Argentina. Resumen gremial y social: 4500 personas duermen en las calles de Buenos Aires/ CarpaDeLuchaPepsico: crece el apoyo a los trabajadores/ Paritarias: la Intersindical radial se moviliza al Ministerio de Trabajo/ Banco Central: Bancarios y organizaciones respaldaron al director/ Científicos al Congreso en reclamo por despedidos del Conicet/ Confirman una reforma laboral para después de octubre/ Revés judicial para Macri por cuatro trabajadores despedidos …

Resumen Latinoamericano/19 de julio 2017.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

 

 

Unas 4500 duermen en las calles de Buenos Aires. Son cuatro veces más que las que reconoce el Gobierno

Por Nahuel Lag, Página12

Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle
Las más de 40 organizaciones participantes, que contaron con el respaldo del Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General porteñas, extendieron a 25.872 personas el número de ciudadanos que están “en riesgo”.

Entre las personas censadas, el 23 por ciento dijo que el año pasado no estaba en situación de calle. Así, el cuadro es mucho más grave que lo reflejado año tras año por el relevamiento del Gobierno porteño, que entre  2011 y 2016 osciló entre 850 y 900, y que en 2017 arrojó un aumento del 20 por ciento, alcanzando a 1066 personas según las cifras difundidas por el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Corach.

«Esta invariabilidad no condice con el aumento de la tasa de pobreza (32,2 por ciento) y de indigencia (6,3 por ciento) registrado en el área metropolitana en el último año —según el informe del Barómetro Social de la UCA— ni tampoco con el deterioro socio-económico admitido por las propias cifras oficiales», denuncian las organizaciones en el informe.

El censo agrega otro dato alarmante respecto del rol del Estado: «El 70 por ciento de las personas entrevistadas relató haber sido víctimas de una o varias formas de violencia institucional o social. Entre las que la principal fuente de violencia fue institucional, ejercida primero por las fuerzas de seguridad y luego por funcionarios públicos de instituciones y programas estatales de gobierno».

En el relevamiento se muestra que la Comuna 1 —Montserrat, Constitución, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero y San Telmo— concentra la mayor cantidad de personas durmiendo en las calles, con un total de 1239. O sea, el relevamiento solo en la Comuna 1 supera el realizado por el gobierno porteño en toda la Ciudad. La comuna 10 —Versalles, Floresta, y Villa Luro— es la que le sigue, con 468 personas en situación de calle. Luego se ubica la comuna 4 —La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya—, donde 440 personas no tienen techo.  Entre las personas relevadas, el 62 por ciento son porteños; el 25 por ciento proviene de otras provincias argentinas y solo el 12 por ciento de países limítrofes.

Las organizaciones señalaron que el número se eleva a  5872 si se cuentan las personas que duermen en los paradores e institutos que ofrece la Ciudad de Buenos Aires para no dormir a la intemperie. El censo extiende a 25.872 personas el número de ciudadanos que están “en riesgo a la situación de calle”.

“Se puede tener distintos criterios metodológicos, pero lo que no se puede hacer es negar la realidad. El año que viene, cuando volvamos a difundir el censo, espero que las políticas que se estén aplicando mejoren la situación de las personas en situación de calle”, advirtió el defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, durante la presentación del informe.

En el mismo tono se expresó Claudia Enrinch, de Ciudad Sin Techo: “A partir de ahora, y de acuerdo a la ley, una vez censada la realidad de las personas en situación de calle, nos debemos sentar en una mesa de trabajo para establecer políticas públicas”. Y agregó, en diálogo con PáginaI12, que esas políticas deben contar con “presupuesto” y un plan de prevención. “Tenemos que sentarnos quienes trabajamos en la cancha y quienes tienen el poder de las decisiones”, reclamó.

El relevamiento —que ordena la Ley de Protección de personas en riegos y en situación de calle votada en 2010— considera en «situación de riesgo» a  las mujeres, hombres, niñas y niños que duermen en paradores, en casas recuperadas con sentencia de desalojo o con amparos judiciales, personas institucionalizadas o aquellas que están en hoteles, al que acceden por el decreto 690. El decreto, sancionado en 2006, estuvo sin actualizarse desde 2013, con un monto de 1800 pesos. Recién en diciembre del año pasado, por intervención de la Defensoría del Pueblo, se ajustó a 4 mil pesos.

