Argentina. Resumen gremial y social. Una trabajadora de Nordelta es obligada a bajar de un colectivo-El apartheid por dentro/ Reclamo de la ONU por la fórmula de movilidad previsional/ Vuelven a parar los docentes bonaerenses/ Empresarios pymes reclamarán en el Congreso por la crisis terminal del sector/ La verdad detrás de los despidos en Siam: ¿una estafa al Estado?… (más información)

Resumen Latinoamericano/ 03 de diciembre 2018.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

 

Una trabajadora de Nordelta es obligada a bajar de un colectivo

Otra muestra del apartheid

Luego de denunciar públicamente que a los trabajadores del barrio Nordelta no les permiten viajar en los mismos colectivos que usan los propietarios, una empleada grabó con su celular el momento en que es obligada a bajar del micro. “Cumplo órdenes de la empresa”, fue la excusa del chofer.

“Ahí está viniendo, está en el golf. En serio te estoy hablando”, le dice el chofer del móvil 309 de la empresa Mary Go, la línea de combis que ingresa al barrio cerrado, a una trabajadora que quiere tomar el colectivo.

Enojada, la trabajadora responde que las “viven discriminando”. “Eso es lo que hacen siempre”, le dice al conductor mientras baja del micro y le avisa que lo está filmando. El chofer intentó justificarse diciendo que no permitir el viaje de empleadas domésticas es una “orden de la empresa”.

Semanas atrás las trabajadoras de Nordelta denunciaron que no tienen ningún tipo de transporte público para llegar a sus lugares de trabajo adentro del barrio y que la única forma de viajar es con la empresa de combis Mary Go. Sin embargo, la empresa de transporte no las deja subir a los mismos colectivos a pedido de los propietarios que se quejaron de las empleadas por “tener mal olor y hablar mucho”.

“Compañeras han escuchado a sus patronas hablar por teléfono o tener reuniones con otros vecinos donde decían que no querían viajar con nosotros por nuestra forma de vestir, porque hablamos mucho de nuestra vida cotidiana, porque algunas hablan guaraní y porque tenemos mal olor”, relató una de las trabajadoras a Página/12.

Luego de hacerse pública la denuncia, con los argumentos racistas y discriminatorios de los propietarios de las casas y la empresa de transporte, el intendente de Tigre, Julio Zamora, presentó un proyecto para que la línea de colectivo 723 desvíe su recorrido e ingrese al barrio privado, algo que los dueños de las casas siempre intentaron evitar.

 

Reclamo de la ONU por la fórmula de movilidad previsional

Naciones Unidas alerta por la crisis previsional

El Gobierno oficializó el aumento de jubilaciones y pensiones para diciembre, del 7,78 por ciento, que lleva el haber mínimo a 9309 pesos. En el año la actualización quedó en 28,8 por ciento, unos 20 puntos menos que la inflación. Críticas de la ONU al nuevo método de cálculo.
"Al Comité le preocupa que, en el marco del acuerdo con el FMI, el gobierno prevé más recortes del gasto social", señala el informe de ONU.
«Al Comité le preocupa que, en el marco del acuerdo con el FMI, el gobierno prevé más recortes del gasto social», señala el informe de ONU. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su preocupación por el impacto negativo de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada a finales del año pasado. La Anses oficializó el último aumento del año en las prestaciones de la seguridad social. Con la suba del 7,78 por ciento dispuesta para diciembre la jubilación mínima alcanzará a 9309,10 pesos. Los haberes previsionales acumularon así un incremento del 28,8 por ciento durante 2018. Las consultoras privadas estiman que la inflación del año rondará entre 45 y 50 por ciento, por lo cual los jubilados y pensionados habrán experimentado una profunda pérdida de poder adquisitivo de hasta 20 puntos porcentuales. El presidente Mauricio Macri desestimó la posibilidad de otorgar un bono de fin de año al sector. Al descartar la medida alegó restricciones presupuestarias (ver aparte).

«El Comité está particularmente preocupado por el impacto negativo que la reforma previsional de 2017 tiene en la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares», expresa el documentos del grupo de expertos de Naciones Unidas, que insta al gobierno a «restablecer el cálculo de actualización» previsto en la ley anterior. Tras la aprobación en el Congreso de la reforma previsional a fines de 2017, en medio de una brutal represión, desde el 1° de marzo de este año la movilidad se determina en un 70 por ciento por las variaciones del índice de Precios al Consumidor del Indec y en un 30 por ciento por el coeficiente que surja de un índice salarial elaborado por la Secretaría de Trabajo (el Ripte).

Los responsables del informe «Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina» exigen «condicionar todas futuras medidas sobre pensiones al respeto del principio de no-regresión en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los beneficiarios, en particular en cuanto a las pensiones no contributivas y pensiones por discapacidad». El documento remarca su preocupación por «la masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad sin adecuada garantía del debido proceso». Ante ese escenario los responsables del informe recomiendan «restituir las pensiones canceladas».

Pero los señalamientos del Comité de la ONU exceden a la seguridad social. El informe cuestiona además el programa de austeridad fiscal comprometido con el FMI. «Al Comité le preocupa también que, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno prevé un objetivo de déficit cero para 2019, agudizando el recorte del gasto social», expresa. Entre los sendos cuestionamientos a la política económica figura también «la masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad», «el aumento en el desempleo» y «la degradación de ministerios claves para la implementación de derechos».

El ex director de la Anses, Miguel Fernández Pastor, destacó que «Naciones Unidas se ha hecho eco de los distintos reclamos efectuados por todos los sectores y en particular por aquellos que, afectados por la política de saqueo implementada por el actual gobierno, ven menguar día a día los escasos recursos de sus prestaciones». Para Fernández Pastor, «la mayoría de estas políticas se pudieron aplicar por la impúdica complicidad de los jueces de la Seguridad Social y hoy de la Corte Suprema». A través del Boletín Oficial, la Anses oficializó el último aumento del año para los jubilados, que colocó la mínima en 9309,10 pesos mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en 7447,28 pesos. Con el último ajuste, la Asignación Universal por Hijo llega a 1827 pesos mensuales.

 

El director de la compañía recibió a los gremios

El Gobierno busca distender el conflicto en Aerolíneas

El Gobierno busca distender el conflicto con los gremios aeronáuticos. El director de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, recibió a los dirigentes de los seis sindicatos de la línea de bandera, a los que aseguró que AA no va a ser privatizada y, por el contrario, «va a agrandarse». En el encuentro también prometió que la empresa hará una oferta a los trabajadores por la aplicación de la cláusula gatillo de la paritaria 2017-2018, lo que implica un reconocimiento de la deuda por la que se inició el conflicto. Los sindicatos se mostraron críticos del plan de negocios que Malvido aseguró tener para Aerolíneas, que consideraron una exposición «sin detalles, «sin sustento» y «contradictoria», pero ratificaron su disposición al diálogo.

El encuentro tuvo así una función de oxigenar el clima entre los trabajadores y la dirección de AA, evitando en el corto plazo nuevas medidas de fuerza. Sin embargo, los motivos de fondo del conflicto siguen sin resolución. El presidente de AA insistió en que la paritaria 2018-2019 tienen que discutirse modificaciones «del marco laboral que hacen a la productividad», eufemismo que señala la intención de flexibilizar condiciones de trabajo, que los gremios volvieron a rechazar. Por otra parte, anunció que la empresa dejará sin efecto las suspensiones a los que participaron de la última medida de fuerza, pero supeditado «a que no haya nuevas medidas».

