Estudiantes protestan en São Paulo contra la reforma de la enseñanza media

/ UBES

Militante desde los 16 años, cuando hizo parte de una agremiación estudiantil en el colegio, Camila Lanes, actual presidenta de la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios (UBES), no sabe si ingresará a la universidad este año. Ella había planeado hacer las pruebas de ingreso cuando terminase su mandato en la organización, pero las medidas del gobierno golpista de Michel Temer para la educación sacudieron sus convicciones.

“Brasil está viviendo una ruptura muy grande, pasé toda mi vida con el plan de ingresar a la universidad, a través del PROUNI  (Programa Universidad para Todos, creado durante el gobierno de Lula y que dio más de un millón de becas a estudiantes pobres en universidades privadas ) o a través del FIES (Fondo de Financiamiento Estudiantil, también creado en el gobierno del expresidente). Hoy, cuando pienso en el futuro, no sé cuáles son las posibilidades de lograr un cupo en la universidad, porque la coyuntura ha cambiado mucho˜, lamenta.

La reforma de la enseñanza media [últimos 3 años de secundaria] en Brasil, a través de la Medida Provisional número 746 de 2016, fue sancionada por Michel Temer en febrero de 2016, el recorte de 20% en los recursos del presupuesto destinado a educación y la no realización del Plan Nacional de Educación son algunos de los puntos más criticados por la estudiante.

Camila indica que el número de estudiantes inscritos en el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM) en 2017 es menor que en los últimos años, lo cual, en su opinión, es una de las consecuencias de las medidas citadas anteriormente por la estudiante. “El paquete de medidas de Michel Temer para la educación dificulta el acceso a la universidad, especialmente para los hijos de trabajadores de las capas más bajas de la sociedad.”

Privatización

Además, la estudiante destaca que la Reforma de la Enseñanza Media es favorable al contexto de privatización de la enseñanza pública, denunciada por diversos movimientos populares. “A partir del momento que las escuelas pasan por una serie de dificultades estructurales, se abre una brecha para el inicio de la discusión sobre privatización. Necesitamos garantizar que la escuela sea pública y de calidad”, evalúa.

Para Fátima Aparecida da Silva, Secretaria General de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la división de la enseñanza en currículos temáticos, uno de los puntos de la Reforma, es uno de los grandes problemas de la medida. De acuerdo con datos del Censo Escolar de 2016, la mayoría de los municipios brasileños (53%) tiene apenas una escuela que ofrece enseñanza media regular o educación profesional, lo que vuelve la oferta de itinerarios flexibles prácticamente inviable.

“Los municipios pequeños tendrán dificultades para ofrecer itinerarios formativos diversificados. Eso hará que se monten redes privadas de enseñanza para ofertar itinerarios profesionalizantes. Además, así se disminuye la formación integral y se ofrece una formación técnica enfocada en atender nichos de mercado”, afirmó Silva.

El propio ponente de la medida provisional, el senador Pedro Chaves, del Partido Social Cristiano de Mato Grosso do Sul, estado del Centro-Oeste de Brasil, es un empresario millonario de la educación, fundador de la Universidad para el Desarrollo del Estado y de la Región del Pantanal (UNIDERP), vendida al grupo Anhanguera, una de las grandes empresas del sector, y dueño de la Escuela Mace, uno de los mayores colegios privados de la región.

La Secretaria General de la CNTE afirma que el caso de Chaves es conocido. “Él es un hombre del sector privado, que llegó al Senado como suplente de otro senador. Está exclusivamente al servicio del sector privado de la educación. No es por casualidad, es algo planeado. Con recursos públicos, pone la iniciativa privada dentro de la enseñanza media”, comenta. Se procuró contactar al senador Pedro Chaves, pero este no se pronunció sobre el tema hasta el cierre de esta nota.

Plan Nacional de Educación

En la opinión de Camila Lanes, en lugar de Reforma de la Enseñanza Media, el gobierno debería privilegiar la aplicación de las directrices del Plan Nacional de Educación (PNE), documento elaborado por el Ministerio de Educación (MEC) en conjunto con las instancias representativas del sector educativo. El PNE presenta metas estructurantes para los próximos diez años para garantizar el derecho a la educación básica.