“El 690 es un paliativo, tenemos que hablar de derechos. En la actualidad, estamos discutiendo con el Ministerio de Desarrollo Social las pensiones por discapacidad, acá nos encontramos ante la misma situación”, ejemplificó Amor.

Voluntarios de todas las organizaciones participantes hicieron un barrido territorial durante tres meses que permitió realizar un muestreo completo de los barrios porteños. Cada zona fue recorrida dos veces, una por la mañana y otra por la noche, un día laboral y otro del fin de semana. La metodología del primer censo popular dista mucho del relevamiento realizado en 2016 por la subsecretaría encabezada por Corach, que duró tres horas, en un día con lluvia.

En el informe publicado hoy, los organismos denuncian otras irregularidades que incumple el Gobierno porteño al realizar el relevamiento anual de personas en situación de calle, en falta con la ley sancionada en 2010: no incluye conteo de personas a quienes se alojan en forma transitoria en la red de alojamiento nocturno; no releva la totalidad de los barrio de la Ciudad; no incluye a personas en riesgo de calle; no publica los datos en las páginas web a pesar de la «pretendida ‘inciativa de Datos Públicos y Transparencia'».

Otro dato relevante del censo fue que el 23 por ciento de las personas indicó que un año atrás no vivía en la calle, lo que subraya las situaciones de riesgo frente a la crisis económica. El defensor del Pueblo puso dos ejemplos durante la presentación del informe: el de una persona oriunda del oeste del Conurbano, que prefería dormir de lunes a viernes en las calles porteñas porque “en su trabajo cobra el mínimo del convenio y los viajes de ida y vuelta significan un ingreso mínimo más para su familia”, y la situación de jóvenes con adicciones que viven en “ranchadas”. “Nos obliga como funcionarios públicos a tener la decisión política de resolver los problemas”, sentenció.

El 60 por ciento de las personas indicaron que viven en las calle desde hace más de tres años. Al momento de señalar las razones de la situación que los expulsó a la calle, los encuestados indicaron que se debió a problemas intrafamiliares (43 por ciento), que fueron empujados por la situación económica (39 por ciento) y por la falta de contención ante la problemáticas del consumo drogas (10 por ciento).

#CarpaDeLuchaPepsico: crece el apoyo a los trabajadores

Referentes como Mariano Recalde y Marcelo «Nono» Frondizi (ATE CABA) se acercaron a dar su apoyo a la carpa montada en el Congreso Nacional.

.@marianorecalde visitó la  y sumó su apoyo a obreros: «No queremos la represión a los que se levantan contra el ajuste»

 

Un grupo de jubilados se acercaron a la carpa de @Pepsico_Enlucha: «Unidad de los trabajadores, al que no le gusta…»

«Nosotros somos jubilados que estuvimos haciendo una marcha acá, nos tenemos que solidarizar con todos los trabajadores, hay que defender la fuente de trabajo, por eso apoyamos la lucha de Pepsico» dijo uno de los jubilados a los despedidos «Ahora es PepsiCo, más adelante van a ser otras fábricas, hay que estar con los trabajadores que pierden su trabajo» agregó una jubilada que se acercó a la carpa

 

 

 

El director del Banco Central Pedro Biscay quedó en la mira del oficialismo tras sus posiciones críticas a la política económica del gobierno de Mauricio Macri y puntualmente al accionar del presidente de la entidad, Federico Sturzenegger. Según trascendió, el Ejecutivo buscará removerlo del Directorio a pesar de que tiene acuerdo del Senado hasta el año 2019.

En defensa de Biscay salió el gremio de trabajadores bancarios, que afirmó que la embestida es en represalia a los cuestionamientos que el director explicitó a “la política desregulatoria del sistema que ejecuta Sturzzeneger con complicidad del resto del Directorio”. La Bancaria reclamó a través de un comunicado que el Congreso revise la gestión del Central ante la profundización de las desregulaciones y que el Senado exija la continuidad de Biscay.

