Argentina. Resumen gremial y social: Córdoba, trolebuseras despedidas en huelga de hambre/ Stanley recibirá el jueves a las organizaciones sociales por la emergencia alimentaria/ Cresta Roja sigue ocupada por la Gendarmería/ Pepsico: trabajadores marchan al Congreso en defensa de los puestos de trabajo/ Ingenio La Esperanza: segundo día de paro/ Más de cien despidos en una obra inaugurada el año pasado por Macri/ Latam:Tripulantes de cabina piden un plus por ventas a bordo/ Preocupación entre los pesqueros por el avance de los capitales chinos …

Resumen Latinoamericano/25 de julio 2017.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

En Córdoba, trolebuseras despedidas en huelga de hambre

«Hay una clara discriminación de género»
Por Mariana Carbajal
Cinco de las cincuenta y siete trolebuseras despedidas de la ciudad de Córdoba están en huelga de hambre frente a la municipalidad. Esperan que el intendente de Cambiemos Ramón Javier Mestre las reciba para negociar la reincorporación tras el paro de 9 días que las dejó en la calle. El 84 por ciento de las despedidas son mujeres y jefas de hogar, algunas acumulan veinte años de antigüedad.

Viviana Chiatti ya perdió 11 kilos. Su compañera, Graciela Caliva, 7. Desde hace 12 días cumplen una huelga de hambre en una carpa blanca montada frente a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, para pedirle “humanidad” al intendente radical Ramón Javier Mestre, de la Alianza Cambiemos. Viviana y Graciela son dos de las 57 operadoras de trolebuses despedidas “ilegalmente”por Mestre días atrás, en represalia por el paro de 9 días que llevaron adelante junto a trabajadores del transporte de la capital cordobesa, contra una paritaria cerrada por UTA a nivel nacional que solo les dio un 8 por ciento de aumento para este año, según denunciaron. Viviana y Graciela acumulaban más de veinte años de antigüedad, cada una, como conductoras en la empresa de transporte municipal TAMSE: de los 68 cesanteados –sin indemnización—por la comuna, el 84 por ciento son mujeres.  “Hay una clara discriminación de género, un ensañamiento con las mujeres porque fueron las que se pusieron al frente de la lucha, las que consensuaron con los compañeros, las que fueron voceras”, apunta a este diario Ana Morillo, de la comisión de Género y Violencia Laboral del SUOEM, sindicato de empleados municipales, que forma parte de la Comisión Intersindical de Mujeres de Córdoba, que agrupa a más de veinte gremios de las cuatro centrales, las dos CGT y las dos CTA, que está acompañando la lucha de las guerreras del volante.

En la carpa son cinco las trolebuseras que esperan que Mestre las reciba, para abrir una instancia de negociación que termine en la reincorporación de las despedidas, muchas de ellas jefas de hogar, con hijos pequeños a cargo, que se han quedado no solo sin trabajo, también sin cobertura integral de la obra social. “Somos cinco mujeres que tenemos historias de guerreras de la vida, que hemos sufrido violencia de género, discriminación, hambre y frío y que le estamos haciendo frente a esta situación. Es muy duro lo que está pasando. Este Gobierno busca llevar a todo un pueblo a la esclavitud. Nos despidieron por defender nuestros derechos”, señaló Graciela a Página 12.Mañana está previsto un festival artístico para apoyarlas.

El 31 por ciento de los 183 despedidos después del paro es personal femenino, cuando, en realidad, las 130 operadoras de la TAMSE representaban solo el 6 por ciento de quienes conducen el servicio público de transporte de pasajeros de la capital cordobesa. En alianza con los medios locales –que reciben abundante pauta oficial–, el intendente jugó a demonizar a las trolebuseras, cara visible del conflicto, para convertirse en el “salvador” y el “disciplinador”, frente al malestar que generó entre los usuarios del transporte público la medida de fuerza, que se extendió por más de una semana. Los videos en los que se ven a las operadoras de trolebuses bailando cuarteto se viralizaron y replicaron en páginas web y canales de noticias con clara intención de estigmatizarlas y desautorizarlas. Cuando es el presidente Mauricio Macri quien baila en un acto oficial o en la inauguración de alguna fiesta regional, esos mismos medios no lo cuestionan: lo celebran. Pero para el imaginario social, mujeres que menean la cola al ritmo de una batucada, quieren joda. Y si reclaman demandas salariales, no pueden –además-, divertirse o son poco serias.

