El Ministerio del Interior (MI) se negó a dar información actualizada sobre la situación de las personas procesadas y condenadas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, denunció en una carta abierta el coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu (OLI), Raúl Olivera.

En 2017 el OLI presentó por primera vez ante el MI un pedido de acceso a la información pública para saber dónde están recluidas esas personas, cuáles cumplen prisión domiciliaria, y si tienen vigilancia electrónica o fallecieron durante su reclusión. En ese entonces se brindó la información y el OLI denunció que de 20 personas condenadas por violaciones a derechos humanos, sólo diez cumplen condenas con prisión efectiva.

Pero ante un nuevo pedido de acceso este año, el MI se negó a responder. Siguiendo la indicación de su asesoría jurídica, la cartera argumentó que reunir estos datos “suponía hacer una tarea –la calificación de las causas– a la que no están obligados por la ley de acceso a la información”, indica la carta pública.

El OLI señala que la solicitud de 2017 “no encontró las trabas que ahora pone el MI” y asegura que “la información solicitada no supone una tarea adicional”, porque refiere a personas a las que el MI “ya calificó según las causas y en función de ellas estableció su reclusión en lugares especiales distintos a los destinados para otros procesados o condenados”.

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