Brasil. Aviones, yates y helicópteros privados están exentos de impuestos a la propiedad/ Empresarios o empresas: ¿quién debe pagar la cuenta de la crisis?

Brasil de Fato | Resumen Latinoamericano/ São Paulo (SP)/ 26 de junio 2017.-

Plan Popular de Emergencia propone extender impuestos a todos los medios de transporte privados actualmente exentos

Por Rute Pina

Cada comienzo de año, invariablemente, José Vieira da Silva, de 54 años, recibe en su casa, en el barrio de Limão, en São Paulo, la factura del Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA). Propietario de un Chevrolet Onix — que comparte con su esposa — José celebra que el valor baje a medida que envejece el automóvil. Aun así, este año debió desembolsar el equivalente a US$ 336 para pagar el tributo.

Por otro lado, dueños de helicópteros, pequeños jets particulares, yates y lanchas se encuentran exentos en Brasil de esta tasa anual. En 2013, el Sindicato Nacional de Auditores Fiscales del Servicio de Recaudación de Rentas de Brasil (SINDIFISCO) calculó que, si los aviones particulares y helicópteros pagasen IPVA en el país, los gobiernos de los estados podrían recaudar un monto superior a US$ 825 millones.

La cifra asciende con la actualización, por ejemplo, de la flota de helicópteros. El SINDIFISCO había utilizado el número de 903 helicópteros — cuando hoy la flota del país ya sobrepasa los 2,1 mil, llegando a ser la mayor de helicópteros urbanos del mundo, según la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

João Sicsú, profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), la situación es un ejemplo de la desigualdad tributaria en Brasil. “Es una gran injusticia porque un automóvil tiene un valor, en términos de propiedad, bajo en relación a estos que están exentos. Un jet pequeño puede costar alrededor de US$ 10 millones, mientras que un automóvil de segunda mano, unos US$ 4,6 mil”, observó.

Impuesto

El tema se llegó a debatir en el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2007. En su momento, la Corte, conducida por el ministro Gilmar Mendes, entendió que el IPVA sucedió a la antigua Tasa Rodoviária [de carreteras] Única (TRU), que históricamente excluye embarcaciones y aeronaves. Los barcos y aeronaves son registrados por el Tribunal Marino, por la Capitanía de Puertos o por el Ministerio de Aeronáutica, y no por los municipios, como los automóviles.

Sicsú resalta que el IPVA es un impuesto a la propiedad, y no una tasa de uso, como lo son los peajes, estacionamientos o tasas de puertos. «Es un impuesto sobre la propiedad. O sea, este impuesto incide sobre vehículos populares, pero no incide en estos vehículos que también son automotores”, dijo.

Profesor João Sicsú, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Foto: Valter Campanato/ABr

La extensión del IPVA a barcos, helicópteros y aviones es uno de los problemas para los cuales el Plan Popular de Emergencia [Clic aquí para para descargar el documento completo, en español], creado por el Frente Brasil Popular (FBP) —formado por más de 80 organizaciones: movimientos populares, sindicatos,  partidos—, presenta soluciones.

El año pasado, el diputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional para la creación de un impuesto similar al IPVA para propietarios de embarcaciones y aeronaves.

«Estas [propuestas de enmienda constitucional] se encuentran detenidas porque diputados, senadores y sus financiadores, son dueños de helicópteros, jets pequeños, lanchas y jet ski», afirmó el profesor.

Incluso sin contar con mar, el Distrito Federal es la cuarta entidad de la federación con la mayor flota de embarcaciones de lujo del país. En primer lugar en el ranking nacional está São Paulo, seguido por Rio de Janeiro y Paraná.

Grandes fortunas

Además de extender el IPVA, el Plan Popular de Emergencia propone la adopción del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). Con una alícuota anual variable entre 0,5% y 1%. El impuesto incidiría  sobre quienes detentan un patrimonio líquido superior a ocho mil veces el límite de exención previsto en el Impuesto a la Renta de Personas Físicas del periodo recaudatorio.

Sicsú explica que, de todos los impuestos aprobados en la Constitución de 1988, el IGF es el único que aún no fue reglamentado. El ministro del STF Alexandre de Moraes, indicado por el presidente golpista Michel Temer (PMDB), extinguió, sin analizar el mérito, el pedido de reglamentación del IGF.