Participaron de la audiencia dirigentes de los pilotos (APLA, de Aerolíneas, y UALA, de Austral), técnicos aeronáuticos (APTA), tripulantes de cabina (AAA), personal de mostradores (APA) y jerárquicos (UPSA). Los seis sindicatos comparten tres grandes temas de reclamo. El más macro es el rechazo a la política aerocomercial de Cambiemos, a la que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, llama «la revolución de los aviones»: una política de cielos abiertos acompañada del abandono de rutas aéreas por parte de AA y recortes de vuelos de cabotaje en beneficio de las low cost. «La dirección de Aerolíneas ni siquiera se presentó a las audiencias públicas a hacer una defensa de sus rutas», remarcan.

El segundo tema abierto es la paritaria en la que se tiene que acordar la nueva pauta salarial a partir del 1 de octubre.

En tercer lugar está el no pago de la cláusula gatillo del acuerdo paritario de 2017, por la que los sueldos de octubre debieron tener un aumento del 6,5 por ciento. AA no liquidó esa recomposición alegando que la cláusula había vencido el 30 de septiembre. Ahora continúa sin reconocer su vigencia, pero accede a destrabar la situación haciendo una propuesta de pago.

El reclamo por la aplicación de la cláusula gatillo generó en noviembre una jornada de retención de tareas coordinada por los seis gremios, que provocó demoras y cancelaciones en los vuelos de todo el país. La empresa respondió con la suspensión de 376 trabajadores.

«Aceptamos suspender la aplicación de las sanciones a quienes participaron de la medida; pero esto será mientras continúe la paz social», declaró Malvido. Agregó que quiere «sentarse a conversar sobre la competitividad, en cómo hacer que la empresa sea más competitiva». El detalle de las condiciones laborales a revisar todavía no fue puesto sobre la mesa. Sí existen como antecedente los pedidos a cada uno de los gremios, en nombre de la productividad, para que los horarios puedan ser modificados o cortados (a la manera del banco de horas esbozado en el proyecto de reforma laboral), y en el caso de los pilotos, que se reduzcan las horas de descanso entre vuelos.

«No tenemos demasiada expectativa. Las autoridades de la empresa hicieron una presentación muy ambigua de su plan de negocios, sin precisiones y contradictorio. Se habló bastante de la política aerocomercial porque están sacando unos precios irrisorios al mercado y sabemos que con esos valores AA no se sostiene», indicó Cecilia Moccia, de APA.

Pablo Biró, titular de APLA, sostuvo que «Malvido hizo una presentación donde quedó en evidencia la poca preparación que tiene para conducir la compañía. Carece totalmente de conocimientos técnicos, es errático, se contradice».

Horas antes de que se realizara el encuentro, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una resolución habilitando a la Policía Aeroportuaria a prestar servicios de rampa y operaciones en las plataformas de los aeropuertos. Aunque la autorización fue firmada inicialmente con carácter excepcional con la excusa del G20, su publicación prorrogó de hecho su uso hasta fines de mes. Para hacerlo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) apeló al argumento de que aeronavegación «es un servicio público esencial».  La amenaza del uso de policías aeroportuarios en reemplazo de trabajadores se perfila así como una nueva forma de presión en un conflicto que, lejos de quedar cerrado, está todavía en sus primeros pasos.

 

Ricardo Greene, el sociólogo chileno que estudió durante diez años la vida en Nordelta

El apartheid por dentro

Investigó el country para su tesis de doctorado. Y analizó cómo se construye la exclusividad en un lugar donde entran 7000 trabajadores por día. En particular, las empleadas domésticas, protagonistas de reclamos por discriminación.

“Sé que es muy difícil no exotizar a Nordelta. Pero lo he intentado”, reflexiona Ricardo Greene, el sociólogo chileno que hizo del megaemprendimiento inmobiliario su objeto de estudio por más de 10 años. En su tesis de doctorado en antropología visual, “Urbanizaciones privadas como aparatos de poder: raza y confort en la Argentina contemporánea”, Greene investigó los mecanismos que construyen los barrios privados para crear un modo de vida confortable, “sin otros amenazantes”.

“Los barrios cerrados se definen por ser exclusivos. Y exclusivos quiere decir excluyentes: algunos pueden entrar y otros no”, explicó el investigador, que dedicó uno de los capítulos de su tesis al sistema de transporte que utilizan las empleadas domésticas de Nordelta y a la discriminación que reciben a diario por parte de sus empleadores que se niegan a viajar con ellas por su olor, su forma de vestir y su modo de hablar.

–¿Por qué decidió estudiar las particularidades del empleo doméstico?

–Estudiar el empleo doméstico me atraía muchísimo porque es un tema vital para la cultura latinoamericana. Es el empleo que más trabajo le ha dado a las mujeres en la historia del continente. Sin embargo, es un tema que no aparece lo suficiente en los medios, que para los políticos no es importante y que la academia no ha investigado con la fuerza que debía. También me parecía interesante poder sumar a mi investigación un estudio sobre las élites, sobre las hegemonías de poder. Luego de pasar casi un año leyendo sobre este tema, decidí enfocarme en los barrios cerrados o countries, porque hacen una privatización del espacio público que invisibiliza aún más el trabajo de las empleadas domésticas, que de por sí ya está muy invisibilizado.

–¿Cuáles cree que son los motivos para que esté tan invisibilizado?

–Creo que en parte tiene que ver con que ocurre en espacios domésticos. También porque es ejercido principalmente por mujeres y en la cultura latinoamericana se piensa que el trabajo doméstico es el rol natural de la mujer. Y un tercer factor tiene que ver con un discurso de falsa familiaridad. “Yo la quiero tanto a la Rosita, es tan linda. Es parte de la familia”, repiten muchos. Pero claro, eso se da solo a nivel discursivo, porque hay un montón de lugares, ritos y acciones de los cuales están constantemente excluidas.

–¿Qué lo llevó a centrar el estudio en Nordelta?

–Hay muchísimos estudios académicos que piensan a los countries como islas de riqueza en un marco de pobreza. Visual y estéticamente es difícil pensar otra cosa. Pero a mí lo que más me interesaba observar no era tanto ese aislamiento, sino los intercambios, el mecanismo en el que las cosas entran y salen de un barrio privado. Entonces elegí Nordelta porque es uno de los que se piensa más cerrado, más autárquico, pero a la vez tiene un intercambio muy fluido de personas, de objetos y de información. Tiene cinco escuelas, una universidad, oficinas, centros médicos, un shopping, una laguna, centros deportivos, iglesias, sinagogas. En ese lugar que tiene la pretensión de ser tan autosuficiente, y que tiene tantos mecanismos de seguridad, entran más de 7000 personas a laburar. Y eso es lo que me interesaba estudiar: el sistema que funciona para establecer qué y quiénes entran y cómo funciona ese ingreso, sobre todo el de las empleadas domésticas.

–Frente a este intercambio selectivo, ¿se encontró con alguna barrera en el proceso de investigación?