Los bancarios señalaron que una serie de decisiones recientes del Banco Central aumentaron el riesgo en el sistema financiero argentino. Puntualmente, se refirieron a una resolución conocida ayer que elimina la subgerencia General de Cumplimiento y Control de la Actividad Financiera y las gerencias de Control de Comercio Exterior, Fiscalización Cambiaria e Intermediación No Autorizada. “Esta decisión de las autoridades se da en un marco de la desregulación del sistema financiero y cambiario que viene llevando adelante el BCRA, incumpliendo las disposiciones de la Carta Orgánica de la entidad”, puntualizó el gremio conducido por Sergio Palazzo.

En paralelo, nueve organizaciones encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) denunciaron que el intento de remoción de Biscay del BCRA es “por haber expresado de manera pública opiniones diferentes a las principales decisiones de política económica y monetaria adoptadas por el Directorio del Banco Central y el Gobierno Nacional”.

Consideraron “ilegítima” la intención de desplazar a Biscay porque “restringe el ejercicio del derecho a la libertad de su expresión, así como el derecho de todas las personas de acceder a información vinculada con asuntos de interés público, como lo son las referidas al sistema financiero argentino”. “El intento de un Gobierno de remover a un Director del Banco Central forzando las causales previstas en la ley, afecta también la pluralidad de criterios que deben garantizarse y guiar el funcionamiento del Banco Central”, agregaron en un comunicado.

Recordaron que los directores del Central son designados con acuerdo del Senado y “solo pueden ser removidos antes del fin de su mandato por estrictas causales previstas en la ley”. “Manifestar una posición diferente fundada en criterios técnicos y objetivos no constituye la causal de remoción de ‘mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público’”, remarcaron.

El director del CIPCE, Agustín Carrara, le envió una carta al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, en la que le adjuntó el comunicado firmado por las organizaciones. También le remarcó a Pinedo que el intento de remover a Biscay es “un avasallamiento a la independencia del Banco Central como entidad autárquica y genera una grave limitación a la libertad de expresión”.

 

 

 

Científicos van al Congreso para reclamar por los despedidos del Conicet

Científicos van al Congreso para reclamar por los despedidos del Conicet

Son científicos del Conicet y van a reclamar la reincorporación de despedidos. La audiencia será a partir de las 16:00. Denuncian que el Gobierno intenta “incumplir” un acuerdo.

Científicos del Conicet realizarán esta tarde una audiencia pública en el Congreso de la Nación para reclamar al Gobierno la reincorporación de los despedidos.

A partir de las 16:00, becarios del Conicet y de otros organismos se concentrarán en avenida Rivadavia y Callao para denunciar que el Gobierno “intenta incumplir” con el acta acuerdo que firmó en diciembre el ministro de Ciencia, Lino Barañao.

Barañao había firmado un acta acuerdo luego de cinco días de toma del ministerio de Ciencia, por lo que se comprometió a la reincorporación de todos los profesionales que habían sido desafectados.

A las 17:00, en la sala 2 del 2º piso del salón anexo a Diputados, los científicos organizarán una audiencia pública para presentar un proyecto de resolución en la Cámara baja, que de una salida política a este conflicto.

Este proyecto, abierto a las firmas de todos los diputados que deseen acompañarlo, se propone en su primer punto exigir el ingreso a la Carrera de Investigador de CONICET de los 451 trabajadores recomendados en la convocatoria 2016 y reincorporados al organismo tras la ocupación del Ministerio.

 

Confirman una reforma laboral para después de octubre

Quintana quiere un «mercado moderno»
El vicejefe de Gabinete reconoció que desde el Gobierno evalúan cambiar la legislación laboral «en consenso» con empresarios y sindicatos para después de las elecciones. Aseguró que la reforma no va a caer «como un misil sobre la cabeza de nadie».

En línea con la reciente reforma laboral aprobada en Brasil, desde el Gobierno confirmaron que están evaluando una reforma laboral para después de las elecciones. «Se ha iniciado ya un diálogo hace algunos meses con con los sectores sindicales y con las fuerzas opositoras en el Congreso», aseguró Mario Quintana, vicejefe de Gabinete. El funcionario admitió que desde el Ejecutivo quieren avanzar con cambios en la legislación laboral para “tener un mercado moderno y para todos”.