Los trolebuses llegaron a la ciudad de Córdoba en 1989 de la mano de otro intendente radical, Ramón Bautista Mestre, padre del actual, que sorprendió al incorporar al sistema de pasajeros local –siempre desbordado–, una flota de enormes vehículos eléctricos importados de Rusia, y anunciar que serían operados por mujeres. Toda una innovación, en un gremio -–la UTA— donde los varones son mayoría y a ellas les cuesta tanto acceder a un puesto de trabajo. Un caso testigo es el de Mirtha Sisnero, en Salta: fue la primera mujer que peleó, desde el 2008, por lograr ser colectivera en el transporte público de esa capital provincial, concesionado por el municipio a siete empresas, donde el personal femenino estaba excluido al frente del volante. Su demanda llegó a la Corte Suprema, que le dio la razón y confirmó que efectivamente la discriminaban laboralmente por ser mujer, pero a pesar del fallo supremo y que su batalla le abrió la puerta a otras choferes, ella sigue sin conseguir un empleo como conductora de colectivo. A Mirta también la sancionaron –impidiéndole trabajar— y la aleccionaron por patear el tablero para reclamar trabajo en un coto masculino.

Cuando llegaron los trolebuses a Córdoba, una de las condiciones para tomar a mujeres fue que no se afiliaran al sindicato, recordó Viviana. Ella llegó a la empresa en 1992, tres años después de la inauguración del servicio, con 22 años: se acababa de morir su primera hija, recién nacida por causas médicas, y el nuevo empleo la ayudó a transitar mejor el duelo. “Me enamoré desde el primer momento que salieron los trolebuses y quise trabajar ahí. Presenté mi CV y me llamaron”, contó. Hoy es madre de dos hijas de 16 y 22 años y tiene 2 nietos, de 6 y 2 años, que ayuda a criar. Las operadoras del trolebús, finalmente, se fueron incorporando a la UTA, a pesar de aquella ilusión originaria.

En la carpa blanca, frente al edificio municipal, viven desde el 14 de julio Graciela Caliva, de 47 años madre de cinco hijos, el más pequeño de 6 años, y único sostén de su hogar; Susana Cardoso, de 54 años y con cinco hijos, el menor de 21; Sandra Márquez, de 50 años con un hermano discapacitado y su madre a cargo; Viviana Gómez, de 47 años, cuyos padres también dependen económicamente de ella, y Viviana Chiatti. Las cinco tienen entre 22 y 25 años de servicio en TAMSE.

Graciela aprendió a manejar con el camión de su ex marido. Manejó camión y colectivo antes de llegar al trolebús. “Me encanta mi trabajo”, dice a Página 12. Hacía el turno mañana de la Línea B. Está divorciada. “No solo quedé sin trabajo. También me quedé en la calle. Se me acabó el contrato del alquiler el mismo día que me echaron. Es muy inhumano el intendente. No le importan nuestras familias. Atrás de cada compañera hay niños que tienen hambre, que quieren el pan de cada día,  hay chicos con discapacidad en algunas familias, las madres están desesperadas”, describe y los ojos se le humedecen. Lleva 12 días de ayuno. Por tres meses tienen obra social, el plan básico pero después de ese plazo se la cortan. A una de las trolebuseras, que tiene un hijo con síndrome de Down, le cortaron la maestra integradora. “Humanidad”, le piden a Mestre.

El conflicto que derivó en el despido de un total de 182 empleados de las tres empresas privadas de transporte y la municipal TAMSE comenzó a principios de junio, cuando se conoció la paritaria acordada a nivel nacional por el sindicato: 21 por ciento, fraccionado en 3 partes. Pero hasta el 31 de diciembre solo cobrarán el 8 por ciento, apuntó a este diario el técnico electromecánico Luis Almada, delegado de trolebuses de la UTA. Almada también acompaña el acampe de las cinco guerreras. “Rechazamos la forma en que se aplicaba la paritaria. Decidimos el paro en asamblea, con las bases. Fueron 9 días en total y terminó con 182 despidos, con causa y hasta con el descuento de los días de huelga. El  9 de junio se firmó un acta acuerdo con las empresas: como representante del gremio la suscribió el secretario de Interior de UTA nacional, Jorge Kiener. El lunes 12 nos llaman para que levantáramos el paro y todos los trabajadores quedaban adentro. Al día siguiente se levantó. La UTA nacional juntó firmas para desaforar a los delegados, utilizó a los despedidos para sacarnos los fueros”, relató Almada, la secuencia del conflicto. Por entonces, Mestre estaba sacando a la calle el servicio de transporte con gendarmes, inspectores y choferes nuevos con carnets express. Y ninguno de los cesanteados –entre ellos las 57 trolebuseras— fue reincorporado.

