Euskal Herria: La Fiscalía española pide 375 años de prisión para 8 jovenes vascos acusados de mantener una trifulca callejera con dos guardias civiles /La España inquisitorial sigue en guerra contra el pueblo vasco

Los jóvenes de Altsasu afrontan peticiones fiscales de 62, 50 y doce años y medio de prisión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicita un total de 375 años prisión para los ocho jóvenes de Altsasu que fueron procesados tras la trifulca con dos guardias civiles. Para uno de ellos pide 62 años de cárcel, para otros seis 50 años a cada uno y doce años y medio para la octava procesada, según las agencias Efe y Europa Press.

NAIZ|04/07/2017 15:14|7 comentarios Actualizada: 18:06

Altsasu

Cargos electos se han concentrado junto a las familias de los jóvenes de Altsasu para mostrarles su apoyo. (Iñigo URIZ / ARGAZKI PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha solicitado un total de 375 años de prisión para los ocho jóvenes procesados tras la trifulca en un bar de Altsasu con dos guardias civiles y sus parejas, el 15 de octubre del año pasado, según han difundido las agencias Efe y Europa Press.

El fiscal José Perals atribuye a siete de los procesados –Oihan Arnanz, Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad– cuatro delitos de «lesiones terroristas» y reclama 12 años y medio de cárcel por cada uno de estos delitos, lo que suma un total de 50 años para cada uno de estos siete jóvenes.

A Oihan Arnanz le imputa además un delito de «amenazas terroristas», con lo que en su caso la petición se eleva a 62,5 años de cárcel.

Para la octava procesada, Ainara Urkijo, pide 12 años y medio de prisión también por «amenazas terroristas», de acuerdo con las mismas fuentes.

Junto a las peticiones de prisión, el fiscal reclama que indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a los guardias civiles y a sus parejas.

Penas alternativas de entre 18 y 30,5 años

En su escrito de acusación, el representante del Ministerio Público plantea unas penas alternativas a estas, de entre 18 y 30 años y medio de prisión, para los siete primeros acusados.

En concreto, pide subsidiariamente un total de 30 años de cárcel para Oihan Arnanz por «desórdenes públicos terroristas» (8 años), atentado a agentes de la autoridad (2 años), cuatro delitos de «lesiones no terroristas» (8 años) y «amenazas terroristas» (12 años y medio).

Para los otros seis reclama, de forma alternativa, 18 años y medio de cárcel apreciando los mismos delitos excepto el último de «amenazas terroristas».

Perals también pide para los ocho acusados 20 años de inhabilitación absoluta y 5 años de libertad vigilada.

La defensa, sin notificación

La defensa no ha recibido notificación alguna.

Según recogen las agencias españolas, el fiscal sostiene que la trifulca se enmarca en la campaña ‘Alde Hemendik’ contra los agentes de la Guardia Civil y la Policía desplegados en Hego Euskal Herria y afirma que esta busca crear un clima de «miedo y rechazo» hacia ellos, «influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social».

Según su tesis, esa reivindicación fue introducida por ETA en 1976, la izquierda abertzale la mantiene en práctica y desde 2011, cuando la organización vasca anunció el cese definitivo de su actividad armada, se han incrementado las acciones de «protesta, presión y hostigamiento» contra los agentes de la Guardia Civil, especialmente en Altsasu, Leitza y Lizarra.

Oihan Arnanz, Adur Ramírez de Alda y Jokin Unamuno permanecen en prisión desde noviembre por esta causa. Los familiares de todos los procesados acudieron la semana pasada a Bruselas, donde recabaron el apoyo de 51 eurodiputados.

Los padres y madres de Altsasu subrayan la desproporción de la petición y llaman a seguir denunciando este caso

Los padres y madres de los jóvenes de Altsasu han denunciado, en una nueva comparecencia masiva en la plaza Iortia, la desproporción que supone la petición de penas de 375 años por un trifulca de bar. Además, han llamado a seguir movilizándose para rechazar lo sucedido. Las próximas citas son el viernes en Altsasu y el día 14 en Iruñea

«Consideramos que estas peticiones se enmarcan dentro de la desproporción más absoluta. Delitos muchísimo más graves, como homicidios, violaciones en grupo, violencia de género, infanticidios… reciben unas penas considerablemente menores a la petición fiscal. Petición de 375 años de cárcel para ocho jóvenes, siete menores de 23 años, por una trifulca de bar en la que la lesión mayor fue un tobillo roto. Produce terror tanta desproporción», han denunciado los padres y madres de los jóvenes de Altsasu en una nueva comparecencia masiva en la plaza Iortia.

