Había una vez un gobierno popular que quería acabar con el modelo extractivista-exportador

Resumen Latinoamericano / 21 de agosto de 2018 / Eric Toussaint y Damien Millet, CADTM

Finalmente, se constituyó un gobierno popular: las movilizaciones populares fueron sus fundamentos, movilizaciones que lograron crear comités de autoorganización en los barrios, en los lugares de trabajo, en las universidades y en los establecimientos educativos no universitarios. 

Se acaba de hacer la primera reunión de gobierno. En él, las palabras se distribuyen alternativa e igualitariamente entre los hombres y las mujeres que componen el gobierno. Hace un año, todo eso parecía inalcanzable, en ese pequeño Estado exportador de materias primas. El dictador parecía inamovible, pero, hacia finales de año, varios pueblos vecinos se sublevaron y la revuelta se extendió como una mancha de aceite, casi como en África del Norte y Oriente Próximo en 2011. Después, el dictador huyó tras haber provocado varias masacres. En su huida varios gobiernos cómplices le ayudaron. Pero eso no fue suficiente. El movimiento popular, masivo, recibió el apoyo de una parte del ejército gracias a la presión de los comités de soldados que se habían formado para conseguir eliminar a los jefes militares corruptos aliados con la dictadura. Fue duro al principio, ya que el antiguo régimen conservaba partidarios en todas las estructuras del Estado, pero, felizmente, el proceso electoral pudo desarrollarse dentro de la mayor transparencia. Los ciudadanos y las ciudadanas querían expresar su voto favorable al cambio y obligaron a las antiguas autoridades a respetar el proceso democrático. La coalición de fuerzas de izquierda que emergió del movimiento popular ganó hace una semana las elecciones por una mayoría bien clara. Por supuesto, los poderosos del mundo querrán que fracase esta experiencia. Donald Trump, la Comisión Europea, el gobierno chino, Putin y otros poderes conservadores buscarán desestabilizar el nuevo régimen democrático.

Por otro lado, algunos gobiernos progresistas consiguieron llegar al poder, pero las experiencias no fueron positivas, ni mucho menos. Es necesario saber sacar lecciones de todo eso. El nuevo gobierno y los movimientos populares que lo apoyan no ignoran que la partida es complicada. No les faltan oponentes: al interior del país, los grandes medios de comunicación privados se encarnizan con la coalición gobernante y con los sectores populares que, según ellos, se comportan de manera irresponsable. Mientras, las grandes sociedades extranjeras, los capitalistas locales que se beneficiaron de las privatizaciones realizadas por el régimen anterior, y las personas con más altos ingresos se inquietan por sus negocios y su fortuna.

Y al exterior, las grandes potencias no tienen una buena opinión de las declaraciones sobre un proyecto de desarrollo endógeno; el FMI y el Banco Mundial, al servicio de los grandes acreedores, quieren que el nuevo gobierno reconozca la deuda contraída por la dictadura ya derrocada. Quieren también que se impongan nuevas medidas de ajuste estructural con el fin de reducir el déficit presupuestario y reembolsar una enorme deuda ilegítima. Pero el gobierno tiene la confianza del pueblo y no desea decepcionarlo. También, es consciente que será importante hacer un llamamiento a la solidaridad de otros pueblos, así como a los movimientos políticos y sociales de todo el mundo.

Una expresión pronunciada por el miembro del gobierno, a cargo de la economía, retuvo la atención de sus colegas: «Siempre y cuando no nos contagiemos la enfermedad holandesa».

La enfermedad holandesa

¡La enfermedad holandesa! Esta historia comienza en 1959 en Slochteren, en la provincia de Groningue, en el norte de los Países Bajos, con el descubrimiento del mayor yacimiento de gas natural de Europa occidental, y uno de los más importantes del mundo: 2, 82 billones de metros cúbicos. En los años siguientes, las autoridades neerlandesas incitaban a los particulares y a las empresas a pasarse al gas natural. Las minas de carbón se cerraron. En 1965, el primer contrato de venta al extranjero del gas de Groningue fue firmado con la empresa alemana Ruhrgas, eran unos 3.000 millones de metros cúbicos por año, o sea, aproximadamente el consumo actual de Suiza. Las exportaciones se desarrollaron rápidamente hacia los países vecinos. Las divisas afluyeron y las perspectivas eran florecientes.