Stanley recibirá el jueves a las organizaciones sociales por la emergencia alimentaria

Además de la sanción de la ley, las organizaciones pedirían un refuerzo adicional de las partidas existentes, por unos $ 30.000 millones.

Las organizaciones sociales Barrios de Pie, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) serán recibidas el jueves por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para dialogar sobre el reclamo de una ley de emergencia alimentaria

Según adelantó la organización Barrios de Pie a la agencia de noticias Télam, el encuentro de las tres organizaciones con Stanley será el jueves, a las 14 horas, con una temática que, además del pedido de una ley de emergencia alimentaria, analizará los avances en la aplicación de la ley de emergencia social que el Congreso sancionó en diciembre del año pasado, que establece esa emergencia hasta diciembre de 2019 y un refuerzo adicional de las partidas, por unos 30.000 millones de pesos.

Barrios de Pie, CTEP y la CCC realizaron el jueves una jornada en reclamo de la emergencia alimentaria, con ollas populares y cortes parciales en accesos a la Capital.Desde hace dos semanas, instalan ollas populares, realizan interrupciones parciales de tránsito y juntan firmas para que ese proyecto tenga respaldo.

El 3 de agosto, las organizaciones que están detrás del reclamo se presentarán en una reunión pública que se realizará en el Anexo de la Cámara de Diputados, junto con legisladores y académicos, para plantear su pedido.

«Aspiramos a que se encuentren fructíferos canales de diálogo para profundizar la plena implementación de la emergencia social y para que se asienten las bases para tratar la emergencia alimentaria, en un país donde actualmente seis millones de personas padecen hambre», señaló en un comunicado de Barrios de Pie el coordinador nacional de la organización, Daniel Menéndez, al referirse al encuentro del jueves.

Barrios de Pie justifica su pedido de emergencia alimentaria en «recientes datos difundidos por la UCA», que «confirman que la pobreza multidimensional entre los niños y adolescentes de 0 a 17 años alcanza hasta el 58,7%», lo que significa «7,6 millones de chicos».

 

 

Cresta Roja sigue ocupada por la Gendarmería

Negociaciones en el Ministerio de Trabajo
Por Nahuel Lag
Mientras las dos plantas de la empresa de el Jagüel y La Unión siguen custodiadas por la Gendarmería y la policía bonaerense, los delegados mantienen reuniones en la cartera nacional y denunciaron el lock out patronal y el incumplimiento de la conciliación obligatoria. Ayer hubo 52 nuevos despidos.
Imagen: @MauriElbueno

Las dos plantas de faena de la empresa Cresta Roja en las localidades de El Jagüel y La Unión permanecieron cerradas y con personal de Gendarmería e Infantería de la Bonaerense en el interior de la fábrica por segundo día, mientras los 1200 trabajadores, entre ellos los 52 nuevos despedidos, continúan denunciando un lock out patronal y el incumplimiento de la conciliación obligatoria vigente.

A la espera de los resultados de la audiencia que se desarrolla en el Ministerio de Trabajo, Darío Sánchez, uno de los representantes despedidos, desmintió las acusaciones de «desafiar la autoridad» y «generar situaciones de violencia física», que lanzó la empresa a través de varios medios para justificar la decisión. Las partes mantenían una reunión en el Ministerio de Trabajo nacional, donde los trabajadores llevaron el reclamo por la reincorporación y las indemnizaciones adeudadas hace más de un año.

«No entendemos cuáles son los motivos de la empresa para decir que somos violentos. Lo que hacíamos era llevar los reclamos de los compañeros ante la empresa. Hubo discusiones elevada de tono, pero hubo violencia contra alguien» , lamentó Sánchez en diálogo con PáginaI12 sobre las acusaciones de la empresa difundidas a través de varios medios nacionales.

