Perú / Pedofilia. La fiscalía declara nulo el archivo del caso Figari y ordena que se abra una nueva investigación

(C. Doody/Agencias).- Otra oportunidad para que las víctimas de Luis Figari consigan justicia. Este es el panorama que se abre ahora tras la decisión de la fiscalía peruana de reabrir el caso contra el fundador del Sodalicio -acusado de delitos de violación sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir- tras el archivo de la causa contra él dictado en enero.

En una decisión publicada en la cuenta de Twitter del Ministerio Público, se informó que el fiscal superior Frank Almanza reabrió el caso contra el laico Figari, de 69 años, y siete líderes de la agrupación después de que otra fiscal de rango inferior desestimara la indagación por falta de pruebas. Las víctimas, exmiembros de la organización, habían apelado tal archivo.

La fiscal María Peralta decidió en aquel momento dar carpetazo a la denuncia contra los miembros del Sodalicio por la investigación de abusos sexuales a menores de edad por falta de pruebas. Decisión que fue duramente criticada por las víctimas y ciudadanos que se manifestaron en contra del procedimiento, ya que alegaban que no se habían realizado las pesquisas correspondientes. Por este motivo, Almanza señaló que el caso se reabrirá y que también será reasignado a otro funcionario.

“Ojalá que en esta oportunidad nos toque un fiscal más competente y más comprometido con el tema”, dijo a la radio local RPP, el periodista peruano Pedro Salinas, quien cuando fue adolescente se convirtió en víctima del abuso psicológico de Figari y en 2015 denunció las prácticas perversas del Sodalicio en su libro de investigación llamado Mitad monjes, mitad soldados.

“María Peralta se dedicó a sabotear la investigación. Realmente la forma en que se llevó el caso fue una incompetencia insólita por su desprecio hacia las víctimas al decir que no hubieron denuncias por abuso sexual”, agregó Salinas.

Armando Lengua, abogado de Figari, dijo a la televisora local N, que “no estaba notificado de los fundamentos del dictamen del fiscal”.

Las acusaciones de presuntas violaciones sexuales, maltratos físicos y abusos psicológicos contra algunos jóvenes miembros del Sodalicio por parte de Figari y otros exlíderes de la organización no son nada nuevos en Perú.

Por la vía eclesiástica, las víctimas denunciaron a Figari en 2011 pero las autoridades del Vaticano demoraron seis años en sus investigaciones y recién el 30 de enero ordenaron a Figari vivir en la ciudad de Roma y cesar todo contacto con la comunidad que él fundó en Lima en 1971. La decisión del Vaticano produjo decepción e ira entre las presuntas víctimas peruanas de Figari.

El Sodalicio cuenta con unos 20.000 miembros en Sudamérica y Estados Unidos. En Perú, la organización posee colegios, universidades, cementerios y negocios inmobiliarios.

La propia organización encargó una investigación contra Figari cuyo informe conocido en febrero lo calificó como “narcisista, paranoide, despreciativo, vulgar, vengativo, manipulador, racista, sexista, elitista y obsesionado por cuestiones sexuales y la orientación sexual de los miembros del Sodalicio”.

El informe, realizado por dos estadounidenses y un especialista en abusos irlandés, halló que Figari sodomizaba a sus reclutas y les obligaba a acariciarlo y manosearse entre ellos. Le gustaba verlos “experimentar dolor, malestar y miedo” y los humillaba públicamente para acrecentar su control sobre ellos, según el informe.

Figari sigue viviendo en Roma y la investigación de la fiscalía peruana abre la posibilidad de que sea juzgado y encarcelado bajo las leyes peruanas.

El escándalo de la Sodalicio es similar al de la orden religiosa Legionarios de Cristo, con sede en México, cuyo fundador Marcial Maciel fue favorito del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, resultó que Maciel era un pederasta reincidente que abusaba sexualmente de seminaristas, tuvo tres hijos y creó una organización furtiva, similar a un culto, para ocultar su doble vida.

Otro caso ocurrió en Chile con el sacerdote Fernando Karadima, quien encabezó por décadas una parroquia antes de que salieran a la luz las denuncias de abusos en su contra en 2010. Una juez chilena desechó en 2011 el caso penal contra el sacerdote porque había prescrito la acción judicial, pero determinó que las acusaciones de abusos eran fundadas.