*Resumen Latinoamericano / 5 de diciembre de 2018.

Dos trabajadores e integrantes de la Confederación de la Economía Popular (CTEP) fueron asesinados en menos de 48 horas. Las balas que mataron a Rodolfo Orellana y Jesús Soria, fueron por la espalda en medio de intervenciones policiales. Esto, sin embargo, no paralizó ni conmocionó al país.

Ilustración: Reme Almanza.

En menos de 48 horas dos militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) fueron asesinados. El primero ocurrió en un intento de toma de tierra en Ciudad Evita, partido de La Matanza; el segundo fue nuevo caso de gatillo fácil, en un barrio popular al sur de la ciudad de Córdoba.

La CTEP es hoy una de las organizaciones más grandes del país, con alrededor de 200 mil integrantes, que en medio del ajuste perpetrado por el gobierno de Mauricio Macri crean trabajo donde no lo hay: En ella conviven trabajadores informales como carrerxs, cartonerxs, trabajadores textiles, productores rurales y manterxs.

La muerte golpeó dos veces en el mismo sector y en menos de dos días, por eso algunos, como Juan Grabois -uno de los referentes de la CTEP- se niegan a creer en casualidades. Los casos, sin embargo, no lograron trascendencia mediática, ni conmovieron al pueblo argentino.

Balas por la espalda

La bala de plomo que ingresó por la espalda y salió por la nariz de Rodolfo Orellana, le quitó la vida al instante. Un video que filmaron sus compañeros muestra la desesperación que vivieron esa madrugada del jueves 23, cuando en un intento de toma de tierra en el Puente 12 de Ciudad Evita, la policía reprimió y se cargó la vida de otro trabajador.

Todavía bajo la luz tenue del amanecer, el cuerpo de Orellana no respondía y se dejaba caer con su rostro ensangrentado. Los testigos coinciden en señalar a una policía rubia como la principal sospechosa de haber disparado contra el militante.

Las primeras versiones sobre el hecho hablaron de un “enfrentamiento” entre dos grupos de vecinos de la zona, pero con el correr de las horas el propio Ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, y el Procurador General, Julio Conte Grand, aclararon que Orellana había muerto por un disparo y que se estaba analizando la posible responsabilidad policial.

Por ahora no hay uniformados imputados, apartados de sus puestos o sancionados por el crimen del trabajador textil. Pero tampoco se detuvo a ningún civil. Todo indica que se trata de un nuevo caso de represión con un saldo trágico para el pueblo.

En la zona donde cayó “Roland” -como le decían afectuosamente-, se encuentra un complejo de hectáreas en desuso, a pesar de que el acceso a la vivienda es una de las principales emergencias en un país que, como señala el Centro de Estudios Legales y Sociales, tiene déficit habitacional.

“El conflicto que derivó en la muerte de Orellana se inscribe en el contexto de miseria generalizada, de un negociado inmobiliario y de la desidia del Estado sobre tierras fiscales ociosas”, fue parte del comunicado que lanzó la CTEP.

Sin embargo, cuando todavía no se terminaba de llorar esta muerte, una noticia proveniente de Córdoba heló la sangre otra vez. Jesús Soria, integrante del Encuentro de Organizaciones que también integra la CTEP, había sido asesinado por la policía en un hecho confuso, que más tarde sería interpretado como un nuevo caso de gatillo fácil.

Soria recibió un tiro por la espalda cuando intentaba huir de una golpiza policial en el barrio Angelelli II, al sur de la Córdoba capital. Él trabajaba en la huerta “Entre Todos”, una de las unidades productivas del colectivo de organizaciones, y según se supo “había sido previamente golpeado de manera brutal en un descampado, en posición de rodillas, por parte de dos uniformados”, según relataron sus compañerxs en un comunicado.

“Cuando intentaba escapar, Marcos se refugió brevemente en un corral de caballos. Al salir de allí, recibió un tiro por la espalda por parte de los mismos uniformados, señalados por lxs vecinxs de maltratar y torturar a les pibes del barrio”, denunciaron desde su organización, quienes además agregaron que su cuerpo fue retirado del lugar tres horas después, “tiempo suficiente como para modificar la escena del crimen”.

