2015, se podía discutir si era poco o mucho, pero en 2018, asumiendo que se haya ejecutado entero, lo cual difícilmente haya ocurrido y sólo se sabrá hacia febrero, habrá caído a la mitad; y para 2019 no superaría el 3,5% del total, que es la nada misma.”
Ya es un hecho que los recortes impedirán al Conicet hacer frente a compromisos ya asumidos, en materia de subsidios adeudados o prometidos y de proyectos de investigación y tesis doctorales que quedarán paralizados. Y hasta se conocieron historias –como la de los biólogos del Instituto de Biodiversidad Neotropical, de Tucumán– de investigadores que ponen plata de sus bolsillos para pagar las tarifas y otros gastos corrientes y evitar el colapso de muchos CCT (los Centros Científicos Tecnológicos, que agrupan institutos en sedes en todo el país), que a diciembre habían recibido apenas el 40% de los fondos asignados a funcionamiento.
En la última semana del año, cinco miembros del directorio (Dora Barrancos, Francisco Tamarit, Tulio del Bono, Miguel Laborde y Roberto Rivarola) expusieron su “impotencia” ante lo que llamaron la “terrible crisis presupuestaria y salarial” que vive el Conicet, en medio de una crisis que se profundizó con la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. “El presupuesto 2019 deja al organismo al borde de la imposibilidad de financiar cualquiera de sus muchos instrumentos de promoción y esto a su vez afectará seriamente la capacidad de trabajo de toda la red institucional del Conicet y de las instituciones asociadas”, escribieron.
En concreto, el presupuesto aprobado por el Congreso supone un aumento del 23% para el Conicet, que en los hechos es un fuerte recorte, comparado con el 48% de inflación calculada para el año que terminó. El funcionamiento del organismo central en la investigación y el desarrollo científicos del país es una incógnita. Por lo pronto, el ajuste ya se deja ver: oficialmente y “por ahora”, el directorio resolvió discontinuar el financiamiento de todos los congresos y reuniones científicas pautados para 2019, un nuevo impulso a la fuga de cerebros. «
El número de becarios
Alrededor de las becas del Conicet se habían generado dos fines de año convulsionados, con tomas y acampes de miles de jóvenes investigadores en la explanada del Polo Científico, algo que no ocurrió en 2018, porque directamente no hubo ingresos, pues al correrse las fechas de las convocatorias se concretarán recién en abril.
Lo que sí hubo el pasado 28 de diciembre fue un gran estado de desasosiego, porque recién ese día se publicó el resultado de las convocatorias a becas doctorales y posdoctorales y muchos jóvenes investigadores pudieron saber si tendrían o no trabajo en 2019. Y si bien el número de becarios no es sustancialmente inferior –como ocurrió en 2016 y 2017–, se prevé que el gran recorte se consume hacia 2020, cuando terminen el quinto año de doctorado los becados hasta 2015.
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