Colombia: Montajes judiciales contra líderes sociales/ Trabajadores de INCAUCA serían responsables del asesinato de comunero indígena / Senado no votó conciliación de la JEP por falta de quórum

Resumen Latinoamericano / Agencia Prensa Rural / 23 de marzo de 2017

Mientras los asesinatos contra líderes sociales y campesinos continúan en el país, la justicia y el Gobierno siguen negando la sistematicidad de estos hechos. Sin embargo, arremeten de nuevo contra líderes sociales y defensores de derechos humanos acusándolos de ser de las redes de apoyo y colaboradores de la guerrilla del ELN.

Durante los últimos años, los montajes judiciales contra líderes sociales han sido recurrentes. Casos como el de Huber Ballesteros, Miguel Ángel Beltrán, Feliciano Valencia, Liliany Obando, Carlos Velandia y el ahora representante de Voces de Paz Francisco Toloza son ejemplos de la persecución del Estado contra el pensamiento crítico.

Dados los hechos ocurridos el día de ayer 22 de marzo, quedó en evidencia el plan de persecución por parte de la Sijin y la justicia, al detener a varios líderes sociales y defensores de derechos humanos, en la región del sur de Bolívar y el Magdalena Medio, pues fue detenida en la madrugada Milena Quiroz, líder del Congreso de los Pueblos, quien es vocera de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Así mismo, en el foro que se desarrollaba sobre participación política en Barrancabermeja, intentaron capturar a Arisolina Quintero, líder de las comunidades del sur de Bolívar y del Cesar, quien también hace parte del Congreso de los Pueblos.

Los participantes a este foro denunciaron que la Sijin se presentó pidiendo las listas de los asistentes y amedrentando a quien se le opusiere. Andrés Gil, Vocero de Marcha Patriótica, al referirse al tema dijo que “ser líder o lideresa social en Colombia, o es delito o es sentencia de muerte”. También agregó que hay en marcha una ofensiva judicial contra líderes sociales.

Al respecto, varias plataformas políticas, organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, manifestaron su desacuerdo y preocupación por la arremetida contra los líderes sociales, que ahora no solo se cuidan de los enemigos de la paz y el paramilitarismo, sino también del Estado que los persigue y los estigmatiza.

En el Acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC–EP, pacto que es de todos los colombianos, en el numeral 2.1 se habla sobre los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general. Además se agrega en el punto 2.2.1. las garantías para los movimientos y organizaciones sociales. Sin embargo, el Estado sigue desconociéndolo y continúa con la persecución al movimiento social tratándolo como su adversario. Dados estos hechos, cabe preguntar ¿hasta cuándo la doctrina de seguridad nacional seguirá dominando el actuar de la policía y las fuerzas militares? y ¿Cuándo la justicia se la jugará por la paz?

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Trabajadores de INCAUCA serían responsables del asesinato de comunero indígena

 

23 Mar 2017

Según la denuncia del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, hacia la 1 y 30 de la tarde de este 22 de Marzo, Javier Oteca, comunero indígena de que participa en la Minga de Liberación de la Madre Tierra en la hacienda “Miraflores” en Corinto, Cauca, habría sido asesinado por trabajadores de seguridad del ingenio azucarero INCAUCA.

El gobernador Jorge Ticue señaló que aunque no se ha establecido el autor directo de los disparos que cegaron la vida de Javier Oteca, la reacción de la guardia indígena pudo realizar la retención de dos de los trabajadores que se encontraban en el sitio de los disparos en ese momento, además la policía habría capturado también a dos integrantes de la seguridad de INCAUCA que habrían disparado contra los comuneros.

Luego se pudo establecer que las comunidades indígenas dejaron en libertad a los trabajadores capturados para que las autridades judiciales desarrollen los trabajos de investigación pertinentes.

Según el gobernador indígena, el proceso de liberación de la Madre tierra se realiza en una porción muy pequeña de la hacienda que cuenta con más de 600 hectáreas, todas las cuales están siendo explotadas por los ingenios mencionados. Consulte Aquí el comunicado del CRIC

Además este tipo de enfrentamiento se podrían evitar si el gobierno cumpliera con la asignación de tierras prometida a los indígenas como parte del proceso de reparación por la masacre del Nilo.

Por estos hechos las comunidades indígenas exigieron a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que se realicen las investigaciones de manera diligente y se sancione a los responsables para que este tipo de hechos no se repitan, además pidieron la solidaridad de las organizaciones internacionales para que se pronuncien a favor del derecho a la justicia y a la tierra.

