Estado Español: “Hay un intento muy obvio de silenciar el debate nuclear”

Por Enric Llopis, Resumen Latinoamericano, 10 abril 2017.-
Entrevista a Francisco Castejón, portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA)

Todos los años, cuando llegan los meses de marzo y abril, podrían escogerse algunas fechas como aldabonazo para alertar de la amenaza nuclear. El 28 de marzo de 1979 tuvo lugar el accidente de Harrisburg, en Estados Unidos; el 26 de abril de 1986, la catástrofe de Chernóbil, y el 11 de marzo de 2011 la tragedia de Fukushima. Sin embargo, “existe un intento muy obvio de silenciar el debate nuclear; es más, la industria pretende en España, de forma silenciosa, alargar el funcionamiento de las centrales hasta los 60 años”, afirma el portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y miembro de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. El primer frente de batalla se plantea en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), cuyo permiso de explotación caduca el ocho de junio de 2020; en caso de que obtuviera la autorización para continuar más allá de 40 años (plazo de funcionamiento estipulado para las centrales), allanaría el camino para las siguientes. Además de físico nuclear, Castejón es miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y colabora en publicaciones como “El Ecologista” o “Página Abierta”. Ha participado en Valencia en un acto organizado por la Plataforma Tanquem Cofrents sobre “la lucha por el cierre de las centrales nucleares”.  

 

-En un artículo publicado el cinco de abril en Levante-EMV, el físico e ingeniero nuclear, exdirector de Seguridad de Cofrentes, Jesús Cruz, criticaba que la resolución de las Cortes Valencianas para el cierre de la central nuclear “está cargada de ideología política”. Además de afirmar que el impacto ambiental en el entorno es “inexistente”, atribuye a la nuclear más de 800 empleos directos, 3.000 indirectos y 1.300 en los periodos de parada. ¿Ésta es la síntesis del argumentario pro-nuclear?

 

Yo diría que es el argumentario, pero falso. Llama la atención que defienda el empleo, cuando las centrales nucleares generan cinco veces menos puestos de trabajo por unidad de dinero invertida que las renovables. Siempre hablan del impacto que producirá sobre el empleo el cierre de las nucleares, pero es una falacia. Primero, porque el proceso de desmantelamiento, que puede durar 20 años, va a requerir casi todos los puestos de trabajo que hoy emplea la nuclear. Actualmente ENRESA, empresa pública que gestiona los residuos radiactivos y se encarga del desmantelamiento de las nucleares, paga cerca de seis millones de euros anuales a los municipios que están a diez kilómetros o menos de una zona nuclear. Y es un dinero que se está malgastando.

 

-¿Cuál sería la propuesta del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA)? El informe “El cierre de las nucleares españolas” (abril de 2016) destaca que el sector nuclear obtiene unos beneficios netos de unos 2.360 millones de euros anuales, mientras que el gasto es de 887 millones de euros; se propone que un porcentaje del beneficio empresarial se destine a otros proyectos…

 

Planteamos que se invierta en generar otras actividades económicas en estas zonas. Actualmente cae todos los años a los ayuntamientos un dinero “gratis”, que se gasta en fiestas, poner “bonitos” los pueblos e incluso semáforos en poblaciones sin tráfico. Se trata de un dinero que sirve para comprar voluntades. Y nosotros lo que pedimos es que se dedique a iniciativas de desarrollo, y que no se regale, sino que se conceda “a contraproyecto”. Otra de las razones apunta a que, tarde o temprano, las nucleares se cerrarán, y entonces se necesitarán actividades alternativas. Además en estos planes de desarrollo proponemos la participación pública.

 

-En las redes sociales te has mostrado muy crítico con la central nuclear de Garoña, parada desde 2012. “Debe ser cerrada, Garoña es un peligro”; “El Consejo de Seguridad Nuclear ha hecho un ‘papelón’”; “Las eléctricas se frotan las manos”… Pero Iberdrola tal vez parezca más interesada que Endesa en la clausura de la central…

 

Está muy cerca el final de Garoña. Hace ya tiempo que Iberdrola está demostrando que esta central nuclear no le interesa, sobre todo por dos motivos. Uno de ellos, político: el PNV se está oponiendo sistemáticamente a esta planta nuclear. Y esto es así porque siente la presión de la ciudadanía vasca que está contra la central. Además la reapertura de Garoña –central nuclear en propiedad al 50% de Iberdrola y Endesa- tendría un coste aproximado de 240 millones de euros. Y nadie les garantiza que al cabo de dos o tres años no les volviera a surgir otro problema, ya que se trata de una central muy vieja y en muy malas condiciones. Esto es lo que más le pesa a Iberdrola.