«Están tratando de ensuciarnos para justificar los despidos», insistió Sánchez, quien había sido elegido como representante del sector de menudos en la empresa de faena. Entre los 52 nuevos despidos están todos los trabajadores que habían sido elegidos como representantes por sector luego de que se decidiera desautorizar a la Comisión Interna anterior, pero aún no contaban con el aval legal de las elecciones gremiales.

«Si llevar adelante los reclamos de los compañeros es actuar de manera violenta, nosotros deberíamos estar denunciados. Si fue así, que presenten las pruebas», indicó a la espera de lo que se resolviera en la reunión en el Ministerio de Trabajo. «Cuando sepamos qué se resuelve, haremos una asamblea para seguir con el plan de lucha», aclaró a este diario.

Los trabajadores no sólo reclaman la reincorporación de los despedidos sino que también la de los 400 que quedaron en la calle luego de que la familia Rasic, anteriores dueños de la firma, declararán la quiebra y el Gobierno de Mauricio Macri negociara la reapertura de la fábrica con nuevo dueño y gran parte del personal fuera. Sánchez recordó que los nuevos dueños «no pagan las indemnizaciones» por los años trabajadores en la anterior firma y el incumplimiento ya lleva cuatro prórrogas. «Sólo pagaron un porcentaje bajo de las indemnizaciones para aquellos que tenían menos de diez años en la empresa», precisó.

Sánchez también alertó por los 1200 trabajadores que no están entre los nuevos despidos y llevan dos días sin trabajar. «La empresa permanece cerrada y la postura es dejar a los 52 despedidos en la calle. Los compañeros que están sin tareas nos respaldan y están dispuestos a no trabajar, por eso la empresa dice que no trae camiones para faena». «La empresa no quiere que los que éramos representantes volvamos a entrar», denunció.

 

Pepsico: trabajadores marchan al Congreso en defensa de los puestos de trabajo

Junto a diferentes organizaciones, los despedidos se movilizarán para exigir a los legisladores que traten la ola de cesantías y suspensiones que hay en todo el país. La movilización comenzará en el Obelisco.

Raquel Vivanco? @raquelvivanco

Raquel Vivanco? @raquelvivanco

 

Se realizó una nueva reunión de solidaridad junto a organizaciones sindicales y estudiantiles solidarias que apoyan nuestra lucha para preparar una nueva jornada de lucha. La participación fue muy importante y la carpa que tenemos montada en la Plaza Congreso quedó chica ante tanta asistencia.

Allí se definió continuar la pelea contra el cierre de Pepsico con una concentración y corte en el Obelisco el próximo miércoles 26 a las 7:30 AM, para luego marchar hacia el Congreso nacional donde se realizará una sesión en la que queremos que se trate y se discuta también sobre los despidos y cierres, no sólo en Pepsico sino en otras empresas como Cresta Roja y otras. Presentaremos un proyecto de ley para preservar nuestra fuente de trabajo y un pedido de interpelación al Ministro Jorge Triaca.

La jornada será para exigir por Pepsico pero también por los cientos de miles de despidos y suspensiones que atraviesan el país y continuará durante la tarde con una asamblea de mujeres organizada junto a Ni Una Menos y luego un festival en la carpa. Será una extensa jornada de lucha en defensa de nuestro trabajo.

Durante la reunión numerosos representantes de sindicatos y establecimientos tomaron la palabra para solidarizarse con nuestra lucha y para contar también lo que se vive en otros lugares, asi como para aportar otras propuestas de lucha y difusión.  La carpa se transformó en un importante centro de difusión y organización para la reincorporación en Pepsico y contra los despidos donde permanentemente se acercan delegaciones de sindicatos, diputados, periodistas y diferentes organizaciones junto a cientos de personas y familias a dejar sus aportes al fondo de lucha, alimentos y solidaridad con la lucha de Pepsico. Es enorme y nos llena de fuerza el apoyo que recibimos, la campaña de “no compre Pepsico” comienza a tener repercusión y es mucha la gente que se lleva sticker y volantes.

Para seguir mostrando la fuerza en la pelea por nuestra fuente de trabajo convocamos a todos y todas a sumarse a la jornada de lucha el próximo miércoles desde las 7:30 AM en el Obelisco para marchar luego hacia el Congreso nacional.

