2018 en Venezuela, un año de ataques, resistencia y renacimiento

Por Geraldina Colotti; Resumen Latinoamericano, 23 diciembre 2018

 

Un vergonzoso artículo de «opinión», publicado el 23 de diciembre en Panam Post, predice «La última navidad de Nicolás Maduro». En un frenesí de insultos y paranoia, el «periodista» abiertamente sugiere varias maneras de lograr lo que ya había sido intentado con los drones explosivos el 4 de agosto. Él escribe: “Cada vez es más visible que a Maduro lo soportan sus aliados, no lo quieren, pero menos lo quieren preso y por eso lo van a preferir muerto. Un deterioro de salud, un accidente, un atentado de falsa bandera exitoso, una transición “interna” y “extraordinaria” un desencadenante que termine por cerrar el ataúd en el que ya está metido”.

Se trata de un «falso positivo» ingeniosamente construido en el más puro «estilo colombiano», que ya sugiere un culpable – Iván Hernández Dala, actual jefe de Casa Militar, uno de los sancionados por la Unión Europea – y un manipulador, el gobierno cubano.

Propaganda de guerra que debe cambiar las cartas sobre la mesa, presentando una realidad al revés en la que los represores resultan ser libertadores. Y así, Iván Duque, el títere de Uribe que ahora gobierna Colombia en nombre de los Estados Unidos, parece «el único que quiere a Maduro vivo: porque lo quiere meter preso. Y quiere ponerlo en la cárcel porque – … ¡escucha, escucha! – tiene la intención de reforzar su ideal de un mundo globalizado bajo la bandera de las organizaciones multilaterales como aquel en el que el presidente de Colombia trabajó desde Washington, organizaciones multilaterales como podría llegar a ser la Corte Penal Internacional. Duque no solo trata de poner a un criminal en la cárcel, sino que también trata de dar un mensaje fuerte, de que ningún gobernante puede ponerse por encima de las leyes internacionales».

Gastamos espacio para esta información basura, ya que resume bien, en método y en mérito, la naturaleza y la forma de la guerra mediática desatada contra el gobierno bolivariano, y especialmente contra su presidente legítimo, en el transcurso del año que termina: en Venezuela ya nivel internacional. Una campaña de incitación al odio y al asesinato, basada en el desprestigio y los paradigmas que siempre han motivado las agresiones imperialistas: actualizada, sin embargo, a un presente en el que la esencia, la lucha de clases, se diluye en un juego de espejos para empujar en el laberinto a aquellos que podrían determinar el exito.

Como silbato inicial del partido, podemos identificar la ruptura del diálogo entre el gobierno y la oposición, que tuvo lugar en la República Dominicana en febrero pasado. Cuando el texto del acuerdo estaba listo para ser firmado, un silbato del propietario norteamericano, una llamada telefónica de la administración de Trump, trajo a Julio Borges y otros representantes de la oposición al patio trasero. Los halcones del Pentágono habían decidido adoptar la línea dura, esta vez, no con la violencia de las guarimbas financiadas en 2017, sino con el cerco internacional: sin descuidar, sin embargo, el lado militar, con el ataque de los drones explosivos, el 4 de agosto.

Una estrategia que pasó por el desprecio, punto por punto, del acuerdo ya alcanzado en la República Dominicana: en primer lugar, la fecha de las elecciones presidenciales, que había sido una de las principales demandas de las derechas. Inicialmente programadas para abril, las elecciones presidenciales se aplazan hasta el 20 de mayo, en otro gesto unilateral de buena voluntad, decidido por el gobierno bolivariano.

Sin embargo, la máquina de barro ya estaba en marcha, con la complicidad de algunos actores: el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, algunos ex presidentes de los países neoliberales de América Latina y los representantes de las grandes instituciones internacionales que determinan las decisiones de la Unión Europea.