–Yo llegué a la Argentina en 2008 y fue muy difícil porque no tenía contactos, y menos en las familias que viven ahí. Pasé cerca de ocho meses yendo todos los días a Nordelta desde Capital, y como no podía entrar al complejo me quedaba en los alrededores. Así empecé a conocer gente que trabajaba en la zona y empecé a pasar mucho tiempo en la parada de colectivos de Pacheco, que es donde las trabajadoras domésticas esperan la combi MaryGo para ingresar a Nordelta, ya que no entra el transporte público. Obviamente no fue fácil ser un hombre hablando en una parada con mujeres, y más siendo extranjero. Empecé a invitar a una amiga argentina que me acompañara y después a mi mujer, que estaba embarazada. Y eso ayudó muchísimo, porque las empleadas me hablaron con mayor confianza. Como a los seis meses de estar ahí todos los días llegué a algo que se llama en antropología o sociología “saturar el campo”, que es cuando uno siente que ya había visto todo. Sin embargo, yo sentía que en ese lugar pasaban muchas más cosas que las que se veían. Entonces un lunes, por primera vez, fui con la cámara y me puse a grabar. Y ahí llegaron los guardias y me amenazaron para que me fuera. También llegó la policía, que trabaja en Nordelta cuando no está de turno. Desde entonces fui una molestia para ellos.

–¿Cómo pudo llegar a las familias?

–Un tiempo después, empecé a dar clases en la Di Tella y me hice amigos que tenían conocidos en Nordelta. Recién entonces, después de ocho meses, pude empezar a trabajar con familias. Con algunos solo pude hacer una entrevista en profundidad, mientras que con otros con los que tuve más confianza trabajé varios meses. Iba a comer, tomar un té, hacer un asado. Les pedí que me hicieran un recorrido por el barrio para ver cómo lo presentaban, o que me hicieran un recorrido por su casa. Revisaba sus álbumes de foto y me mostraban su historia familiar. También pude empezar a entrevistar a personajes claves como inmobiliarios, gente de la Asociación Vecinal de Nordelta, administrativos del barrio, etc.

–¿Lo sorprendió lo que observó en ese trabajo de campo?

–Sí, porque yo todavía tenía esta idea de countries como islas. No pensé que el intercambio de lo que entraba y salía del barrio iba a ser tan desigual y jerárquico. Además, mi tesis fue mutando porque en el camino noté que había un cambio en la ética de la clase alta argentina.

–¿Qué tipo de cambio?

–Nordelta no es la aristocracia, pero es una élite. La élite del siglo XIX y XX había estado involucrada, de alguna manera, en el devenir del país. En él se jugaban el prestigio, la salvación, su vida, su nombre y el de su casa. Era gente que se preocupaba porque hubiera cierto desarrollo, ciertos logros. Obviamente, todo esto venía de la mano de la riqueza personal, pero la misma estaba involucrada con el desarrollo del país. Era una élite muy tradicional, enfocada al espacio público. Lo que yo encontré en esta élite del siglo XXI, en cambio, es que ahora se juega su vida, su salvación, en la ética del bienestar, que es la ética del confort.

–¿En qué consiste la ética del confort?

–Significa que ellos quieren dirigir su vida hacia el vivir bien, que se define por una vida confortable, con la familia, en cercanía a la naturaleza. Esta es una élite que tiene una vida mucho más cercana al espacio doméstico que al espacio público. Y esto se vincula mucho con el macrismo y con la ONG El Arte de Vivir, con una búsqueda espiritual que es mucho más individual. No se hace parte del devenir del país sino que es una salvación primero individual y segundo familiar. Los barrios cerrados se masificaron en los 90, al menos como countries. Antes existía como segunda vivienda. Pero en los 90 se masifica como primera vivienda de clase media alta. Son barrios exclusivos, y exclusivos quiere decir excluyentes. Se busca producir una vida sin grandes perturbaciones, sin grandes peligros. Por eso este enfocarse en impedir que entren cosas amenazantes.

–¿Dentro de esas amenazas que quieren mantener a raya se encuentran los trabajadores?

–Sí, totalmente. Ellos ven a los trabajadores como una amenaza. Obviamente, hay distintos tipos de trabajadores. Por ejemplo, su empleada doméstica es menos amenazante que la de otros. A su vez, las empleadas domésticas son menos amenazantes que los obreros de la construcción, que entran por otro acceso, con buses de la constructora. También hay pileteros, jardineros, profesores, guardias de seguridad, cada uno con distinto nivel de peligrosidad. Una anécdota: una vez fui a hablar con una propietaria –así se llaman a sí mismos, propietarios: la propiedad los define–, estaba enferma y no estaba la empleada doméstica. Le pregunté: “¿Por qué no está? ¿No necesitas ayuda?”. Y me contestó: “Le dije que no viniera porque estoy enferma. Ella viene de afuera, ¿Sabes los bichos que debe traer? Puede traer hasta dengue”. Hay cosas, entonces, que se traerían de afuera y que hay que controlar, porque este es un lugar seguro, confortable. No es solamente que se vayan a robar algo, es lo que traen y se llevan. Es mucho más amplio: desde los microbios hasta el guaraní, que también es visto como una contaminación o una amenaza.

–¿Qué papel juega el transporte en ese intento por controlar lo amenazante?

–Uno de los mecanismos más comunes para promover la segregación residencial tiene que ver con no dejar que llegue el transporte público. El 60 siempre ha querido ingresar pero nunca lo han dejado. Hay que tener en cuenta que la calle principal de Nordelta, la troncal, es una calle del estado. La construyó Nordelta y la cedió. ¿Cuál fue el trato que hicieron? Nordelta llegó a un convenio con el Municipio para poder tenerla cerrada por diez años a cambio de ciertas obras de infraestructura. Cuando llegó el 2010 y se cumplieron los diez años, empezó la discusión: ¿Ahora qué hacemos? Como Nordelta S.A. había vendido tantos lotes, había hecho tanta plata, no le importó mucho que la calle se abriera. Hay que distinguir a los actores de Nordelta: por un lado está Nordelta S.A., que es la compañía de Costantini que hizo todo el proyecto; por otro lado está la Asociación Vecinal de Nordelta, que es controlada por Costantini pero tiene participación de los residentes; y, finalmente, están los vecinos en general, que fueron los que se espantaron ante la posible llegada del transporte público. Se alarmaron porque iba a poder entrar gente distinta, iban a perder el control y, sobre todo, porque eso podría implicar una baja en el valor de sus terrenos. Ellos empezaron a exigir a Nordelta S.A. que pusiera más guita para infraestructura y negociara con el Municipio. Y así estuvieron hasta el día de hoy, invirtiendo para evitar que entre el 60. Me han dicho: “¿Pero vos has visto la gente que anda en el 60? Son los Roldán, pero más sudados!”. Otro vecino: “¿Te imaginás? Tendríamos todo lleno de negritos meándonos el lago”. Y una vez, cuando le conté a un propietario que había ido en tren desde Capital, me miró serio, se tapó la cara como el niño de Sexto Sentido y dijo: “I see black people”.

–¿El único medio de transporte que tienen las trabajadoras domésticas para ingresar, entonces, son las combis privadas de MaryGo?

–Sí, las empleadas tienen muchos problemas para entrar en algo que no sea el transporte privado. Si ellas quisieran entrar en auto, la normativa de Nordelta se los hace muy difícil, porque no dejan ingresar autos de cierto año hacia atrás. Si no tenés el seguro al día tampoco podes entrar. Lo mismo con la moto. Y algo parecido pasa con las bicicletas. Ellas podrían entrar en bici, pero a todas las que vienen desde Pacheco les dicen que no porque no hay ciclovías. La pregunta es ¿por qué sí hay ciclovías por las partes que andan los residentes? Ahora las empleadas solo cuentan con los buses de MaryGo. No ha sido la única empresa en entrar. Lo que pasa es que hay un contrato de exclusividad de palabra con MaryGo.

