Argentina: Macri anunció que las Fuerzas Armadas van a intervenir en la seguidad interior /Réplica de organismos de DDHH

Resumen Latinoamericano / 23 de julio de 2018.

Desde Campo de Mayo (centro clandestino de detención durante el último golpe militar), el Presidente Macri describió los principales lineamientos que pretende para las Fuerzas Armadas. «Queremos que puedan colaborar con la seguridad interior», afirmó. Para ello, el Gobierno debería anular el decreto 727 del 2006, que ponen límites al accionar de las FF.AA en conflictos internos. «Necesitamos que sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI», argumentó Macri.

El presidente Mauricio Macri encabezó un acto en Campo de Mayo en el que ratificó la «importancia de que (las Fuerzas Armadas) puedan colaborar con la seguridad interior» y pidió «avanzar en un debate de la reforma del sistema de defensa nacional». En un breve discurso de siete minutos, en el que anunció su plan de reforma de las Fuerzas Armadas, el Presidente insistió en la idea de modificar las funciones del Ejército para «enfrentar los desafíos del Siglo XXI», tal como la política de seguridad de Estados Unidos se refiere al combate del terrorismo y narcotráfico, pero no dio precisiones si se avanzará por decreto o enviará un proyecto de ley al Congreso.

El mandatario confirmó que comenzarán a desplegarse miembros de las Fuerzas Armadas para «la custodia de los objetivos estratégicos», como centrales nucleares y yacimientos de petróleo como Vaca Muerte. En agosto, además se enviarán 500 efectivos a las zonas de frontera en Salta, Formosa y Misiones, que llegarán a 5.000 en un año.

También detalló algunas iniciativas de formación militar para «poner en valor a la familia militar». Macri ya había anunciado la intención del Gobierno de alinearse a la política de seguridad internacional norteamericana por primera vez en 2016 y desde entonces generó el rechazo de especialistas en el tema y de los organismos de derechos humanos, por la posibilidad que abre para utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos de carácter social y político.

Para esto, el Gobierno debe modificar las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior de 1988 y 1991, respectivamente, y el decreto 727 de 2006, que marcaron los límites para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior.

Acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del Valle Sosa, Macri se encargó de poner fin al conflicto salarial expuesto con la suspensión del desfile militar del 9 de julio y señaló que «las fuerzas necesitan contar con salarios y servicios de salud adecuados» para abrir un debate más profundo: «Es tarea de la sociedad comprender que las fuerzas armadas del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia».

El mandatario se encargó en su breve discurso de «poner en valor a la familia militar» y separar la nueva doctrina impulsada por el Gobierno del papel que las Fuerzas Armadas cumplieron durante la última dictadura cívico-militar. «Sabemos que esta transformación no va a ser fácil, pero celebro que estemos unidos para alcanzar los consensos y construir fuerzas armadas modernas». Y siguió: «Queremos saldar la deuda que tenemos con las fuerzas armadas de la democracia», insistió.

La calidad de «modernas» estuvo puesta por el Presidente en un enfoque emparentado con la política de seguridad norteamericana respecto de los «desafíos del siglo XXI».

«Vivimos en una zona de paz, pero necesitamos que las fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI», sostuvo el mandatario al ponerse en línea con las estrategias de combate al narcotráfico y el terrorismo dictadas por Estados Unidos.

Macri no dio mayores precisiones de cómo se aplicará la doctrina para «proteger la soberanía y la integridad de nuestro país», aunque anticipó el envío de militares para «la custodia de objetivos estratégicos». Tras el discurso de Macri en el Día del Ejército, el Gobierno buscará de esa forma liberar a los Gendarmes que cumplen tareas de custodia de recursos como Vaca Muerta o las centrales nucleares de Atucha, para poder sumarlos a la intervención en conflictos sociales, sin necesidad de modificar las leyes de Defensa y Seguridad Interior, lo que debería pasar por el Congreso.

Respecto de cuestiones operativas y de estructura de la fuerzas, Macri propuso el envío de una Ley de Personal Militar, propuso avanzar en un «sistema de reserva para aumentar la capacidad del país» en una lejana hipótesis de conflicto e indicó que se está «promoviendo un instrumento militar basado en el accionar conjunto de las fuerzas, que nos permitirá avanzar en la eficacia de financiamiento». En ese sentido, se esperaba también un anuncio formal de la eliminación de regimientos, para generar unidades conjuntas, y liberar terrenos militares destinados a la venta para engrosar las arcas del Estado.