En febrero, el Consejo Permanente de la OEA aprueba una resolución contra Venezuela, que destaca los términos del ataque, los francotiradores, los traidores y los contendientes. El principal estribillo es el de los «derechos humanos», que busca la condena de Venezuela en todos los organismos internacionales. La ex Fiscal General Luisa Ortega y el Tribunal Supremo de Justicia, autoproclamado «en el exilio», actúan por este motivo. Otro frente importante e insidioso es el de la llamada crisis humanitaria determinada en las fronteras por los venezolanos que abandonan el país, una partida descrita como «un éxodo bíblico» y presentada como un factor de inestabilidad para los países en cuestión.

Por esta razón, los gobiernos que financian políticas xenófobas y represivas contra los migrantes económicos que intentan ingresar a sus países (desde EE. UU. a Europa), de repente se convierten en filántropos y asignan ríos de dólares y euros para este fin. Parece evidente el intento de crear una situación de emergencia que justifique la invasión militar y conduzca a la balcanización de Venezuela, inflamando, como ya sucedió antes, los estados de la llamada «media luna» .

Al mismo tiempo, hay una escalada de sanciones, motivada por los pretextos clásicos: el narcotráfico, la corrupción e incluso la financiación del terrorismo. El diligente Almagro, quien en diciembre fue expulsado de su partido, el Frente Amplio de Uruguay, recientemente ha venido a pedir una investigación para verificar si Venezuela cumple con los acuerdos nucleares, para repetir el esquema sobre las «armas de destrucción masivas «con la que fue destruido Irak.

Vale la pena mencionar algunas fechas aquí. El 29 de enero, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo: «La campaña de presión contra Venezuela está dando frutos. Las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno de ese país a incumplir, tanto en términos de deuda soberana como de PDVSA. Y estamos presenciando un colapso total de Venezuela. Así que nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos «.

El 2 de febrero se amplían las sanciones financieras a las empresas venezolanas. La reestructuración y renegociación de la deuda está prohibida y además la de Pdvsa que se decidió antes del 25 de agosto de 2017. En marzo, 15 boxeadores venezolanos no pueden participar en las finales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque no llegan a un acuerdo con las agencias que aumentan el precio de los boletos (de 300 a 2,100 dólares por persona), y también porque, a pesar de la disponibilidad de una compañía privada para transportar a los atletas con un chárter, Colombia, Panamá y México prohíben el paso en su propio espacio aéreo.

El 2 de marzo, los Estados Unidos renuevan por un año el decreto 13692 (con el cual Obama llamó a Venezuela «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos”) y el decreto 13808 emitido por Trump, que define nuevas medidas coercitivas contra la estabilidad financiera de Venezuela.

La Oficina de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCen) advierte a las instituciones financieras mundiales que las transacciones con instituciones públicas de Venezuela serán investigadas por corrupción. Una acusación, infundada y no probada, que apunta a limitar el pago a las compañías farmacéuticas y de alimentos para detener la importación de estos productos. Y así, se congelan 1,650 millones de dólares del estado venezolano para el pago de bienes importados.

El 19 de marzo, Trump firma la Orden Ejecutiva 13827 que prohíbe a todos los ciudadanos e instituciones realizar transacciones financieras con la criptómoneda venezolana Petro, antes de que se comercialice en el mercado de las criptomonedas. Una decisión única en este mercado. El 27 de marzo, el gobierno de Panamá (un país de paraísos fiscales …) publica una lista de 16 compañías venezolanas acusadas (sin pruebas) de lavar dinero sucio y financiar el terrorismo.

El 19 de abril, Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, se reúne con representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Guatemala, España, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido. Exije “acciones concretas para restringir la capacidad de los funcionarios corruptos de Venezuela y sus redes de apoyo”. El objetivo es bloquear financieramente a Venezuela, cuyo presidente, dice el gobierno de los Estados Unidos, no tiene la legitimidad para solicitar créditos en nombre de su país.