 

-El 28 de marzo se cumplió el 38 aniversario del accidente nuclear más grave en Estados Unidos y el tercero del mundo. Sufrió una fuga el generador de vapor de la Unidad 2 Three Mile Island cerca de la ciudad de Harrisburg, en Pensilvania. Y el 26 de abril de 1986 se produjo la catástrofe de Chernóbil, en Ucrania. Las organizaciones ecologistas recuerdan que hubo siete millones de afectados y que la radiactividad se desplazó en forma de nube por Europa. ¿Se ha aprendido alguna lección?

 

Son hitos importantísimos, pero hay un intento muy obvio de silenciar el debate nuclear. Harrisburg, en 1979, supuso la contención del desarrollo nuclear en Estados Unidos. Suele decirse que fue por Chernóbil, pero no es cierto, la razón reside en la catástrofe de Harrisburg. También el accidente de Fukushima, en marzo de 2011, representó un freno a la expansión de la energía nuclear a escala mundial. Se produjo un intento de relanzamiento justo en el año 2010, pero este accidente hizo que la aportación de la energía nuclear a nivel mundial se redujera un 15%.

 

-¿Por qué razones se hurta el debate sobre el modelo energético a la población?

 

Nosotros queremos que se debata en torno al nuevo modelo energético y el papel que debe desempeñar la energía nuclear, pero el sector apuesta más bien por ir prolongando, de forma silenciosa, la vida de las plantas nucleares españolas hasta los 60 años.

 

-Tal vez invite al optimismo la información de El País del pasado 26 de marzo, cuyo titular es el siguiente: “España vuelve a mirar a las renovables”. A lo que añade: “El país quedó al margen del auge mundial de las energías limpias. Tras el parón de 2012 y obligado por los compromisos europeos, el Gobierno se abre de nuevo al sector”.

 

No sé cómo interpretar el hecho de que el diario El País se haga eco de esta noticia, pero no es cierto. No estamos hablando de un impulso a las renovables como se dio en el Gobierno de Zapatero, que puso a España como uno de los líderes de la energía eólica y fotovoltaica en el mundo. Nos referimos, sólo, a que el PP va a realizar una subasta de potencia renovable con algunos recursos, de manera que aquél parón –hecho de golpe- pueda subsanarse un poco. Creo, por tanto, que es un titular equivocado. En el artículo se decía, por ejemplo, que la principal causa del descenso de la producción de energías renovables fue la crisis económica y la caída de la demanda. Y no es cierto. La causa decisiva es el tajo que el Gobierno dio a las primas de las renovables, algunas de ellas con carácter retroactivo, lo que es ilegal; y va a llevar a que el Reino de España pierda bastantes juicios en los tribunales internacionales de arbitraje.

 

-En la fase de información pública del proyecto para explotar la mina de uranio a cielo abierto en el municipio de Retortillo (Salamanca), se han presentado hasta 1.500 alegaciones. Se ha denunciado que la empresa comenzara a talar encinas centenarias en una macroiniciativa que, si se desarrolla, afectará a espacios de valor ambiental como los LIC y ZEPA de los ríos Huebra y Yeltes. ¿Este el modelo de desarrollo que se avista?

 

Entra dentro del silenciamiento mediático de los problemas. Lo sustantivo es que la concentración del mineral es excesivamente baja como para que la mina resulte rentable. En el año 2000 la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) ya cerró la última mina a cielo abierto de uranio en explotación que había en España, la de Saelices el Chico, también en Salamanca. Y tras el abandono por falta de rentabilidad, apareció por allí la compañía australiana Berkeley, anunciando a bombo y platillo que había comprado los derechos de explotación de la mina de Retortillo. Y  era cierto, de manera que el valor de las acciones en bolsa de la compañía se triplicó. Sin embargo, la mina no es rentable. A día de hoy, la empresa tiene los permisos para la mina, pero no el del Ministerio de Energía para la fábrica de concentrados. Los impactos ambientales resultarían gravísimos. Además de los derivados de la explotación minera a cielo abierto, se generarían gases y polvos radiactivos.

 

-En Cataluña operan las centrales nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellós II. La Generalitat ha planteado un impuesto ambiental a las nucleares, con el que dice que en 2017 podría obtener cerca de 30 millones de euros. ¿Por qué el Movimiento Ibérico Antinuclear lo considera una mala opción?