El rumor ya había sido confirmado hace algunos días por el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, y la luz de alarma se encendieron en los sindicatos. Hoy fue Quintana quien reconoció la intención de la gestión de Mauricio Macri y prometió que “no va a generar mayor vulnerabilidad del trabajador”. En declaraciones a radio La Red, el funcionario resaltó que el objetivo final de la nueva legislación será “tener un mercado moderno y para todos”.

Según trascendió, la reforma se propone avanzar sobre tres ejes: la flexibilización de los convenios colectivos de actividad, el impulso a los contratos individuales o por empresa con la inclusión de nuevas categorías de trabajo y la reducción de costos laborales por efecto de eliminación de aportes a los sindicatos y la rebaja de algunas cargas sociales o alícuotas de ART.

«Lo vamos a hacer en base al consenso y al diálogo. No es que va a haber sorpresas y va a caer un exocet (un misil) sobre la cabeza de nadie», enfatizó Quintana, y agregó: “de lo que tenemos que estar convencidos es de que como país tenemos un futuro maravilloso si hacemos las cosas bien”.

Fue el mismo Macri, además, quien explicitó el propósito del Gobierno de avanzar con una nueva reforma laboral, cuando abogó por “enfrentar la mafia de los juicios laborales” porque “eso destruye la generación del empleo futuro”. Según la información que circuló, la “reducción de gastos” se obtendría a partir de la eliminación de aportes a sindicatos y rebaja de cargas sociales.

Ayer, la diputada y candidata de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, también se expresó en este sentido, al plantear nuevamente la discusión sobre los costos laborales. “Es tan grande que en realidad un empleado te cuesta dos empleados, y si te cuesta dos empleados, falta el empleo para uno», destacó Carrió y ratificó que la alianza gobernante quiere llevar adelante “reformas pendientes”.

 

La desocupación en su nivel más alto de los últimos 10 años

La desocupación en su nivel más alto de los últimos 10 años

Cada vez más gente busca trabajo porque el salario no alcanza y no se crea empleo. La desocupación llegó al peor nivel en los últimos 10 años. Picos en el conurbano.

Un informe del Centro de Investigación CIFRA, dependiente de la CTA de los Trabajadores, registró que la tasa de desocupación del primer trimestre de 2017 evidenció un salto hacia arriba y ya se encuentra en los niveles de 2007.

desocupaciónEstos números, correspondientes al retroceso de una década en materia de desocupación, se dan por efecto del aumento de la tasa de actividad (es decir, más personas buscan empleo y no lo encuentran) y, en menor medida, por la caída del empleo.

Ambos procesos consolidaron en el conjunto de los aglomerados urbanos, relevados por EPH del Indec, una tasa de desocupación que alcanzó el 9,2% de la población económicamente activa.

Ese guarismo salta al 11,3% en los aglomerados correspondientes a la Provincia de Buenos Aires. Una cifra alarmante

El trabajo explica que “si bien no hay datos correspondientes al primer trimestre de 2016 para efectuar la comparación interanual, hay que remontarse al primer trimestre de 2007 para advertir una tasa de desocupación más elevada que la que se registró en el primer trimestre de 2017”.

 

 

UTE denunció que el objetivo final es “fragmentar el sistema educativo”

La Ciudad quiere modificar el régimen laboral de los docentes de idiomas

El Ministerio de Educación porteño propuso traspasar el área de Idiomas Extranjeros a una Gerencia Operativa de Lenguas en Educación (GOLE), un traslado que los gremios del sector calificaron como una “estrategia de precarización que deja a los maestros en un estado de vulnerabilidad brutal”.
Imagen: Cuenta oficial de Ute-Ctera en Twitter.

Según los docentes, el desprendimiento de una de las áreas de la cartera que preside Soledad Acuña implicaría que los profesores pierdan los derechos garantizados bajo el Estatuto Docente y que los sometan a un régimen de contrataciones, además de que no se especifica el rol que cumplirán los actuales supervisores pedagógicos.

