México. Reclaman a AMLO agenda de DDHH / La propuesta de los colectivos de familiares de víctimas de la violencia

Resumen Latinoamericano*, 20 de diciembre de 2018

 

Reclaman a AMLO agenda de DDHH

Según cifras oficiales, los últimos 12 años han dejado en México 38 mil desapariciones forzadas, 26 mil cadáveres sin identificar que se amontonan en las morgues y más de dos mil fosas clandestinas. Familiares de las víctimas se han organizado en colectivos de búsqueda e identificación y éstos se agruparon en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, el mismo que le exige al nuevo gobierno incluir en su agenda esta crisis humanitaria y ofrecer soluciones; algo que no ha ocurrido.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La “guerra contra las drogas”, que desde 2006 llenó de violencia al país, ha dejado entre sus saldos la desaparición de casi 38 mil personas que podrían estar atrapadas en redes de trata, haber sido forzadas a trabajar para el crimen organizado o ser alguno de los miles de cadáveres que se amontonan en anfiteatros o yacen en fosas comunes o clandestinas.

La baja cantidad de personas identificadas entre el enorme número de cadáveres acumulados en los servicios médicos forenses –al menos 26 mil cuerpos, según cifras oficiales– y los restos exhumados en las más de dos mil fosas clandestinas localizadas en el país, son un tema que unificó a colectivos de familias de desaparecidos que hicieron un llamado urgente a Andrés Manuel López Obrador para que declare una “emergencia nacional” por esta crisis humanitaria.

También pidieron que, como parte de esa declaratoria, tome medidas extraordinarias, como pedir ayuda internacional a fin de ordenar, analizar e identificar los cuerpos y restos no identificados; y que cree mecanismos de búsqueda de personas y de impartición de justicia.

Aunque desde finales de septiembre Alejandro Encinas, el ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, instaló mesas de trabajo para tratar el problema de las víctimas de la violencia –en las que participan integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que abarca a 50 colectivos de familias buscadoras y 35 organizaciones de derechos humanos–, el presidente ha guardado silencio en torno a los más de 37 mil desaparecidos.

Algunos datos inquietan al Movimiento por Nuestros Desaparecidos (MND): López Obrador no pidió perdón a las víctimas de la violencia –prometió que lo haría durante su toma de protesta– ni las mencionó; dio el mando de la Guardia Nacional al Ejército, institución a la que hacen responsable de las desapariciones forzadas; y no ha respondido a la petición de reunión que este colectivo ha solicitado desde el 13 de mayo.

La mención del tema –consideran– se ciñó a esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Las familias seguimos a la espera. No diré que estamos decepcionados, porque son los primeros días (de gobierno), pero sí estamos preocupados porque no hay un pronunciamiento de qué van a hacer”, dice Grace Fernández, quien aunque es vocera del MND, habla con Proceso en su carácter de coordinadora regional de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fundec/Fundem).

“Necesitamos que haga un reconocimiento de que es un grave problema, no para que nos lo diga a nosotros, sino a todos los niveles de gobierno y a la sociedad, y de que se requiere ayuda internacional, no sólo porque no hay dinero suficiente sino porque no existe en México la capacidad humana para las investigaciones e identificaciones”, afirma.

Grace busca a su hermano, Dan Jeremeel Fernández Morán, quien fue desaparecido por militares el 9 de diciembre de 2008 en Torreón.

“No podemos esperar porque es muy grave el problema: no solamente cada vez es mayor el número de personas desaparecidas, sino también por todos los cuerpos sin vida que se encuentran en los semefos de los estados y no hay capacidad para identificarlos. Muchos de ellos pudieran ser nuestros seres queridos”, declara.

Colectivos organizados

Lucy Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz, se queja porque las familias, especialmente las madres de desaparecidos, son las que hacen las investigaciones y exhumaciones.

Prácticamente todos los colectivos de familiares de Veracruz se unieron para trabajar con el gobernador morenista Cuitláhuac García, en la elaboración de la “Declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos”, por el alto número de desaparecidos en el estado.