–MaryGo tiene dos servicios. Un servicio interno para las trabajadoras y otro servicio de combis que viajan hasta Capital. Las empleadas domésticas  denunciaron en las últimas semanas que esas combis que van hasta Capital no frenan a recogerlas por un pedido de los propietarios. ¿Presenció alguna situación de este tipo durante su trabajo de campo?

–MaryGo no tiene suficiente flujo para tener una frecuencia buena. Entonces, las empleadas tienen que esperar muchísimo tiempo para poder subir. Y muchas veces cuando llega el bus no para y tienen que esperar aún más. Pero además del problema de frecuencia, están las microdiscriminaciones que las trabajadoras han mencionado tanto en estos días. Durante los dos años que estuve acá viajé mucho en MaryGo y lo vi de primera fuente. Los propietarios muchas veces han pedido a los choferes que no paren. Suelen decir que el bus va lo suficientemente lleno, aun cuando hay asientos disponibles. El chofer no tiene tanta capacidad de negociación, aunque a veces no les hacen caso y paran igual. También escuché a las propietarias decir lo del olor. Lo tengo en mi cuaderno de campo, lo oí varias veces en los buses. Decían que les molestaba el olor de las empleadas, el tipo de jabón o shampoo que usaban, o decían que estaban muy sudadas. También ponen el bolso o la cartera para que no se sienten al lado de ellos. Lo curioso, además, es que después son los mismos empleadores los que se quejan que las empleadas no lleguen a tiempo. Obviamente que esto no lo hacen todos, porque en Nordelta hay 50.000 personas y hay gente distinta que sí le importa que sus empleadas viajen bien.

–Esas largas esperas en la parada permitieron que las empleadas pudieran intercambiar sus experiencias y luego se animaran a reclamar condiciones dignas… 

–Sí. Y eso a los empleadores no les gusta mucho. Siempre tratan de limitar que se junten entre ellas, porque empiezan a intercambiar información ¿Cuánto te pagan a ti? ¿Quién está en negro? ¿Cuáles son tus condiciones laborales? Me acuerdo que justo la semana que llegué habían echado a una empleada doméstica. Pregunté qué pasó y una propietaria me dijo: “Me pidió permiso para salir con otras tres empleadas en la noche. Dejó todo limpio a las 10 y se fue a conversar con las amigas. Fueron hasta el shopping    –que queda a 40 minutos caminando– y volvieron a las 2 de la mañana”. A los empleadores les pareció que era demasiado tarde, que no correspondía. Echaron a las cuatro y también lograron que echaran al guardia que las había dejado salir. Terrible. En Nordelta pasa esto que hay una cierta responsabilidad de los dueños de casa de todo lo que entra. Si ellas rompen algo o hacen alguna manifestación, es culpa de los propietarios. Ellos son los multados. Por eso mismo se sienten con el derecho de decir “tú no puedes salir”.

–Esta discriminación ha sido muy comparada en los últimos días con el apartheid, ¿qué opina?

–Mi tesis no partió por el racismo y terminó teniendo bastante de raza. El apartheid planteó dividir la sociedad en tipos de razas y cada una tenía accesos diferenciados. Acá también se hacen distinciones, pero tienen que ver más con la clase. Acá dividen por tipos de ciudadanos. Hay algunos que son ciudadanos apropiados, que son los que pertenecen; otros que son los extraños temporalmente aceptados, que son los trabajadores; y después están los extraños, que no son aceptados. Muchas veces se presenta a los barrios cerrados como un producto del poscapitalismo y neoliberalismo. Y en parte puede ser cierto. Pero lo que yo hago es pensar una genealogía del racismo en la Argentina: cómo los barrios cerrados son simplemente un huevo en la góndola de la larga cadena de construcción racista en la Argentina, que comenzó con la formación del estado-nación, con el intento de excluir a los pueblos originarios, a ciertos tipos de inmigrantes, a la figura del gaucho (luego recuperada). Hay toda una construcción racista de quiénes son los ciudadanos apropiados y cuáles son esos otros que ojalá estén lo más lejos posible y no contaminen la salud de nuestro pueblo. Además, dentro de Nordelta hay muchísimos procesos de distinción internos, no solo entre barrios sino entre habitantes: se habla mucho de los nuevos ricos, por ejemplo, que son los que tienen el capital económico para pertenecer pero no el cultural.

–¿Qué otros tipos de discriminación hacia las empleadas encontró durante el trabajo de campo?

–Hay muchos tipos de maltratos. Violencia sexual y física no vi. Pero es probable que pase, porque una de las formas de violencia más comunes en el empleo doméstico en Latinoamérica es que las consideren parte del inventario de la casa. Sí vi que limitan mucho sus movimientos. No solo muchas veces no pueden entrar, sino que cuando entran no pueden salir. O pasa que no pueden caminar por ciertas calles, o no pueden atravesar un parque. Además, en más de un tercio de los casos que yo estudié las revisaban al entrar y salir de las casas por miedo a que roben. Y muchas veces las empleadas domésticas me dijeron: “Los primeros días sentía que me ponían pruebas para ver si soy confiable. Encontré cosas que nunca más vi después: debajo de un chaleco dejaban un montón de dólares, o dejaban a la vista unos aretes bonitos”. Si desaparece algo, obviamente las primeras culpables van a ser ellas. También pasa –y esto tiene que ver más con el empleo que con el country– que les ponen dificultades para comer. En el caso extremo conocí a un par de chicas que no las dejaban abrir la heladera. También hay violencia verbal por el aspecto físico. Porque a veces se da una especie de transmisión del gusto legítimo y las propias empleadas domésticas empiezan a valorar las cosas que valoran sus patrones. Muchas de ellas quieren ser apropiadas, quieren verse bien y se tratan de comprar las mejores ropas. Entonces es mucho más violento cuando les dicen “mirá tus uñas, están sucias” o “tu pelo parece cualquier cosa”. Para ellas es muy violento.

–¿Los chicos y adolescentes también discriminan a las trabajadoras?

–Sí, reproducen la discriminación que ejercen sus padres. Incluso más. Los padres sienten la necesidad de explicar “Nordelta no es así como lo pintan. Yo he trabajado mucho para poder estar acá”. Los hijos nada que ver. “Somos la crème de la crème” me dijo uno una vez. La empleada para ellos es alguien que vive en la casa y está todo el día con ellos, desde que nacieron. Y muchas veces los límites no están claros. Cuándo corresponde pedir algo y cuándo no, qué forma parte de su trabajo y qué no. Y un tipo de discriminación que suele darse es el menosprecio, el ponerla en su lugar, el disponer de ellas de muchas maneras y a cada instante o el ser descuidado y dejar todo sucio.

–¿Qué opina sobre la reciente atención que despertó la protesta de las trabajadoras en la sociedad?