En mayo, se congelan 9 millones de dólares, destinados por el estado venezolano para tratar a pacientes de diálisis. En el mismo mes, desde Italia, Banca Intesa San Paolo bloquea el dinero para el pabellón venezolano en la 16 ª Bienal de Arquitectura de Venecia.

El 21 de mayo, después de las elecciones presidenciales de Nicolás Maduro para un segundo mandato y la nueva victoria del chavismo, Trump aumenta su dosis: prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses comprar propiedades pertenecientes al gobierno bolivariano en los Estados Unidos. El 25 de junio, el Consejo Europeo aproba la Resolución 2018/901 que sanciona a los miembros de la administración venezolana, incluidos los que operan en el sector alimentario, en línea con la de los Estados Unidos del 9 de noviembre de 2017, destinada a bloquear la compra de alimentos por parte de del gobierno bolivariano.

El 11 de noviembre, Trump firma un nuevo decreto que autoriza al Departamento del Tesoro a confiscar las propiedades de los operadores en el sector del oro en Venezuela, sin ninguna acusación de irregularidades. El objetivo es bloquear el Arco minero del Orinoco, donde se guarda la segunda reserva de oro del mundo, uno de los motores para recuperar la economía venezolana.

Con la habitual hipocresía cínica de un gobierno que promueve el fracking y el pisoteo de los derechos de las minorías todos los días, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea, dice que, en lugar de protestar por esta medida, «deberíamos estar indignados por el daño causado al medio ambiente y a los pueblos indígenas «. El 11 de septiembre, el Banco Central del Reino Unido se niega a devolver 14 toneladas de oro a Venezuela, cortando así el equivalente de 550 millones de dólares: con la arrogante explicación colonial que un «gobierno corrupto y narcotráficante» podría usar el dinero en manera inadecuada.

En diciembre, Maduro denuncia a la prensa internacional un plan detallado, ideado por el Consejero de seguridad de Estados Unidos, John Bolton para asesinarlo, y muestra campos de entrenamiento de mercenarios establecidos en Colombia. Bolton, uno de los halcones del Pentágono, ha prometido en repetidas ocasiones cancelar la «troika de los gobiernos dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua».

Por un lado, hay las fuerzas reaccionarias, que intentan impedir el nombramiento de Maduro el 10 de enero, por el otro van las fuerzas del poder popular, que se han manifestado a lo largo del año en los diversos congresos realizados por todos los sectores en Venezuela: mujeres, trabajadores, estudiantes, jóvenes, campesinos, pueblos indígenas … Una madurez demostrada en el IV Congreso del PSUV, que se centró en el resurgimiento político, teórico e ideal de la militancia bolivariana y también en la organización de la solidaridad internacional.

Para concluir el año (y en respuesta a las críticas de los que, desde el Gran Polo patriótico temen un cambio moderado del proceso bolivariano), llega la ocupación de la fábrica de neumáticos Good Year por parte de los trabajadores, acompañada por el Ministro para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate. La multinacional cerró su sede en Valencia (en el estado de Carabobo) el 10 de diciembre, pero la historia tuvo un resultado opuesto al que habría tenido en un país capitalista en Europa.

La gran prensa mundial, todavia, no dará noticias, así como no difundirá la sentencia con la cual, hace unos días, el periódico de oposición El Nacional se vio obligado a pedir disculpas al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello , injustamente calumniado como «narcotrafficante».

Junto con Maduro, Cabello habló en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, mostrando cuáles son las fuerzas que acompañan y apoyan el proceso bolivariano a pesar de sus límites, errores y cansancio inevitables. «Hoy, afirmó Diosdado, podemos decirle al mundo que la revolución se fortalece cada día más en los corazones del pueblo».

Este año, Venezuela ha alcanzado la meta de 3.000 comunas. Y serán los comuneros los que pronto organizarán un congreso de protección contra la corrupción y la injerencia en los estados fronterizos de Tachira, Mérida, Zulia, Amazonas y Bolívar.

Revisado por Gabriela Pereira

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