“El programa emergente le da un carácter de urgencia al problema y echa a andar mecanismos para atenderlo. Se logró tras 12 años de guerra contra el narco en los que no se hizo nada y el gobierno estuvo negando el problema (…) Aunque tenemos ley contra las desapariciones, no ha pasado nada y la Comisión Nacional de Búsqueda sólo vino a respaldar al fiscal, que nos ha pateado todo el tiempo”, se queja.

El domingo 2, un día después de su toma de posesión, López Obrador viajó a Xalapa, donde dijo: “Claro que vamos a apoyar a Cuitláhuac con esta declaratoria de programa de emergencia para encontrar a los desaparecidos; los vamos a encontrar”. Colectivos de familias de víctimas de todo el país pensaron que ese era el día en que el presidente iba a anunciar su plan para enfrentar la crisis humanitaria por las desapariciones. Pero no lo hizo.

A decir de Lucy Díaz: “Compañeras nuestras estuvieron ahí y no se trató el tema de los desaparecidos como tal; hizo una referencia así, a la ligera, muy superficial. Ese evento resultó ser como acto de campaña, prácticamente, como una especie de celebración y pienso que quizás no quiso meter temas que causaran un bajón”.

“37 mil más 43”

El lunes 3, el primer decreto que López Obrador firmó fue el de la creación de la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa. Su objetivo: investigar los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014, que derivó en la desaparición de 43 estudiantes.

Alejandro Encinas, a quien López Obrador designó responsable de atender toda la agenda de derechos humanos del país desde la Segob, en varios foros ha reconocido la dimensión de la tragedia.

La primera semana de gobierno, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Encinas reconoció: “México atraviesa por una profunda crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos”. Dijo que hay cerca de 38 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos sin identificar en semefos, más de dos mil fosas clandestinas y en mil 100 de éstas no se han realizado exhumaciones porque no tienen las capacidades institucionales para hacerlo ni para identificar personas”.

El funcionario se comprometió también a “actuar contra los responsables” de las desapariciones forzadas, “sea quien sea e independientemente de la institución a la que pertenezcan”.

Blanca Martínez, directora en Coahuila del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dice a la reportera que López Obrador no ha reconocido la gravedad de la situación en sus discursos y ha mandado mensajes contradictorios, como el anuncio de que va a militarizar (en referencia a la Guardia Nacional) o el anuncio del “punto final” a investigación de delitos que se cometieron en sexenios pasados.

Agrega que los mecanismos que piden para identificación forense, la alerta de prevención de desapariciones o la integración del mecanismo contra la impunidad son urgentes porque “estamos en un estado de guerra”, porque se perdieron 12 años en los que no se capacitó a nadie para hacerlo, porque la ley contra la desaparición forzada y la Comisión Nacional de Búsqueda son inoperantes y porque no hay capacidad institucional para investigar y sancionar a perpetradores y a quienes posibilitan las desapariciones.

“Proponemos los mecanismos porque es una situación extraordinaria, por la magnitud de la tragedia que estamos viviendo. Por eso necesitamos mecanismos extraordinarios”, apunta.

Explica que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos le ha presentado a Encinas y a su equipo las propuestas. “Están recibiendo aportaciones pero no vemos claro, porque no hay posicionamiento público y nos preocupa. Entendemos que en el proceso de arranque de gobierno hay que atender mil cosas, pero no puede evadirse el posicionarse y (podría) mandar mensaje claro de esta crisis de derechos humanos y humanitaria”.

Para ella, la disposición de buscar a los estudiantes de Ayotzinapa “es importante pero no suficiente”.

“De familia a familia nos da gusto por los compañeros de Ayotzinapa, que vayan a tener la posibilidad de tener la verdad en el caso de sus hijos. Pero no son los únicos (…) ¿Cuántos días van del gobierno y lo único que ha dicho (el presidente) sobre los desaparecidos fue para los de Ayotzinapa, que es algo que le ordenó un juez”, apunta Grace Fernández.

