Resumen Latinoamericano y cuatro visiones acerca de la candidatura indígena en México De la reforma política de 2014 a la postulación de María de Jesús Patricio Martínez

 

Por Arsinoé Orihuela Ochoa

La reforma política de 2014 en México modificó las reglas del juego electoral, y removió las cenagosas bases de la representatividad política. Si bien se trata de un fenómeno global, lo cierto es que la reforma electoral en México representó un paso más en la autodestrucción de los partidos políticos (Leer más sobre la defunción de los partidos políticos enhttp://lavoznet.blogspot.com.br/2016/06/el-suicidio-de-los-partidos-politicos-y.html). Hoy, la lucha electoral se encuentra en los niveles más bajos de popularidad desde la Revolución Mexicana. (Glosa marginal: sólo en la historia reciente, el país registra por lo menos tres elecciones presidenciales a todas luces fraudulentas –1988, 2006, 2012). Y nuevos actores (no partidistas) entran a la escena de los comicios.

Para hacer memoria, cabe recordar que en 1996 se establecieron las bases del sistema partidocrático en México (con base en una histórica felonía de la clase política), y que permaneció vigente hasta 2014 (con no pocas reminiscencias hasta el presente). La traición de los partidos políticos a los Acuerdos de San Andrés (suscritos en febrero de 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal), sentó las bases del ordenamiento político-electoral por los siguientes dos decenios. A causa de ese (des)arreglo ilegítimo, concertado a espaldas del escrutinio público por las principales fuerzas partidarias (como el Pacto por México u otras pérfidas componendas análogas), quedaron suspendidas las demandas de apertura y democratización, incluidas en las negociaciones de los Acuerdos de San Andrés. Es posible inferir que con la reforma de 2014 las élites en México recogieron (adulterado) el modelo “San Andrés” casi 20 años después, pero para construir, desde la derecha, un régimen de representatividad política basado en las candidaturas independientes, y con los partidos políticos como actores de resguardo. Empero, y a pesar de los designios cupulares de la élite nacional, la reforma abrió espacios para la participación política de otros actores otrora condenados al ostracismo en la arena pública.

Entre las disposiciones más significativas que comprende la reforma de 2014, destacan la abolición de las juntas estatales y la centralización de la organización electoral en un solo sistema nacional (Instituto Nacional Electoral), y la incorporación de las candidaturas independientes, que inaugura la posibilidad constitucional de competir por cargos de elección popular sin pasar por la postulación de algún partido político. El reglamento establece que un aspirante a candidato presidencial debe reunir por lo menos 789 mil firmas de apoyo.

La habilitación de la figura de la candidatura independiente, aun cuando abre la posibilidad de instalar en el poder público a actores particulares con capacidad de autofinanciamiento electoral y alejados del escrutinio ciudadano (como ya acontece en otros países), introduce, acaso involuntariamente para el establishment tradicional, la oportunidad de que en esa grieta del sistema de partidos se filtren propuestas electorales que obedecen a las agendas de la resistencia organizada. Una de esas resistencias de largo aliento, ahora representada conjuntamente por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), anunció la postulación de una mujer indígena para contender en la elección presidencial de 2018.

El pasado 28 de mayo, el CNI y el EZLN eligieron a María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) de México, y candidata independiente para las elecciones presidenciales de 2018.

La singularidad de esta candidatura es que María de Jesús no aspira a competir electoralmente, o a tomar el aparato de estado para cambiar “de arriba abajo” el orden instituido. No. María de Jesús es sólo una recipiendaria de un poder popular indígena, que acude (sin invitación) a la fiesta de los políticos profesionales, gestores del poder de arriba y el dinero sin fronteras. El propósito de la candidatura indígena es poner en circulación la palabra de las resistencias en México, y conminar al autogobierno; llamar a la organización de los pueblos originarios y la sociedad para detener la destrucción de los territorios, y desmontar la fachada democrática que oculta la intensificación del racismo-sexismo. En suma, exhortar a construir colectivamente desde abajo y a la izquierda, y “estropear” –han dicho ellos– la verbena electoral de los poderosos.

Políticamente, ¿qué significa la candidatura de una mujer indígena arropada por las resistencias más antiguas del país?

Unos ven en esa disposición una ruptura con el programa original (la tradición autonómica no-institucional). Otros, la continuidad de una agenda de resistencia multifactorial que ahora incorpora el renglón electoral a la lucha. Algunos más, una treta para boicotear a Andrés Manuel López Obrador, candidato de centro-izquierda que perfila contender por tercera ocasión a la presidencia de la República. Para otros, no pocos, se trata de un segundo nacimiento de México.