Salvo que la realidad no es tan rosa. Porque, como consecuencia de ese incremento rápido de exportaciones, la moneda neerlandesa, el florín, se sobrevaluó de forma neta frente a las otras divisas. A raíz de ello, las exportaciones, de otros sectores, comenzaron a ser menos competitivas en los mercados extranjeros, lo que provocó una fuerte contracción del sector industrial. El sector del gas —y los sectores ligados a él, en un primer tiempo, como la construcción de las necesarias infraestructuras— tendieron a aspirar la mayor parte de las inversiones, mientras que en los otros sectores disminuían netamente. Cada vez más, la recaudación de las exportaciones sirve para financiar las importaciones de bienes y servicios que el aparato productivo ya no puede suministrar a precios competitivos. Resumiendo, la economía deviene dependiente de su principal recurso de exportación. Y por ello, a mitad de los años 1970, los Países bajos tuvieron grandes dificultades económicas, a pesar de que la producción de gas natural había alcanzado su máximo: 81. 700 millones de metros cúbicos en 1976, antes de estabilizarse entre 60.000 y 70.000 millones de metros cúbicos por año, después de 1982. El 26 de noviembre de 1977, The Economist tituló un artículo, sobre lo que llamaba « the dutch disease ». Ha nacido el concepto La enfermedad holandesa.

Sin embargo, el fenómeno había surgido mucho antes de los años 1960. Ya en el siglo dieciséis, España, gracias al saqueo del Nuevo Mundo, aprovechó la llegada masiva de oro y otros metales preciosos provenientes de América. No obstante, en algunas décadas, su sector manufacturero reculó y comenzó un declive de su economía. Lo mismo pasó en Australia, en el siglo diecinueve, en el momento de la fiebre del oro. Más recientemente, sufrieron esa “enfermedad” Nigeria, Argelia, Venezuela y México, todos fuertemente dependientes de la renta petrolera. De igual modo, algunas amenazas se presentan en países donde se podría producir un proceso similar: en el Norte, Canadá con el petróleo de Alberta, o Rusia; en el Sur, el Chad y Guinea Ecuatorial, nuevos exportadores de petróleo, y también Paraguay, aunque con la soja transgénica y Bolivia con el litio…

Cuando un país en desarrollo se ve afectado por la “enfermedad holandesa”, el crecimiento del PBI puede ser muy fuerte durante los primeros años, pero los ingresos enriquecen a las sociedades transnacionales del sector, a los capitalistas locales que se especializan particularmente en la importación de bienes de consumo adquiridos gracias a las materias primas exportadas, y a una minoría de personas próximas al poder. Esto provoca un impedimento para distribuir las riquezas necesarias con el fin de establecer la justicia social. Así mismo, se vuelve imposible desarrollar un modelo productivo que permita satisfacer las necesidades de la población local. Por ejemplo, la explotación del petróleo del Chad solo permitió la creación de algunos miles de empleos en el lugar (35.000 durante la construcción del oleoducto, y luego cerca de 2.500 permanentes), mejor pagados que en otros sectores, afectó a los productores de algodón, anteriormente el primer cultivo de exportación. Este cultivo se encontró marginado, y, finalmente, toda la economía local se desorganizó. Además, no se deben olvidar los múltiples perjuicios ambientales y las repetidas violaciones de los derechos de las poblaciones que viven en la zona. Como lo había comenzado a poner en práctica Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso entre 1983 y 1987, era fundamental promover en el Chad los cultivos alimenticios y el del algodón. Este último se debería haber transformado en un cultivo para el mercado local y regional, con el fin de producir ropa y otros productos textiles naturales (uno de los objetivos de Gandhi en la India en los años 1940). La explotación petrolera habría de haber estado sometida a un referéndum y obligatoriamente ligada a las inversiones para la transformación del petróleo bruto que pudiera servir al consumo local.