La resolución 23017 del 27 de junio establece que todos los cargos de base y conducción de Idiomas, como así los responsables de los Centros Educativos Complementarios, pasen a estar bajo la órbita de la nueva gerencia, aunque UTE Y Ademys  alertaron que actualmente la GOLE hace nombramientos por fuera del Estatuto, con lo cual el cambio del sector “atenta contra la carrera docente, la transparencia en los concursos y la estabilidad “.

“Detrás hay una habilidad muy grande del Gobierno para dejar grises en donde puede intervenir la GOLE, decidiendo por si sola, sin la participación de los supervisores”, explicó a Página/12 Graciela Soiza, secretaria de Materias Curriculares de UTE, quien además advirtió que el objetivo final es “fragmentar el sistema educativo”. “Si empiezan con los idiomas, pueden seguir con el resto de las materias”, denunció la docente.

Después de las objeciones gremiales, la cartera educativa porteña finalmente accedió a hacer algunas modificaciones al proyecto original. El nuevo borrador, que todavía no tiene carácter oficial, fue defendido por los funcionarios porteños en la Mesa de Condiciones Laborales como una decisión política para “darle brillantez al área”, a pesar de que los docentes insisten en que se trata de “una medida impuesta que (…) ni siquiera fue consultada con el equipo de supervisión”.

“La resolución sigue sin ser clara porque hay varios vacíos que generan interrogantes y mucha incertidumbre”, advirtió a este diario la docente Samanta González.

Soiza, por su parte, insistió en que, de acuerdo con el borrador, al que tuvo acceso Página/12, «la GOLE estaría a cargo de las designaciones y la cantidad de grados y de docentes necesarios».

“Nuestro temor es que a la larga se vayan perdiendo derechos, porque si no está todo claro, se puede cambiar la estructura en cualquier momento, en esta gestión o en otra”, alertó González, quien anunció que el viernes habrá una asamblea para analizar los pasos a seguir. “Si dicen que es un cambio de figuritas, que lo expliquen bien, entonces», insistió González.

Soiza, por último, advirtió que no es casual que Educación haya elegido el traspaso del área de lenguas extranjeras. “Es un Gobierno que mira hacia el norte y no hacia los hermanos latinoamericanos. Su caballito de batalla siempre fue el idioma inglés, para hacer campaña y ganar votos”, concluyó.

 

Olor a reforma: empresarios piden reducir costos laborales y bajar la conflictividad

Olor a reforma: empresarios piden reducir costos laborales y bajar la conflictividad

Sin eufemismos, el presidente de la UIA pidió reducir costos laborales y bajar la conflictividad.  “Los costos laborales son muy altos”, señaló.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, salió con los tapones de punta y mientras se empieza a blandir la espada de la reforma laboral sobre los gremios, pidió una baja de los costos laborales y empezó a sentar el camino para proponer una reforma !a la brasilera”.

“Hay problemas de competitividad, no de productividad; los costos laborales son muy altos, también la conflictividad; hay que avanzar en eso”, dijo ayer Acevedo al Diario La Nación.

Acevedo se reunió con industriales cordobeses (entre ellos, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Gerardo Seidel), recorrió la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadea) y hoy visitará las instalaciones de Alladio en la localidad de Luque.

Respecto de los costos laborales, mencionó que no es necesario pensar en una “reforma integral”, sino en atacar los puntos más importantes. Por ejemplo, apuntó que podría haber cargas diferenciadas para el Interior, “donde afrontan más problemas y costos, como los de logística”.

Ese punto fue uno de los analizados con los industriales locales en el marco del “costo argentino”.

La semana pasada, Diego Vignatti, presidente de Nissan Argentina, admitió que sin el acuerdo de flexibilización con el Smata (el gremio automotor) la inversión de US$ 600 millones en Córdoba podría haber estado en riesgo. “Brasil acaba de aprobar una reforma laboral que le dará mayor competitividad a su industria”, enfatizó.

Según Acevedo, “hay que ver los costos laborales, analizar qué se puede hacer. En una época teníamos diferenciales para el Interior, esa podría ser una alternativa”. En ese contexto, señaló que “los que importan no tienen esos problemas”. De todos modos, planteó que la Argentina aún es “una economía cerrada; hay que analizar caso por caso”. En una economía competitiva, dijo, una mayor apertura no generaría mayores problemas; para una economía que necesita crecer, las importaciones de bienes de capital son fundamentales.

