Chile. Año negro para el periodismo independiente

Pasó otro año, pero aunque transcurran el tiempo y las décadas la clase política anquilosada se niega a admitir la necesidad de una ley que regule la distribución equitativa de la publicidad estatal en favor del pluralismo informativo y de opinión, que en las actuales condiciones es imposible ejercer.

La concentración de la riqueza en manos de unos pocos se prolonga a la de los medios de comunicación. Chile es uno de los países en que esa concentración existe en mayor grado detentada por la minoría opulenta que controla todo el quehacer nacional: el sistema comunicacional no anda si no va de la mano de los poderosos.

Esta es una sociedad desinformada y despolitizada, obsecuente y manejable, tal como la dejó la época cavernaria de la dictadura, porque sólo tienen derecho a expresión los dueños del dinero que manipulan la realidad en beneficio de sus intereses. El Estado debilitado a cargo de una sucesión de gobiernos neoliberales, prefiere no intervenir.

Ello ha determinado en los últimos años la desaparición de innumerables medios escritos, audiovisuales y electrónicos que no concordaban con la ruindad del modelo neoliberal vigente. No servían a la oligarquía ni al Estado puesto a disposición de la maquinaria antipopular, y por las presiones ejercidas en su contra, terminaron ahogados.

2018 fue un año negro para el periodismo independiente: en marzo dejó de circular Punto Final, al cabo de 52 años de trayectoria sin amarras ni ataduras con gobierno, partido político o grupo económico alguno. Identificada como “la revista que ayuda a pensar”, PF debió suspender forzosamente su publicación a causa de problemas insuperables de financiamiento.

En una nota de despedida el periodista Manuel Cabieses Donoso, su director y quien fuera uno de sus fundadores, denunció que “lo que tenemos en Chile es una dictadura del pensamiento único impuesto por el poder del dinero. Esa tiranía ha modelado una cultura conservadora, racista y mezquina que garantiza la sumisión del pueblo al orden capitalista neoliberal”.

Punto Final recurrió a todas las instancias posibles sin encontrar respuesta, porque el sistema de reparto de la publicidad fiscal no garantiza los derechos humanos y democráticos más elementales. Uno tras otro los gobiernos de la postdictadura se han negado a prestar algún soporte a la prensa independiente desligada del modelo de desigualdades.

Los herederos del pinochetismo que manejan el Estado discriminan la publicidad para asistir fuerte y sostenidamente al duopolio El Mercurio – Copesa, emblemas de la dictadura y su legado. Lo hacen con la certeza de que en esos cientos de miles de diarios que están en los quioscos de todo el país nadie osará cuestionar sus afanes oportunistas ni la vigencia del sistema que empobrece a las mayorías.

Desde septiembre de 1973 no ha vuelto a circular ningún diario de tiraje nacional que al menos esboce un pensamiento crítico o que plantee una nueva Constitución desde la cual pueda emerger un régimen democrático en plenitud, igualitario y de justicia social como una opción ante el capitalismo salvaje. La sociedad chilena está forzada hoy a recibir sin tregua un mensaje comunicacional monocorde que le envían la oligarquía y los políticos corruptos que suelen alquilarse.

En esta instancia de estrangulamiento cultural en que se acallan las posturas alternativas, la posibilidad de supervivencia del periodismo sin tutelas dependerá de las luchas que se den en nombre del derecho ciudadano a informarse como paso obligado a la participación social. Por ahora Chile está condenado a una ley mordaza encubierta que impide la circulación de ideas, al amparo del Estado.