«Sucesos similares y equivalentes, es decir, peleas y/o agresiones a fuerzas de seguridad estando en servicio o no, con lesiones más graves, en otros lugares han acarreado penas menores, raramente el ingreso en prisión. En ninguno de ellos se solicitan penas mayores. ¿Es diferente la Justicia para las personas de Alsasua?», han preguntado en el comunicado que han leído Igone Goikoetxea, Koldo Arnantz y Gotzon Urrizola.

«Estamos asistiendo a una sobreactuación judicial, alimentada por una campaña mediática que ha distorsionado por completo la realidad de este municipio. No solamente se produce una actuación completamente desproporcionada, como han denunciado destacados juristas; también se está produciendo una utilización extensiva del delito de terrorismo. Todo lo cual vulnera el principio de legalidad y el derecho a un juicio justo. En marzo  el máximo órgano judicial de Navarra, la Audiencia Provincial, argumentaba rigurosamente de manera jurídica, que no se cumplen los requisitos para ni siquiera la consideración de existencia de indicios para calificar los hechos como un delito de terrorismo», han destacado.

«En este sentido se han manifestado las más altas Instituciones navarras, como el Gobierno y el Parlamento. También la mayoría política y social navarra, numerosos ayuntamientos, 74 diputados y 14 senadores del Congreso y Senado, 51 Eurodiputados, miles de personas anónimas. La solidaridad que estamos recibiendo es inmensa y plural, y desde aquí queremos agradecerla de todo corazón», han recordado.

«No pedimos impunidad, ni posicionamiento de parte. Pedimos a la sociedad, a las instituciones y a todo tipo de entidades que defiendan el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio con garantías procesales, el derecho a que la ley no sea utilizada de manera extensiva y torticera, el derecho a la proporcionalidad. Pedimos en definitiva la defensa de los principios y la calidad democrática de un Estado de Derecho. En este caso no sólo está en juego el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. Está en juego la protección de la sociedad ante la utilización abusiva y torticera de la ley. Está en juego la calidad democrática. Están en juego los derechos humanos que nos asisten a todas y a todos. Está en juego la Justicia. Porque en una democracia la justicia debe amparar a sus ciudadanos», han subrayado.

«Sentimos rabia, miedo, desprotección, impotencia. Pero nuestro mensaje, desde una contundencia serena, se construye sobre la firme defensa de los derechos humanos y los principios democráticos y sobre la aglutinación de expresiones sociales, políticas e ideológicas plurales en torno al denominador común de los derechos y de la Justicia», han destacado.

Así, han hecho un llamamiento a seguir movilizándose para denunciar esta situación. Las siguientes citas son la manifestación que se celebrará este viernes, día 7 de Julio, a las 20:30, después de la concentración semanal, y que saldrá desde la Plaza Iortia de Altsasu y la  concentración que se realizará el próximo 14 de julio , 8º mes de nuestro calvario, en la plaza del Castillo de Iruñea a las 17.30.

Junto a ello, han llamado suscribir el manifiesto de denuncia y apoyo disponible en su página web, que ya ha sido suscrito por 20.000 personas. En la misma web existe un dossier que desmonta todo el caso.

Sortu denuncia la «crueldad extrema y el ensañamiento» de la Fiscalía con los jóvenes de Altsasu

Sortu ha denunciado la «crueldad extrema y el ensañamiento» de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española hacia los ocho jóvenes que fueron detenidos el 15 de octubre de 2016 por una agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, para los que se pide en total 375 años de prisión.

NAIZ|IRUÑEA|05/07/2017 16:14|0 comentarios Actualizada: 16:21

El «ensañamiento de la Fiscalía resulta enormemente extremo y desproporcionado», destaca Sortu en una nota, en el que considera que «esta esperpéntica petición demuestra la inhumana crueldad que instancias del reino están dispuestas a aplicar ante cualquier expresión que desagrade al régimen, aunque sea en el contexto de una trifulca de bar a las tantas de la mañana».

Tras mostrar su solidaridad con los detenidos y sus familiares, Sortu exige su inmediata puesta en libertad y apuesta por la «desmilitarización de Euskal Herria».

«La Guardia Civil tiene que marcharse. Es hora de paz, es hora de que se vayan», asegura la formación abertzale, que se reafirma «en la apuesta por la paz y la convivencia», aunque «aquí algunos y algunas no tienen ningún interés para trabajar a favor de la paz».

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