Una Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) fue propuesta por el Gobernador de Maranhão, Flávio Dino del Partido Comunista de Brasil. Moraes alegó que los gobernadores solo pueden presentar acciones directas de inconstitucionalidad si demuestran que la materia en discusión afecta a sus estados.

Países europeos con buenos índices de igualdad social, como Francia, Suiza, Noruega y Luxemburgo, ya adoptaron el tributo. En España e Islandia, el IGF surgió como una medida para combatir los efectos de la crisis económica de 2008. En América Latina, Uruguay y Argentina también son adeptos de impuestos sobre las grandes fortunas.

«Es un impuesto con alícuota baja, como la propuesta sugerida por el Frente Brasil Popular, y no es verdad que eso haría que los propietarios de fortunas las saquen del país. El caso de Francia muestra exactamente lo contrario, como está habiendo concentración de riqueza en el mundo, cada año que pasa el número de contribuyentes aumenta y la recaudación también», dijo.

Otra previsión del Plan Popular de Emergencia es la disminución de la carga tributaria sobre bienes y productos de consumo popular. José, que es dueño de un pequeño bar en el barrio de Barra Funda, aprueba el cambio: «Nosotros pagamos muchos impuestos por cosas pequeñas, hasta para tomar agua. Estoy a favor de cambiar eso», dijo.
Edición: Simone Freire | Traducción: Pilar Troya

 

Empresarios o empresas: ¿quién debe pagar la cuenta de la crisis?

Contratistas ligadas a la operación Lava Jato cortaron casi 600 mil puestos de trabajo y agravaron recesión económica

por Rute Pina
La construcción civil fue el sector que más recortó puestos de trabajo en el trimestre que cerró en febrero de este año, según el IBGE / Agencia Brasil

En febrero de 2016, el asistente administrativo Marcelo Sales, de 57 años, fue despedido después de casi seis años trabajando en la OAS Emprendimientos en Salvador (estado de Bahía, en la costa de Brasil). El mismo día, 22 colegas también fueron desligados de la empresa. El clima entre los trabajadores, él recuerda, era de sufrimiento con noticias que involucraban al grupo empresarial en la Operación Lava Jato, que investiga los esquemas de corrupción en la Petrobras.

“Quedamos decepcionados y preocupados con el desempleo, pero nosotros sabíamos que, en verdad, somos apenas café pequeño en esa historia toda”, dijo. Después de un año y cuatro meses del despido, Marcelo aún está desempleado.

La OAS recortó cerca de 120 mil puestos de trabajo entre 2014 y 2016. En la filial en que trabajaba, según el ex empleado, la justificación para los despidos en masa fue la reducción de costos. En 2016, la deuda total de la OAS alcanzó USD$ 3,36 mil millones. Al final de octubre de aquel año, el Tribunal de Justicia de São Paulo aprobó el pedido de recuperación judicial del grupo.

Las diez mayores empresas citadas en la [operación] Lava Jato, incluyendo la OAS, recortaron, entre el fin de 2013 y diciembre de 2016, casi 600 mil puestos —el equivalente al 5% del total de personas que entraron en la cola del desempleo en el mismo período, que fue de 11,2 millones. El levantamiento fue hecho por el periódico Estado de S. Paulo.

Crisis

Pero el efecto de la Operación puede haber sido aún más devastador si se consideran los puestos indirectos que fueron cerrados en la cadena productiva de estas empresas. El ingeniero de productos Saulo Labaki, de 56 años, fue despedido en abril de 2015 de una empresa que proveía equipamientos a Petrobras para perforación de pozos submarinos.

“Petrobras interrumpió algunos contratos y nuevos proyectos fueron recortados, entonces la construcción tuvo un corte brutal”, relató. Saulo estima que casi 60% de su equipo fue desligado en el mismo período. La Asociación de Empresas de Servicios Petroleros estima que el sector de gas y petróleo perdió aproximadamente 440 mil empleos entre 2013 y 2016.