Ellos, los indígenas y zapatistas responden: “Llego la hora de nosotras y nosotros indígenas mexicanos…”

 

 

Llegó el tiempo de los pueblos

 

Por Liliana Chávez Luna

 

México es el segundo país, después de Siria, que registra los mayores índices de violencia. Tan sólo entre el 2006 y el 2016 había alrededor de 250,000 asesinados; 700,000 desplazados; 40,000 desaparecidos; 900 fosas clandestinas; 30,000 feminicidios. Frente a este contexto de terror, guerra, muerte, represión, despojo y enormes violencias sistemáticas que se han implantado en todo el territorio mexicano, empieza a retemblar la digna rabia de los pueblos y a vislumbrarse una esperanza ante un país profundamente herido y destruido. En octubre de 2016 el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lanzaron su ofensiva de conformar un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) de carácter nacional. María de Jesús Patricio Martínez, elegida recientemente como vocera del CIG, irá a la contienda electoral como candidata independiente para la presidencia de México en el 2018. Esta mujer indígena del pueblo Nahua de Jalisco representará la voz de todos los pueblos que dicen “Ya basta”, de todas las luchas, rebeldías y resistencias que busquen construir de abajo y a la izquierda.

 

Desde que se hizo pública esta propuesta no han parado las reacciones, sospechas, críticas y burlas por parte de la clase política mexicana. ¿Por qué van a las elecciones si no buscan tomar el poder? ¿Por qué pretenden que sea presidente del país una mujer que además es indígena? ¿En qué se diferencia el CIG de otros partidos políticos? Estas son sólo algunas de las preguntas que de forma acentuada se leen o escuchan en los medios de comunicación. La respuesta es clara y contundente, pero no ha sido del todo asimilada: lo medular no es la vocera y futura candidata “Marichuy”, sino el Concejo Indígena de Gobierno y todo lo que esto representa. El CNI ha reiterado que su lucha no es por el poder, no buscan la silla presidencial porque su resistencia no cabe en las urnas ni el sistema representativo: “las elecciones y ganar la Presidencia de la República nos valen una chingada, no es algo que nos interese», aclaró tajantemente Carlos González. El llamado que hacen a todo el país es a confluir y fortalecer las rebeldías, las resistencias, la organización, para frenar la destrucción y la guerra que se vive en México.

 

El CIG irrumpió el escenario político mexicano diferenciándose de las estructuras y lógicas tradicionales de hacer gobierno y de entender la política. Este Concejo, integrado por 71 concejales (mujeres y hombres) de diferentes comunidades que participan del CNI y que fueron elegidos de manera asamblearia por sus propios pueblos, se propone ser una organización nacional de abajo y a la izquierda; con otras bases y otro tipo de relaciones políticas donde no primen las jerarquías sino la construcción y decisión colectiva. El CIG se regirá por los siete principios del CNI: obedecer y no mandar; representar y no suplantar; servir y no servirse; bajar y no subir; convencer y no vencer; proponer y no imponer; construir y no destruir. Las y los concejales representarán a sus comunidades ante este Concejo y llevarán a sus comunidades las iniciativas que de este espacio provengan.

 

De forma terminante el CNI y el EZLN han declarado no una iniciativa indígena sino una ofensiva directa a favor de la vida y no de la muerte. Como dice Gustavo Esteva, estamos frente a un levantamiento indígena que no va por la vía de las armas ni por la vía electoral, y cuyo alcance no sólo alude al territorio mexicano. Esto es un levantamiento que enarbola una lucha anticapitalista, antipatriarcal, más allá del Estado y de la democracia formal. Nos están llamando a organizarnos, a construir colectivamente otras formas de hacer gobierno y otras estrategias para gobernar a este país. Nos están invitando a que desmontemos juntos el poder de arriba para crear nuevas alternativas que permitan gobernarnos desde abajo. Ya lo advirtió el CNI: “ha llegado el tiempo de los pueblos, de hacer vibrar este país con el latir del corazón de nuestra madre tierra. Porque el cuidado de la vida y de la dignidad es nuestra obligación, a la que sólo podemos responder de forma colectiva”.