Considera que aunque Encinas ha dicho que tiene voluntad para atender todos los casos, el presidente necesita reconocer el problema y declarar la emergencia, porque México no tiene “capacidad ni estrategia para hacerle frente”.

A dos semanas del nuevo gobierno, el MND insiste en que el mandatario debe anunciar medidas extraordinarias para detener la práctica masiva y sistemática de desaparecer personas, buscar a los ausentes y hacer justicia para que esos crímenes de lesa humanidad no se repitan.

El MND le pidió a López Obrador que en sus primeros cien días de gobierno reconozca a las víctimas de todas las desapariciones, haga una búsqueda real y exhaustiva, rompa el ciclo de impunidad, logre que no haya un desaparecido más, cree un mecanismo de localización de personas desaparecidas y un mecanismo extraordinario para atender la emergencia nacional forense, y establezca un mecanismo internacional contra la impunidad con apoyo de la ONU.

“Estamos hablando de que se necesitan actividades extraordinarias ante una situación de crisis de desapariciones que tienen que ver con lo forense y el caos que existe para identificar cuerpos, con buscar a desaparecidos y con hacer justicia”, señala en entrevista Michael Chamberlain, asesor del movimiento que aglutina más colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Yolanda Morán, madre de Dan Jeremeel, ha participado en las mesas de trabajo con Encinas desde septiembre; en nombre del MND el 16 de mayo y otra vez el 14 de septiembre pidió directamente a López Obrador una cita. Aclara, preocupada: “(AMLO) desapareció a los desaparecidos desde su toma de protesta”.

 

* Fuente: PROCESO


 

¿Cómo reparar el daño? La propuesta de colectivos de víctimas

Colectivos tienen lista una propuesta para crear un programa de reparación de daños a las víctimas de la violencia, luego de las mesas de trabajo a las que convocó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, comprometiéndose a aceptar las recomendaciones para elaborar las políticas de justicia transicional y pacificación del país.

El documento, consensuado tras una reunión de activistas realizada la semana pasada en la Ciudad de México, propone una revisión sobre la pertinencia de la existente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y nuevas medidas para atender a todos los que han sufrido violaciones a sus derechos, en lugar de ir caso por caso.

Estos son los principales puntos de la propuesta, que será entregada en las próximas semanas al equipo de derechos humanos del gobierno de López Obrador, junto a otras como las directrices para una Comisión Nacional de la Verdad y la iniciativa de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.

Primero, ¿quiénes serán consideradas víctimas?

La situación de violaciones masivas a los derechos humanos en México obliga a que se atienda a las víctimas también masivamente,  y no sólo en casos individuales, explica el documento.

Un primer paso en el diseño de un programa de reparación es definir entonces a quiénes se considerará como las víctimas a reparar. Por su carácter de emergente, los colectivos plantean que se enfoque en los actos de violencia más graves:asesinatos, desapariciones, tortura, tráfico de personas, violencia sexual y lesiones que hayan dejado a alguien discapacitado.

“En el programa no se analizarán de forma específica el quién, cómo y dónde. Tampoco se exigirán mayores evaluaciones médicas de los daños. El objetivo central será reparar a las víctimas que sufrieron la misma violación en un determinado contexto”, precisa.

Para evitar las revictimizaciones, propone que las exigencias para probar que alguien merece ser considerado sean mínimas, partiendo del principio de buena fe, siempre con la opción de revisar cualquier irregularidad.

El siguiente paso es registrar a las víctimas. Los colectivos sugieren que el Estado tenga la obligación de crear un registro de quiénes sufrieron violaciones graves de derechos humanos, acudan o no a las instancias propuestas.

A quienes se presenten a pedir reparación, sólo se les pediría demostrar quiénes son y que su relato coincida con lo que se ha catalogado como violaciones, sin necesidad de tener representantes. Para eso, se les hará una entrevista que la propuesta define como “digna y cercana al dolor”, y que garantice una respuesta en poco tiempo.