Algunos países como Argentina y Brasil, dotados de una tecnología avanzada en los años 1950-1960, sufrieron una inquietante regresión debido al aumento de su dependencia con respecto a las exportaciones de bienes primarios (minerales, soja transgénica, carnes, etc). Cuando se trata de un país industrializado, el crecimiento se debilita rápidamente en los otros sectores y la economía puede entrar en recesión. Desde el momento en que el recurso comienza a escasear o que la cotización en los mercados mundiales baja fuertemente, la explotación del mismo deja de dar tantos beneficios como antes, y la situación se degrada muy rápidamente, como se constata en Venezuela, Nigeria y en muchos otros países. Por lo tanto, es urgente encontrar una vacuna innovadora para la enfermedad holandesa.

Copeland & Fleming, NYPL

Buscar el antídoto para la enfermedad holandesa

Argelia trató de hacerlo, pero en lugar de invertir en la economía productiva desarrollando un modelo de industrialización innovador, el gobierno utilizó la recaudación petrolera y del gas para reembolsar anticipadamente una gran parte de su deuda, sin cuestionar la naturaleza de la misma. Noruega también procedió a opciones discutibles con sus ingresos ligados a los hidrocarburos: incrementó un fondo soberano para realizar inversiones en el extranjero, y al mismo tiempo, limitó fuertemente los aumentos salariales. Para las poblaciones, el beneficio recibido es mínimo. Por el contrario, los acreedores y las instituciones privadas sacan un buen provecho de ello. Otra vía es necesaria, donde lo importante sea sentar las bases.

Si la enfermedad holandesa llega a producir semejantes daños es porque las economías de los países que la sufren ya habían sido fragilizadas. La lógica impuesta al Sur por el FMI y el Banco Mundial desde los años 1980, mediante los planes de ajuste estructural soporta una pesada responsabilidad: con el fin de recuperar las divisas necesarias al reembolso de la deuda, que era y es prioridad absoluta, los países sobreendeudados fueron obligados a abrir sus economías y eliminar cualquier tipo de protección para sus sectores vitales; a colocar en competencia desleal a sus productores con las sociedades transnacionales; a reducir la superficie dedicada a los cultivos alimenticios y a especializarse en los monocultivos de exportación. Este modelo de desarrollo extractivista, basado en la exportación de bienes primarios y de productos agrícolas tropicales a cambio de la importación de alimentos (especialmente de cereales), de bienes manufacturados y de tecnologías, ha conducido a un callejón sin salida, con los derechos humanos pisoteados a gran escala, salarios comprimidos al máximo con el fin de permanecer competitivos en el ámbito internacional y un impacto ambiental nefasto.

Una cura eficaz contra la enfermedad holandesa para salir del modelo extractivista-exportador

Frente a los promotores de la globalización del capitalismo neoliberal, la única alternativa es un planteamiento a largo plazo que tenga como objetivos: disminuir y romper la dependencia con respecto a los mercados financieros y de exportaciones/importaciones; redistribuir la riqueza de manera más justa para reducir las desigualdades; lograr un mejor reparto de la producción de la riqueza nacional. Todo esto configura un círculo virtuoso basado en la satisfacción y la promoción de la demanda interior, dando prioridad a los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población, en detrimento del consumo de lujo frenético de las clases acomodadas. Deben implementarse programas de acceso gratuito a la salud, a la educación (desde la primaria a la universidad), a la cultura, cuyos trabajadores y trabajadoras han de estar bien remunerados. La alternativa propuesta para poner en marcha debe también implicar la participación más activa y creativa posible de la población. Los proyectos antes de aprobarse, deben estar sometidos al debate público, contradictorio, con el fin de ser enmendados o rechazados. La autoorganización del pueblo es vital.

Una integración regional en beneficio de los pueblos y no de los intereses privados

Esto tiene como corolario la integración regional en la que los gobernantes compartan la misma visión de los cambios estructurales necesarios, en cuanto a la propiedad, los derechos sociales, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las minorías étnicas y culturales, los derechos civiles y políticos, rechazando la lógica capitalista, extractiva y exportadora. Se trata también de volver a dar a los gobiernos el derecho de controlar los movimientos de capitales con el objetivo de luchar contra su fuga y combatir los flujos financieros de carácter especulativo y/o criminal (comercio de armas, saqueo de recursos, tráfico de drogas…).