“Tal vez si el gobierno no estuviera pensando solamente en invertir en la Reforma de la Enseñanza Media, sino en la aplicación del PNE sería una salida más bien elaborada y pensada. La realización del plan fue una pauta del movimiento estudiantil brasileño que demoró más de siete años en ser conquistada, para hacer de la escuela un instrumento de ciudadanía, con una visión humanizada, no sólo enfocada en el mercado laboral”, destaca.

Las principales críticas al no cumplimiento del PNE giran en torno al comprometimiento de los recursos para la educación, que quedó en evidencia con la sanción, en diciembre del año pasado, de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 55, que establece el congelamiento de las inversiones sociales por los próximos 20 años.

Para Fátima Aparecida da Silva, la PEC 55 y el fin de las discusiones sobre la inversión de las regalías del Pre Sal en educación, representan un gran retroceso en la efectivización del PNE.

“El PNE hace una combinación de recursos, inversiones financieras, con metas a ser cumplidas. Lo que nosotros queremos en Brasil es que las riquezas del petróleo sean distribuidas con igualdad para políticas públicas, en este caso, 10% para salud y educación. Estábamos caminando en ese sentido y ahora, con estos retrocesos, caminamos para revertir todo a la iniciativa privada”.

Propuestas

En contrapunto a lo que está siendo realizado por el actual gobierno, diversas entidades ligadas al Frente Brasil Popular (FBP) – que está formado por más de 80 organizaciones – lanzaron el Plan Popular de Emergencia [Clic aquí para bajar el documento completo, en español] en el que se presentan medidas prácticas para la ampliación del derecho al acceso a educación pública de calidad.

Entre otras medidas, el Plan prevé el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Educación, por medio del aumento de las inversiones en el sector a 7% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2019, y 10% hasta 2024, además de efectivamente destinar 75% de las regalías del petróleo y 50% del Fondo Social del Pre Sal. El documento tiene el objetivo de enumerar una serie de medidas para la recuperación económica y social del país.

El eje “Derecho a la salud, a la educación, a la cultura y a la vivienda” del Plan también propone la revocatoria total de la Reforma de la Enseñanza Media y de la alteración de las normas curriculares. Para Camila Lanes, que participó de las movilizaciones que ocuparon centenas de escuelas en 2016 contra las medidas de Temer para la educación, el Plan Popular de Emergencia es una iniciativa de extrema importancia.

“Elaboramos el Plan en conjunto para hallar las mejores alternativas para la crisis que el país ha vivido. Además de eso, los estudiantes también continúan manifestándose. El año pasado, Brasil entero vio nuestras movilizaciones con más de 1000 escuelas ocupadas físicamente en el país”.

Sobre las críticas presentadas, la asesoría de prensa del MEC afirmó, por e mail, que la actual gestión asumió la cartera con metas no cumplidas. “Frente al escenario de atraso que ya fue constatado desde el año pasado, el MEC se viene esforzando, en asociación con estados y municipios, para el cumplimiento de las metas”.

Sobre la Reforma de la Enseñanza Media, la asesoría informó que la medida “es un instrumento fundamental para la mejora de la educación en el país. “Al proponer la flexibilización de la malla curricular, el nuevo modelo permitirá que el estudiante elija el área de conocimiento para profundizar sus estudios. (…) Con esto, la enseñanza media aproximará aún más la escuela a la realidad de los estudiantes a la luz de las nuevas demandas profesionales del mercado de trabajo”.

Edición: Luiz Felipe Albuquerque | Traducción: Luiza Mançano

Reducción de jornada laboral genera nuevos puestos de trabajo

2,8 millones de empleos pueden ser creados en Brasil con la reducción de la jornada laboral, según economista

por Rute Pina

En el día a día, Janaina Silva, habitante de la ciudad de São Paulo, no tiene tiempo libre para sus hijos, de 14 y 2 años. Ella trabaja en un food truck en la región Oeste de São Paulo y cuenta que duerme entre 3 y 4 horas al día.

Durante la semana, Janaina no tiene tiempo libre: se levanta a las 4 de la manãna para ir al trabajo y empieza a trabajar a las 7 horas. Sale del trabajo a las 15 horas y de ahí sigue para la facultad.