Acevedo entiende que “lo peor” para la industria “ya pasó”, aunque advirtió que no todos los sectores que están empezando a crecer están tomando personal. “Hay una reversión del momento más crítico, pero hay algunas ramas de la actividad que la siguen peleando”. Entre ellas mencionó a los fabricantes de juguetes, que se “juegan el año y están haciendo un enorme esfuerzo” el próximo Día del Niño, y al calzado, que atraviesa una crisis de competitividad. “Hay sectores sensibles que intentan todavía recuperarse primero en el mercado interno y después ver si pueden exportar”.

Respecto de Fadea, indicó que enfrenta el “enorme desafío” de seguir bajando su déficit y buscar nuevos nichos de negocios para no depender sólo del Estado. Ercole Felipa, presidente de la empresa, coincidió en que ése es el mayor objetivo.

A Alladio, Acevedo la describió como una fábrica “modelo, innovadora, que busca nuevos productos y nuevas maneras de llegar a los clientes”.

 

Revés judicial para Macri por cuatro trabajadores despedidos

Se trata de cuatro empleados de Renatea, echados en marzo de 2016. Qué dice el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla ordenó reincorporar a cuatro trabajadores del Estado despedidos al principio del gobierno de Mauricio Macri. La medida ocurre tras un amparo presentado por los empleados.

María Gabriela Ramallo, Esteban Adrián Potes, Juan Manuel Villa y Mauricio Andrés Massenzio, fueron despedidos del ex Renatea en marzo de 2016. Ellos interpusieron una acción de amparo contra la Resolución de la Secretaría de Relaciones Laborales que aprobó un convenio del sindicato Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) con el RENATEA que dejó sin efecto el Convenio Colectivo de Trabajo que regía la relación laboral.

Dicho régimen asignaba estabilidad como empleados públicos a los trabajadores del ente y fijaba como causales de extinción de la relación laboral «renuncia, sanciones expulsivas, jubilación, fallecimiento o mutuo acuerdo», pero excluía «el despido sin causa».

El ente dejó de existir, pero la resolución indica que los despedidos, frente a «la supresión de dependencias o de las funciones asignadas al personal», «deben ser reubicados dentro de RENATEA y en caso de imposibilidad, el trabajador podrá optar por requerir su reubicación en cualquier otro organismo de la Administración Pública o por recibir la indemnización correspondiente».

Además, el fallo indica que el Estado “debió garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores y no homologar un acuerdo que afectaba la estabilidad el régimen laboral que los amparaba por mandato de la Constitución Nacional».

 

Cumplió 15 días el acampe en Zárate contra los despidos

Cumplió 15 días el acampe en Zárate contra los despidos

Sin respuestas del Gobierno Nacional, cumplió 15 días el acampe en la Rotonda de Zárate contra los despidos. La mayor parte fruto del achique de las obras de Atucha.

Ante la absoluta inacción de las autoridades nacionales y provinciales, cumplió 15 días el acampe que mantienen los obreros despedidos de Zárate en reclamo de sostener sus fuentes de trabajo.

DFB4wLkXYAAqXyYLas carpas y las ollas populares, dispuestas sobre la rotonda de ingreso a la ciudad, permanecen con constante solidaridad de las diferentes organizaciones gremiales de la zona. Tanto la CGT regional, como la CTA local se mantienen el respaldo a los obreros que piden por sus empleos.

La mayor parte de los cesanteados es fruto del achique de las obras que se venían realizando en Atucha, que ya dejó 637 despidos en la última tanda, más los empleos indirectos que se generaban.

A pesar que la Uocra y Uecara, las dos organizaciones de la actividad, mantuvieron reuniones y reclamos, no hubo ninguna respuesta positiva para que se de continuidad a los puestos de trabajo.

De hecho, el último jueves los despedidos acompañados por los gremios y hasta el intendente, marcharon al Ministerio de Trabajo de la Nación para que los funcionarios intervengan, sin embargo los comandados por Jorga Triaca actuaron ratificando los despidos y comunicaron que no había fondos para reanudar las obras en la zona.

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