El valor agregado por la riqueza natural, ligada al mal holandés, debe ser creado en el propio lugar: el objetivo no es, sobre todo, exportar petróleo bruto para importar gasolina o queroseno a precio muchos más elevados. En el caso del petróleo, una empresa pública debería permitir destilar y refinar el petróleo, la producción de derivados y su comercialización. Todo el continente africano posee unas cuarenta refinerías, frecuentemente mal conservadas, que, por supuesto no llegan a satisfacer la demanda regional. Por ejemplo en Nigeria, tres de cuatro refinerías fueron reactivadas en julio de 2015, pero no funcionan al máximo de sus capacidades. Incitada a volcar su economía a la exportación para procurar las divisas necesarias para el reembolso de la deuda, Nigeria obtiene el 70 % de sus ingresos y cerca del 90 % de sus recursos en divisas de la exportación de crudo. Solamente el 10 % de su producción es refinada en el país. La economía nigeriana es muy frágil y dependiente del petróleo que, no obstante, no le permite salir al país de la pobreza.

En consecuencia, se debe comenzar una transición energética para llegar a la eliminación de las energías fósiles y la utilización de energías renovables (solar, eólica e hidráulica). En el ámbito de la lucha contra el calentamiento climático y de la salvaguarda del planeta, es cierto que las medidas tomadas por un pequeño Estado, a pesar de lo rico que sea en recursos petroleros, serán insuficientes. Se trata por consiguiente de poner en marcha una cooperación regional y cumplir un papel ejemplar para los otros actores de la escena internacional.

Yendo más allá, es necesario desarrollar un sector manufacturero con el fin de instaurar un modelo de industrialización por sustitución de importaciones para disminuir la cantidad de productos importados, especialmente acabados y semiacabados, y gestionar su elaboración en el propio país. La soberanía alimentaria del país debe ser una opción radical para el gobierno, que tiene que apoyar la producción agrícola alimenticia utilizando métodos biológicos (opuestos a los insumos químicos). Es la agricultura familiar y campesina en pequeñas unidades de producción la que puede dar los mejores resultados. Por supuesto, también se debe desarrollar cooperativas de dimensiones humanas, pero sobre una base estrictamente voluntaria y bajo el control de los propios campesinos y campesinas. Será necesario racionalizar rigurosamente la gestión de los recursos hídricos, con una regulación entre la agricultura y los otros sectores.

El gobierno debe también velar por la organización de un transporte en común gratuito que cubra todos los campos de cultivos y granjas, para permitir a los pequeños productores agrícolas (los y las que generan mundialmente la mayor parte de la producción alimentaria) encaminar su producción hacia los mercados urbanos y dejar de depender de intermediarios privados que deducen costosas comisiones. Las poblaciones rurales tendrán de esa manera un acceso más fácil a las infraestructuras sanitarias, educativas y culturales, y ganarán en emancipación por medio de la libertad de desplazamiento.

La financiación de tales sectores debe estar asegurada por los diversos recursos de exportación y sobre todo por los impuestos, que se deben descontar prioritariamente a los más ricos. La deuda pública podría constituir también un instrumento de financiación de un vasto programa de transición ecológica, en lugar de servir solo para imponer políticas antisociales, extractivistas, productivistas, que favorecen la competición entre los pueblos. El endeudamiento público no es malo en sí mismo. Los poderes públicos pueden recurrir a los préstamos para:

●→ financiar el cierre completo de centrales nucleares o térmicas;

●→ reemplazar las energías fósiles por energías renovables respetuosas del medio ambiente;

●→ financiar una reforma agraria y una reforma urbana;

●→ reducir radicalmente el transporte por carretera y aéreo en provecho de transportes colectivos por ferrocarril.

El empréstito público es legítimo si se hace al servicio de proyectos también legítimos, y si aquellas y aquellos que contribuyen a ese empréstito lo hacen también de manera legítima. El gobierno no dudará en obligar a las grandes empresas (nacionales o extranjeras) y a las familias más ricas a contribuir en el empréstito, sin obtener ninguna ventaja, es decir con tipo de interés cero y sin compensación por la inflación.