Llega a casa a las 23 horas, los días que tiene suerte. En los fines de semana, también trabaja. “Esta es mi rutina, algunos días no veo a mis hijos. Cuando vuelvo a casa, están durmiendo…casi no me queda tiempo para estar con ellos”, relató.

Los caminos indicados por el Senado Federal muestran que, en relación a la carga horaria laboral, el futuro puede ser aun más duro para trabajadoras y trabajadores brasileños: la reforma laboral, propuesta por el gobierno federal, prevé que los acuerdos entre sindicatos y empleadores pasen a tener fuerza de ley para negociar jornadas de hasta 220 horas mensuales o 2.640 horas por año. O sea, 344 horas más de trabajo anualmente.

A contramano del Congreso Nacional, el Frente Brasil Popular (FBP) – formado por más de 80 organizaciones brasileñas -, propone la reducción de la jornada laboral máxima a 40 horas semanales en el Plan Popular de Emergencia [Clic aquí para descargar el Plan Popular de Emergencia completo, en español], documento elaborado para presentar soluciones y salidas a la crisis política, social y económica del país. La medida, según los movimientos populares, centrales sindicales y partidos que componen el Frente, pretende “aumentar la oferta de empleos y mejorar la calidad de vida y trabajo”.

Evaluación

El economista André Cardoso, del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), señala que esta es una reivindicación histórica del movimiento sindical. Durante la elaboración de la Constitución Nacional en 1988, los sindicatos pautaron la disminución para las 44 horas semanales. Antes la carga horaria máxima era de 48 horas para el mismo intervalo de tiempo.

Cardoso afirma que la medida distribuiría el aumento de productividad que hubo con las recientes tecnologías. “Desde 1988, tuvimos un aumento en la productividad del trabajo debido a las innovaciones tecnológicas y esta reducción es una manera de distribuir esta ganancia que se quedaron con los trabajadores y patronales”, analizó.

El DIEESE realizó diversas notas y estudios técnicos sobre el tema. La conclusión es que la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y la limitación de horas extras representarían 2,8 millones de nuevos empleos en el país. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el número de desempleados en Brasil excedió, en el último trimestre, 14 millones de personas.

De acuerdo con Cardoso, el argumento contrario a la alteración, de que aumentaría el llamado  “coste Brasil” es una falacia. Él calcula que el cambio en la carga horaria laboral de 44 a 40 horas, lo que equivale a una disminución de 9% del total, tendría un impacto de apenas 2% en el coste de producción del empleador. ˜Es un valor muy pequeño, que tiene capacidad de ser fácilmente absorbido”, analizó.

Otro argumento que el especialista refuta es de que la alteración tendría un impacto negativo en la competitividad de la industria brasileña en el escenario mundial. Eso porque Brasil aparece como el segundo país, solo por detrás de Suecia, donde el coste de hora de trabajo en la industria – que relaciona los sueldos a los gastos y encargos con seguridad social y otros impuestos -, es bajo, si se compara a otros países, en dólares. Los datos son de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, en la sigla en inglés), divulgados en 2013.

Los sueldos de los brasileños también están bajo los niveles internacionales: era de US$ 11,65, bajo los US$ 15,91 del país vecino Argentina y menor que el registrado en países desarrollados como Estados Unidos (US$ 35,53), Francia (US$ 42,12)  y Alemania (US$ 47,38).

Para Cardoso, la reducción en la jornada laboral es benéfica para la economía, pero él también resalta su función social. El cambio, además de ampliar la oferta del empleo, posibilitaría que millares de personas, como Janaina, tuvieran más tiempo libre para dedicarse a la familia, al ocio y a otras actividades personales, además de disminuir diversos problemas de salud como estrés, depresión y lesiones por movimientos repetitivos.

“Esos son los argumentos desde el punto de vista económico, pero también entendemos la importancia de la reducción de la jornada laboral para el tiempo libre del trabajador, para la vida familiar, para el ocio y descanso. Conquistar esa reivindicación histórica puede generar un círculo virtuoso para la propia economía, argumentó el economista.

Edición: Simone Freire | Traducción: Luiza Mançano