 

México: La candidatura del CNI y la voz de millones de mujeres en América Latina

 

Por Mariana Blanco Puente

 

Hace alrededor de un mes, circuló una carta del Movimiento de Mujeres de Kurdistan Komalên Jinên Kurdistan (KJK), que posteriormente fue publicada en el sitio oficial del CNI, en donde felicitan y brindan todo su apoyo fraterno y revolucionario a María de Jesús Patricio Martínez y al pueblo indígena mexicano por haber elegido a una mujer como “representante de su voluntad”. Esta carta expresa de manera solidaria la importancia que tiene para la lucha anticapitalista que los pueblos indígenas de México hayan escogido como candidata oficial para las elecciones presidenciales de 2018 a una mujer, María de Jesús Patricio Martínez. Las compañeras kurdas escriben en su carta: “En este sentido la compañera Marichuy no es solo la voz de los indígenas de México, sino al mismo tiempo de todas las mujeres del mundo. Queremos expresar que consideramos muy importante y valiosa la candidatura de la compañera Marichuy como representante de los pueblos negados, de las mujeres esclavizadas y de los miles de años de sabiduría ancestral que la modernidad capitalista quiere hacer desaparecer.”

 

La sorpresa que tuvo la noticia de la candidatura indígena tuvo un eco en los diferentes rincones de las luchas anticapitalistas del mundo, y a todas luces no es un evento menor para la lucha indígena de los pueblos latinoamericanos y mucho menos para la lucha de las mujeres. Si bien no se ha lanzado en ningún momento esta candidatura dentro de la lucha feminista, es obligado reconocer lo que significa y representa que una mujer indígena mexicana, con el apoyo del CNI y del EZLN, vaya competir en uno de los sistemas electorales más desprestigiados de la región.

 

Y es que de entrada ser mujer bajo el sistema capitalista patriarcal no es cosa fácil, mucho menos lo es en América Latina y en México, la región más desigual del mundo y el país con los índices de violencia más altos a nivel mundial. Además, ser mujer rural e indígena conlleva otras formas de discriminación y exclusión del propio contexto. Según datos de la FAO, la cifra de mujeres rurales en América Latina llega a 58 millones de mujeres que realizan diariamente trabajos de subsistencia y domésticos no remunerados. De estas mujeres únicamente el 30% son dueñas de las tierras, mientras que las demás trabajan tierras que no se encuentran bajo su propiedad. No obstante, su trabajo en las zonas rurales y para la reproducción de la vida es fundamental, y ese trabajo no es reconocido por no pasar por la remuneración monetaria.

 

Pero además del trabajo doméstico no remunerado, las mujeres rurales realizan tareas productivas fuera de la casa que siguen sin ser reconocidas como tal porque se asume como una extensión de las tareas domésticas para la reproducción de la familia, mismas que recaen sobre las mujeres. Cuidar las huertas familiares, los animales, la recolección del agua, el cuidado de las semillas, son parte de estas actividades. La FAO también reconoce que más del 50% de los alimentos a nivel mundial y también en los países del sur son responsabilidad de las mujeres (Korol, 2016). Y, sin embargo, son las que mayores dificultades tienen para el acceso a los medios de producción en el campo.

 

Una mujer indígena que conoce estas condiciones de vida tendrá la posibilidad de replicar la palabra no sólo de los pueblos indígenas sino también de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas que viven día a día las múltiples discriminaciones. Será, entonces, la voz de 58 millones de mujeres rurales en América Latina, y de por lo menos las seis millones de mujeres indígenas que se reconoce que existen en México.

 

Silvia Federicci afirma que una de las maneras en las que llegó a consolidarse el capitalismo fue a través del control de las mujeres, de sus cuerpos y de su conocimiento, ya que eran las mujeres las que tenían mayor relación con los territorios, raíz que fue necesario arrancar para consolidar el modo de producción capitalista. Sin embargo, en muchas zonas rurales de nuestra América los pueblos indígenas y sus mujeres siguen conservando y defendiendo estos conocimientos y esta relación con sus territorios.

 

Esta vez en México resonará la voz de una de estas mujeres defensoras del territorio. Y resonará en los lugares donde, hasta ahora, sólo las cúpulas del poder mexicano habían tenido acceso.