Comisión Interna Pepsico Snacks Florida

Ingenio La Esperanza: segundo día de paro

La asamblea de trabajadores decidió continuar la medida de paro total por otra jornada.

Por Sebastián Cruz

Luego de iniciada la medida el día de ayer, la comisión directiva del SOEA (Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar) fue citada por el ministerio de trabajo de la provincia y funcionarios del gobierno para discutir los tres puntos que llevaron a los trabajadores a tomar esta medida:

- Garantías por parte del gobierno de mantener la planta de 1080 empleados hasta que se presente el nuevo inversor/comprador.

- La no desafectación de zafra de los trabajadores.

- Mantener los derechos adquiridos por los trabajadores azucareros, como las horas extras de trabajo en el campo.

La negociación

En horas de la medianoche del día 24/07 la comisión directiva regreso la puerta de fábrica en donde los trabajadores realizaban un acampe a la espera de los resultados de la reunión mantenida con el ministro de trabajo de la provincia Cabana Fuz y el ministro de desarrollo económico y producción Abud Robles. En el lugar los dirigentes comunicaron que tienen las garantías por parte del gobierno, en un acta firmada en el mes de enero del corriente, de mantener los puestos de trabajo hasta el fin de la zafra 2017; por el 3° punto se llegó a un acuerdo, manteniendo las horas de trabajo en el sector campo y asegurando la continuidad de los acuerdos en la Esperanza. Se comunicó que en cuanto al 3° punto de negociación no hubo conformidad, por lo cual la reunión paso a un cuarto intermedio a realizarse en horas del mediodía del 25/07, por esto la asamblea decidió mantener la medida a la espera de esta nueva fecha de negociación.

Una nueva promesa

Si bien el gobierno afirma dar garantías con un acta firmada en enero es de público conocimiento que de una planta de más de 1400 trabajadores en el ingenio solo quedan 1080 empleados. Desde finales de 2016 y en lo que va del año 2017 se perdieron más de 300 puestos de trabajo en el ingenio. Es decir que los dichos por parte de funcionarios y del mismo gobernador de que en el ingenio deben de quedar 600 obreros en planta se mantienen.

Desde hace meses el gobierno de la provincia ataca constantemente a los trabajadores con improbables exigencias de un supuesto comprador al que se mantiene en secreto sin dar siquiera muestras de un concreto interés de inversión.

La reducción de personal

La estrategia para encubrir esta suerte de despidos se basó en manipular voluntades con promesas que aún no se cumplieron.

Los obreros con mayor antigüedad accedieron a jubilarse anticipadamente con un cobro extraordinario de montos que llegan a $ 120.000 y el acceso a un terreno en la localidad. Lo real es que pocos llegaron a cobrar el dinero prometido y aun nadie recibió ni siquiera noticias de los lotes. Los trabajadores más jóvenes, recibieron la oferta de cobrar también de forma única y extraordinaria montos cercanos a los $100.000 y ser reubicados en reparticiones del estado pasando a ser empleados de planta permanente y categorizados de manera que mantuvieran la escala salarial que tenían en el ingenio, en este caso muchos obreros se quedaron sin un trabajo formal luego de firmar este acuerdo, pasando a ser parte de cooperativas o a cobrar planes sociales con montos que en las mejores condiciones solo llegan a los $ 10.000 en bruto, es decir casi un 60 % menores al salario de un obrero azucarero.

 

Más de cien despidos en una obra inaugurada el año pasado por Macri

Más de cien despidos en una obra inaugurada el año pasado por Macri

La obra anunciada por el Gobierno y que sirvió para lanzar Cambiemos San Juan, se paralizó y en los últimos días despidió a 115 obreros. Acusaciones cruzadas entre la empresa y vialidad nacional por la falta de continuidad.

La construcción del ensanche de la Ruta 40 comenzó en abril de 2016 y fue anunciada con bombos y platillos por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. Sin embargo, poco más de un año después se paralizó y se convirtió en un reguero de despidos.

En un comunicado emitido a última hora de ayer, Vialidad Nacional responsabilizó a la empresa constructora Panedile por los despidos y las demoras generadas en el ensanche de la Ruta 40, entre calles 5 y 8, frente al Estado del Bicentenario, en Pocito, San Juan.