Además, todas las víctimas que ya estuvieran registradas ante la CEAV y que entren en los tipos de violaciones considerados para este programa, pasarían automáticamente al nuevo registro.

¿Qué es la reparación y cómo se puede hacer?

La propuesta señala que la reparación tiene que servir para que la persona que fue víctima pueda volver a ser parte de la sociedad con dignidad y en igualdad de condiciones.

Un punto fundamental, sobre el que se hace énfasis varias veces, es que la reparación no es tal si no hay, además, verdad sobre los hechos ocurridos, justicia y garantías de que no se repetirán.

Los colectivos reconocen que el sistema jurídico mexicano ya prevé los estándares más altos de reparación, gracias a normativas como la Ley de Víctimas, aprobada en 2013 y reformada en 2017. El problema, dicen, es que esos ideales planteados en las leyes no se han garantizado en la práctica.

Por ejemplo, de la CEAV pocas víctimas han recibido realmente reparación por esa vía, y quienes sí son usuarios tampoco están satisfechos con cómo aplica las medidas.

“Dentro de los principales problemas se encuentran: clientelismo, abusos, discriminación, falta de acceso, falta de presupuesto a nivel local y registros alterados, entre otros. El otro gran problema que presenta este programa es la diferencia en trato que reciben las víctimas estatales en relación con las víctimas federales”, advierte el documento.

La propuesta señala que hay varias áreas en las que se tiene que actuar: soluciones económicas mediante pensiones para las víctimas, formas de rehabilitación en salud y en apoyo psicosocial y emocional, becas estudiantiles en el caso de hijos afectados, asistencia jurídica para resolver problemas de sucesiones, seguros y acceso a programas sociales. Para todo ello tendrá que haber convenios entre distintas dependencias públicas.

Y en todos los casos, contar con herramientas de monitoreo, seguimiento y reevaluación para mejorar a futuro.

La implementación del plan

Los colectivos proponen crear un programa emergente que sea sencillo, accesible, y que dé resultados en el corto plazo, mientras las personas siguen su camino de búsqueda de verdad y justicia. Por ello, advierten que aunque sea un programa administrativo, no debe caer en sólo repartir dinero.

“El éxito del programa de reparación dependerá de su capacidad de ser percibido por las víctimas como un derecho y no como donativo o ayuda financiera”, remarca el texto.

Por respeto y dignificación a las víctimas, son ellas quienes deben decidir cuál es la vía más apropiada para tener reparación, agrega. De modo que si no están satisfechas con la atención de programas administrativos, pueden insistir en la vía judicial.

“La idea es que el programa otorgue a las víctimas beneficios reales en términos de acceso a la reparación que permitan restaurar su confianza en el gobierno”, apunta.

Es importante que el plan logre legitimidad, advierte el documento, es decir, que las víctimas y la sociedad en general lo perciban como justo y adecuado. Por ello, también debe ser transparente, y dejar claros sus objetivos y alcances.

“No se debe prometer más de lo que se puede cumplir. Las víctimas ya se encuentran decepcionadas por el Estado. Una política de reparación no realista puede suponer otra decepción que no repare sino aumente el daño a las víctimas”, afirma.

Para que funcione, los colectivos piden al gobierno hacer una estimación del número aproximado de víctimas que habrá que atender y cuánto dinero será necesario para eso, bajo una idea de “realismo y simplicidad”.

Además, considerar medidas de protección en ciertos casos, para que las personas no teman ser perseguidas por acudir al gobierno como víctimas.

Todo lo anterior, explican, no debe funcionar como una medida aislada, sino dentro de la búsqueda de verdad y justicia. De otro modo, los colectivos piden que no se le llame programa de reparación, sino simplemente ayuda humanitaria para víctimas.

 

* Fuente: ANIMAL POLÍTICO

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