Al mismo tiempo, el gobierno tendrá que convencer a una gran parte de familias de las clases populares para que confíen voluntariamente sus ahorros a los poderes públicos, con el fin de financiar los proyectos legítimos ya mencionados. Esa financiación por las capas populares, sobre base voluntaria, sería remunerada por una tasa real positiva, por ejemplo, del 4 %. Eso significa que si la inflación anual alcanza el 3 %, la administración pública debe garantizar un interés nominal del 7 %, con el fin de asegurar un tipo real del 4%.

Ese mecanismo sería totalmente legítimo, puesto que financiaría proyectos útiles para la sociedad y, porque permitiría reducir la riqueza de los más ricos y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos de las clases populares.

Todo esto se tendría que completar con la creación, a nivel regional, de un organismo público multilateral que pudiera financiar tales proyectos, una especie de «Banco del Sur», que permitiría a los países firmantes mutualizar sus inversiones. En contrapartida, todos podrían beneficiarse de los bienes y servicios de otros países implicados en tener una tarifa inferior a la de las finanzas mundiales. El presidente venezolano Hugo Chávez había lanzado la iniciativa Petrocaribe, gracias a la cual Venezuela consentía en una rebaja consecuente (del orden del 29 %) en la venta de su petróleo a países del Caribe mientras que continuaría vendiendo a Estados Unidos a precio internacional. Se buscaban, también, acuerdos de trueque (por ejemplo, petróleo por servicios de personal sanitario), especialmente con Cuba, para reducir la exposición financiera. Pero con la caída del precio del petróleo, a partir de 2015, el gobierno venezolano, confrontado a una fuerte disminución de sus ingresos, debió acabar con el programa Petrocaribe. Como podemos ver, no pudo liberarse de esta enfermedad holandesa, que es rica en lecciones: debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer una verdadera transformación del modelo de desarrollo a fin de liberarnos de la dependencia total de las materias primas y no tratando de encontrar un camino progresivo dentro del modelo capitalista.

Un Banco del Sur, bien tímido, vio la luz a iniciativa de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Habría podido financiar la conexión de las redes ferroviarias de esos países y de ese modo relanzar la industria de producción de todo tipo de material necesario para unos ferrocarriles de calidad, modernizando al mismo tiempo las redes nacionales existentes. Habría podido financiar también el desarrollo de una industria farmacéutica regional con el fin de producir medicamentos genéricos y promover las plantas medicinales tradicionales. Pero los dirigentes brasileños y argentinos, a sueldo de los capitalistas del Norte y de sus propios países, sabotearon la estructura a nivel interno.

Con el fin de reducir la dependencia de los mercados financieros, que vuelve al país más vulnerable a una eventual sobrevaluación de la moneda, es necesario tomar una serie de medidas audaces: acabar con el sistema deuda y cortar los lazos con las instituciones financieras internacionales. Para ello, se deberá realizar una auditoría de la deuda pública con el objeto de determinar las partes ilegítimas, odiosas o ilegales, con el fin de conseguir un repudio impuesto a los acreedores de manera unilateral y soberana, con el apoyo del pueblo y en base a textos jurídicos internacionales. A la espera de su resolución, se debe declarar una moratoria del reembolso de esa deuda sin penalidades de mora; abandonar las políticas de ajuste estructural y los acuerdos de libre comercio; abandonar definitivamente el FMI, el Banco Mundial y la OMC e incitar a los otros países asociados a hacer lo mismo; determinar la deuda ecológica y exigir su pago por parte de las grandes empresas capitalistas; demandar ante la justicia la expropiación de bienes mal adquiridos por los regímenes dictatoriales anteriores y su retrocesión sin ninguna indemnización al Estado; reinstaurar un control de movimientos de capitales; gravar, fuertemente, los beneficios de las empresas transnacionales instaladas en el país y los patrimonios de las grandes fortunas; resocializar las instituciones y los servicios públicos privatizados; socializar y descentralizar el sector bancario y los sectores de la energía.