La delegada regional de la entidad, Patricia Gutiérrez fue categórica al manifestar que la firma tiene una actitud “caprichosa” por no aceptar que la obra sea tratada en la órbita nacional, situación que “impide que hoy se realicen los pagos correspondientes”.

El freno en los trabajos y la cesantía en los operarios se dio a conocer la semana pasada cuando el Ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. El ministro sanjuanino explicó que la empresa Panedile reclama que Nación no le manda los fondos y que por eso despidieron a 115 trabajadores.

Ante eso, Gutiérrez explicó que “esta obra fue adjudicada por la provincia a Panedile en noviembre del 2015. Luego, se realizó un convenio para que esas obras pasaran a la Nación. Con muchas obras no hubo problemas, pero Panedile se negó a firmar el traspaso por una cláusula que le impedía hacer reclamos hacia atrás. Para evitar inconvenientes Vialidad Nacional decidió eliminarla y hoy nos encontramos con esto.‘

Desde el Ejecutivo local confirmaron que desde diciembre la obra ya no depende de la provincia y que hasta esa fecha se les pagó con plata de la provincia, pero que desde ese mes que la empresa constructora no recibe la cancelación de las certificaciones por parte de la cartera nacional.

Según la titular regional de Vialidad Nacional, la que impide que se realicen los pagos es la propia empresa lo que implica una “actitud caprichosa”. Además, Gutiérrez fue muy clara al manifestar que “necesitamos que firmen el traspaso a la Nación para realizar los desembolsos correspondientes‘.

Por otro lado, el conflicto en la realización de los trabajos se metió dentro de la campaña electoral ya que desde el frente massista, Somos San Juan, salieron a criticar a Cambiemos por haber usado esa obra para lanzar el frente electoral.

Con el comunicado emitido ayer, desde Vialidad Nacional aseguran que los fondos para la obra que fue adjudicada en 2015 por 554 millones de pesos, están y no sólo eso sino que además “la empresa recibió en su momento un 20% de adelanto de la obra y, hasta el momento sólo certificaron el 30% de ese adelanto, por lo que no deberían tener ningún problema financiero, no se entiende”, detalló Gutiérrez.

 

Tripulantes de cabina piden un plus a Latam para vender a bordo y empezaron medidas de fuerza

Tripulantes de cabina piden un plus a Latam para vender a bordo y empezaron medidas de fuerza

Latam eliminó la comida del servicio para bajar el costo del vuelo y ahora se debe comprar. Quiere que los tripulantes la vendan. El gremio pide que la tarea se retribuya porque no tiene que ver con sus funciones.

El Sindicato de Tripulantes de Cabina de Latam Argentina decidió aplicar medidas de fuerza y no realizar servicios de venta a bordo hasta que la empresa acuerde “una retribución acorde con esa nueva tarea”, y sostuvo que ello implica “una gran responsabilidad y es preciso proteger la operación, por lo que la compañía debe asumir el problema”.

La secretaria general de la organización, Paula Marconi, explicó esta tarde que la compañía debe proponer “un pago acorde con esa tarea” y explicó que la firma procura aplicar “la nueva modalidad ‘Mercado Latam’, un trabajo adicional, a la principal función”.

“Los tripulantes no se niegan a realizarla, pero quieren percibir una retribución acorde con esa responsabilidad”, dijo Marconi.

La dirigente gremial subrayó que las nuevas funciones son “totalmente ajenas” a las de “licencia de vuelo”, por lo que debe abonarse tal como lo determina la Ley de Contrato de Trabajo.

La dirigente adelantó que la decisión gremial se extenderá hasta que “la empresa ofrezca respuestas concretas, porque los trabajadores solo exigen lo que contempla la legislación vigente”.

Marconi destacó que los tripulantes de cabina ejercen a bordo “la función de seguridad de los pasajeros y la tripulación”, y precisó que “están entrenados para evacuar el avión en 90 segundos, prestar primeros auxilios, custodiar a menores no acompañados y administrar equipos de emergencia relacionados con el fuego”.

La empresa fue notificada hoy de la decisión gremial, por lo que las partidas de los vuelos están afectadas por la medida de fuerza, que implica que “los pasajeros en el avión no tendrán la posibilidad de alimentarse a partir de que no se venderá el menú”.

