Según el funcionario, ello es posible gracias a una política estatal que erradica la coca ilegal de zonas como Los Yungas en La Paz y el trópico de Cochabamba aplicando mecanismos de autorregulación en sindicatos campesinos.
Luna agregó que hay pleno acuerdo respecto al informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) porque son datos reales, ya que su sector ‘maneja’ las mismas cifras.
‘Ellos (UNODC) hacen monitoreo y la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) certifica, no lo hacemos nosotros ni otras instituciones’, aseveró.
Agregó que el Gobierno seguirá siendo ‘duro’ con la erradicación en las zonas rojas (cero coca) y amarillas ‒donde se permite hasta un cato (50 metros por 50)‒, sin tocar las verdes, que son originarias y ancestrales.
Según el Informe Mundial sobre Drogas 2018, presentado esta semana en La Paz, la producción de coca boliviana representa el 10 por ciento de ha del total mundial, muy por debajo de Colombia (primer lugar con 146 mil ha), y Perú (43 mil 900 ha).
En 2008, el presidente Evo Morales anunció la expulsión de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) por espionaje político, conspiración y el financiamiento a grupos delictivos.
Un año después Bolivia comenzó una estrategia diferente contra las drogas y obtuvo mejores resultados, según reflejan datos oficiales.
La propia Unodc reflejó que en 2017 las autoridades bolivianas incautaron 13 mil 745 kilogramos de cocaína base, tres mil 884 de clorhidrato de cocaína y 18 mil 692 de marihuana para expendio, sumando 36 mil 321 kilogramos de droga.
En este país, la Ley General de la Coca vigente desde el año pasado norma la promoción, circulación, comercialización, consumo, investigación e industrialización de la planta en su estado natural.
La normativa permite 23 mil 100 ha de cultivos de coca, reconoce los valores patrimoniales de la misma y enfatiza que la planta en su estado natural no es una droga.
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