“Lo que ofrecen no alcanza ni para pagar el aumento de la boleta de luz”, aseguró el titular de Suteba, Roberto Baradel, en referencia a la negociación paritaria que ayer volvió a fracasar cuando el gobierno de María Eugenia Vidal volvió a ofrecer un exiguo 15 por ciento sin cláusula gatillo y un plus por presentismo para los docentes que no se enfermen ni adhieran a paros. “La discusión viene compleja”, admitió.

En diálogo con AM 750, Baradel reiteró que la demanda de los gremios es el de “una oferta más realista”: un incremento salarial “superior al 20 por ciento con cláusula gatillo y los 4 puntos de recuperación pendiente de la negociación de 2016”.

Respecto del plus por presentismo, el titular de Suteba ratificó que denunciará a la administración bonaerense ante la Organización Internacional del Trabajo por “práctica desleal”. “La asistencia se mejora mejorando las condiciones de trabajo”, subrayó.

Además, aseveró que, si hay un problema con la cantidad de días en que faltan los maestros, lo que el gobierno debe hacer es “ejercer un control eficiente en las licencia para evitar los abusos y sancionar las faltas injustificadas”. Si esto no se hace, prosiguió, “¿por qué se va a castigar a un docente con una cuausal legalmente establecida?”

Por otra parte, Baradel también se refirió al cierre de escuelas y jardines en el territorio bonerense. Contó que estuvo en la reunión que ayer mantuvieron funcionarios con madres, padres y docentes de las primarias y jardines del Delta cerrados por orden de Vidal y calificó a ese encuentro de “muy duro”.

“No hubiera querido estar en lugar del ministro (de Educación, Gabriel Sánchez Zinny) cuando le hablaron de cómo dejaba desamparado a los chicos y a los lugareños”, relató y narró un instante: “Una directora que le recordó que en noviembre pasado él había ido a la escuela y la había felicitado por el trabajo que estaba haciendo. El ministro dijo ‘sí lo recuerdo’. Entonces, la docente le preguntó: ‘¿Me puede explicar entonces qué cambió desde noviembre para que me cierren la escuela?’”

El encuentro fue “emotivo” y los testimonios fueron “desgarradores”, añadió y contó: “Algunos lagrimeamos”. La discusión entre esas comunidades educativas y de las 39 escuelas rurales con los funcionarios continuará hoy. “Esperamos que el gobierno haya entendido el reclamo de todos y revea su decisión de cerrar” esas instituciones, concluyó.

Seccionales bonaerenses de la Unión Obrera Metalúrgica se concentraron ayer por la tarde frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para repudiar el cierre de una fábrica de Quilmes Oeste y el despido de sus 120 empleados. Las autoridades de la empresa Indelqui, que se dedica a la fabricación de cables para telecomunicaciones, alegaron en las últimas semanas que no pueden competir en el mercado por la política de importación del gobierno de Mauricio Macri y anunciaron la clausura de su planta. Francisco Gutiérrez, referente de la UOM y ex intendente municipal, aclaró que se trata de una ”cuestión de política industrial que derivó en un conflicto laboral”, y aseguró: “exigiremos la continuidad de todos los trabajadores y una reunión con el Ministerio de Producción”.

Por ese motivo, dijo que pedirá una reunión al Ministerio de Producción “para discutir la política industrial de importación”. “El martes estaremos nuevamente acá porque no vamos a bajar los brazos”, adelantó frente a la sede de Callao 124.

Las distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires presentaron ayer en la audiencia pública sus propuestas de ajuste de tarifas. Como informó PáginaI12 el lunes, el precio del metro cúbico para los usuarios residenciales de Metrogas aumentará en abril entre 32,1 y 44,5 por ciento, mientras que para los usuarios de Gas Natural BAN oscilará entre 30,3 y 43,9 por ciento, siempre según la categoría de consumo que les corresponda. El detalle forma parte de las presentaciones que enviaron por escrito al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) antes de la audiencia. Si el gobierno aprueba sus solicitudes, en doce meses el incremento trepará hasta un 111,2 por ciento, sin considerar la tarifa social ni los descuentos por ahorro. Además, las compañías solicitaron ajustar un 36,3 por ciento el cargo fijo que se cobra independientemente del consumo de cada hogar, el cual en un año trepará 122,4 por ciento. El impacto en los bolsillos de los usuarios podría ser incluso mayor porque las temperaturas del invierno pasado estuvieron por encima del promedio y si este año el frío se hace sentir con más fuerza el consumo de gas aumentará. Para anticiparse a ese complejo escenario, el gobierno evalúa la posibilidad de aplicar una tarifa plana que regiría por semestre y que trasladaría parte del impacto de los meses de mayor consumo al resto del período. La propuesta fue explicitada ayer por la mañana por Jorge Niemetz, director de Compras de Energía y Regulación de Gas Natural BAN, quien fue el encargado de abrir la lista de oradores. Los representantes del resto de las distribuidoras coincidieron luego en formular sugerencias similares, dejando en claro una estrategia coordinada que incluyó al propio gobierno.