La dirigente sindical advirtió a los usuarios que deben comprar sus alimentos de forma previa a ascender al avión, porque durante el vuelo no se ofrecerá desde hoy menú ni servicio de catering.

“Los tripulantes de cabina no están dispuestos a incrementar funciones que no les corresponden y que, además, les genera una gran responsabilidad”, afirmó la secretaria general del gremio.

 

Preocupación entre los pesqueros por el avance de los capitales chinos

Preocupación entre los pesqueros por el avance de los capitales chinos

El titular de la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP) e integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Jorge Frí­as, señaló su “preocupación” ante “el avance de capitales chinos” en la actividad.

Frí­as explicó que China se expande en los principales caladeros de la flota gallega con más puertos y una inversión de 760 millones de euros; dijo que concede subvenciones por 16 millones diarios -superando las capturas de barcos españoles- y que es “la boca del mundo, porque el hambre de esa nación no se sacia con su Mar Amarillo u Oriental y tampoco con el Pací­fico”.

El sindicalista, quien integra la estratégica Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que lidera Juan Carlos Schmid, subrayó que la pesca “es víctima de su éxito a pesar de su extraordinario crecimiento, que resecó los caladeros”.

Pekí­n subsidia a la flota de larga distancia para obtener recursos en los mares y apunta a plagiar “la estrategia de los empresarios gallegos con los arrastreros, congeladores y buques factorí­a y las sociedades mixtas y filiales” y, solo en un año y medio, invertirá 865 millones de dólares (760 millones de euros) para construir megabases logí­sticas a fin de que sus buques reduzcan costos de desplazamiento y aprovechen la red portuaria mundial, que devoró más de 40 mil millones de sus recursos públicos, afirmó.

Bagamoyo (Tanzania), Habamtota y Kyaukpyu (Myanmar), Dar es Salaam (Tanzania) o Libreville (Gabón) son algunos de los puertos en los que China ejecutó o comprometió la construcción de dársenas para la carga y descarga de pescado, pero su chequera recaló en “los caladeros gallegos más importantes y ya es un riesgo”, opinó.

Frí­as reseñó que desde el inicio del expansionismo chino -acelerado en diez años- se catalizaron billones de dólares como subsidios con un costo de 6 mil millones anuales en subvenciones -equivalente a un reparto de 16 millones de euros diarios- solo para el sector pesquero, y señaló que es “la nación con más barcos y peor performance como Estado responsable de abanderamiento”.

“Los tiene en 93 paí­ses. Más de la mitad que superan los 25 metros de eslora le pertenecen. N’Diago (Mauritania), Prabis (Guinea Bissau), Montevideo y Rocha (Uruguay) son los últimos proyectos portuarios confirmados e impulsados en apariencia por empresas privadas. El Hailisheng Group, de la provincia china de Zhoushan, acudió de mano de su alcalde a la ciudad costera de Rocha para concretar una iniciativa que incluye puerto y astillero para ofrecer servicios de reparación a barcos del Atlántico Sur”, dijo.

Al menos 260 barcos faenan allí­ pota (illex argentinus) de manera irregular frente a las aguas de jurisdicción argentina y, los tres que Hailisheng trasladará a Uruguay (Abigail 1, 2 y 3), se construirán en China y ofrecerán descarga, abastecimiento y reparación en La Paloma (puerto de Rocha, a 228 kilómetros de Montevideo) y en su capital (Puerto Capurro y Punta Sayago).

Para Frías, el plan expansivo de Pekí­n fue un éxito y, su flota -que en 2010 estaba por debajo de la gallega en capturas- dio el vuelco en 2014/15, ya que según la FAO ese escenario se reprodujo en la Antártida, el Atlántico y el Pací­fico sudoccitenal.
En el primer caso los barcos de bandera ibérica declararon capturas por 666 mil toneladas en 2010 y ninguna en 2015; China pasó de faenar 1.946 toneladas a más de 35.000 en ese perí­odo.

En el Atlántico sudoeste, que descubrió Pescanova en los ’60, la flota española pasó de 120.600 toneladas en capturas (merluza, rape, rosada y cefalópodos) a 132.453 ese año; la de China se movió de 37.100 a casi medio millón de toneladas, explicó.

