Un fallo contra los descuentos por parar: La gobernadora Vidal deberá pagarle a las y los docentes los días descontados / Amenazas desde Panamá

Resumen Latinoamericano / Página12 / 07 de marzo de 2017 –

Un fallo contra los descuentos por parar

La Justicia intimó al gobierno bonaerense a reintegrarles a los docentes los descuentos salariales realizados por haber hecho paro en agosto pasado. También lo instó a no dictar la conciliación obligatoria en el distrito.

En la pulseada con los docentes, el Gobierno tuvo un pésimo día ayer, y no sólo por la marea blanca de guardapolvos que marchó exigiendo paritarias. La Justicia dio un revés a la administración provincial de María Eugenia Vidal con un fallo que ordenó devolver el dinero descontado a los sueldos docentes por haber parado, y otro que la intimó a abstenerse de dictar la conciliación obligatoria en su jurisdicción, al resolver a favor de una medida cautelar solicitada por los gremios Suteba y FEB. Hasta ayer, la gobernadora insistía en que los sindicatos que no acaten la conciliación serán sancionados, que seguirá descontando los días de paro y que además agregaría jornadas de clase durante el receso de invierno. En tanto, los gremios celebraron que “el derecho a la huelga volvió a ser amparado judicialmente”.

La Justicia contenciosa administrativa platense intimó al gobierno bonaerense para que devuelva a los docentes de la provincia los descuentos salariales realizados por los días de paro de agosto del año pasado, según informaron fuentes judiciales y sindicales a PáginaI12.La resolución fue adoptada el jueves pasado por la titular del juzgado Contencioso Administrativo 4, María Ventura Martínez, pero se difundió recién ayer, en medio de la masiva movilización de todos los gremios docentes nacionales. En noviembre de 2016 la misma magistrada había ordenado al gobierno bonaerense devolver el dinero por los paros del 1 y 2 de agosto. Esa intimación al Ejecutivo ocurrió el 15 de febrero, pero ahora además de la devolución, la que se debe concretar “en el término de cinco días”, dispuso una multa de mil pesos por cada día de demora, aplicables al “Director General (de Escuelas) y a los funcionarios responsables”.

Por otra parte, una resolución del juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Arias dictó una medida cautelar mediante la cual ordena al Poder Ejecutivo Provincial que se abstenga de dictar la conciliación obligatoria en el conflicto con los gremios docentes y no ejerza ningún acto o hecho que afecte el derecho a huelga de los trabajadores docentes.En caso de no arribar a un acuerdo entre partes, dice Arias, la solución del conflicto deberá recaer en un órgano imparcial, según lo estipula el artículo 39º de la Constitución provincial.

La medida cautelar fue solicitada por los sindicatos Suteba y FEB y el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata le dio curso con la fundamentación de que “el derecho a huelga, constitucionalmente reconocido, constituye una de las herramientas centrales de protección de los intereses económicos y profesionales del trabajador, según los artículos 14º bis de la Constitución Nacional y el 39º inciso 2 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires”.

Desde su asunción, Vidal utilizó la metodología de la quita salarial a quienes ejercen el derecho de huelga y no sólo con los maestros, sino también con los trabajadores estatales y de la salud.

Sin embargo, tampoco es la primera vez que la Justicia rechaza las represalias con las que el gobierno macrista intenta disciplinar la lucha de los docentes.

En noviembre sucedió en la Ciudad, cuando el Poder Judicial hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Unión de Trabajadores de la Educación para que el gobierno porteño no descontara la suma adicional salarial, que en los hechos es el llamado presentismo, en razón de medidas de fuerza realizadas y que se reintegrara lo ya descontado a las y los docentes. La Unión Trabajadores de la Educación había presentado un recurso de amparo frente a descuentos abusivos y desmedidos con los que el Gobierno de la Ciudad pretendía limitar el derecho a huelga de los docentes. El juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Víctor Trionfetti ordenó entonces al gobierno porteño suspender parcialmente la aplicación del decreto “que atenta con el legítimo derecho a huelga amparado en el artículo 14º bis de la Constitución Nacional”, y se abstenga de descontar sumas de dinero que excedan la proporcionalidad de 1 parte de 30 días del salario por día de paro. La presentación fue realizada por la huelga docente del 2 de septiembre de 2016, y rige también sobre aquellas “medidas que eventualmente ocurran en el ámbito de los trabajadores docentes representados por el sindicato actor”, concluye el fallo, en referencia a la UTE.


Amenazas desde Panamá

Las amenazas que recibió el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, en su casilla de correo electrónico provinieron de una computadora conectada con un servidor alojado en Panamá. “Da marcha atrás con el paro antes del lunes o uno de tus hijos aparecerá muerto”, es uno de los mensajes que el dirigente gremial presentó ante la Justicia federal. Además, Baradel recibió nuevas amenazas luego de que el presidente Mauricio Macri dijera al abrir las sesiones ante la Asamblea Legislativa que creía que el secretario general de Suteba no necesitaba que lo cuidaran. Por eso, Baradel responsabilizó al Presidente por su seguridad y la de su familia. La denuncia de Baradel fue sorteada y quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. La cuenta de la casilla de correo desde la que le enviaron las amenazas sería la misma que una usada el año pasado para el mismo fin y está alojada por un servidor panameño. Las amenazas anteriores estaban siendo investigadas por el juez federal Luis Rodríguez, pero por las recientes se abrió una nueva causa independiente, aunque ambas parecen haber salido del mismo sitio. Baradel también había reclamado por la ausencia de la custodia que se le había asignado y el juez Rodríguez informó de esta situación al Ministerio de Seguridad.

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