También señalaron que los vecinos del barrio fueron “amenazados” por los uniformados y por el jefe del operativo. Por esa razón, todavía el gobierno local se niega a brindar la información pública para ocultar los nombres de quienes participaron del asesinato de Soria.

“Mataron a otro compañero en Córdoba. Trabajaba en una huerta del EO de Córdoba. Nunca creí en teorías conspirativas, pero hace tiempo que no creo en casualidades. Esto ya no se aguanta. ¡El Gobierno es responsable!”, fue el repudio de Grabois tras conocer la noticia. Luego, el pasado 26 de noviembre marcharon en Capital Federal 60 mil personas para pedir esclarecimiento y justicia por las muertes de los dos militantes.

La doctrina Chocobar en acción

Las muertes de Orellana y Soria se inscriben en una nueva etapa política, en donde el Estado está decidido a reprimir la protesta social y todo tipo de manifestación de las organizaciones sociales y políticas. Esto se visibiliza con mayor claridad luego de que el gobierno haya oficializado la resolución 956/2018 que habilita a las fuerzas de seguridad a disparar por la espalda “en caso de fuga” o incluso cuando el “sospechoso” utilice un arma de juguete.

Estos hechos recuerdan los asesinatos de Rafael Nahuel y la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Casos que fueron comandados y encubiertos por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Mientras la sociedad observe indiferente estos hechos y no se identifique con su verdadera procedencia de clase trabajadora, mientras se voten verdugos y no se participe para construir una patria más justa, al gobierno de Mauricio Macri continuará sin preocuparle el costo de la sangre derramada.

*Fuente: La Trama

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La historia detrás de la toma de tierras en Ciudad Evita: 40 hectáreas de negocio y sangre

*Por Matías Ferrrari / 5 de diciembre de 2018.

La muerte de Rodolfo Orellana pudo haberse evitado si la AABE hubiera impedido el loteo ilegal de las tierras que administra. Más que de negligencia, se sospecha de un negociado que incluye a varios actores, entre ellos la propia Bonaerense.

A más de una semana del fusilamiento de Rodolfo Orellana durante una toma de tierras en Ciudad Evita, la mira de lxs abogadxs que representan a la familia del militante de la OLP asesinado no sólo está puesta en determinar desde qué arma salió el disparo que lo mató por la espalda -según los testigos, la que disparó fue “una efectiva mujer, rubia” de la Policía Bonaerense-, sino también en desentrañar el entramado de intereses detrás de la disputa por los terrenos donde se desató la represión. No se descarta, por ahora, la hipótesis de que la Bonaerense tuviera sus propios negocios en complicidad con las dos personas señaladas por las organizaciones, Rolando Pardo e Isabel Carballo, como quienes loteaban y vendían terrenos que no eran suyos para estafar a familias de la zona que padecen la necesidad urgente de techo y tierra.

“Por los elementos que fuimos recabando, no descartamos tanto que haya sido una represión estatal más, que terminó con el fusilamiento de Rodolfo, como que la propia policía haya actuado de acuerdo a sus vínculos con las personas que manejaban los terrenos”, aseguraron a El Grito Del Sur desde la Gremial de Abogadxs, organización que lleva adelante el caso. “Incluso, por lo que nos dijeron lxs testigxs, sabemos que determinada gente encargada del lugar les decía a los propios policías apuntale a éste, a aquél, es por acá o por allá”, afirmaron.

Hasta ahora, hay dos causas penales: una por usurpación, en el marco de la cual fueron detenidos cuatro militantes de CTEP y vecinos que participaron de las tomas, todos liberados ayer; y una segunda por el homicidio de Orellana. El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, afirmó 24 horas después del hecho que había sido una bala la que mató a Rodolfo; mientras que el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, reconoció que pudo haber sido un “mal accionar policial” el que desató la tragedia.

El conflicto por el destino de esas tierras no empezó el jueves. Tiene por lo menos tres años: ya en 2015, la Bonaerense había intentado desalojar a otro grupo de familias, que resistió la represión y logró quedarse en los terrenos que habían comprado de buena fe.