 

El problema viene de poner un impuesto y nada más. El impuesto a las nucleares resulta útil si se acompaña de medidas políticas para pedir el cierre, y esto no ha ocurrido en Cataluña. Por ejemplo, en el País Valenciano las Cortes han aprobado pedir la clausura de Cofrentes. Crear estos impuestos sin referirse al cierre implica dar “luz verde” a las centrales nucleares. La CUP y ERC se definen como antinucleares, pero no están promoviendo ninguna iniciativa política de estas características. Les pedimos que hagan lo mismo que en el País Valenciano.

 

-Por otra parte, en alguna entrevista te has reclamado como “antinuclear con conocimiento de causa”…

 

Sí, porque soy físico nuclear. Conozco bien cómo funcionan las centrales nucleares, y por tanto cuando me opongo sé la razón por la que lo hago.

 

-Asimismo has escrito que la ideología del decrecimiento no debería incorporarse al programa ecologista. ¿Se trata de una provocación?

 

Creo que el ecologismo cuenta con un buen lema, como es el “desarrollo sostenible”, y hay que seguir manteniéndolo. Me parece que poner el acento en el decrecimiento es desenfocar el debate. El decrecimiento habla exclusivamente de decrecer respecto al PIB. Lo que afirmo es que el programa ecologista, globalmente considerado, probablemente al principio estimule el crecimiento económico. El cierre de las nucleares, el desarrollo de las energías renovables, el incremento de los servicios sociales… Todo ello implica crecimiento económico. Así pues, el programa ecologista puede generar crecimiento a corto plazo y decrecimiento a largo término. Creo que hemos de hablar de desarrollo y de cómo queremos que éste sea.

 

-Además de la devastadora burbuja inmobiliaria, en el estado español se han vivido otras, como la llamada “burbuja del gas”. ¿En qué consistió? Se dice que todo empezó con la puesta en marcha de la central de ciclo combinado (que producción de electricidad a partir de la quema de gas) de San Roque (Cádiz), en junio de 2002. Parecía, a juicio de las eléctricas, la solución a los problemas de demanda.

 

También se trata de un asunto silenciado. En cinco años, entre 2000 y 2005, se construyeron en España unas 40 centrales de gas de ciclo combinado. Es una auténtica brutalidad. Se ha llegado a los 25.000 megavatios de potencia de gas instalada, lo que equivale a 25 centrales nucleares. Todo este proceso se desplegó con las inversiones de las compañías eléctricas, que contaban con dinero “fresco” procedente de los Costes de Transición a la Competencia. Y lo invirtieron en estas centrales. Al final, dado que hay un exceso de potencia instalada, las empresas no están recuperando la inversión. Por tanto, hay que “rescatarlas”. Y es lo que se está haciendo.

 

-Una simple ojeada a la página Web de Iberdrola permite leer estos mensajes: “¿Sabías que tu energía ayuda al medio ambiente?”; “Empieza a disfrutar de energía 100% verde en todos los planes a tu medida”; o “Comprometidos contra el cambio climático”. ¿Cómo observa un veterano ecologista la mercadotecnia de las eléctricas?

 

Iberdrola saca pecho porque de las cinco grandes eléctricas es la que posee una mayor potencia renovable instalada. Y es cierto, pero también es la que tiene una mayor capacidad para la producción de energía nuclear. Si comparamos la fracción de energía “sucia” con la de renovables, ésta es muy pequeña. Creo, además, que éste es uno de los motivos por los que Iberdrola no está interesada en Garoña. A ver cómo defiende que produce energía verde con la central nuclear de Santa María de Garoña en funcionamiento…

 

-En diciembre de 2016, el Ministerio de Energía autorizó el almacén de residuos radiactivos de la central de Almaraz. ¿Por qué está actualmente la nuclear extremeña en el meollo de los debates?

 

En primer lugar, por las condiciones en las que se encuentra. El año pasado tuvo un “incidente” nivel 1 en el purificador del agua del terciario. También ha tenido problemas con las bombas de circulación del agua de los servicios esenciales, lo que es fundamental para la seguridad de la central. Y esto se agrega a un largo historial de “incidentes”. Así pues, la nuclear no está en condiciones de continuar. Pero, sobre todo, Almaraz será la primera que tenga que solicitar el permiso de explotación, que concluye el ocho de junio de 2020, para prolongar la vida más allá de los 40 años. Por eso pienso que es clave insistir en la central de Almaraz, de la que son propietarios Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa. Si consigue el permiso para continuar, los demás irán seguidos.

 

-Por último, el portal puertasgiratorias.org cita unos 35 ejemplos de políticos del PP, PSOE, CIU y PNV que pasaron de los cargos públicos a los consejos de administración de las empresas energéticas. ¿Qué casos te resultan los más escandalosos?

 

Felipe González, Aznar, Manuel Pizarro, Solbes y Elena Salgado son los ejemplos más llamativos.

 

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