 

México: Marichui, el retorno de proyectos políticos diferenciados

Por Emmanuel Rojas Botello

 

Politólogos como Chantal Mouffe se han ocupado de la aparente ausencia de alternativas políticas diferenciadas en el siglo XXI (véase su interesante reflexión en el artículo en la revista Horizontes del Surhttp://horizontesdelsur.com.ar/macron-etapa-superior-de-la-post-politica/). Desde la década de 1980 con el fuerte impulso que tuvieron las políticas neoliberales a nivel global, pareciera que ya no hay necesidad de hablar de derecha o izquierda, parece que ya no hay mas sentido que participar dentro de un escenario político global dado. Esa fue la consigna desde Margaret Thatcher hasta Tony Blair en Inglaterra y esa parece ser la consigna global: ya no hay campos ideológicos en disputa, ya no existe competencia entre diferentes proyectos políticos; lo que existe es la disputa por las tareas administrativas de una forma estatal “estable”.

En ese sentido, pareciera que la política (pensada como la formación de los contornos de las relaciones de poder) ha sido definida, y lo político (como área de disputa sobre la cual se definen dichos contornos de poder) es obsoleta. Así pues, las contiendas electorales se transformarían en un terreno organizativo más que una palestra de lucha por obtener los mecanismos a partir de los cuales desarrollar un proyecto político propio.

Desde luego, esta manera de entender a la política y a lo político evade la responsabilidad de atender o si quiera considerar a las demandas hechas desde posiciones sociales diferenciadas. Para Tony Blair todos en Inglaterra eran clase media; para los gobiernos federales en México, desde la década de 1980, no había “cuestión indígena”, asunto que les estallaría en la cara con especial violencia en 1994.

Esta idea “administrativa” ha tenido, por lo menos, dos efectos colaterales importantes en México:

1.- La creciente desconfianza y pérdida de legitimidad de las instituciones ante la ciudadanía

Para muestra de ello habría que revisar la confianza en las instituciones estatales, los servidores públicos y los partidos políticos que se verifican en datos como el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); Encuesta telefónica nacional de opinión pública del Centro de Estudios Sociales y de Representación, Latinobarómetro, entre otros. En todos los casos, se verifica un descenso importante y sostenido, desde 1995 hasta la fecha, en la confianza en las instituciones públicas, servidores públicos y los partidos políticos.

2.- Alianzas partidistas políticamente incoherentes

Ante la falta de proyectos políticos reales y viables, y el afán de ocupar instituciones públicas sin basarse en proyectos coherentes con la filiación política, se observa en México alianzas partidistas que no responden a una coherencia ideológica sino a fines pragmáticos, como la cuestionable alianza PAN-PRD (uno partido de derecha y el otro partido de izquierda en México) que llevó a Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura del estado de Veracruz.

Pero ¿qué se puede esperar de esa administración? Las acciones parecen estar sentenciadas a tareas meramente administrativas. Con esta manera de atender a lo público, las demandas sociales son gestionadas dentro del ámbito de trámites burocráticos, y la capacidad para generar nuevas políticas públicas que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos es nula.

Ante este escenario, el anuncio del Concejo Indígena de Gobierno sobre el lanzamiento de una vocera indígena que participará en el proceso electoral federal de 2018, significa el único retorno real hacia proyectos políticos diferenciados en México.

En primer lugar, la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez no tendrá como finalidad llegar a Los Pinos sino participar en el proceso para dar cuenta de sus deficiencias, para deslegitimar un proceso que no cumple con las funciones que debería (en eso reside su metáfora de “colarse en la fiesta de los de arriba y echárselas a perder”).

En segundo lugar, usando los tiempos en los diferentes medios de comunicación que por ley le correspondería, buscan tener una plataforma de comunicación y visibilización de las luchas, las formas de organización y de resistencia que llevan décadas gestándose, aplicándose y generando resultados en el sur del país. Buscan acabar con esta idea neoliberal ochentera de que “no hay opción”. Para el Consejo Indígena de Gobierno, las opciones no sólo son posibles sino reales, ya están en acción en el sur del país y tienen la capacidad de transformar el devenir nacional.

En tercer lugar, al ser una vocera indígena y mujer busca poner sobre la mesa de discusión temas transversales de genero y étnicos que han sido desdeñados o manipulados en la agenda política nacional. Es, por tanto, el primer cuestionamiento real a la construcción heteropatriarcal de la política en México desde una candidatura.

Se podrá estar de acuerdo o no con la candidatura indígena, se podrá disentir con sus objetivos o métodos; o se podrá pensar que sus resultados serán limitados o no. Pero lo que no está en discusión, creo yo, es su novedad como una forma verdaderamente alternativa de hacer y pensar a la política. Son los proyectos diferenciados que desde hace décadas (o más) necesita este país y cualquier democracia que tenga el decoro de llamarse como tal.

 

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