A continuación la conferencia completa de Mauricio Macri hoy 23 de julio en Campo de Mayo:

 

Posteriormente a esta conferencia de Mauricio Macri, el titular de Defensa anunció la compra de un software a Israel para «prevenir un ciberataque» y puso como ejemplo de esa amenaza la supuesta intervención de Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos, un hecho negado la semana pasada por Trump y Putin. También se refirió a una guerra contra los narcos y el terrorismo. En ese sentido, anunció el envío de 500 militares a los pueblos de frontera de Salta, Formosa y Misiones y la formación de «fuerzas de despliegue rápido».

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, sinceró que la «puesta en marcha de la reforma del Sistema de Defensa Nacional» anunciada esta mañana por el presidente Mauricio Macri implicará el accionar del Ejército como  «fuerza disuasiva» en la zona de frontera para enfrentar acciones de grupos del narcotráfico y el terrorismo.  En el marco de una política de «guerra contra el narcotráfico», doctrina que disparó exponencialmente la violencia en otros países latinoamericanos, Aguad habló de la creación de «fuerzas de despliegue rápido con 10 mil hombres», pero puso plazos de cumplimiento de los objetivos para «los próximos diez años».

No se privó de nada el Ministro en su afán por respaldar la reforma de las Fuerzas Armadas y su rol en la seguridad interna. En ese sentido, habló también de estar preparado para rechazar los ciberataques e incursionó en un terreno complicado, dado que justificó la compra de un software a Israel para que no ocurra como en las elecciones de Estados Unidos donde «Rusia intervino en el resultado».

Así, Aguad dio por hecho una dura acusación que es investigada en los Estados Unidos y fue negada la semana pasada por el propio presidente norteamericano, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.

«El aparato que se va a adquirir es de origen israelí, no tiene que ver con la política de seguridad, tiene que ver con (prevenir) un ciberataque que comprometa nuestro sistema tecnológico», dijo. Y ejemplificó: «Rusia intervino en el resultado electoral de la pasada campaña y eso tiene que ver con un ciberataque».

En tanto, el Ministro confirmó un primer envío de 500 militares a las pueblos de frontera en Salta, Formosa y Misiones, que pasarán a 5 mill en un año, y aseguró que «van a contar con el equipamiento personal», mientras que señaló que actuarán de forma «complementaria» con la Gendarmería.

«Es un Ejército que tiene que ser más reducido pero con más tecnología y más capacidad para manejar la nueva tecnología», consideró Aguad,  aunque confirmó que al reequipamiento de las fuerzas aún está en proceso. En ese sentido, Aguad también señaló la idea de crear «fuerzas de despliegue rápido con 10 mil hombres», lo que implicaría un 10 por ciento del total de hombres y mujeres con los que cuentan las Fuerzas Armadas en la actualidad, y puso el plazo de cumplimiento de la reforma anunciada para  «los próximos diez años» porque «la actualización salarial de las Fuerzas Armadas va a llevar tiempo».

La intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior está prohibido en las leyes de Defensa y Seguridad Nacional, y ratificado por el decreto 727 de 2006. Se especula con que el Gobierno anule ese decreto del ex presidente Néstor Kirchner y habilite con uno nuevo el cambio de doctrina, sin llevar al Congreso la modificación de las leyes.

 

Comunicado del Encuentro Memoria Verdad y Justicia

NO AL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA REPRESIÓN INTERNA

Macri anunció hoy, su Plan de reformas para las Fuerzas armadas.
En un acto que encabezó en Campo de Mayo, presentó la puesta en marcha de la reforma del Sistema de Defensa Nacional, donde las Fuerzas Armadas cumplirán un nuevo rol, haciendo énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Para que quede claro, Macri afirmó que la Argentina necesita «fuerzas armadas que sean capaces de enfrentar» los «desafíos y amenazas» del siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo internacional.

El gobierno que dijo que Santiago Maldonado estaba en Chile; el gobierno que respaldó a la Prefectura ante el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel; el gobierno que reprimió a trabajadores, legisladores y vecinos con cacerolas, que se oponían a la Reforma Previsional; el gobierno que reivindica la teoría Chocobar y el gatillo fácil; el gobierno que desde su asunción niega el genocidio, impulsa el 2×1 para crímenes de lesa humanidad y respalda la prisión domiciliaria de los genocidas; nos dice que su manera de «modernizarse» para los tiempos que vienen es volver a habilitar a las FFAA para la represión interna.

No podemos dejar que este plan avance.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocamos a todas las fuerzas gremiales, políticas, estudiantiles, sociales y de derechos humanos a expresar nuestro profundo repudio a estas medidas y el compromiso de lucha para que este plan nefasto no avance.