–Yo creo que estas cosas son muy fugaces. No sé cuánto de esto se va a traducir en mejoras en las condiciones de las mujeres. Hay que ver cómo se transforma el fenómeno de los countries en general, porque Nordelta es el que está ahora señalado, pero hay 600 más de este tipo en el resto de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la política más allá de los casos particulares? ¿Cuál es la política pública que hay detrás del cerramiento del espacio, no solo en términos de planificación urbana sino también respecto del empleo doméstico? Ya hubo un enorme movimiento para poner a las empleadas domésticas en blanco y revisar su situación, pero aún falta muchísimo y sigue siendo un rol muy invisibilizado.

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Después del ostentoso G20, Macri dice que no hay plata para el bono a los jubilados

Después del ostentoso G20, Macri dice que no hay plata para el bono a los jubilados

El presidente Mauricio Macri volvió a descartar que la ANSeS vaya a pagarles un bono de fin de año a los jubilados y argumentó que existen «limitaciones presupuestarias».

El mandatario fue consultado en una conferencia de prensa sobre las decisiones oficiales de no abonar una suma extra a los jubilados, y de no incluir en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso temas como la Ley de Alquileres y el pago del impuesto a las Ganancias para todo el Poder Judicial.

«Ambos casos siempre son prioridad, tantos las leyes como nuestros jubilados. Ni que hablar para este gobierno que impulsó la ley de reparación histórica. Pero en ambos casos tenemos limitaciones», dijo en su habitual relato.

Sobre el temario de las extraordinarias, dijo que Cambiemos tiene «limitaciones» para «poder acordar sin tener mayoría propia» ante una «agenda legislativa siempre desafiante, en la que no todos los temas se pueden resolver».

«Hay momentos en los que hay más apertura en la dirigencia política para tratar algunos temas y en otros no», sostuvo.

 

Tras la exigua oferta de Vidal, vuelven a parar los docentes bonaerenses

Este lunes no hay clases en la Provincia. El gobierno les ofreció una mejora que equivale a $108, lo cual fue rechazado por los trabajadores.

Tras la exigua oferta de Vidal, vuelven a parar los docentes bonaerenses

Luego del fallido reinicio de la paritaria la semana pasada, los docentes bonaerenses vuelven a parar este lunes, en medio de la tensión que se generó por la irrisoria propuesta de la administración provincial.

Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que habían concurrido a la reunión convocada la semana pasda tras 48 días sin novedades, rechazaron el 2% de aumento en diciembre que se les ofreció.

«Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, en la onceava reunión paritaria, rechazamos de forma categórica la propuesta del Gobierno, que consiste en un 2%, significando $108 al básico, lo que implica $250 al salario inicial de bolsillo a cobrar en enero para lo que resta del 2018″, dijeron los trabajadores a través de un comunicado.

«La propuesta de aumento para el 2019 fue rechazado por todos los gremios que conforman el FUDB. Esto no es una paritaria, es una nueva falta de respeto. Reclamamos desde el inicio de las negociaciones una recomposición salarial con aplicación de cláusula gatillo sobre todo concepto, y la Gobernadora ofrece una suma en negro para cerrar el año», agregaron.

El gobierno bonaerense propuso en el acuerdo un aumento del 20% para el año próximo, a abonar en seis etapas: un 4% en enero, 4% en marzo, 4% en mayo, 4% en julio; alcanzando así, hasta ese momento, un 16%; a eso se le sumaría una cláusula de actualización semestral y también se otorgaría un 2% en setiembre y otro 2% en noviembre.

 

Docentes realizan un nuevo reclamo por paritarias y advierten por el ciclo lectivo 2019

Rechazan la propuesta unilateral del gobierno que sigue por debajo de la inflación anual. «Si así terminamos el año, así no empezamos. El conflicto va a seguir», advirtió Roberto Baradel de SUTEBA.

(Foto: Soledad Quiroga)

3 de Diciembre de 2018

Los docentes bonaerenses realizan este lunes un nuevo reclamo con cese de actividades en rechazo al aumento del 2% y el bono navideño de 7000 pesos ofrecidos por el gobierno de María Eugenia Vidal en la reunión paritaria del último miércoles. La medida fue convocada por el Frente de Unidad Docente, que integran FEB, Suteba, Sadop, Amet y Udocba, en el marco del extenso conflicto que mantienen desde comienzos de año y que amenaza con extenderse a 2019.

En el último encuentro, el gobierno propuso una suba del 2% (para redondear un 32% en el año) y el pago del bono, más un incremento del 20% por todo 2019 en seis cuotas con cláusula de revisión inflacionaria en julio y noviembre. «El bono ni siquiera alcanza a compensar la pérdida del año, pero Vidal pretende que cerremos una paritaria 15 puntos abajo. Es decir que empecemos en menos 15 la discusión del año que viene. La inflación, siendo muy prudentes, no va a ser menor al 47% y estamos en un 32% por eso lo rechazamos de plano», explicó Roberto Baradel, secretario general del Suteba. «Nosotros vamos a seguir reclamando porque no hay paritaria, no hay negociación. Pero si así terminamos, así no empezamos. El conflicto va a seguir», agregó.

Por su parte la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, también apuntó contra la representante de la provincia y advirtió:  “en abril la gobernadora  aseguro que los docentes no iban a perder contra la inflación. Hoy tras ocho meses de conflicto los docentes tenemos una pérdida salarial mayor al 15%”.

Vidal anunció que pagará la suba y el bono a los maestros, al tiempo que descartó que piense en cerrar la paritaria por decreto y aseguró que seguirá «dialogando» con los gremios. Por ahora no hay señales de cuándo podría haber una nueva convocatoria. El dato: desde que se sancionó la ley de paritarias, en 2006, nunca se cerró un año sin un acuerdo salarial con los maestros.

Además de la pulseada salarial, los maestros piden que se solucionen los problemas de infraestructura que arrastran las escuelas y que quedaron expuestos tras la trágica explosión en la Escuela 49 de Moreno.

 

La medida había sido dispuesta tras el paro de Aerolíneas Argentinas el 26 de noviembre pasado, buscando evitar que medidas de fuerza interfirieran en el desarrollo de los vuelos durante la cumbre del G20. Transcurrida ya la cumbre, la ANAC extendió el plazo por 30 días.

Las tareas que abarcadas por el decreto son las que habitualmente realiza la empresa estatal Intercargo, vinculadas a la logística y movilidad de las aerolíneas comerciales: señaleros, tractoristas, limpieza y ascenso y descenso de pasajeros entre otras.

“Es un retroceso desde el punto de vista profesional y del desarrollo aerocomercial”, sostuvo Marcelo Belelli, delegado de ATE-ANAC, ante la consulta de Canal Abierto sobre esta medida.

“Tender a militarizar servicios que tienen que ver con la aviación civil es volver a la dictadura de Onganía, que es el momento en el que desembarcó la Fuerza Aérea en tareas de la aviación civil”, señaló Belelli.

Además de la implicancia simbólica que tiene el regreso de fuerzas armadas y de seguridad al manejo de la aviación civil, Belelli remarcó la incompatibilidad que hay para realizar ese tipo de menesteres que requieren tener conocimiento práctico: “se le va a dar la posibilidad de trabajar en áreas muy sensibles a personal de la PSA y la Fuerza Aérea sin que tenga la trayectoria ni las habilitaciones correspondientes. Llevar o estacionar un avión no es una tarea sencilla y es una experiencia que no se adquiere con un solo curso. Para afrontar una tarea de esas características no hay que hacer una capacitación teórica sino tener mucho manejo práctico de las características geográficas y meteorológica del aeropuerto.”

