Colombia. Las élites y la corrupción

Resumen Latinoamericano / 18 de julio de 2018 / Óscar H. Avellaneda, Pacocol

Un repaso a los más sonados casos de corrupción, soborno, y otras formas de apropiarse y saquear los bienes públicos en Colombia demuestra que es una tendencia presente en todos los gobiernos desde la época colonial, pasando por las primeras repúblicas, hasta las modernas. De hecho Simón Bolívar hizo decretos declarando la pena de muerte a funcionarios que robaran, usaran o apropiaran bienes o dineros públicos para su propio enriquecimiento o beneficio individual.

Estaba en primer orden la guerra de liberación e independencia, y esta requería no tanto de caudillos corruptos, como de funcionarios para los nuevos cambios y exigencias de las nuevas repúblicas.

De la corrupción no se salva ni la empresa “nacional” como tampoco las extranjeras. ¿O qué otra cosa hicieron las empresas nacionales que crearon carteles de precios, aumentándolos y restringiendo la competencia, para aumentar sus ganancias y afectar el bolsillo de los consumidores con productos como el arroz, el azúcar, el cemento, el ganado, el papel higiénico, los cuadernos, los pañales? ¿Y cuál ha sido la sanción? ¿Han resarcido a la sociedad por el daño que causaron? ¿Han sido expulsadas de la ANDI?

Ni el fútbol ni el periodismo escaparon a la “causa” del enriquecimiento ilícito, como es el caso del expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, quien según la justicia norteamericana, recibió cerca de 7,5 millones de dólares con el fin de aprobar un contrato de patrocinio comercial para que una empresa española se quedara con estos derechos.

¿O qué otra cosa son los Panamá Papers, donde están comprometidos 1.245 colombianos, entre ellos editores de medios de comunicación como Darío Arismendi, de Caracol radio?

De los escándalos en las esferas del poder se conoce más, no obstante también ha sido desfalcada la salud (SaludCoop), el agro (Ingreso Seguro), la educación (Córdoba), la infraestructura, la nutrición de niños/as (La Guajira y Chocó).

Tal vez sea cierto que el escándalo económico del siglo sea Reficar (Refinería de Cartagena), que según la revista Semana tuvo un sobre costo de más de 4.000 millones de dólares, superando con creces el escándalo de Odebrecht, que según el departamento de Justicia de los EEUU, sobornó funcionarios y políticos colombianos con 11 millones de dólares.

Colombia es de lejos el país más corrupto del continente, porque no es una estructura burocrática-gubernamental aislada del contexto internacional y del sistema económico que lleva implícito el virus de la corrupción que saquea la riqueza pública en beneficio del interés privado, individual y de las grandes empresas (…)

Entre otras cosas, ¿cuál es el interés real del Departamento de Justicia de los EEUU con sus investigaciones e inteligencia apoyada por la CIA y el FBI, de combatir la corrupción como un mal que puede acabar con el sistema capitalista, o posicionar a las transnacionales gringas en los grandes negociados a costa de las latinoamericanas?

La respuesta es sencilla: el “libre mercado” necesita grados de “legalidad” y un Estado de derecho suficiente que asegure el movimiento de los capitales.

Aunque los grandes capitales son cómplices y promotores de la corrupción alrededor del mundo, la corrupción es también una fuente de encarecimiento de la producción, de baja productividad, de fuga de recursos públicos y privados, de incremento de la incertidumbre, de freno de la inversión y, por lo tanto, de estancamiento económico.

Por este motivo los industriales, comerciantes y terratenientes agrupados en el Consejo Gremial Nacional han dado la orden a Iván Duque de iniciar una “Lucha frontal contra la corrupción” afirmando:

“La corrupción afecta la competitividad y el crecimiento a través de varios canales: (1) deteriora la calidad de la infraestructura y los servicios públicos; (2) reduce la disposición a pagar impuestos; (3) genera desconfianza en la justicia, lo cual repercute sobre el cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de propiedad; (4) estimula el exceso de trámites y la arbitrariedad en su aplicación, afectando en particular a las empresas pequeñas (Perry y Saavedra, 2017).

“Además, socava las bases mínimas sobre las cuales se construyen y soportan la confianza y la convivencia ciudadanas. A su turno, la corrupción emana de la combinación de escasa disuasión; incentivos y oportunidades que aumentan el botín; y una precaria ética ciudadana.

“En cuanto a disuasión, se requiere de una justicia eficaz, con penas severas. Respecto de disminuir incentivos, son necesarias reformas institucionales tanto en lo económico (reducción de trámites; licitaciones y compras transparentes y competitivas; promoción de la competencia; tecnificación de los POTs), como en lo político (fortalecimiento de los partidos y financiación de las campañas).

“En referencia a la precaria ética, el papel clave lo juegan los ciudadanos, los empresarios y los educadores. Las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la corrupción en la contratación pública, al estancar su desarrollo hacia organizaciones sólidas, solventes y competitivas.

“Es por lo tanto deseable que se fortalezcan aspectos como la estandarización de los criterios a incluir en los pliegos de condiciones de los concursos y licitaciones y la capacidad de los entes de control de anticiparse a la manifestación de conductas indeseables o distorsionadoras del proceso de contratación pública.

“Preocupa sobremanera el aumento de cultivos ilícitos y la resiliencia del narcotráfico. Estos flagelos generan violencia, distorsionan los precios, además de estimular el contrabando y otras manifestaciones de corrupción.

“El sector privado llama la atención sobre la falta de efectividad de los programas de erradicación y de sustitución de cultivos y considera contraproducente la producción de billetes de alta denominación, lo cual facilita el desarrollo de actividades por fuera de la ley.

“Debe fortalecerse la capacidad investigativa y técnica de los entes de control. Estos deben adelantar sus funciones con discreción y sin protagonismo, evitando que a través de los medios se desaten “cacerías de brujas” que desincentiven a personas honestas e idóneas a desempeñar cargos públicos”.

Los comunistas tenemos claro que las raíces de la corrupción están en el capitalismo, el peor enemigo de la Humanidad y del planeta, que promueve la búsqueda insaciable del enriquecimiento y la acumulación insaciable de dinero y bienes materiales.

Sin embargo estamos de acuerdo en cerrar, por todos los medios posibles, los caminos que permiten a los corruptos quedarse con los recursos públicos, por eso apoyamos decididamente la consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto, votando 7 veces SÍ.

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