El lawfare marcó la vida política de Ecuador en 2018

Resumen Latinoamericano / 24 de diciembre de 2018 / Sinay Céspedes Moreno, PL

Cuando la derecha de América Latina recurre al mecanismo de persecución política para frenar el regreso de líderes progresistas y de izquierda, en Ecuador el término lawfare se volvió recurrente este año.
Conocida como guerra judicial o judicialización de la política, esa práctica parece instituirse en procesos, para muchos descabellados y sin sentido, que buscan llevar tras las rejas a exdirigentes de este país sudamericano.

La aplicación de un plan de gobierno completamente distinto al esperado por quienes eligieron a Lenín Moreno para dar continuidad al proceso revolucionario iniciado por Rafael Correa fue, a criterio de expertos, lo que provocó que reviviera el fantasma de la persecución, desterrado de la Mitad del Mundo por largo tiempo.

Y es que las primeras víctimas fueron, precisamente, figuras públicas que trabajaron con Correa y se mantuvieron con Moreno, pero rechazaron los cambios en su política y decisiones de Estado.

El caso del ex vicepresidente Jorge Glas, quien cumple seis años de cárcel por asociación ilícita en la investigación de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, destapó la teoría del retorno de la judicialización de la política a esta nación.

Desde una medida cautelar excesiva: prisión preventiva, impuesta tras ser vinculado al caso de pago de coimas a cambio de adjudicación de obras que se lleva contra la constructora, hasta denuncias repetidas de sus abogados por irregularidades durante todo el proceso, fueron los detonantes para incluir a Ecuador entre los estados donde la justicia es politizada o la política judicializada.

A partir del encarcelamiento de Glas, a quien sus abogados consideran inocente del cargo que se le imputa, muchas fueron las acciones durante todo 2018 que permitieron asegurar el uso de la persecución política, sobre todo con exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Mientras su sucesor, Lenín Moreno, electo por mayoría popular para dar continuidad a la década de la Revolución Ciudadana, liderada por Correa, posicionaba el diálogo nacional y la libertad de expresión como banderas de su gestión, numerosos exministros, asambleístas y funcionarios públicos leales a la llamada Década Ganada, fueron separados de sus puestos.

Otros, como los consejeros presidenciales ecuatorianos Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, junto a la secretaria de la Gestión Política, Paola Pabón, dimitieron por desacuerdos con la manera de conducir el país de Moreno, su acercamiento a grupos de la derecha y las constantes agresiones y críticas a la labor del ejecutivo anterior.

La división interna del oficialista Movimiento Alianza PAIS, y posteriores indagaciones contra algunos de los militantes que se separaron de la formación política, abonaron al criterio de politólogos y letrados sobre la implantación del lawfare en Ecuador.

En los últimos meses, una huelga de hambre realizada por Glas, en protesta por los vejámenes y humillaciones recibidos en la cárcel y por traslado arbitrario de prisión, avivaron los comentarios al respecto, avalados por un equipo de letrados y asambleístas que viajó a Quito para conocer de cerca lo que ocurría.

A todos esos hechos se sumó la apertura de varios procesos en contra de Rafael Correa con el objetivo, para muchos, de alejar al exestadista, por completo, de la vida política de la nación, en un año en el que se ha experimentado retroceso en muchos de los logros alcanzados durante sus 10 años frente a este territorio andino.

Más de una decena de pesquisas se han abierto en contra del exdignatario, que según entendidos en la materia, no tienen sustento para llegar a enjuiciar y condenarlo, pero aun así se busca cualquier resquicio para mantenerlas en marcha.

Su presunta responsabilidad en el caso del fallido secuestro de Fernando Balda, ocurrido en 2012, en Colombia, mientras permanecía prófugo de la justicia ecuatoriana, se convirtió en otra muestra de judicialización de la política con intentos, por todos los medios, de capturar y procesar a Correa para tenerlo como Glas, silenciado tras las rejas.

Cualquier motivo podría ser bueno para poder juzgar al exmandatario, cuando gran parte de la población reclama su regreso para devolver al país todo lo perdido desde que Lenín Moreno entró en el poder.

La destitución de secretarios de Estado y directivos de entidades públicas de relevancia, la designación de titulares subrogantes o encargados y el extremo poder concedido a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, también son situaciones que han desatado preocupación en cuanto al manejo de la política y la justicia.

Para muchos no es casual lo sucedido, principalmente este año, con los líderes más reconocidos en Ecuador (Correa y Glas) y sus acólitos, sino que forma parte del plan de restauración de la judicialización de la política, a fin de deslegitimar a figuras populares.

Un libreto igualmente aplicado en otras partes de Latinoamérica contra líderes como los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Cuando se cumplen 18 meses de gobierno, en Ecuador la situación es incierta, la economía se estanca y la política resulta incomprensible, sobre todo para quienes esperaban seguir el curso de lo ganado en los 10 años anteriores, razón que los hizo votar mayoritariamente por el gobierno actual.

Aunque el ejecutivo lo niega y se ampara en una cruzada contra la corrupción y en la toma de decisiones ‘a favor de los sectores más desposeídos’, la realidad apunta hacia un establecimiento de la judicialización de la política y a la pérdida de credibilidad en las instituciones del Estado, muchas de las cuales carecen de directivos electos según lo establecido, sino más bien designados de manera inconstitucional.

arb/scm

*Corresponsal jefa de Prensa Latina en Ecuador.

You must be logged in to post a comment Login