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Desde los gremios que cubren las distintas áreas del quehacer aerocomercial ven con preocupación esta medida, pues entienden que lo que busca es romper cualquier medida de fuerza con la que los trabajadores intenten combatir cualquier avance tanto sobre sus derechos como de la presencia estatal en el área.

“Esto abre la puerta para que se pueda avanzar en otras áreas a partir de criterios que tengan que ver con intereses del gobierno de no afectar la continuidad de las operaciones aéreas”, remarcó el delegado.

“La única barrera que existe hoy para que las políticas aerocomerciales del gobierno se impongan es la organización gremial. Los trabajadores aeronáuticos organizados en los distintos sindicatos que le venimos marcando un límite a la precarización laboral y flexibilización de las normas”, concluyó Belelli.

 

Más crisis en el Puerto marplatense y ya hay temor de una ola de despidos

Más crisis en el Puerto marplatense y ya hay temor de una ola de despidos

Los gremios hablan de un 2018 “catastrófico” y advierten que los despidos podían acelerarse. Además señalan que la crisis portuaria pone a Mar del Plata en una situación social al borde del colapso.

Los panoramas difieren, pero el balance que realizan los dirigentes de los principales gremios de la pesca es el mismo: el año que está por terminar fue uno de los más difíciles para el Puerto de Mar del Plata. A los cerca de 70 barcos que partieron al sur durante todo el invierno por la temporada de langostino, se le sumó una inflación acumulada que superó ampliamente los índices esperados y una zafra de caballa y anchoa, especies con las que se puede trabajar mientras se espera la merluza del verano, que no habría arrojado los mejores resultados.

Este combo configuró un escenario que podría desembocar en una ola de despidos para los trabajadores de todos los sectores y una profundización en la crisis de la actividad.

Los obreros del pescado, agrupados bajo el SOIP, son de los más castigados del universo laboral de la actividad. Así lo señala incluso la secretaria general del gremio, Cristina Ledesma. “Este fue un año catastrófico para nosotros. Cada año que va a pasando es peor, con más gente en la calle o cobrando el garantizado”, indicó en declaraciones a La Capital.

El garantizado es el sueldo mínimo que cuentan los trabajadores “de tierra” y en ocasiones -como la actual, donde el trabajo no abunda o directamente no existe- es el único que perciben. Según se conoció, el monto hoy es de un poco más de $8.000. “¿Quién vive con eso?”, reclamó Ledesma. “Además, ya nos dijeron que eso lo pueden sostener por un año, dos como mucho”, agregó.

“Por nuestro gremio pasan, por día, entre 200 y 300 trabajadores todos en la misma situación. Todos desesperados por la falta de trabajo, todos pidiendo una bolsa de mercadería, lo que para ellos es ‘indigno’ porque dicen ‘quiero trabajar, no quiero llegar a esto’. Pero se llega a ese límite porque la situación está complicada y no vemos cambios de mejoría”, aseguró.

El fantasma del estallido social aparecer  también para el secretario general del SUPA, Carlos Mezzamico: “Este año fue uno de los más duros con respecto al volumen de trabajo en los últimos veinte años. Si acá no viene la respuesta del Gobierno, lamentablemente algo va a pasar”, sentenció en declaraciones al mismo diario local.

Según indicó el dirigente, ante el escenario actual solo puede ofrecer trabajo pleno a unos 250 o 300 trabajadores. El total con disponibilidad para operar hoy es de 750. “La gente puede trabajar muy de vez en cuando, lo que hace que el salario a fin de mes no le alcance para cubrir los servicios y para mantener la familia. Por eso es que nosotros estamos recurriendo a las autoridades provinciales porque si bien por ahora no hay despidos, existe una fuerte reducción del trabajo”, indicó.

En la misma línea, se pronunció el titular del Simape, Pablo Trueba, aunque advirtió que la situación de los trabajadores marítimos es “un poco mejor” que la de los trabajadores de tierra. “En nuestra actividad no hubo despedidos por el momento, pero sé que en lo que es la actividad de tierra sí”.

“Si los funcionarios de la Provincia y los de la Nación no dan la posibilidad de que Mar del Plata toda pueda trabajar también con el langostino, que hoy es la vedette de las especies y muchos barcos de la ciudad se encuentran limitados para pescarla, es difícil que la gente y las propias empresas alcancen un balance económico. Si no tenemos empresas que trabajen, no vamos a tener trabajadores”, sentenció Trueba.

Y concluyó: “Uno se acostumbra a estar mal, sobreviviendo. Yo pienso que la actividad pesquera en el mundo, bien manejada y permitiendo que todos puedan pescar y producir, no tiene por qué pasarla mal. Es una actividad que se dedica a alimentos”.

 

 

Furia de los bancarios por el intento de abrir “sucursales” en comercios

Furia de los bancarios por el intento de abrir “sucursales” en comercios

Esta semana, el Banco Central habilitó la posibilidad de que los bancos abran sucursales en supermercados, farmacias y otros locales comerciales. Sostienen que  vulnera normas de seguridad y de trabajo que deben regir la actividad.

La Asociación Bancaria expresó su rechazo a la medida del Banco Central que habilitó a las entidades a hacer acuerdos con cadenas de electrodomésticos, supermercados, o estaciones de servicios para instalar pequeñas sucursales, por considerar que vulnera normas de seguridad y de trabajo que deben regir el desempeño de la actividad.

“Contrario a lo previsto por la nueva disposición del Banco Central, toda prestación bancaria debe ser realizada exclusivamente por trabajadores en condiciones que son propias de esa labor y en instalaciones adecuadas que cumplan en forma debida con las normas de seguridad que exige el riesgo propio que genera la actividad bancaria tanto para los trabajadores, como para los clientes y el público en general”, precisa una nota elevada al Banco Central por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo y publicada por el portal IProfesional.

En el escrito dirigido al presidente del BCRA, Guido Sandleris, se remarca que “si hoy la seguridad dista de ser la adecuada en las propias entidades financieras, más endeble resultará aún en las citadas ‘agencias complementarias’ y denuncia que la disposición del Banco Central vulnera también la jornada laboral de 7.30 horas diarias de trabajo, de lunes a viernes, con 5 horas de esas de atención al público.

La Comunicación A 6033 del Banco Central prevé que los bancos puedan hacer el convenio que quieran con las redes de comercio o entidades” por ejemplo, estaciones de servicio, supermercados, farmacias o correos, las cuales se encargarán de hacer operaciones bancarias.

Sin embargo, dejaron en claro, que “la responsabilidad por las actividades” de estas “corresponsalías” incluyendo el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad “son pura y exclusivamente de los bancos”.

El BCRA busca a través de esta normativa favorecer especialmente a quienes viven lejos de sucursales bancarias y forma parte de un objetivo permanente “de lograr una mayor inclusión financiera.

La norma también establece las condiciones bajo las cuales deberán actuar las corresponsalías bancarias, estableciendo claramente que la responsabilidad por las actividades “permanece sobre los bancos e incluyendo el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad”.

 

Alarma y preocupación por la situación del poder judicial en CABA

Un amplio abanico de actores del poder judicial, entre los cuales están los gremios, expresaron su preocupación  por la situación de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Advierten que el Gobierno de la Ciudad viola la independencia del Poder Judicial mediante el sometimiento de la cuestión salarial. 

