Argentina. El Consejo Nacional de las Mujeres quiere cerrar su área de Litigio Estratégico y echar a su titular

Desde diciembre, en el Consejo Nacional de las Mujeres nadie  interviene ante casos de aborto no punible, femicidios, violencia institucional contra travestis y trans, legítima defensa y travesticidios. Según la abogada Luciana Sánchez, es así desde el día en que hubo una decisión institucional de dejarla sin tareas como encargada del área llamada “Litigio Estratégico”. No es que el panorama respecto de la violencia haya mejorado y no haga falta: hubo un femicidio cada 18 horas (antes era uno cada treinta), se multiplicaron los asesinatos de travestis y hasta terminó en represión policial y una veintena de detenciones la manifestación pacífica del día del paro internacional de mujeres.

Sánchez dice que no recibió explicaciones, hasta que hace dos semanas la citaron a una reunión sorpresa donde le dijeron que tenía que conseguirse un pase a otro organismo porque ahí no la querían más.  “Las palabras fueron: si en una semana no te vas, te despedimos”, le contó a PáginaI12. Ella cree que esto es por sus denuncias de razias, violencia y detenciones ilegales contra travestis en La Plata, a veces con pequeñas cantidades de droga por lo que los casos son presentados  como si fueran la lucha contra el narcotráfico; por la huelga de hambre en reclamo de asistencia iniciada por Karina Abregú, a quien su pareja intentó quemar viva, y que había sido asistida legalmente por ella, y por su actuación por iniciativa propia en auxilio de las mujeres detenidas el 8M.

Sánchez, de 43 años, ingresó al Consejo en 2013, tras una fuerte militancia por el derecho al aborto desde Lesbianas y Feministas.  Quien le dijo que se buscara un pase a otro lado, detalla, fue Silvia Lommi, subsecretaria de Coordinación para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. “Me dijo: deberías trabajar en algún lugar donde puedas ayudar a otros géneros. Blanqueaba así la falta de interés por las travestis y trans”, relata. Recuerda también que los famosos 67 millones de pesos que habían sido quitados al Consejo de las Mujeres y redireccionados con la firma del jefe de Gabinete Marcos Peña, correspondían al Plan Nacional contra la violencia hacia las Mujeres, del cual depende el área de Litigio. Varias organizaciones presentaron un amparo reclamando la restitución de los fondos, algo que se concretó tras idas y vueltas.

En 2015 comenzó desde su lugar un trabajo y en equipo con la Secretaría de Derechos Humanos, a intervenir en casos como “amicus curiae” (un/a tercero/a en una causa que aporta una opinión experta)  en especial en aquellos en los que es claro que habitualmente los operadores del sistema judicial carecen de una perspectiva de género.  También se venía ocupando de travestis y transexuales: por un lado los travesticidios, por otro el amedrentamiento y la persecución policial. “Entre 2015 y 2016 hubo una veintena de travesticidios: son todos casos impunes. No hay detenidos. Propuse aplicar el protocolo de femicidios y hacer un seguimiento. Nadie investiga. Lo mismo en los casos de violencia institucional contra travestis. Han sido denunciados policías con nombre y apellido pero nadie hace nada”, lamenta Sánchez.

Cuando se agudizó la persecución a travestis el último año tomó los casos críticos. “Era mi área y me prometían recursos. Sucede que advertí en La Plata un problema particular de violencia institucional contra travestis y trans, que se extendió a Mar del Plata y Buenos Aires también. Primero propuse trabajar con habeas corpus desde la línea 144 (la de violencia). Logré incluso algunas sentencias.  También por violencia en el sistema penitenciario dirigida a  travestis y trans. Pero el Gobierno está en contra de ocuparse de estos temas. Yo invertí recursos personales, dinero, muchas horas. En diciembre me dieron la orden expresa de no intervenir más en casos de violencia institucional contra travestis y mujeres trans. En Florencio Varela están detenidas cerca de cuarenta, todas peruanas y ecuatorianas. Primero las tienen detenidas mucho tiempo en comisarías, lo cual es ilegal, sin acceso a alimento ni cuidados básicos de salud. Luego las mandan al penal de Varela. Ahí dos de ellas aparecieron muertas, Pamela y Angie, en enero y marzo. De esto el Consejo no dijo ni una palabra”.

La abogada explica que las razias a travestis y trans son con el argumento de la lucha contra el narcotráfico y si les encuentran una mínima cantidad de droga el episodio es presentado como un logro. “Parte del hostigamiento que empecé a sufrir tuvo que ver con que no me reponían el dinero que yo gastaba en asistir a estas presas, que necesitan elementos mínimos de higiene y alimentos”, señala. “Luego empezaron a hacerme trabajar siempre los fines de semana, negarme francos y si un día faltaba anotar una raya roja en la planilla para destacarlo”, añade. “Yo soy la lesbiana del Consejo, eso no es algo menor. Estoy vinculada políticamente a la gestión anterior porque entré en la gestión anterior y por los temas que trabajo y sostengo. Sostuve la ley de identidad de género, que no quieren trabajar más. En el Consejo no hay cupo trans. El único trans que había también fue empujado a pedir el pase”, describe.

En sus inicios en el Consejo de las Mujeres, Sánchez trabajó en un programa llamado Escuelas Populares de Formación de Género, que creció de manera progresiva. “Era un módulo de capacitación en organizaciones sindicales, sociales, escuelas e institutos terciarios para dar formación en género. Trabajamos mucho sobre salud sexual y reproductiva, identidad de género, matrimonio igualitario, apuntando a formar redes en los barrios. Era el único programa que hacía esto, con metodología de educación popular. A cada escuela que hacíamos asistían más de 500 personas. Todo esto fue desarmado. Al comienzo de la nueva gestión de Fabiana Túñez se ejecutaron los pedidos pendientes de cien escuelas y luego se terminó”, relata. También cuenta que estuvo en un área de “fortalecimiento institucional” que distribuía recursos a través de organizaciones sociales. “Ahora las destinatarias son fundaciones privadas con una visión esencialista y que revictimiza a las mujeres, no ya organizaciones con anclaje territorial”, advierte.

Sánchez cuestiona la respuesta del Consejo después de la represión del 8 de marzo, donde ella fue a asistir a las detenidas. “Túñez dijo que pediría informes, pero no hizo nada más que adoptar el punto de vista de Patricia Bullrich: al día siguiente fue a timbrear con ella, la ministra de Seguridad”. Su preocupación, además de su complicada situación laboral, es que “con este escenario, no sé si se puede esperar que bajen los femicidios y que mejore la vida de las mujeres”.