Evaluación

Para el profesor del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas (UNICAMP) José Dari Krein, los procesos investigativos de la Lava Jato están ocurriendo de “manera oscura”. El economista afirma que la operación ha fragilizado a los sectores y empresas que tuvieron un papel determinante para apalancar el crecimiento de la economía del país en la última década.

Según informe de la consultora Tendencias, la caída de las actividades de Petrobras y de las contratistas involucradas en la operación Lava Jato [lavado de autos] tuvieron gran impacto en el resultado negativo del Producto Interno Bruto (PIB) — que fue de 3,8% en 2015 y de 3,6% en 2016. El cálculo estima que la operación es responsable por hasta 2,5 puntos porcentuales de la caída del PIB en cada año.

El profesor de la UNICAMP defiende que la corrupción debe ser “sistemáticamente combatida y abolida”, pero “sin destruir las empresas”. “Lo ideal sería combatir la corrupción, castigar los corruptores, inclusive la presidencia de las [empresas] contratistas, pero tratar de preservar la estructura de los negocios porque eso tiene un efecto muy perverso sobre la dinámica económica», ponderó.

En la misma línea, André Tokarski, coordinador del Frente Brasil Popular (FBP), considera que la corrupción es endémica a escala mundial. En estos casos, considera que el Estado debería crear mecanismos legales para asumir temporalmente el control accionario de estas empresas.

“Alemania, en la reconstrucción post segunda guerra mundial, preservó a las empresas y castigó a los empresarios que colaboraron con el régimen nazi. Y nosotros aquí estamos dilapidando. Si dueños de empresas cometen crímenes, las empresas y los empleos que ellas generan deberían ser preservados”, dijo.

Propuestas

Entre los planteos del Plan Popular de Emergencia [Clic aquí para descargar el Plan Popular de Emergencia completo, en español], documento que propone medidas para la salida de la crisis y la recuperación del crecimiento del país, el Frente Brasil Popular (FBP) – que está formado por más de 80 organizaciones – propone la alteración del artículo 243 de la Constitución Federal. El objetivo es expandir la confiscación de bienes y propiedades empresariales también para los sentenciados por corrupción.

Actualmente, la legislación restringe la confiscación a los condenados por trabajo esclavo y drogas. Con la propuesta del Frente, los activos serían incorporados a la economía estatal y garantizarían la continuidad de estas empresas y, consecuentemente, el empleo de sus trabajadores.

Aumento del desempleo

El plan del FBP también prevé otras estrategias para revertir la crisis de empleo en el país. El dato más reciente del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) mostró que había 14 millones de personas desempleadas en Brasil en el trimestre entre febrero y abril de este año. En el período, la tasa de desempleo en el país fue de 13,6%.

Todavía según el IBGE, Brasil ganó cerca de 2,6 millones de nuevos desempleados en el primer año de gobierno golpista de Michel Temer (PMDB) — un aumento de 23,1% en relación al trimestre anterior a su toma de posesión como presidente interino, en abril de 2016.

En este escenario, la recolocación profesional parece todavía aún más difícil. Es lo que ahora une tanto a Saulo como a Marcelo, que vuelven a buscar trabajo, estando ambos ya sobre los 55 años de edad. “Creo que mi edad es un agravante, pero [la economía] está difícil de recuperar», dijo el ingeniero.

Según el Ministerio de Trabajo, el gobierno viene tomando «iniciativas para impulsar la generación de empleos, al mismo tiempo que los senadores analizan la propuesta de modernización laboral, que también incentivará la contratación de más trabajadores en el sector privado».

Pero, para Dari Krein, las propuestas que el gobierno federal presenta como alternativa para la generación de empleo son “falacias». “El proyecto que Temer está ejecutando, basado en el documento Puente para el Futuro, cree en la tesis de que hay que retirar al Estado y favorecer al sector privado», dijo el profesor de la UNICAMP.

Entre otras medidas, el Plan Popular de Emergencia defiende además la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo y Empleo, financiado por el uso parcial de las reservas internacionales y la revocatoria de todas las medidas de la misma índole aprobadas durante el gobierno usurpador.

Para conocer detalles de las propuestas, puede leer el documento completo en español aquí.

Edición: Simone Freire | Traducción: Pilar Troya

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