Inversamente a lo que se práctica en la actualidad con las poblaciones desfavorecidas, la socialización del sector bancario permitiría financiar a tipo de interés cero préstamos de microcrédito para pequeñas empresas familiares o personales, permitiendo la mejora de las condiciones de producción y la realización de proyectos a escala local.

Para poner fin al endeudamiento privado ilegítimo, el gobierno deberá también tomar medidas concretas para favorecer una neta mejora de los ingresos de las clases populares, la generalización de las políticas sociales, de los servicios públicos y de los programas de alojamiento gratuito y, la subvención de los productos de primera necesidad. Efectivamente, el endeudamiento ha sido utilizado desde hace milenios como un mecanismo de desposesión de los campesinos de sus tierras, de los artesanos de sus herramientas, de las familias de clases populares de su vivienda. El sistema de deudas privadas ilegítimas, generalmente, actúa mediante la imposición de condiciones de préstamo y reembolsos que imposibilitan cualquier pago. Por lo que eso termina con la desposesión (vivienda, tierra, herramientas de trabajo) y/o la obligación de dedicar largos años, incluso decenas de años, al pago de esa deuda. Por vía legal, el gobierno deberá acabar con esos mecanismos que mantienen al pueblo bajo el yugo de la deuda.

Consolidar esos cambios para la igualdad de derechos y la instauración de una democracia directa

Esos cambios económicos deben ir a la par de una garantía efectiva de igualdad de derechos para todas y todos, cualquiera sea el origen de las personas, la identidad de género, la orientación sexual, la situación de discapacidad, etc., con el fin de favorecer la emancipación de todas las personas oprimidas y su participación en la vida en sociedad. Eso pasará si se producen cambios fundamentales en las relaciones entre los sexos con el fin de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y contribuir a hacer desaparecer el sistema patriarcal. La instauración de una red de células de proximidad que ofrezcan cuidados ginecológicos y obstétricos dentro de un modelo de planificación familiar, y también cuidados a la primera infancia. Tendría que haber, igualmente, centros de detección que permitieran la información y apoyo a las minorías sexuales.

El gobierno deberá tomar todas las medidas necesarias para que haya progresos sustanciales en ese sentido, comenzando por garantizar la igualdad de tiempo de palabra entre los sexos y los géneros en las discusiones públicas, que supera la simple igualdad en la representación, evidentemente, una condición sine qua non.

También son necesarios cambios políticos fundamentales, para los cuales es necesario lanzar un proceso constituyente en el que todas las personas que viven en el país intervendrán para presentar sus libros de quejas y redefinir una nueva arquitectura institucional, así como garantizar una extensión de los derechos. El cambio podrá hacerse realmente solo si la ciudadanía se autoorganiza y pueden protestar libremente contra las políticas del gobierno. Es fundamental instaurar, a partir de la base, un mecanismo democrático de revocación de los mandatarios públicos. Todo esto debe ser incluido en la nueva constitución.

Conclusión

Para conseguirlo, el gobierno debe ser consciente que tendrá que afrontar a todos aquellos que se aprovechan del sistema actual y sabe que son poderosos. Sabe también que no podrá salir del modelo extractivista-exportador si la experiencia se limita a un solo país. El gobierno debe estar convencido que la gran mayoría del pueblo lo apoyará si tiene coraje para luchar. También sabe que es necesario adoptar una gestión internacionalista y llamar a la acción coordinada de los pueblos. Sabe que el modelo extractivista-exportador esta íntimamente ligado al sistema capitalista y que hay que liberar a los pueblos de ese sistema, es decir, destruirlo. Es una transformación revolucionaria completa que la sociedad necesita, y con el derrocamiento reciente del régimen dictatorial, esa transformación apenas comienza.

Agradecimientos

Gracias a Omar Aziki, Eva Betavatzi, Myriam Bourgy, Marie-Laure Coulmin, Nathan Legrand, Brigitte Ponet y Claude Quémar por su lectura y consejos.

Damien Millet es portavoz del CADTM Francia y Éric Toussaint es portavoz del CADTM Internacional.

Traducción de Griselda Piñero Delledonne.

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