Argentina: Las justificaciones de Bullrich sobre su nueva doctrina que legaliza el gatillo fácil

Resumen Latinoamericano / 4 de diciembre de 2018. La ministra de Seguridad dijo que confía en el uso “mesurado” de la nueva doctrina que habilita a las fuerzas de seguridad a disparar frente a cualquier “peligro inminente” y remarcó que será cada agente quien evaluará “si hay riesgo”. Bullrich afirmó también que hasta ahora teníamos una “Policía de brazos caídos” y que existe “una ideologización del gatillo fácil”.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió el nuevo protocolo de uso de las armas de fuego para las fuerzas de seguridad que habilita a policías y demás agentes a disparar, hasta por la espalda y sin dar la voz de alto, cuando se considere que exista un “riesgo inminente”. La flexibilización del uso de la fuerza forma parte de la nueva doctrina de seguridad que el Gobierno defiende como bandera. “La evaluación la hace el policía. Este reglamento es para que el policía pueda defender a la gente”, aseguró la ministra que volvió a defender al agente Luis Chocobar y advirtió que existe “una ideologización del gatillo fácil”.

Para Bullrich, el nuevo protocolo le da un marco “claro” para la actuación policial. “Hemos tenido casos en donde el no uso de las armas de fuego ha matado gente. Partimos de una Argentina donde a la gente la matan los delincuentes. El problema de violencia que tenemos es del delincuente que no valora al ciudadano”, justificó la ministra la mano dura, sin dar a conocer otras cifras de las muertes causadas por los uniformados. “El 99 por ciento de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente”, insistió al mencionar una cifra que no justificó.

La ministra negó que este nuevo reglamento sea una vía libre hacia el gatillo fácil ya que confió en el uso “mesurado” de esta doctrina por parte de los agentes, que sólo usarían el arma “para proteger a la gente”. “Hasta ayer los gendarmes tenían que esperar que primero les abran fuego, primero usar su fuerza física, hacer judo y como última opción el uso del arma. El reglamento era de falta de protección para el agente”, señaló Bullrich, en declaraciones a Radio Con Vos.

Según esta nueva doctrina, los propios policías serán los encargados de juzgar si usar o no el arma de fuego, de evaluar si existe ese “peligro inminente” a partir de su subjetividad. “La evaluación la hace el policía”, fue firme Bullrich, que volvió con la defensa de Chocobar, el policía que mató a un ladrón mientras escapaba, luego de atacar a un turista con un cuchillo. “El policía es quien evalúa si hay riesgo. No se puede decir que si se está escapando ya no hay peligro. Este reglamento es para que los policías puedan defender a la gente”, defendió Bullrich.

Para Bullrich, esta nueva doctrina tuvo ya sus resultados positivos: “Estamos en el año con menos policías muertos. Con la doctrina anterior se despedía a dos agentes por mes en el cementerio de la Chacarita. Este año despedimos a siete”. Según Bullrich, las muertes a los civiles también disminuyeron a 14 durante este año.

La ministra, sin embargo, desconoció las cifras de gatillo fácil que miden los organismos especializados en violencia institucional y denunció “una ideologización” de esta práctica. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en 2017, hubo 258 víctimas de gatillo fácil. Bullrich desestimó esa cifra, que incluso fue menor que la de 2015, ya que no toma condenas firmas. “Si queremos que las fuerzas de seguridad actúen defendiendo a la sociedad tienen que poder saber que hay principios generales que los protegen”, defendió a los uniformados.

La ministra lanzó que el país viene de “una vieja historia, la dictadura, que le fue sacando la capacidad de acción a la Policía hasta que llegamos a una Policía de brazos caídos “.

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CELS: “El Ministerio de seguridad promueve el uso abusivo de la fuerza letal y debilita los controles policiales”

Por Centro de Estudios Legales y Sociales

El Ministerio de seguridad promueve el uso abusivo de la fuerza letal y debilita los controles policiales

El gobierno nacional publicó hoy la resolución 956/2018 que establece un reglamento del uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales. La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior. Luego de haber derogado el Programa de Uso de la Fuerza y debilitar los controles internos, con esta nueva medida el gobierno busca evitar también el control judicial.

A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes.

El Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, que forma parte de la legislación nacional a través de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, refiere al uso de armas de fuego como una medida excepcional y extrema. La resolución ministerial modifica ese enfoque al habilitar una serie de situaciones claramente no excepcionales en las que se podría usar el arma.

Por ejemplo:

– Se pierde la noción de proporcionalidad al habilitar el uso de armas de fuego contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas.

– La amplitud de situaciones que son caracterizadas como de “peligro inminente” habilita el uso de la fuerza letal contra personas que están huyendo o que forman parte de un grupo en el que hay una persona armada.

– En algunos casos, los policías podrían saltearse garantías tan básicas como el principio de inocencia. Esto ocurre, por ejemplo, porque se otorga la posibilidad de disparar a personas que los policías suponen que podrían haber cometido un delito y se estén dando a la fuga, como ocurrió en el asesinato del niño Facundo Ferreira en Tucumán.

– El nuevo reglamento no expresa que aun cuando se utilicen las armas de fuego los funcionarios deben reducir al mínimo los daños y lesiones y proteger la vida humana, como indican los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que la propia resolución invoca en los considerandos.

– Tampoco explicita que se deberá hacer lo posible para excluir el uso de armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes, como indica el Código de la ONU.

Además de elevar las amenazas a la vida y la integridad, la resolución es un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ya que busca limitar al máximo la capacidad de este último de ejercer su tarea de control del accionar policial.

En la situación actual, los jueces son los que interpretan la normativa y los estándares de uso de la fuerza y deciden en cada caso. El nuevo reglamento recorta las facultades de los jueces para establecer posibles conductas ilegales ya que encuadra como “cumplimiento de deberes” una amplísima gama de situaciones de uso de la fuerza letal que hoy son consideradas como irracionales y excesivas, intentando así eximir de responsabilidad al funcionario a priori. Las facultades que se le quitan a los jueces son en buena medida transferidas al propio policía: el carácter amplio de las definiciones del reglamento implica que casi cualquier cosa pueda ser justificada como un “peligro inminente” por parte de los funcionarios policiales. Estos fueron los argumentos utilizados por el Poder Ejecutivo para defender la actuación del policía Chocobar y que fueron rechazados en la investigación judicial.

De este modo, en un aspecto central del gobierno político de las fuerzas, el Poder Ejecutivo nacional renuncia a profesionalizarlas y transformarlas en policías democráticas. Por el contrario, pretende neutralizar cualquier tipo de control sobre la actuación policial. Esta decisión se alinea con otros mensajes políticos y medidas del Ministerio de Seguridad de la Nación orientados a alentar el uso de armas de fuego (policial y civil) y a evitar que las fuerzas de seguridad rindan cuenta de sus acciones. Esto traerá aparejado mayores niveles de violencia estatal y social.

Fuente: ANRed

 

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