Conocido como el “barrio de lxs italianxs”, las 40 hectáreas del terreno ubicado a la altura de Puente 13, a la vera de la Autopista Ricchieri, son propiedad del Estado y son administradas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), cuyo titular es Ramón Lanús. El terreno está dividido en tres secciones: A, B y C. En el sector B viven hoy 55 familias, cuyo título de propiedad fue reconocido a partir de una mesa de diálogo entre la AABE, las organizaciones sociales del barrio y la APDH de La Matanza. Está censado desde 2016 como parte del relevamiento de Barrios Populares realizado por la ANSES y los movimientos populares. Es uno de los 144 barrios precarios sin servicios del distrito y, como sucede en buena parte de la geografía del conurbano, convive a un lado con los muros de un barrio privado y al otro con uno de los más grandes asentamientos de la zona oeste, que bordea el Río Matanza.

“El barrio lo construyeron las familias sin ayuda del Estado. Con su propio esfuerzo. Resistiendo presiones, amenazas, desalojos y violencia permanente”, describió Iber Mamani, militante de Patria Grande y miembro de la comunidad boliviana de Villa Celina.

La toma del jueves se produjo en el sector C del terreno, que es además un sitio arqueológico de valor histórico, simbólico y cultural del pueblo querandí, por cuya conservación vela la agrupación Tres Ombúes. En ese mismo lugar realizaron durante décadas ceremonias y encuentros en memoria de sus antepasados, hasta que en 2015 Pardo les impidió el ingreso, tirándoles piedrazos y a punta de pistola. “El tipo se maneja como el dueño del lugar, amenaza a cualquiera que quiera ingresar y nadie hace nada”, relató Delia Claros, de Tres Ombúes.

LA AABE MIRA PARA OTRO LADO

Para Mamani hay una responsabilidad institucional en la muerte de Orellana, que se pudo haber evitado. “La AABE sabía que tanto Pardo como Carballo siguieron durante años loteando y vendiendo las tierras. Si se seguía estafando gente y las tierras seguían con irregularidad en la propiedad, ¿cómo no era previsible que se desatara una toma de tierras?”, se preguntó.

En ese punto coincidió Beatriz Capdevilla, secretaria de la APDH La Matanza. “Nosotros le advertimos a la AABE que esto podía pasar. Reclamamos que el terreno sea cercado y señalizado, y que se haga una campaña pública desalentando el loteo y posibles tomas. Nunca hicieron nada”, subrayó.

Las organizaciones resaltan además que presentaron varias denuncias al respecto antes de la tragedia. “Desde el MTE hemos denunciado el negociado inmobiliario de Pardo y Carballo en reiteradas oportunidades. Por ese motivo, nuestros compañeros de allí, nuestro militante Iber Mamani y los vecinos del barrio han recibido distintas amenazas. Prueba de ello es la denuncia presentada junto a abogados de la APDH Matanza el 14/11. La Fiscal General de La Matanza recibió a la APDH y dio curso a la denuncia realizada por las amenazas recibidas. Extrañamente, hoy se producen estos hechos”, resaltaron en un comunicado previo a la conferencia de prensa que brindaron el viernes, tras la muerte de Orellana.

Hasta ahora, el titular del organismo, Ramón Lanús, no pronunció una sola palabra pública en relación a lo sucedido. Sobre él y el organismo que conduce pesan varias de las causales que desataron en la toma y la posterior represión y muerte de Orellana. La AABE sabía que Pardo y Carballo loteaban y vendían terrenos que son propiedad del Estado; las 40 hectáreas no estaban debidamente señaladas y Pardo seguía ejerciendo violencia y manejando el territorio.

Mientras tanto, varios militantes y vecinos de la zona denuncian que siguen siendo amedrentados y perseguidos. Hasta hoy, una semana después, los cinco hijos que dejó Orellana siguen sin poder velarlo.

*Fuente: El Grito del Sur

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“NO FUE UN ENFRENTAMIENTO, LA POLICÍA NOS DISPARÓ CON TODO EL ODIO DEL MUNDO Y NOS TRATÓ COMO ANIMALES”

*Mirian Calizaya fue reprimida por la policía en las tierras en la que mataron con balas de plomo al trabajador textil de la CTEP Rodolfo “Ronald” Orellana. Esa misma noche se la llevaron detenida: estuvo cinco días incomunicada y sin comer. Y separada de su beba.

*Fuente: Revistra Cítrica