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
BsAS, 23 de julio de 2018.

 

Comunicado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, rechaza categórica y enérgicamente la intervención de las Fuerzas Armadas Argentinas – FFAA – en el interior del país.

Las FFAA no están preparadas para involucrarse en acciones de «pretendida seguridad interior».

Las Madres de Plaza de Mayo, tenemos experiencias de su siniestro accionar: secuestros, detenciones, cárcel, tortura, violaciones, humillaciones, vejaciones, desapariciones y muertes; robos de bebés, niños, robos materiales, estafas… todo esto, sufrido por todo el país, con el pretexto de ayer de «la subversión» y hoy por el terrorismo y el narcotráfico.
Intentan experiencias que en México y Colombia dieron desastrosos resultados.

Las secuelas aún persisten, y no han sido reparadas, no nos engañemos con propósitos de «apoyo logístico humanitario», pretenden seguir vigilándonos e intervenir en cuestiones internas.

¡No lo permitamos!
Ni un paso atrás.
Neuquén, 06 de julio de 2018

 

Comunicado en conjunto de diferentes sindicatos

La imagen puede contener: texto

 

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Informe del CELS: Involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior es desprofesionalizarlas y poner en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos*

 

La derogación del decreto 727/6

 

En los últimos tiempos, tomó estado público la intención del gobierno de aprobar un nuevo decreto reglamentario de la Ley de Defensa, en remplazo del sancionado en 2006 (727/06), que permitiría la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interna y para responder a amenazas externas aun cuando no sean realizadas por un Estado, como ocurre en el caso del terrorismo1. De prosperar, esta iniciativa acabaría con la demarcación estricta entre las cuestiones de defensa y seguridad.

El marco normativo actual no veda por completo el empleo de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior sino que lo autoriza y regula de manera bien específica: prohíbe el empleo regular de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en roles policiales y de seguridad pero les otorga un rol de apoyo a las operaciones de seguridad interior. Este rol debería ser institucionalizado por mecanismos de gestión permanentes, hoy inexistentes en la práctica.

Distintos sectores sostienen que el terrorismo y el narcotráfico son “agresiones de origen externo”. Sin embargo, como quedó plasmado en la resolución 3314 de Naciones Unidas, “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”. La resolución enumera siete situaciones; ninguna contempla a actores no estatales.

Otorgar a los militares tareas propias del campo de la seguridad –como las actividades antiterroristas- que ya están asignadas a cuatro fuerzas federales desvirtuaría el rol profesional de éstas y sería una decisión poco racional desde la perspectiva del gasto público y la organización general de la administración estatal. Además, no está claro qué tipo de acciones y organizaciones serán las consideradas como terroristas.

 

La política del gobierno de Cambiemos: la administración de los recursos y la posible derogación del decreto 727/06 debilitan a la defensa nacional

 

Desde que la alianza Cambiemos asumió el gobierno, tres ejes caracterizan a la política de Defensa. Por un lado, se tomaron decisiones que se orientan a debilitar o a transgredir el principio de demarcación entre la seguridad y la defensa. Esta asignación de tareas (generalmente justificadas en la necesidad de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad) se realiza, además, por vías administrativas o por decretos, sin debate político ni público. Por otro, se tomaron decisiones que debilitaron la conducción civil de las Fuerzas Armadas y al ampliar su margen de autonomía se trastocó uno de los pilares fundamentales del sistema político argentino. Por último, el presidente y otros funcionarios, al mismo tiempo que promueven la participación de los militares en tareas de seguridad interior, sostienen discursos que desdibujan la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado y/o afirman que los militares fueron castigados excesivamente por la sociedad y es tiempo de que recuperen protagonismo.

En particular, mientras se destinaron la mayor parte de los recursos económicos a la adquisición de armamento que podría ser utilizado en misiones de seguridad interna se anunció un proceso de “racionalización del gasto militar” que incluye la reducción del personal, la cancelación de distintos programas de armamento, la reducción del déficit de las empresas militares y de las unidades militares y la venta de inmuebles de las fuerzas. Todo ello en el marco de una total ausencia de debate respecto a la política y estrategia de defensa del país.

Durante 2016, un 80,3% de la disminución del presupuesto recayó sobre las partidas destinadas a ciencia, tecnología y producción para la Defensa; en 2017, fue de otro 10% más. Estos recortes afectan programas que incluyen el desarrollo y fabricación de tecnologías de última generación como radares, aviones y drones desarrollados por Invap. Asimismo, se redujeron los recursos destinados a proyectos tecnológicos de avanzada de uso dual como es el caso del área de cohetes y satélites.

