Uruguay: Entre 17 casos analizados por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio se prevé posible sanción contra Luis Almagro

Resumen Latinoamericano*, 4 de diciembre de 2018.

Fueron divulgados los 17 casos del Tribunal de Conducta Política que, junto a los de De León y Sendic, deberá analizar el Frente Amplio.

En un lapidario fallo conocido este lunes, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (TCP) concluyó que el senador Leonardo De León (Lista 711), en su condición de presidente de Alcoholes del Uruguay (ALUR) tuvo acciones que “comprometen seriamente su responsabilidad ética y política”, habiendo incurrido en “múltiples actos indebidos en perjuicio de su empresa y del interés y patrimonio públicos”.

Junto con el dictamen correspondiente al líder de su sector, Raúl Sendic, serán los principales asuntos a tratar por el Plenario Especial que el oficialismo realizará el sábado 15, y que podría derivar en la inhabilitación política para ambos dirigentes.

No serán los únicos puntos del día. Otros quince fallos qué estarán en carpeta, algunos con más de un año de elaborados, se conocieron en las últimas horas.

El Plenario deberá analizar la actuación en Diputados de Darío Pérez, el renunciante Sergio Mier y el ya fallecido Víctor Semproni en ocasión de la votación de la ley de Presupuesto en octubre de 2015.

En contra de lo dispuesto por la bancada, los tres legisladores se negaron a votar dos artículos del proyecto, uno de los cuales implicaba el pasaje de la Policía Caminera a la Guardia Republicana.

Su actitud generó que dichas disposiciones no fueran aprobadas.

Para el TCP, su conducta constituyó una “infracción” a sus deberes conforme a las normas que rigen la actuación de los legisladores del Frente Amplio.

El Plenario deberá definir además una sanción contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su calidad de adherente a la coalición, en relación a una serie de manifestaciones que atañen al principio de no intervención.

El ex canciller, antiguamente vinculado al MPP, se refirió a mediados de diciembre a la situación interna de Venezuela y declaró que ”en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”, generando una amplia repercusión internacional.

El TCP sostuvo que dichas declaraciones son violatorias de la propia Carta Orgánica de la OEA, un organismo tradicionalmente “encargado de convalidar” las “agresiones” de Estados Unidos en América Latina.

Las aclaraciones posteriores de Almagro resultaron insuficientes para el tribunal, para el que el ex secretario general siempre dejó la puerta abierta a una intervención.

Una posición inequívoca y absolutamente incompatible con los principios que sustenta el Frente Amplio en materia de derecho internacional.

En un dictamen previo, el Tribunal consideró el régimen jurídico del secretario general de la OEA y concluyó que la particularidad excepcional de ese régimen impedía al Frente Amplio juzgar su conducta mientras permaneciera en el desempeño de su cargo.

Sin embargo se entiende que la inhibición a que entonces hizo referencia tiene que ponerse en tela de juicio cuando la infracción de que se trata supone el desconocimiento del propio sistema jurídico interamericano en uno de sus pilares más inconmovibles.

Por lo tanto, para el TCP no existe en este caso impedimento para que el Frente Amplio se pronuncie sobre la conducta de Luis Almagro y su relación con las normas y principios que el Frente sustenta.

“Los actos reseñados pueden considerarse la violación más grave de esos principios que cabe imaginar en el ejercicio de la altísima función que tiene a su cargo”, se concluyó.

El Plenario deberá considerar también la conducta del ex diputado Gonzalo Mujica, que ya no pertenece más al Frente Amplio.

El ex legislador fue derivado al Tribunal luego de desconocer un mandato imperativo y votar, junto a la oposición, una comisión investigadora que pretendía indagar en los negocios entre Uruguay y Venezuela.

Eso fue en julio de 2016, y se sumó a declaraciones públicas del diputado donde ponía en duda su permanencia en la coalición.

Las conclusiones del Tribunal fueron que Mujica incumplió el deber que le imponía el reglamento interno de la bancada, incurriendo en una infracción.

El Tribunal también había indagado en los hechos imputados públicamente a la ex senadora comunista Michelle Suárez, procesada penalmente en abril de este año por delitos cometidos en el ejercicio de su profesión de abogada.

El TCP tomó de oficio el caso a principios de mayo, pero el 25 de ese mes Suárez envió su renuncia como adherente de la fuerza política.

De todas formas el informe será elevado al Plenario a los efectos de que los antecedentes se tengan en cuenta si la ex legisladora pretende reingresar a la coalición.

Uno de los dictámenes del Tribunal absolvió de responsabilidades al dirigente de la Vertiente Artiguista, Daoiz Uriarte, en relación a una serie de determinados gastos efectuados cuando fue vicepresidente de OSE.

El informe, elaborado a pedido del propio involucrado, señala que Uriarte solicitó a la Administración de OSE la documentación referente a su uso de la tarjeta corporativa y partidas en efectivo que le fueran entregadas en relación con el ejercicio de su cargo, a lo que se dio cumplimiento.

Analizada dicha documentación, “surge de ella que el compareciente ha actuado dentro de los límites fijados por la reglamentación que le era aplicable”, y que los gastos efectuados con cargo a la tarjeta corporativa de que disponía o mediante el uso de las sumas recibidas en efectivo, se relacionaron con la función pública que ejercía y, de no ser ese el caso, fueron reintegrados en el acto de realizarse las respectivas rendiciones de cuentas.

Fuente: Ecosuy

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