En una semana en la que se esperan numerosas medidas de fuerza y con un paro convocado para este martes en los juzgados porteños, sindicatos del poder judicial y asociaciones de magistrados sacaron un duro comunicado conjunto.

En la sede del Consejo de la Magistratura porteño se reunieron el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SITRAJU – CABA – CGT) representado por Vanesa Siley; la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA – CTA), el Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MAFUCABA)  para hacer un análisis de la grave situación que atraviesa el Poder Judicial y redactaron un comunicado conjunto en donde denuncian los intentos del Ejecutivo de violar la independencia del Poder Judicial mediante el sometimiento de la cuestión salarial.

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Con una paritaria que no alcanza la inflación medida por el IPC- CABA, rechazaron el 5% propuesto por el Consejo de la Magistratura y anunciaron un plan de lucha que incluye un paro total para este martes, asambleas miercoles y jueves y una nueva medida de fuerza este viernes.

En el comunicado denuncian duramente al Poder Ejecutivo por intentar vulnerar la independencia del Poder Judicial. Incluso las asociaciones de magistrados y magistradas han ratificado su apoyo a las medidas adoptadas por los sindicatos.

Este frente de sindicatos y asociaciones de magistrados se viene tejiendo hace más de un año y se afianza cada vez más. Desde los cuatro  sectores tildan de histórico este encuentro y prometen profundizar esta unidad si el Consejo de la Magistratura no da respuestas en los próximos días.

Por la crisis que atraviesa el sector, más de 20 cámaras y entidades que agrupan a empresarios pymesse concentrarán el jueves próximo frente al Congreso Nacional. Reclamaran medidas de urgencia para apaciguar el pésimo momento de la actividad.La concentración se realizará a partir de las 10 del jueves y los dirigentes intentarán dialogar con legisladores del oficialismo para plantearles la problemática del sector y presentarles una serie de propuestas. Entre las organizaciones empresariales, estarán la Fundación ProTejer, Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios.Los empresarios tienen previsto elevar a diputados y senadores un documento que alertará por «los prejuicios que generan los embargos de cuentas por atrasos en los pagos impositivos, la aplicación de altas tasas de interés bancarias que imposibilitan el financiamientos y el incremento de los impuestos», anticipó IPA al portal BAE Negocios.

En ese sentido, también advertirán por la competencia desleal de las importaciones, el daño a las exportaciones por la aplicación de retenciones y la eliminación de los reintegros, la necesidad de descontar el bono de fin de año de la declaración jurada y el impacto negativo de los costos energéticos en la producción y el empleo.

 

Ocupar redacciones, resistir vaciamientos y producir en libertad: la fórmula del periodismo recuperado

Diez diarios de todo el país cerrados por empresarios y reabiertos por sus trabajadores se reunieron a compartir estrategias y pensar el futuro del oficio. El inicio de una red para disputar la hegemonía de los medios conce
Por Nicolás Zuberman y Javier Borelli

Cuando decidimos formar la cooperativa nos preguntamos: ¿Qué nota quisimos hacer y nunca pudimos? Porque para eso recuperamos nuestro diario”, cuenta Silvina Tamous, integrante de la cooperativa La Cigarra que edita El Ciudadano de Rosario. Silvina habla con el desparpajo de una editora de Policiales, sección que ocupó durante años mientras la propiedad del matutino pasaba de empresario en empresario, y con la experiencia de los últimos dos como jefa de Redacción del medio ya autogestionado. De ese período también aporta datos sobre la distribución de los ingresos y las estrategias publicitarias de la compañía, algo que los trabajadores de prensa apenas comenzaron a conocer en esta etapa.

A su alrededor la escuchan con atención unas 40 personas integrantes de diez diarios recuperados de todo el país, de una revista referente de la autogestión como es La Vaca y un primo rioplatense que fundó y hoy oficia de gerente en La Diaria, el medio cooperativo uruguayo que pelea el primer lugar en ventas con el tradicional El País. Cada uno a su turno irá exponiendo sus experiencias, desafíos y visiones de desarrollo. Se irán al cabo de dos días con ideas para transmitir al interior de sus cooperativas y proyectos en común.

Un esfuerzo colectivo

El Encuentro Nacional de Diarios Recuperados, que tuvo lugar el último 26 y 27 de noviembre en la sede que la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) tiene en el Centro Cultural Borges, fue una iniciativa de Tiempo que contó con el apoyo de la Fundación Friederich Ebert y surgió como una necesidad del sector ante la creciente amenaza que se cierne sobre los medios autogestionados por las políticas públicas que favorecen la concentración. Además de los porteños Tiempo, La Vaca y Cítrica(integrada por los ex trabajadores de Crítica); los participantes viajaron desde La Rioja (El Independiente); desde distintas partes de Córdoba (La Nueva Mañana y Comercio y Justicia de la capital provincial, mientras que El Diario del Centro del País llegó desde Villa María); de Santa Fe (El Ciudadano de Rosario y El Correo de Firmat); de La Plata (Pulso Noticias que es el sitio de los ex trabajadores del diario Hoy) y de Chaco (El Diario de la Región); además del uruguayo de La Diaria.

El encuentro tuvo como telón de fondo el contexto de nuevos consumos informativos, la coyuntura recesiva que se vive en el país y, en el área específica de los medios gráficos cooperativos, el aumento de un 110% en el precio del papel para diarios que aplicó en el último año el Grupo Clarín, que controla la única planta activa de ese insumo indispensable (Papel Prensa SA). A lo que se sumó la amenaza de un proyecto presentado por el diputado Diego Bossio que seguramente sea tratado en las sesiones extraordinarias de diciembre y que tiene como fin desarmar la ley que garantiza el acceso igualitario al papel de diario (ver comunicado aparte).

Historias entrelazadas

Pero no todo fue discutir estrategias defensivas. La reunión sirvió para conocerse más profundamente entre medios con una génesis común pero con distintos recorridos en el sector de la economía social, con composiciones diversas en sus organizaciones y diferentes estrategias comunicacionales.

Sergio Vaudagnotto y Daniel Sánchez del Diario del Centro del País, de Villa María, contaron el protagonismo que tuvo el pueblo en la recuperación de su medio. Uno de sus vecinos puso el primer clasificado del diario impreso sin nada que ofrecer pero solo para apoyar cuando hacía falta. Hoy todos en la ciudad de 90 mil habitantes se comunican a través de sus páginas, de las cuales unas 20 son de clasificados. En su localidad, añadieron, el diario se vende más que Clarín y La Voz del Interior, y por eso este último comenzó a regalar su edición en otra demostración del abuso de posición dominante de la gran corporación argentina. Ellos también saludaron a sus vecinos de Comercio y Justicia, la publicación de nicho de la capital cordobesa que les imprimió el diario cuando un incendio puso en riesgo su continuidad y a prueba el valor solidario del cooperativismo.

Consuelo Cabral y Gabriela Yalangozian, de La Nueva Mañana, el más jóven de los cordobeses, añadieron la importancia del sindicato local que hoy les cede el espacio para que puedan trabajar. Esa estrecha vinculación gremial quedó de manifiesto con la presencia de representantes del Sindicato de Prensa de Rosario y el de Buenos Aires (Sipreba), que quisieron participar para profundizar estrategias de apoyo a las nuevas experiencias autogestivas.