Sobre el proceso de liberación de la Madre Tierra en Cauca

Este proceso de liberación de la Madre Tierra se adelanta desde finales del mes de Febrero de 2015 en 3 puntos de la región del Norte del Cauca tan solo en las primeras semanas, es decir, para el mes de marzo de ese mismo año, ya se habían producido por lo menos 152 indígenas heridos por la acción del ESMAD. (Lea tambien: Asi va proceso de liberación de la Madre tierra)

Las tierras reclamadas por los indígenas en los municipios de Corinto, Miranda y Santander de Quilichao, asciende a 6500 hc que el gobierno tiene alquiladas a los ingenios del Cauca, sobre los cuales pesan los intereses del propio ministro de agricultura que no se ha pronunciado sobre la reclamación de los indígenas. (Lea tambien: Indigenas del Cacua se suman a Liberación de la Madre Tierra)

La versión de la empresa

Según lo que la empresa ha manifestado a RCN la muerte del comunero se dió luego de que los indígenas atacaran a un grupo de trabajadores que estaban desarrollando labores de mantenimiento.

«Momentos después detonó lo que habría sido otra papa bomba, dentro del grupo atacante, y al parecer uno de los integrantes del grupo invasor murió como efecto de la explosión» señala la nota publicada en dicho medio.

Reproducimos el contenido completo del comunicado del CRIC

«Hacia la 1:40 pm del 22 de marzo del presente año, fue asesinado JAVIER OTECA en uno de los puntos de liberación de la Madre Tierra en Corinto, perteneciente al territorio ancestral de Santa Elena. Este hecho ocurrió en la hacienda Miraflores y fue perpetrado por personal que labora en los ingenios azucareros de la misma, a escasos metros donde se encuentra el ejército y la policía nacional.

En todas las mingas y trabajos comunitarios desde que inició este proceso de liberación de la Madre Tierra, se han presentado agresiones por parte del personal de las haciendas a los liberadores. Como también ataque de la fuerza pública, quienes en muchas ocasiones han agredido a los liberadores, han destruido sus cultivos, sus ranchos, les han disparado indiscriminadamente y ahora los asesinan.

Javier Oteca fue uno de los comuneros qué más persistió en el proceso de liberación de la Madre Tierra, desde el 2014 cuando se inició el proceso de liberación por faltas de tierras en la parte rural. Y por el incumplimiento del Gobierno Nacional, quien no ha querido dar solución al problema de tierras. Desde ese tiempo Javier era un hombre que motivaba y se preocupaba por el grupo que lideraba. Pero hoy en la realización del este ejercicio fue asesinado y ahora descansa en el seno de la madre tierra.

Por tal razón exigimos:

A la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, para que investiguen este asesinato de manera diligente, determinen quienes son los responsables materiales e intelectuales de este hecho y los sancione enérgicamente, con el fin de que este hecho no quede en la impunidad como han pasado con muchos casos del movimiento indígena.

A los Organismos Nacionales e Internacionales defensoras de Derechos Humanos:

Ante este hecho lamentable las autoridades del Consejo Regional Indígena de Cauca- CRIC hace una llamado a las Defensoría del Pueblo y a Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la OEA y demás organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, para que se pronuncien sobre estos hechos de violencia que se está presentando con los comuneros indígenas del Norte del Cauca en ejercicio de liberación de la Madre Tierra.

Es indignante el asesinato de un compañero indígena quien por defender los derechos colectivos del pueblo nasa, tenga que sufrir las consecuencias que enlutan al movimiento indígena. Por tal motivo desde el Consejo Regional Indígena Cauca rechazamos el asesinato del compañero Javier Oteca y manifiestan las más sentidas condolencias para los familiares y su organización.»

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Senado no votó conciliación de la JEP por falta de quórum

Por: Marcha Patriotica
La Cámara de Representantes no tuvo suficiente número de votos en la Plenaria para votar este miércoles por la conciliación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Con 54 votos a favor y 2 en contra, no fue posible la votación, por lo que fue pospuesto el próximo debate para el próximo 28 de marzo.
Jairo Rivera, integrante del movimiento Voces de Paz, catalogó de insólito y vergonzoso que por un voto se cayera la aprobación de la JEP en Cámara de Representantes.
“Se evidencia una falta de cumplimiento y compromiso con los acuerdos de paz y eso nos preocupa muchísimo, tenemos que meterle pueblo a esto para que salga adelante”, sentenció Rivera sobre el levantamiento de sesión de la JEP en la Cámara de Representantes.
Por su parte Francisco Toloza, dijo que “La paz requiere compromisos y celeridad de todas las partes. Aplazar innecesariamente la conciliación y los trámites legales de la implementación legislativa del Acuerdo de Paz es posponer indefinidamente el día D+180 y el fin del conflicto”.
En el debate aplazado de hoy tenían relevancia tres temas en los que se basa la Justicia Espe-cial para la Paz: la creación del sistema de verdad, justicia y reparación en el que se establece la comisión para la búsqueda de la verdad, la comisión para la búsqueda de personas desapa-recidas y la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo de justicia a la que se someterán los gue-rrilleros y militares señalados de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio dentro del marco del conflicto armado, según fue contemplado en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.
Oficina de Prensa Marcha Patriótica

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