Frí­as añadió que la totalidad de los buques pesqueros con bandera española deberí­an trabajar medio año para obtener el volumen de capturas chinas solo en ese lugar del Atlántico, excluyendo a “arrastreros, fresqueros y palangreros de Namibia, Angola y Sudáfrica, que operan con sociedades mixtas y bandera local”.

“Es el caso de las firmas Pescanova, Iberconsa, Pereira o Mascato. En el Pací­fico sudeste China duplicó ls capturas en cinco años hasta las 357 mil toneladas; España también pero hasta 15.800. En 1970 China declaró una producción pesquera de 2,16 millones de toneladas y, España, de 1,4 millones. En 2015, superó las 46 millones y, los barcos españoles, reflejaron 1,2. La pesca es muy importante para el gigante asiático. El valor total de la industria alcanzó los dos trillones de renminbis, mil veces más que a fines de los ’70. Son 130.000 millones de euros, dos veces el PBI de Galicia y menos del 10 por ciento del español”, afirmó.

 

 

 

Catamarca: por la crisis, la fábrica Tevinor SA también quiere reducir personal

Se aplican suspensiones desde hace dos meses y falta uno más. Pero la empresa no encuentra salida.

Otra industria local atraviesa por una profunda crisis. Se trata de la fábrica Tevinor SA, instalada en el área industrial El Pantanillo (Valle de Catamarca), que se dedica a fabricar cuerina para distintos productos. Los propietarios de la firma anticiparon que tendrán que realizar despidos de personal.

Por ahora, la Unión de Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) trata de impedir la medida y busca alguna salida.

La fábrica ya viene con suspensiones desde hace dos meses en los días lunes y martes. Todavía falta un mes para completar la medida. Por cada día de suspensión, se acordó en la Dirección de Inspección Laboral que se pagaría el 75% de la jornada. Sin embargo, la fábrica argumentó que la situación es insostenible por la caída de las ventas.

En la actualidad, Tevinor SA emplea a 80 catamarqueños que ya sienten el temor por la caída de su fuente laboral. Es por eso que “alertaron” de la situación al secretario general de UOYEP, Walter González.

Según trascendió, la conducción del gremio iría el miércoles a la planta para dialogar con los empleados y los responsables para analizar la posibilidad de retiros voluntarios. Una de las alternativas que se llevaría como propuesta es el programa que lanzó el Gobierno para el sostenimiento de la industria.

El programa en cuestión establece la entrega de un aporte no reembolsable de 500.000 pesos mediante desembolsos de 50.000 pesos mensuales por cada empresa por un tiempo máximo de tres años destinados a mantener la planta permanente de recursos humanos, bajar los costos de producción o la modernización tecnológica

De acuerdo con el instrumento, este programa busca «contribuir a sostener el nivel de actividades, facilitar la reconversión y el resguardo de los puestos de trabajo en las empresas, emprendimientos y organizaciones industriales, agroindustriales y agropecuarios radicados en la Provincia, con más de dos años de actividad en el rubro, en situación económica financiera crítica o en situación de crisis o que cuenten con un proyecto o programa de conversión, diversificación o mejoramiento de la competitividad».

Crisis industrial

La crisis de Tevinor SA no es aislada sino que se enmarca en el crítico año que atraviesa el sector. Desde hace una década que el sector industrial no experimenta una reactivación y la situación se agravó con la caída de la promoción industrial.

En junio llegó el final de la textil Yersiplast, luego de una lenta agonía. A principios de este mes ex empleados de la textil Yersiplast agotaron la paciencia y se manifestaron frente a la fábrica en reclamo del pago del 100% de la indemnización.

Alpargatas también atraviesa por una crisis similar. Ya hubo suspensiones y cerca de 80 retiros voluntarios. Igualmente atraviesa un momento difícil la fábrica de confecciones NORTEXTIL, que tiene 20 empleados. Otras fábricas ubicadas en el Parque Industrial El Pantanillo están atravesando momentos delicados. En febrero la ex Helametal FINPAK despidió a 40 empleados, redujo un turno de trabajo y a los 28 operarios que continuaron luego de la reconversión les redujo un 30% el sueldo. Por su parte, Industrias Plásticas Catamarca, que fabrica discos compactos, les planteó en febrero el panorama crítico a sus empleados: tuvo que reducir un turno, y para no despedir a ningún trabajador decidió desistir del servicio de vigilancia, que ahora lo cubre el propio personal.

(*) Fuente: El Ancasti

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