Pulso Noticias, de La Plata, conformado por los ex trabajadores del Diario Hoy y la radio 92 de esa ciudad, contó que aún espera por su matrícula oficial mientras busca instalar desde su sitio web una mirada joven que lleve la agenda de los derechos humanos y visibilice la pérdida de garantías de los últimos años. El Correo de Firmat también le disputó el lugar de periódico más joven como cooperativa, aunque de su fundación ya hayan pasado 104 años, como explicó Mariano Carreras.

La iniciativa como metodología

“Los medios autogestivos también tenemos que preocuparnos por recuperar el erotismo de nuestras publicaciones, hacerlas atractivas para los demás”, planteó Franco Ciancaglini de La Vaca, argumentando la importancia de capacitarnos en nuevas formas de contar historias. Para eso se convocó a Tomás Pérez Vizzon, editor digital de la revista Anfibia y especialista en narrativas transmedia, que dio una capacitación sobre los nuevos formatos periodísticos. También Olivia Sohr, representante de SembraMedia e intregrante de Chequeado, acercó la experiencia de distintos medios digitales de Latinoamérica que diversificado sus métodos de financiamiento para garantizar su sustentabilidad. La exposición de Damián Osta Matos, con trece años encima desde la fundación de La Diaria, sirvió como botón de muestra de que con creatividad y talento los diarios autogestionados también pueden disputar la centralidad informativa de un país y ser sinónimo de innovación.

Por más autogestión

Sobre el cierre del encuentro María Alejandra Pavicich, responsable de Desarrollo Institucional de Memoria Abierta, dio pistas sobre cómo pasar de las necesidades a los resultados a partir de la elaboración de proyectos que puedan ser financiados y ayudó a sintetizar las conclusiones del Encuentro que apuntaron a continuar el trabajo mediante el armado de una red que permita compartir contenidos, amplificar las publicaciones y al mismo tiempo sume masa crítica para generar incidencia en las políticas públicas. Porque la autogestión es una forma de organización y necesita iniciativas que la promuevan. «

 

La verdad detrás de los despidos en Siam: ¿una estafa al Estado?

La empresa, cuyo mayor accionista es el multimillonario Rubén Cherñajovsky, en los últimos meses despidió a más de 165 trabajadores, militarizó la planta y consiguió una orden para desalojar con represión el acampe pacífico de los despedidos. Mientras tanto, incumple la conciliación obligatoria y los compromisos asumidos ante la ley provincial.

Sol Cheliz

La empresa Pilisar S.A. perteneciente al Grupo NewSan, cuyo principal accionista es el conocido y multimillonario Rubén Cherñajovsky, que fabrica hoy las heladeras Siam, despidió a más de 165 trabajadores en los últimos meses incluyendo a los delegados, militarizó la fábrica y consiguió la orden para desalojar, con una lluvia de gases y balas de goma, el acampe de los despedidos en la medianoche del viernes. Algún favor le deberá ahora al cuestionado juez Carzoglio que ordenó el desalojo. Todo mientras incumple la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y no solicitó el proceso preventivo de crisis. Detrás de esta historia hay una gran estafa al Estado de la Provincia de Buenos Aires para quedarse con el predio y las instalaciones de una fábrica declarada de utilidad pública, para sus negocios importadores.

Una ley provincial de 2012 le otorgó Siam a Pilisar S.A.

La Ley N°13337 del 04 de Mayo de 2005, declaraba de “Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación Inmuebles Ubicados en la Localidad de Piñeiro, Partido de Avellaneda, para Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo Industrial Argentina Metalúrgica”. De esta forma, quebrada Aurora Grundig, el Estado Provincial cedía el predio, maquinaria y marca a la cooperativa organizada en 1997 por los exempleados de Aurora (ex Siam).

En su artículo 1° dicha ley dictaba: “Asimismo declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación las maquinarias e instalaciones que se encuentran dentro de los inmuebles identificados y de conformidad al inventario que se adjunta a la presente, como así también la marca Siam”.

Tras la quiebra de la cooperativa, el 20 de diciembre de 2012 se dictó la ley N°140504 de expropiación sobre la fábrica Siam a favor de un grupo empresarial privado, modificando la ley Provincial Nº 13.337, otorgándole la adjudicación a Pilisar S.A.

En sus fundamentos consta en forma explícita que: “Nuestra Constitución adopta la fórmula de la ’utilidad pública’ sin ninguna clase de restricciones en cuanto al objeto expropiable. La utilidad pública se constituye así en una formula elástica, que permite la expropiación de la propiedad para satisfacer las diversas exigencias del interés colectivo. No existe, pues, un concepto de utilidad pública inmutable, rígido e inflexible.

En este sentido, la propuesta aquí planteada se encontraría dirigida a reactivar el aparato productivo, reducir la desocupación y mitigar el flagelo de la consecuente exclusión social, protegiendo asimismo a la cooperativa y sus trabajadores.

Además, a los fines de cumplimentar la finalidad prevista por la ley, existía un compromiso de Pilisar S.A. como consta en los fundamentos de la misma: “El proyecto impulsado por la empresa PILlSAR S.A. prevé la apertura de SIAM en el 2013 para la fabricación de heladeras de última tecnología, de lavarropas automáticos y, sucesivamente, de lavavajillas y pequeños electrodomésticos (2014-2015). Las mejoras que deben efectuarse a las instalaciones llevarán una inversión aproximada de U$D 10.000.000 y el de maquinarias e instalaciones de U$D 19.348.000, ascendiendo a una inversión total de U$D 29.348.000. En el período señalado (2013-2015) se generarán inicialmente 350 puestos de trabajo, ascendiendo en tres años a 600.

NewSan y Pilisar S.A. incumplen los compromisos dictados por la ley

El artículo 4° de la ley 14504 dicta que El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas a la empresa Pilisar SA ocasionará la revocatoria de la transferencia y la reversión del dominio a favor del Estado Provincial, sin derecho a devolución de las sumas que se hubieran efectivizado, ni reconocimiento de compensaciones, y/o indemnizaciones de ninguna naturaleza”.

Pilisar S.A. no solo incumplió el compromiso asumido de emplear a 600 trabajadores sino que redujo su plantel despidiendo en forma directa y a través de despidos encubiertos de retiros voluntarios en los últimos meses a más de 160 trabajadores siendo que hoy quedan tan solo 60 empleados. Además de la nómina original de 196 trabajadores de la cooperativa a la que debía garantizarle las fuentes laborales, hoy quedan unos 40. Una verdadera estafa.

Como muestran los balances comerciales del Grupo NewSan, cuyo principal accionista es Rubén Cherñajovsky, no le va mal en los negocios. Por el contrario: con la diversificación de su producción con el monopolio de los electrodomésticos, el negocio de las importaciones de electrónicos, la exportación de camarones y ahora la inauguración de su planta de producción de energía eólica en Campana, viene haciendo jugosas ganancias transformándose en uno de los grupos económicos más importantes de Argentina.

Como declara en una reciente nota al diario Clarín es un empresario que ha aprovechado los negocios con el gobierno de turno. Una metáfora futbolera cierra la nota: “Yo era hincha de Boca -recuerda- hasta 1992. Desde ese año, Sanyo (una marca del grupo) fue sponsor de la camiseta de River y en esos años, el club ganó todo. Yo me decía: ‘No puedo hinchar por Boca con Sanyo en la camiseta de River’. Entonces me hice de River. ¿Se da cuenta? Hasta en eso soy empresario”.

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