La audiencia se realizó en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas y estuvo presidida por Mauricio Roitman, flamante titular del Enargas, quien realizó una breve introducción en la que buscó dejar en claro que la audiencia no era una formalidad y que se tomarían en cuenta las propuestas de los expositores. A las empresas se les reservaron los primeros lugares en la lista de oradores.

Luego de detallar qué aumento tarifario reclama Gas Natural BAN, Niemetz detalló su propuesta de tarifa plana. “Por último, es objeto de esta presentación también proponer una alternativa de facturación plana que permita facilitar el pago del servicio y amortiguar el impacto de los meses de mayor consumo dando previsibilidad a la factura. En este sentido, la metodología propuesta por Gas Natural BAN se estructura en dos períodos semestrales de año calendario que comprenden los bimestres 3º ,4º y 5º, mientras que el segundo período serían el 6º, 1º y 2º bimestre, respectivamente. A partir de los consumos históricos del cliente se obtiene un volumen mensual para cada semestre y ese volumen multiplicado por la tarifa aplicada en abril y octubre de cada año va a generar un monto de dinero que dividido por seis definirá un importe promedio de pago mensual. De esta forma, se aplica un importe previsible”, aseguró Niemetz.

El ejecutivo de Gas Natural BAN aclaró además que cada factura exhibirá también un “importe de estabilización” con la diferencia que arrojaría el total a pagar si no rigiera la tarifa plana. “Al final de cada semestre lo que se hace es un ajuste donde los clientes que hayan ahorrado tendrán una diferencia a favor que se les retribuirá automáticamente y a los que se hayan excedido se les cobrará la diferencia”, agregó Niemetz.

Según un ejemplo expuesto por Gas Natural BAN, un cliente que consume 1050 metros cúbicos por año y que en el invierno pagaría facturas que van de 2000 a 3300 pesos por bimestre, con la nueva modalidad pasaría a pagar seis facturas de 1300 pesos por mes durante todo un semestre. La empresa solicitó además que esta modalidad comience a regir a partir del tercer bimestre de este año y se le aplique sólo a los clientes residenciales.

El gerente de Tarifas y Análisis Comercial de Metrogas, José Luis Fernández, hizo la misma propuesta, pero además sumó como alternativa la posibilidad de diferir el pago de una parte de los montos de las facturas del invierno, como ya se hizo en 2017, en ese caso para que no llegarán boletas demasiado abultadas antes de las elecciones legislativas. “Debido a que los mecanismos descriptos alterarían los flujos de fondos de las distribuidoras, se solicita establecer mecanismos de preservación del capital de trabajo”, aseguró el directivo.

Una vez que las empresas formularon sus planteos, fue el turno de los defensores del pueblo y los representantes de los consumidores que cuestionaron con dureza la política tarifaria. El defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, aseguró que los aumentos no respetan el criterio de razonabilidad que solicitó la Corte Suprema de Justicia y para demostrarlo recordó que con este nuevo ajuste la suba acumulada desde diciembre de 2015 para el gas llegará al 1083 por ciento. A su vez, planteó dudas sobre la tarifa plana propuesta. “Tengo la sensación de que la previsibilidad de la tarifa primero beneficia a las empresas porque les hace previsibles los ingresos. Me gustaría que esta idea sea discutida en una mesa de trabajo”, agregó. Mariana Grosso, jefa del área de usuarios, obras y servicios públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se mostró abierta a analizar una tarifa plana pero advirtió que cualquier factor de estabilización que se introduzca debe estar claramente explicitado en una norma, tener la debida publicidad y ser de carácter opcional para los usuarios.

Pedro Busetti, representante de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores, fue más crítico y aseguró que el problema no es la modalidad de facturación sino la política energética que dolarizó tarifas, las indexó por inflación y estableció dos actualizaciones anuales. “La gente pide refinanciación de las facturas, pero la refinanciación de las facturas no se arregla con la propuesta que están haciendo las empresas de tarifa plana. El ENRE la aplicó en 2012 con el factor de estabilización y fracasó. También fracasó dar cuotas para el pago de las facturas porque a la gente se le juntan las facturas y no sabe qué paga. La única manera para que haya cobrabilidad de las facturas es que las tarifas no sean estas que estamos discutiendo”, remarcó.