Al mismo tiempo que se hizo este ajuste, se anunciaron adquisiciones de equipamiento individual, aviones ligeros, aviones de transporte medio y de exploración marítima y patrulleros oceánicos. Este material es útil para tareas de detección e interdicción aérea del tráfico de drogas y para el control de la pesca y del transporte marítimo ilegal. Es decir, son compras coherentes con la misión de seguridad interna que se le quiere asignar a los militares.

Los riesgos de reemplazar una política de defensa por la construcción de un enemigo interno

 

En este contexto, el principio de demarcación se encuentra amenazado nuevamente. Desde sus comienzos el gobierno nacional reorientó las políticas de defensa y de seguridad y funcionarios de alto rango abogaron por una mayor intervención militar para “luchar contra el narcotráfico y el terrorismo”. La modificación del decreto reglamentario de la Ley de Defensa junto con un claro alineamiento al paradigma de las “nuevas amenazas” caracterizan esta reorientación que tiene consecuencias que ponen en riesgo el gobierno civil de las fuerzas armadas y la vigencia de los derechos humanos.

La derogación del decreto 727/06 permitiría interpretar al narcotráfico y al terrorismo como amenazas de origen externo para luego asignar a los militares la misión de “combatirlas”. Esta voluntad de expandir las misiones de las Fuerzas Armadas es acompañada de una retórica que vincula al narcotráfico y al terrorismo con actores internos de muy diversa índole y que en el pasado ha sido funcional a la deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno. Esta decisión es especialmente preocupante en un contexto de creciente deterioro económico y conflictividad social y en vista a las respuestas estatales represivas precedentes2.

En síntesis, la posible derogación del decreto 727 se produce en el marco de una política de defensa que busca profundizar su alineamiento con el paradigma de las “nuevas amenazas” y la “lucha contra el terrorismo”. En el contexto argentino, y sin un debate público sobre las misiones de las Fuerzas Armadas y el presupuesto adecuado para cumplirlas, esto solo conducirá a una mayor asignación de tareas de seguridad interna y a un evidente proceso de “policialización” de los militares, algo que comprometería aún más lo que queda de la defensa nacional. Todos los ejemplos de los países latinoamericanos que han optado por esta reasignación de misiones han fracasado en cumplir con su objetivo y han sumado numerosas denuncias por abusos a los derechos humanos.

Es fundamental que el sistema político reafirme su compromiso con el principio de demarcación, el control civil de las Fuerzas Armadas y la definición de políticas de defensa y seguridad que privilegien la reducción de la violencia y fortalezcan la institucionalidad democrática.

 

 

*Informe realizado en: Junio 2018

Por Carlos Acuña, Luciano Anzelini, Ileana Arduino, León C. Arslanian, Jorge Battaglino, Alberto Binder, Paula Canelo, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Gastón Chillier, Enrique Del Percio, Rut Diamint, Natalia Federman, Enrique Font, Sabina Frederic, Jaime Garreta, Manuel Garrido, Juan Carlos Herrera, Gabriel Kessler, Paula Litvachky, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo F. Palmieri, Pepe Paradiso, Hernán Patiño Mayer, Sidonie Porterie, Gabriel Puricelli, Marcelo Sain, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, Juan Tokatlian, Manuel Tufró, José M. Vásquez Ocampo, Horacio Verbitsky.

Grupo Convergencia XXI

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia- ILSED Centro de Estudios Legales y Sociales- CELS

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Notas:
1 Carlos Pagni, “Estudian que las fuerzas armadas intervengan en seguridad,” La Nación, 24 de mayo de 2018; Fernando Morales, “El gobierno promulgará un decreto que asigna nuevos roles a las fuerzas armadas”, Infobae, 27 de mayo de 2018; Mariano de Vedia, “Quieren autorizar a las FF.AA. a combatir el terrorismo”, La Nación, 30 de octubre de 2017; Mauro Federico, “Un ex SIDE tras el plan oficial para usar FF.AA contra el terrorismo,” Ámbito Financiero, 31 de Octubre de 2017; Martín Di Natale, “El Gobierno evalúa que las Fuerzas Armadas puedan actuar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, Infobae, 27 de agosto 2017.
2 Carlos Pagni, “Estudian que las fuerzas armadas intervengan en seguridad,” La Nación, 24 de mayo de 2018.

 

 

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